diegoquintanav · May 15, 2022 19:35
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 • Este documento es un consolidado que reúne las normas aprobadas por el Pleno de 
 la Convención Constitucional, ordenadas por comisión. La relación de números de 
 los artículos obedece a lo dispuesto en los respectivos informes y no es el orden 
 definitivo, ya que ese proceso deberá ser realizado por la Comisión de Armonización 
 (Actualizado el 14.05.22). 
 
 
 CONSOLIDADO NORMAS APROBADAS PARA LA PROPUESTA 
 CONSTITUCIONAL POR EL PLENO DE LA CONVENCIÓN 
 
 CAPÍTULO (COM 1) 
 DE LA DEMOCRACIA 
 
 1.- Artículo 2°.- Democracia paritaria. El Estado reconoce y promueve una sociedad en la que 
 mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de 
 igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso 
 democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la 
 democracia y la ciudadanía.  
 Todos los órganos colegiados del Estado, los órganos autónomos constitucionales y 
 los órganos superiores y directivos de la Administración, así como los directorios de las empresas 
 públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que, al menos, el 
 cincuenta por ciento de sus integrantes sean mujeres.  
 Asimismo, el Estado adoptará medidas para la representación de diversidades y 
 disidencias de género a través del mecanismo que establezca la ley. 
 El Estado promoverá la integración paritaria en sus instituciones y en todos los 
 espacios públicos y privados. 
 
 2.- Artículo 3°.- Corresponderá al Estado, en sus diferentes ámbitos y funciones, garantizar la 
 participación democrática e incidencia política de todas las personas, especialmente la de los 
 grupos históricamente excluidos y de especial protección. 
 El Estado deberá garantizar la inclusión de estos grupos en las políticas públicas y en 
 el proceso de formación de las leyes, mediante mecanismos de participación popular y 
 deliberación política, asegurando medidas afirmativas que posibiliten su participación efectiva. 
 
 
 3.- Artículo X.- Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para adecuar e impulsar 
 la legislación, instituciones, marcos normativos y prestación de servicios, con el fin de alcanzar 
 la igualdad sustantiva y la paridad. Con ese objetivo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y 
 los Sistemas de Justicia, así como los órganos de la Administración del Estado y los órganos 
 autónomos, deberán incorporar el enfoque de género en su diseño institucional y en el ejercicio 
 de sus funciones. 
 La política fiscal y el diseño de los presupuestos públicos se adecuarán al 
 cumplimiento de un enfoque transversal de igualdad sustantiva de género en las políticas 
 públicas. 
 
 4.- Artículo 3° bis.- La ley deberá establecer las medidas afirmativas necesarias para garantizar 
 la participación y representación política de las personas en situación de discapacidad. 
 
 
 CAPÍTULO 
 DEL ESTADO PLURINACIONAL Y LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS 
 
 5.- Artículo 4.- Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de 
 diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. 
 Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, 
 Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk'nam y otros que 
 puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. 
 
 6.- Artículo 5.- Los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su 
 libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. 
 En especial, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad 
 y cosmovisión, al patrimonio y la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, la 
 protección del territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material e inmaterial y al 
 especial vínculo que mantienen con estos, a la cooperación e integración, al reconocimiento de 
 sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales y a participar plenamente, 
 si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. 
 
 Es deber del Estado Plurinacional, respetar, garantizar y promover con participación 
 de los pueblos y naciones indígenas, el ejercicio de la libre determinación y de los derechos 
 colectivos e individuales de que son titulares. 
 En cumplimiento de lo anterior, el Estado debe garantizar la efectiva participación 
 de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación 
 en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones, así como su representación política en 
 órganos de elección popular a nivel local, regional y nacional. Junto con ello, garantizará el 
 diálogo intercultural en el ejercicio de las funciones públicas, creando institucionalidad y 
 promoviendo políticas públicas que favorezcan el reconocimiento y comprensión de la diversidad 
 étnica y cultural de los pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado. 
 
 § DEL PODER LEGISLATIVO 
 
 7.- Artículo 5º bis.- Del Poder Legislativo. El poder legislativo se compone del Congreso de 
 Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. 
 
 § Del Congreso de Diputadas y Diputados 
 8.- Artículo 5° ter.- El Congreso de Diputadas y Diputados es un órgano deliberativo, paritario 
 y plurinacional que representa al pueblo. Concurre a la formación de las leyes y ejerce las demás 
 facultades encomendadas por la Constitución. 
 El Congreso está integrado por un número no inferior a 155 miembros electos en 
 votación directa por distritos electorales. Una ley de acuerdo regional determinará el número de 
 integrantes, los distritos electorales y la forma de su elección, atendiendo el criterio de 
 proporcionalidad. 
 
 9.- Artículo 7°.- Son atribuciones exclusivas del Congreso de Diputadas y Diputados:  
 a) Fiscalizar los actos del Gobierno. El Congreso tendrá la facultad de solicitar 
 información relativa al contenido y fundamentos de los actos de gobierno; 
 c) Declarar, cuando la Presidenta o Presidente presente la renuncia a su cargo, si los 
 motivos que la originan son o no fundados y, en consecuencia, admitirla o desecharla; 
 
 d) Otorgar su acuerdo para que la Presidenta o Presidente de la República pueda 
 ausentarse del país por más de treinta días o a contar desde el tercer domingo de noviembre del 
 año anterior a aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones, y 
 e) Las otras que establezca la Constitución. 
 
 10.- Artículo 8.- El Congreso de Diputadas y Diputados tendrá por función fiscalizar los actos 
 del Gobierno. Para ejercer esta atribución puede: 
 a) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, los que se transmitirán por escrito a la 
 o el Presidente de la República. Dentro de los treinta días contados desde su comunicación, la o 
 el Presidente deberá dar respuesta fundada por medio de la o el Ministro de Estado que 
 corresponda. 
 b) Solicitar antecedentes a la o el Presidente de la República, con el patrocinio de un 
 cuarto de sus miembros. La o el Presidente deberá contestar fundadamente por medio del 
 Ministro o Ministra de Estado que corresponda dentro de los tres días desde su comunicación.  
 En ningún caso estos actos afectarán la responsabilidad política de las y los Ministros 
 de Estado. 
 c) Crear comisiones especiales investigadoras a petición de a lo menos dos quintos 
 de las diputadas y diputados en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones relativas a 
 determinados actos del Gobierno. Las comisiones investigadoras, a petición de un tercio de sus 
 miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Toda persona que sea citada por 
 estas comisiones estará obligada a comparecer y a suministrar los antecedentes y las 
 informaciones que se le soliciten. No obstante, una misma comisión investigadora no podrá citar 
 más de tres veces a la misma persona, sin previo acuerdo de la mayoría de sus integrantes. 
 
 De la Cámara de las Regiones 
 
 11.- Artículo 9°.- La Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional 
 de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional 
 y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución.  
 Sus integrantes se denominarán representantes regionales. 
 
 
 12.- Artículo 11.- La ley determinará el número de representantes regionales a ser elegidas y 
 elegidos por región, el que deberá ser el mismo para cada una y en ningún caso inferior a tres, 
 asegurando que la integración final del órgano respete el principio de paridad. 
 Las y los miembros de la Cámara de las Regiones se elegirán en votación popular 
 conjuntamente con las autoridades comunales y regionales, tres años después de la elección 
 presidencial y del Congreso. 
 La ley especificará sus derechos y obligaciones especiales, las que en todo caso 
 deberán incluir la obligación de rendir cuenta periódicamente ante la Asamblea Regional que 
 representa. También podrán ser especialmente convocadas y convocados al efecto. 
 La Cámara de las Regiones no podrá fiscalizar los actos del Gobierno ni de las 
 entidades que de él dependan. 
 
 13.- Artículo 11 bis.- Es atribución exclusiva del Congreso de las Diputadas y Diputados 
 declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus integrantes 
 formulen en contra de: 
 a) La Presidenta o Presidente de la República, por actos de su administración que 
 hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente 
 la Constitución o las leyes. Esta acusación podrá interponerse mientras la Presidenta o Presidente 
 esté en funciones y en los seis meses siguientes a su expiración en el cargo. Durante este último 
 tiempo no podrá ausentarse de la República sin acuerdo del Congreso de las Diputadas y 
 Diputados; 
 b) Las Ministras y Ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor 
 o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin 
 ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno; 
 c) Las juezas y jueces de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, y de la o el 
 Contralor General de la República, por notable abandono de sus deberes; 
 d) Las y los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas 
 Armadas, del General Director de Carabineros de Chile y del Director General de la Policía de 
 Investigaciones de Chile, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la 
 Nación; 
 
 e) Las y los gobernadores regionales y de la autoridad en los territorios especiales e 
 indígenas, por infracción de la Constitución y por los delitos de traición, sedición, malversación 
 de fondos públicos y concusión. 
 La acusación se tramitará en conformidad a la Ley de Organización, Funcionamiento 
 y Procedimientos del Poder Legislativo. 
 Las acusaciones referidas en las letras b), c), d) y e) podrán interponerse mientras la 
 o el afectado esté en funciones o en los tres meses siguientes a la expiración en su cargo. 
 Interpuesta la acusación, la o el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso del Congreso 
 de Diputadas y Diputados y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviere aprobada 
 por éste. 
 Para declarar que ha lugar la acusación en contra del Presidente o Presidenta de la 
 República o de un gobernador regional se necesitará el voto de la mayoría de los diputados y 
 diputadas en ejercicio. 
 En los demás casos se requerirá el de la mayoría de los diputados y diputadas 
 presentes y la o el acusado quedará suspendido en sus funciones desde el momento en que el 
 Congreso de Diputadas y Diputados declare que ha lugar la acusación. La suspensión cesará si 
 la Cámara de las Regiones desestimare la acusación o si no se pronunciare dentro de los treinta 
 días siguientes. 
 
 14.- Artículo 11 ter.- Es atribución exclusiva de la Cámara de las Regiones conocer de las 
 acusaciones que el Congreso de Diputadas y Diputados entable con arreglo a lo establecido en el 
 artículo 11 bis.  
 La Cámara de las Regiones resolverá como jurado y se limitará a declarar si la o el 
 acusado es o no culpable. 
 La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los dos tercios de las y los 
 representantes regionales en ejercicio cuando se trate de una acusación en contra de la Presidenta 
 o Presidente de la República o de un gobernador regional, y por la mayoría de los representantes 
 regionales en ejercicio en los demás casos. 
 Por la declaración de culpabilidad queda la o el acusado destituido de su cargo. 
 
 La persona destituida no podrá desempeñar ningún otro cargo de exclusiva confianza 
 de la o el Presidente durante el tiempo que reste de su mandato o presentarse al cargo de elección 
 popular del cual fue destituido en el período siguiente, según corresponda. 
 La o el funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo a las leyes por el 
 tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, como 
 para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a 
 particulares. 
 
 § De las sesiones conjuntas del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las 
 Regiones 
 
 15.- Artículo 12.- El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones se reunirán 
 en sesión conjunta para tomar el juramento o promesa de la Presidenta o Presidente de la 
 República al momento de asumir el cargo, para recibir la cuenta pública anual y para inaugurar 
 el año legislativo. 
 
 16.- Artículo 12 bis.- El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones se 
 reunirán en sesión conjunta para decidir los nombramientos que conforme a esta Constitución 
 corresponda, garantizando un estricto escrutinio de la idoneidad de las y los candidatos para el 
 cargo correspondiente. 
 
 17.- Artículo 13.- Para ser elegida diputada, diputado o representante regional se requiere ser 
 ciudadana o ciudadano con derecho a sufragio, haber cumplido dieciocho años de edad al día de 
 la elección y tener avecindamiento en el territorio correspondiente durante un plazo no inferior a 
 dos años, en el caso de las diputadas o diputados, y de cuatro años en el caso de las y los 
 representantes regionales, contados hacia atrás desde el día de la elección.  
 Se entenderá que una diputada, diputado o representante regional tiene su residencia 
 en el territorio correspondiente mientras ejerza su cargo. 
 
 18.- Artículo 14.- No pueden ser candidatos a diputadas o diputados ni a representante regional: 
 
 1. La Presidenta o Presidente de la República o quien lo sustituya en el ejercicio de 
 la Presidencia al tiempo de la elección; 
 2. Las y los Ministros de Estado y las y los Subsecretarios; 
 3. Las autoridades regionales y comunales de elección popular; 
 4. Las y los Consejeros del Banco Central y del Consejo Electoral; 
 5. Las y los directivos de los órganos autónomos; 
 6. Las y los que ejerzan jurisdicción en los Sistemas de Justicia; 
 7. Las y los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales 
 electorales; 
 8. La o el Contralor General de la República; 
 9. La o el Fiscal Nacional, fiscales regionales o fiscales adjuntos del Ministerio 
 Público; 
 10. Los funcionarios o funcionarias en servicio activo de las policías; 
 11. Las personas naturales o administradores de personas jurídicas que celebren o 
 caucionen contratos con el Estado, y 
 12.  Las y los militares en servicio activo. 
 
 Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes hubieren 
 tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la 
 elección, excepto respecto de las personas mencionadas en el número 11, las que no deberán 
 reunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura y de las indicadas en el número 
 9, 10 y 12, respecto de las cuales el plazo de la inhabilidad será de los dos años inmediatamente 
 anteriores a la elección. 
 
 19.- Artículo 15.- Los cargos de diputadas o diputados y de representante regional son 
 incompatibles entre sí y con otros cargos de representación y con todo empleo, función, comisión 
 o cargo de carácter público o privado. 
 Son también incompatibles con las funciones de directores o consejeros, aun cuando 
 sean ad honorem, de entidades fiscales autónomas, semifiscales, y de empresas estatales o en las 
 que el Estado tenga participación por aporte de capital. 
 
 Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, la 
 diputada o diputado o representante regional cesará en el otro cargo, empleo, función o comisión 
 incompatible que desempeñe. 
 
 20.- Artículo 16.- Las diputadas y diputados y las y los representantes regionales podrán ser 
 reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un período. Para estos efectos se entenderá que 
 han ejercido su cargo durante un período cuando han cumplido más de la mitad de su mandato. 
 
 21.- Artículo 17.- El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones se 
 renovarán en su totalidad cada cuatro años. 
 La ley establecerá sus reglas de organización, funcionamiento y tramitación, la que 
 podrá ser complementada con los reglamentos de funcionamiento que estos órganos dicten. 
 El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones tomarán sus 
 decisiones por la mayoría de sus miembros presentes, salvo que esta Constitución disponga un 
 quorum diferente. 
 
 22.- Artículo 18.- El Congreso de Diputadas y Diputados no podrá entrar en sesión ni adoptar 
 acuerdos sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio. 
 
 23.- Artículo 19.- La o el reemplazante deberá reunir los requisitos establecidos por esta 
 Constitución para ser elegido en el cargo respectivo y le alcanzarán las inhabilidades establecidas 
 en el artículo 14 y las incompatibilidades del artículo 15. Se asegurará a todo evento la 
 composición paritaria del órgano. 
 
 24.- Artículo 20.-Las diputadas, diputados y representantes regionales son inviolables por las 
 opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos. 
 Desde el día de su elección o investidura, ningún diputado, diputada o representante 
 regional puede ser acusado o privado de libertad, salvo el caso de delito flagrante, si la Corte de 
 Apelaciones de la jurisdicción respectiva, en pleno, no declara previamente haber lugar a la 
 formación de causa. En contra de las resoluciones que al respecto dictaren estas Cortes podrá 
 apelarse ante la Corte Suprema. 
 
 En caso de que un diputado, diputada o representante regional sea detenido por delito 
 flagrante, será puesto inmediatamente a disposición de la Corte de Apelaciones respectiva, con 
 la información sumaria correspondiente. La Corte procederá conforme a lo dispuesto en el inciso 
 anterior.  
 Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación 
 de causa, el diputado, diputada o representante regional quedará suspendido de su cargo y sujeto 
 al juez competente. 
 
 25.- Artículo 21.- Cesará en el cargo la diputada, diputado o representante regional: 
 b) Que se ausentare del país por más de treinta días sin permiso de la corporación 
 respectiva o, en receso de ésta, de su Mesa Directiva; 
 c) Que, durante su ejercicio, celebrare o caucionare contratos con el Estado, o actuare 
 como procuradora o procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en 
 la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza. Esta 
 inhabilidad tendrá lugar sea que la diputada, diputado o representante regional actúe por sí o por 
 interpósita persona, natural o jurídica; 
 d) Que, durante su ejercicio, actúe como abogada o abogado o mandataria o 
 mandatario en cualquier clase de juicio, que ejercite cualquier influencia ante las autoridades 
 administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de las y los trabajadores 
 en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervenga en 
 ellos ante cualquiera de las partes; 
 e) Que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control 
 del gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de 
 Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Una ley señalará los 
 casos en que existe una infracción grave. 
 f) Que, durante su ejercicio, pierda algún requisito general de elegibilidad, o incurra 
 en una inhabilidad de las establecidas en el artículo 14. 
 Las diputadas, diputados y representantes regionales podrán renunciar a sus cargos 
 cuando les afecte una enfermedad grave, debidamente acreditada, que les impida desempeñarlos, 
 y así lo califique el tribunal que realice el control de constitucionalidad. 
 
 
 De la legislación y la potestad reglamentaria 
 
 26.- Artículo 22.- Sólo en virtud de una ley se puede:  
 a. Crear, modificar y suprimir tributos de cualquier clase o naturaleza y los beneficios 
 tributarios aplicables a éstos, determinar su progresión, exenciones y proporcionalidad, sin 
 perjuicio de las excepciones que establezca esta Constitución; 
 b. Autorizar la contratación de empréstitos y otras operaciones que puedan 
 comprometer el crédito y la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos y 
 municipalidades, sin perjuicio de lo consagrado respecto de las entidades territoriales y de lo 
 establecido en la letra siguiente. Esta disposición no se aplicará al Banco Central;  
 c. Establecer las condiciones y reglas conforme a las cuales las universidades y las 
 empresas del Estado y aquellas en que éste tenga participación puedan contratar empréstitos, los 
 que en ningún caso podrán efectuarse con el Estado, sus organismos y empresas; 
 d. Instituir las normas sobre enajenación de bienes del Estado, los gobiernos 
 regionales o de las municipalidades y sobre su arrendamiento, títulos habilitantes para su uso o 
 explotación, y concesión; 
 e. Disponer, organizar y distribuir las Fuerzas Armadas para su desarrollo y empleo 
 conjunto, así como permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, como, 
 asimismo, la salida de tropas nacionales fuera de él;  
 f. Establecer o modificar la división político o administrativa del país;  
 g. Señalar el valor, tipo y denominación de las monedas, y el sistema de pesos y 
 medidas;  
 h. Conceder indultos generales y amnistías, salvo en crímenes de lesa humanidad;  
 i. Establecer el sistema de determinación de las remuneraciones de la Presidenta o 
 Presidente de la República y las Ministras o Ministros de Estado, de las diputadas y diputados, 
 las gobernadoras y gobernadores y de las y los representantes regionales; 
 k. Singularizar la ciudad en que debe residir la Presidenta o el Presidente de la 
 República, celebrar sus sesiones el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las 
 Regiones y funcionar la Corte Suprema;  
 l. Autorizar la declaración de guerra, a propuesta de la Presidenta o Presidente de la 
 República;  
 
 m. Fijar las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración 
 pública; 
 n. Establecer la creación y modificación de servicios públicos y empleos públicos, 
 sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado, y determinar sus funciones 
 y atribuciones; 
 ñ. Establecer el régimen jurídico aplicable en materia laboral, sindical, de la huelga 
 y la negociación colectiva en sus diversas manifestaciones, previsional y de seguridad social;  
 o. Crear loterías y apuestas; 
 p. Regular aquellas materias que la Constitución señale como leyes de concurrencia 
 presidencial necesaria, y 
 q. Regular las demás materias que la Constitución exija que sean establecidas por 
 una ley. 
 
 27.- Artículo 23.- La Presidenta o Presidente de la República tendrá la potestad de dictar aquellos 
 reglamentos, decretos e instrucciones que crea necesarios para la ejecución de las leyes. 
 
 28.- Artículo 24.- La Presidenta o Presidente de la República podrá ejercer la potestad 
 reglamentaria en todas aquellas materias que no estén comprendidas en el artículo 22. 
 Cuando sobre una materia no comprendida en los literales del artículo 22 sean aplicables reglas 
 de rango legal y reglamentario, primará la ley. 
 La Presidenta o Presidente deberá informar mensualmente al Congreso sobre los 
 reglamentos, decretos e instrucciones que se hayan dictado en virtud de este artículo. 
 
 29.- Artículo 25.- La Presidenta o Presidente de la República podrá solicitar autorización al 
 Congreso de Diputadas y Diputados para dictar decretos con fuerza de ley durante un plazo no 
 superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley. 
 Esta autorización no podrá extenderse a derechos fundamentales, nacionalidad, 
 ciudadanía, elecciones y plebiscitos. 
 La autorización nunca podrá comprender facultades que afecten a la organización, 
 atribuciones y régimen de los funcionarios del Sistema de Justicia, del Congreso de Diputadas y 
 
 Diputados, de la Cámara de las Regiones, de la Corte Constitucional, ni de la Contraloría General 
 de la República. 
 La ley que otorgue la referida autorización señalará las materias precisas sobre las 
 que recaerá la delegación y podrá establecer o determinar las limitaciones, restricciones y 
 formalidades que se estimen convenientes. 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la Presidenta o Presidente de 
 la República queda autorizado para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las 
 leyes cuando sea conveniente para su mejor ejecución. En ejercicio de esta facultad, podrá 
 introducirle los cambios de forma que sean indispensables, sin alterar, en caso alguno, su 
 verdadero sentido y alcance. 
 A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón de estos decretos 
 con fuerza de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorización 
 referida. 
 Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su publicación, vigencia 
 y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley. 
 La ley delegatoria de potestades que corresponda a leyes de acuerdo regional es ley 
 de acuerdo regional. 
 
 30.- Artículo 26.- Son leyes de concurrencia presidencial necesaria: 
 a. Las que irroguen directamente gastos al Estado; 
 b. Las leyes relacionadas con la administración presupuestaria del Estado, incluyendo 
 las modificaciones de la Ley de Presupuestos; 
 c. Las que alteren la división política o administrativa del país; 
 d. Las que impongan, supriman, reduzcan o condonen tributos de cualquier clase o 
 naturaleza, establezcan exenciones o modifiquen las existentes, y determinen su forma, 
 proporcionalidad o progresión; 
 e. Las que contraten o autoricen a contratar empréstitos o celebrar cualquier otra clase 
 de operaciones que puedan comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, de las 
 entidades semifiscales, autónomas y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras 
 cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del Fisco o de los organismos o 
 entidades referidos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22, letra c, y 
 
 f. Las que dispongan, organicen y distribuyan las Fuerzas Armadas para su desarrollo 
 y empleo conjunto. 
 
 31.- Artículo 27.- Las leyes de concurrencia presidencial necesaria pueden tener su origen en un 
 mensaje presidencial o en una moción parlamentaria. 
 La moción parlamentaria deberá ser patrocinada por no menos de un cuarto y no más 
 de un tercio de las diputadas y diputados o, en su caso, de los representantes regionales en 
 ejercicio, y deberá declarar que se trata de un proyecto de ley de concurrencia necesaria de la 
 Presidencia. 
 Las mociones de concurrencia presidencial necesaria deberán presentarse 
 acompañadas de un informe técnico financiero de la Secretaría de Presupuestos. 
 Las leyes de concurrencia presidencial necesaria sólo podrán ser aprobadas si la 
 Presidenta o Presidente de la República entrega su patrocinio durante la tramitación del proyecto. 
 La Presidenta o Presidente de la República podrá patrocinar el proyecto de ley en cualquier 
 momento hasta transcurridos quince días desde que haya sido despachado por la Comisión 
 respectiva. Transcurrido ese plazo sin el patrocinio correspondiente, el proyecto se entenderá 
 desechado y no se podrá insistir en su tramitación. 
 La Presidenta o Presidente de la República siempre podrá retirar su patrocinio. En 
 dicho caso, la tramitación del proyecto no podrá continuar. 
 Las mociones parlamentarias que correspondan a materias de concurrencia 
 presidencial necesaria deberán presentarse con una estimación de gastos y origen del 
 financiamiento. 
 
 32.- Artículo 28.- Sólo son leyes de acuerdo regional las que reformen la Constitución; las que 
 regulen la organización, atribuciones y funcionamiento de los Sistemas de Justicia, del Poder 
 Legislativo y de los órganos autónomos constitucionales; las que regulen los estados de 
 excepción constitucional; las que creen, modifiquen o supriman tributos o exenciones y 
 determinen su progresión y proporcionalidad; las que directamente irroguen al Estado gastos 
 cuya ejecución corresponda a las entidades territoriales; las que implementen el derecho a la 
 salud, derecho a la educación y derecho a la vivienda; la de Presupuestos; las que aprueben el 
 Estatuto Regional; las que regulen la elección, designación, competencias, atribuciones y 
 
 procedimientos de los órganos y autoridades de las entidades territoriales; las que establezcan o 
 alteren la división político-administrativa del país; las que establezcan los mecanismos de 
 distribución fiscal y presupuestaria, y otros mecanismos de compensación económica entre las 
 distintas entidades territoriales; las que autoricen la celebración de operaciones que comprometan 
 la responsabilidad patrimonial de las entidades territoriales; las que autoricen a las entidades 
 territoriales la creación de empresas públicas; las que deleguen potestades legislativas en 
 conformidad al artículo 31 Nº12 de esta Constitución; las que regulen la planificación territorial 
 y urbanística y su ejecución; las que regulen la protección del medio ambiente; las que regulen 
 las votaciones populares y escrutinios; las que regulen las organizaciones políticas, y las demás 
 que esta Constitución califique como de acuerdo regional. 
 Si se generare un conflicto de competencia entre la Cámara de las Regiones y el 
 Congreso de Diputadas y Diputados con relación a si una o más materias dispuestas en este 
 artículo deben ser revisadas por la Cámara de las Regiones, esta aprobará su competencia por 
 mayoría simple de sus miembros y el Congreso lo ratificará por mayoría simple. En caso que el 
 Congreso rechace la revisión aprobada por la Cámara de las Regiones, ésta podrá recurrir a la 
 Corte Constitucional por acuerdo de mayoría simple. 
 
 33.- Artículo 28 bis.- La Cámara de las Regiones conocerá de los estatutos regionales aprobados 
 por una Asamblea Regional, de las propuestas de creación de empresas regionales efectuadas por 
 una o más Asambleas Regionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 número 7 de 
 esta Constitución y de las solicitudes de delegación de potestades legislativas realizadas por éstas. 
 Para el conocimiento del Estatuto Regional, el Congreso y la Cámara contarán con un plazo de 
 seis meses. 
 Recibida una propuesta, la Cámara podrá aprobar el proyecto o efectuar las 
 enmiendas que estime necesarias. De aceptarse las enmiendas por la Asamblea respectiva, el 
 proyecto quedará en estado de ser despachado al Congreso de Diputadas y Diputados para su 
 tramitación como ley de acuerdo regional. 
 Tratándose de las delegaciones, estas no podrán extenderse a ámbitos de 
 concurrencia presidencial necesaria, a la nacionalidad, la ciudadanía y las elecciones, a los 
 ámbitos que sean objeto de codificación general, ni a la organización, atribuciones y régimen de 
 los órganos nacionales o de los Sistemas de Justicia. 
 
 La ley que delegue potestades señalará las materias precisas sobre las que recaerá la 
 delegación y podrá establecer o determinar las limitaciones, restricciones y formalidades que se 
 estimen convenientes. 
 La Contraloría General de la República deberá tomar razón de las leyes regionales 
 dictadas de conformidad con este artículo, debiendo rechazarlas cuando ellas excedan o 
 contravengan la autorización referida. 
 
 Del procedimiento legislativo 
 
 34.- Artículo 29.- Las leyes pueden iniciarse por mensaje de la Presidenta o Presidente de la 
 República o por moción de no menos del diez por ciento ni más del quince por ciento de las 
 diputadas y diputados o representantes regionales. Adicionalmente, podrán tener su origen en 
 iniciativa popular o iniciativa indígena de ley. 
 Una o más Asambleas Regionales podrán presentar iniciativas a la Cámara de las 
 Regiones en materias de interés regional. Si ésta las patrocina, serán ingresadas como moción 
 parlamentaria ordinaria en el Congreso. 
 Todos los proyectos de ley, cualquiera sea la forma de su iniciativa, comenzarán su 
 tramitación en el Congreso de Diputadas y Diputados. 
 Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que 
 corresponda, tanto en el Congreso de Diputadas y Diputados como en la Cámara de las Regiones 
 si ésta interviene en conformidad con lo establecido en esta Constitución, pero en ningún caso se 
 admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. 
 
 35.- Artículo 30.- Las leyes deberán ser aprobadas, modificadas o derogadas por la mayoría de 
 los miembros presentes en el Congreso de Diputadas y Diputados al momento de su votación. 
 En caso de tratarse de una ley de acuerdo regional, la Presidencia del Congreso 
 enviará el proyecto aprobado a la Cámara de las Regiones para continuar con su tramitación. 
 Terminada la tramitación del proyecto en el Congreso de Diputadas y Diputados, será 
 despachado a la Presidenta o Presidente de la República para efectos de lo establecido en el 
 artículo 32. 
 
 36.- Artículo 30 bis.- Las leyes referidas a la organización, funcionamiento y procedimientos 
 del Poder Legislativo y de los Sistemas de Justicia; a los procesos electorales y plebiscitarios; a 
 la regulación de los estados de excepción constitucional, y a la regulación de las organizaciones 
 políticas, deberán ser aprobadas por el voto favorable de la mayoría en ejercicio de los miembros 
 del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. 
 
 37.- Artículo 31.- Recibido por la Cámara de las Regiones un proyecto de ley de acuerdo regional 
 aprobado por el Congreso de Diputadas y Diputados, la Cámara de las Regiones se pronunciará, 
 aprobándolo o rechazándolo. Si lo aprobare, el proyecto será enviado al Congreso para que lo 
 despache a la Presidenta o Presidente de la República para su promulgación como ley. Si lo 
 rechazare, lo tramitará y propondrá al Congreso las enmiendas que considere pertinentes. 
 Si el Congreso rechazare una o más de esas enmiendas u observaciones, se convocará 
 a una comisión mixta que propondrá nuevas enmiendas para resolver la discrepancia. Estas 
 enmiendas serán votadas por la Cámara y luego por el Congreso. Si todas ellas fueren aprobadas, 
 el proyecto será despachado para su promulgación. 
 La comisión mixta estará conformada por igual número de diputadas y diputados y 
 de representantes regionales. La ley fijará el mecanismo para designar a los integrantes de la 
 comisión y establecerá el plazo en que deberá informar. De no evacuar su informe dentro de 
 plazo, se entenderá que la comisión mixta mantiene las observaciones originalmente formuladas 
 por la Cámara y rechazadas por el Congreso y se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior. 
 
 38.- Artículo 31 bis.- En la sesión siguiente a su despacho por el Congreso de Diputadas y 
 Diputados y con el voto favorable de la mayoría, la Cámara de las Regiones podrá requerir 
 conocer de un proyecto de ley que no sea de acuerdo regional.  
 La Cámara contará con sesenta días desde que recibe el proyecto para formularle 
 enmiendas y remitirlas al Congreso. Éste podrá aprobarlas o insistir en el proyecto original con 
 el voto favorable de la mayoría. Si dentro del plazo señalado la Cámara no evacúa su informe, el 
 proyecto quedará en condiciones de ser despachado por el Congreso. 
 
 39.- Artículo 32.- Si la Presidenta o Presidente de la República aprobare el proyecto despachado 
 por el Congreso de Diputadas y Diputados, dispondrá su promulgación como ley. En caso 
 
 contrario, lo devolverá dentro de treinta días con las observaciones que estime pertinentes o 
 comunicando su rechazo total al proyecto. 
 En ningún caso se admitirán las observaciones que no tengan relación directa con las 
 ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el 
 mensaje respectivo. 
 Las observaciones parciales podrán ser aprobadas por mayoría. Con el mismo 
 quórum, el Congreso podrá insistir en el proyecto original.  
 Si el Presidente hubiere rechazado totalmente el proyecto, el Congreso deberá 
 desecharlo, salvo que insista por tres quintos de sus integrantes.  
 Si la Presidenta o Presidente de la República no devolviere el proyecto dentro de 
 treinta días, contados desde la fecha de su remisión, se entenderá́ que lo aprueba y se promulgará 
 como ley. La promulgación deberá́ hacerse siempre dentro del plazo de diez días, contados desde 
 que ella sea procedente. La publicación se hará́ dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
 fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio. 
 
 40.- Artículo 33.- El proyecto que fuere desechado en general por el Congreso de Diputadas y 
 Diputados, no podrá renovarse sino después de un año. 
 
 41.- Artículo 34.- La ley que regule el funcionamiento del Congreso de Diputadas y Diputados 
 deberá establecer los mecanismos para determinar el orden en que se conocerán los proyectos de 
 ley, debiendo distinguir entre urgencia simple, suma urgencia y discusión inmediata. 
 La ley especificará los casos en que la urgencia será fijada por la Presidenta o 
 Presidente de la República y por el Congreso. La ley especificará los casos y condiciones de la 
 urgencia popular.  
 Sólo la Presidenta o Presidente contará con la facultad de determinar la discusión 
 inmediata de un proyecto de ley. 
 
 42.- Artículo 35.- El proyecto de Ley de Presupuestos deberá ser presentado por la Presidenta o 
 Presidente de la República a lo menos con tres meses de anterioridad a la fecha en que debe 
 empezar a regir.  
 
 Si el proyecto no fuera despachado dentro de los 90 días de presentado, regirá el 
 proyecto inicialmente enviado por la o el Presidente.  
 El proyecto de ley comenzará su tramitación en una comisión especial de 
 presupuestos compuesta por igual número de diputados y representantes regionales. La comisión 
 especial no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos, pero podrá reducir los 
 gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley 
 permanente.  
 Aprobado el proyecto por la comisión especial de presupuestos, será enviado al 
 Congreso de Diputadas y Diputados para su tramitación como ley de acuerdo regional.  
 La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de Presupuestos y 
 de los nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa de ley, corresponderá a la Presidenta o 
 Presidente de la República, previo informe de los organismos técnicos respectivos, sin perjuicio 
 de lo señalado en el artículo 38. 
 No se podrá aprobar ningún nuevo gasto con cargo al erario público sin que se 
 indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto. 
 Si la fuente de recursos otorgada por el Congreso de Diputadas y Diputados fuere 
 insuficiente para financiar cualquier nuevo gasto que se apruebe, la Presidenta o Presidente de la 
 República, al promulgar la ley, previo informe favorable del servicio o institución a través del 
 cual se recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contraloría General de la República, deberá 
 reducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza. 
 
 43.- Artículo 36.- El Gobierno deberá dar acceso al Congreso de Diputadas y Diputados a toda 
 la información disponible para la toma de decisiones presupuestarias. Deberá también rendir 
 cuentas y fiscalizar la ejecución del presupuesto nacional, haciendo público asimismo la 
 información sobre el desempeño de los programas ejecutados en base a éste. 
 
 44.- Artículo 37.- En la tramitación de la Ley de Presupuestos, así como respecto de los 
 presupuestos regionales y comunales, se deberán garantizar espacios de participación popular. 
 
 45.- Artículo 38.- El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones contarán 
 con una Unidad Técnica dependiente administrativamente del Congreso.  
 
 Su Secretaría Legislativa estará encargada de asesorar en los aspectos jurídicos de 
 las leyes que tramiten. Podrá asimismo emitir informes sobre ámbitos de la legislación que hayan 
 caído en desuso o que presenten problemas técnicos. 
 Su Secretaría de Presupuestos estará encargada de estudiar el efecto presupuestario 
 y fiscal de los proyectos de ley y de asesorar a las diputadas, diputados y representantes 
 regionales durante la tramitación de la Ley de Presupuestos. 
 
 46.- Artículo 39.- El gobierno y la administración del Estado corresponden a la Presidenta o 
 Presidente de la República, quien ejerce la jefatura de Estado y la jefatura de Gobierno. 
 El 5 de julio de cada año, la Presidenta o el Presidente dará cuenta al país del estado 
 administrativo y político de la República ante el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara 
 de las Regiones, en sesión conjunta. 
 
 47.- Artículo 40.- Para ser elegida Presidenta o Presidente de la República se requiere tener 
 nacionalidad chilena, ser ciudadana o ciudadano con derecho a sufragio y haber cumplido treinta 
 años de edad. 
 Asimismo, deberá tener residencia efectiva en el territorio nacional los cuatro años 
 anteriores a la elección. No se exigirá este requisito cuando la ausencia del país se deba a que 
 ella o él, su cónyuge o su conviviente civil cumplan misión diplomática, trabajen en organismos 
 internacionales o existan otras circunstancias que la justifiquen fundadamente. Tales 
 circunstancias deberán ser calificadas por los tribunales electorales. 
 
 48.- Artículo 41.- La Presidenta o Presidente se elegirá mediante sufragio universal, directo, 
 libre y secreto. 
 
 49.- Artículo 42.- La Presidenta o Presidente será elegido por la mayoría absoluta de los votos 
 válidamente emitidos. La elección se efectuará el tercer domingo de noviembre del año anterior 
 a aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones.  
 Si a la elección se presentaren más de dos candidaturas y ninguna de ellas obtuviere 
 más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación entre 
 las candidaturas que hubieren obtenido las dos más altas mayorías. Esta votación se realizará el 
 
 cuarto domingo después de la primera. Será electa la candidatura que obtenga la mayoría de los 
 sufragios válidamente emitidos. En el caso de proceder la segunda votación, las candidatas y 
 candidatos podrán efectuar modificaciones a su programa hasta una semana antes de ella. 
 El día de la elección presidencial será feriado irrenunciable. 
 En caso de muerte de uno o de ambos candidatos o candidatas presidenciales a que 
 se refiere el inciso segundo, la o el Presidente de la República convocará a una nueva elección 
 dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha del deceso. La elección se celebrará noventa 
 días después de la convocatoria si ese día correspondiere a un domingo. En caso contrario, se 
 realizará el domingo siguiente. 
 
 50.- Artículo 43.- El proceso de calificación de la elección de la o el Presidente deberá́ quedar 
 concluido dentro de los quince días siguientes a la primera votación y dentro de los treinta 
 siguientes a la segunda. 
 El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de inmediato al Congreso de 
 Diputadas y Diputados y a la Cámara de las Regiones la proclamación de la Presidenta o 
 Presidente electo. 
 El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, reunidos en 
 sesión conjunta el día en que deba cesar en su cargo el o la Presidenta en funciones, y con las y 
 los miembros que asistan, tomará conocimiento de esa resolución del Tribunal Calificador de 
 Elecciones y proclamará a el o la electa. 
 En este mismo acto, la Presidenta o Presidente prestará promesa o juramento de 
 desempeñar fielmente su cargo, conservar la independencia de la República, guardar y hacer 
 guardar la Constitución y las leyes, y de inmediato asumirá́ sus funciones. 
 
 51.- Artículo 44.- Si la o el Presidente electo se hallare impedido para tomar posesión del cargo, 
 asumirá, provisoriamente y con el título de Vicepresidente o Vicepresidenta de la República, la 
 o el Presidente del Congreso de Diputadas y Diputados, de la Cámara de las Regiones o de la 
 Corte Suprema, en ese orden. 
 Si el impedimento fuese absoluto o durase indefinidamente, la Vicepresidenta o 
 Vicepresidente, en los diez días siguientes al acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados, 
 convocará a una nueva elección presidencial que se celebrará noventa días después si ese día 
 
 correspondiere a un domingo, o el domingo inmediatamente siguiente. La o el Presidente así 
 elegido asumirá sus funciones en la oportunidad que señale la ley y durará en ellas el resto del 
 período ya iniciado. 
 
 52.- Artículo 45.- La o el Presidente durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones, tras los 
 cuales podrá ser reelegido, de forma inmediata o posterior, solo una vez.  
 
 53.- Artículo 45 bis.- En el caso que la Presidenta o Presidente postulare a la reelección 
 inmediata, y desde el día de la inscripción de su candidatura, no podrá ejecutar gasto que no sea 
 de mera administración ni realizar actividades públicas que conlleven propaganda a su campaña 
 para la reelección. La Contraloría General de la República deberá dictar un instructivo que regule 
 las situaciones descritas en este artículo. 
 
 54.- Artículo 46.- Cuando por enfermedad, ausencia del territorio de la República u otro grave 
 motivo, la Presidenta o Presidente de la República no pudiere ejercer su cargo, le subrogará, con 
 el título de Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, la o el Ministro de Estado que 
 corresponda, según el orden de precedencia que señale la ley. 
 
 55.- Artículo 47.- Son impedimentos definitivos para el ejercicio del cargo de Presidenta o 
 Presidente de la República y causan su vacancia: la muerte, la dimisión debidamente aceptada 
 por el Congreso de Diputadas y Diputados y la condena por acusación constitucional, conforme 
 a las reglas establecidas en esta Constitución.  
 En caso de impedimento definitivo, asumirá como subrogante la o el Ministro de 
 Estado indicado en el artículo anterior y se procederá conforme a los incisos siguientes. 
 Si la vacancia se produjere faltando menos de dos años para la próxima elección 
 presidencial, la Presidenta o Presidente será nombrado en sesión conjunta del Congreso de 
 Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. El nombramiento se realizará dentro de 
 los diez días siguientes a la fecha de la vacancia y la o el nombrado asumirá su cargo dentro de 
 los treinta días siguientes. Para los efectos del artículo 45, este período presidencial se considerará 
 como uno completo. 
 
 La o el Vicepresidente que subrogue y la o el Presidente nombrado conforme a lo 
 dispuesto en el inciso anterior, tendrán todas las atribuciones que esta Constitución confiere al 
 Presidente o Presidenta de la República. 
 Si la vacancia se produjere faltando dos años o más para la siguiente elección 
 presidencial, el Vicepresidente o Vicepresidenta, dentro de los diez primeros días de su 
 subrogancia, convocará a una elección presidencial para ciento veinte días después de la 
 convocatoria, si ese día correspondiere a un domingo, o el domingo siguiente. La Presidenta o 
 Presidente que resulte elegido asumirá su cargo el décimo día después de su proclamación, y 
 hasta completar el período que restaba a quien se reemplaza. 
 
 56.- Artículo 48.- Serán atribuciones de la Presidenta o Presidente de la República: 
 1. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales, 
 de acuerdo con sus competencias y atribuciones; 
 2. Dirigir la administración del Estado; 
 3. Nombrar y remover a las Ministras y Ministros de Estado, a las Subsecretarias y 
 Subsecretarios y a las demás funcionarias y funcionarios que corresponda, de acuerdo con esta 
 Constitución y la ley. Estos funcionarios serán de exclusiva confianza del Presidente de la 
 República y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella; 
 4. Conducir las relaciones exteriores, suscribir y ratificar los tratados, convenios o 
 acuerdos internacionales, nombrar y remover a Embajadoras y Embajadores y jefas y jefes de 
 misiones diplomáticas; 
 5. Declarar los estados de excepción constitucional en los casos y formas que se 
 señalan en esta Constitución y la ley; 
 6. Concurrir a la formación de las leyes, conforme a lo que establece esta 
 Constitución, y promulgarlas; 
 7. Dictar decretos con fuerza de ley, previa delegación del Congreso de Diputadas y 
 Diputados, conforme a lo que se establece en esta Constitución; 
 8. Ejercer la potestad reglamentaria de conformidad con esta Constitución y la ley; 
 9. Ejercer permanentemente la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, disponerlas, 
 organizarlas y distribuirlas para su desarrollo y empleo conjunto; 
 
 10. Designar al Jefe del Estado Mayor Conjunto, a los Comandantes en Jefe de las 
 Fuerzas Armadas y disponer los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas 
 Armadas; 
 11. Remover al Jefe del Estado Mayor Conjunto y a los Comandantes en Jefe de las 
 Fuerzas Armadas; 
 12.  Ejercer la jefatura máxima de las fuerzas de seguridad pública y designar y 
 remover a los integrantes del alto mando policial; 
 13. Nombrar a la Contralora o Contralor General conforme a lo dispuesto en esta 
 Constitución; 
 14. Participar en los nombramientos de las demás autoridades en conformidad con lo 
 establecido en esta Constitución; 
 15. Designar y remover funcionarias y funcionarios de su exclusiva confianza, de 
 conformidad con lo que establece la ley; 
 16. Conceder indultos particulares, salvo en crímenes de guerra y de lesa humanidad; 
 17. Velar por la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo 
 a la ley. 
 La Presidenta o Presidente de la República, con la firma de todas las y los Ministros 
 de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley, para atender necesidades impostergables 
 derivadas de calamidades públicas, agresión exterior, conmoción interior, grave daño o peligro 
 para la seguridad del país o el agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que 
 no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. El total de los giros que se hagan con estos 
 objetos no podrá exceder anualmente del dos por ciento (2%) del monto de los gastos que autorice 
 la Ley de Presupuestos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que 
 el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Las y los Ministros 
 de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en 
 este numeral serán responsables, solidaria y personalmente de su reintegro, y culpables del delito 
 de malversación de caudales públicos; 
 18. Convocar referendos, plebiscitos y consultas en los casos previstos en esta 
 Constitución; 
 19. Presentar anualmente al Congreso de Diputadas y Diputados el proyecto de ley 
 de presupuestos, y 
 
 20. Pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión especial al Congreso de 
 Diputadas y Diputados y a la Cámara de las Regiones. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a 
 la brevedad posible. 
 
 57.- Artículo 49.- Las y los Ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos de 
 la Presidenta o Presidente de la República en el gobierno y administración del Estado. 
 La ley determinará el número y organización de los ministerios, así como el orden de 
 precedencia de los Ministros titulares. 
 La Presidenta o Presidente de la República podrá encomendar a uno o más Ministros 
 la coordinación de la labor que corresponde a los secretarios de Estado y las relaciones del 
 Gobierno con el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. 
 
 58.- Artículo 50.- Para ser nombrada Ministra o Ministro de Estado se requiere ser ciudadana o 
 ciudadano con derecho a sufragio y cumplir con los requisitos generales para el ingreso a la 
 Administración Pública. 
 Los Ministros y Ministras de Estado se reemplazarán en caso de ausencia, 
 impedimento, renuncia o cuando por otra causa se produzca la vacancia del cargo, de acuerdo a 
 lo que establece la ley. 
 
 59.- Artículo 51.- Los reglamentos y decretos de la Presidenta o Presidente de la República 
 deberán firmarse por la Ministra o el Ministro de Estado respectivo y no serán obedecidos sin 
 este esencial requisito.  
 Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma de la Ministra o 
 Ministro de Estado respectivo, por orden de la Presidenta o Presidente de la República, en 
 conformidad con las normas que establezca la ley. 
 
 60.- Artículo 52.- Las Ministras y Ministros de Estado son responsables directamente de la 
 conducción de sus carteras respectivas, de los actos que firmen y solidariamente de los que 
 suscriban o acuerden con otras y otros Ministros. 
 
 
 61.- Artículo 53.- Las Ministras y Ministros podrán asistir a las sesiones del Congreso de 
 Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones y tomar parte en sus debates, con 
 preferencia para hacer uso de la palabra. 
 Sin perjuicio de lo anterior, las Ministras y Ministros de Estado deberán concurrir 
 personalmente a las sesiones especiales que convoque el Congreso o la Cámara para informarse 
 sobre asuntos que, perteneciendo al ámbito de atribuciones de las correspondientes secretarías de 
 Estado, acuerden tratar. 
 
 Del Sistema Electoral 
 
 62.- Artículo 54.- Para las elecciones populares, la ley creará un sistema electoral conforme a 
 los principios de igualdad sustantiva, paridad, alternabilidad de género y los demás contemplados 
 en esta Constitución y las leyes. Dicho sistema deberá garantizar que los órganos colegiados 
 tengan una composición paritaria y promoverá la paridad en las candidaturas a cargos 
 unipersonales. Asimismo, asegurará que las listas electorales sean encabezadas siempre por una 
 mujer. 
 
 63.- Artículo 55.- Las elecciones comunales, regionales y de representantes regionales se 
 realizarán tres años después de la elección presidencial y del Congreso de Diputadas y Diputados. 
 Estas autoridades sólo podrán ser electas de manera consecutiva por un período. 
 
 64.- Artículo 56.- En las votaciones populares, el sufragio será universal, igualitario, libre, 
 directo, secreto y obligatorio para las personas que hayan cumplido dieciocho años. Su ejercicio 
 constituye un derecho y un deber cívico. 
 El sufragio será facultativo para las personas de dieciséis y diecisiete años de edad. 
 Las chilenas y chilenos en el exterior podrán sufragar en los plebiscitos nacionales y 
 elecciones presidenciales y de diputadas y diputados. Para esto se constituirá un distrito especial 
 exterior. 
 La ley establecerá las condiciones para asegurar el ejercicio de este derecho. 
 El resguardo de la seguridad pública durante las votaciones populares y plebiscitarias 
 corresponderá a las instituciones que indique la ley. 
 
 
 65.- Artículo 57.- Habrá un registro electoral público al que se incorporarán, por el solo 
 ministerio de la ley, quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constitución. La ley 
 determinará su organización y funcionamiento. 
 
 66.- Artículo 58.- Las personas extranjeras avecindadas en Chile por, al menos cinco años, 
 podrán ejercer el derecho a sufragio en los casos y formas que determine la Constitución y la ley. 
 
 De la elección de escaños reservados 
 
 67.- Artículo 59.- Se establecerán escaños reservados para los pueblos y naciones indígenas en 
 los órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, regional y local, cuando 
 corresponda y en proporción a la población indígena dentro del territorio electoral respectivo, 
 aplicando criterios de paridad en sus resultados. 
 Una ley determinará los requisitos, forma de postulación y número para cada caso, 
 estableciendo mecanismos que aseguren su actualización. 
 
 68.- Artículo 60.- Los escaños reservados en el Congreso de Diputadas y Diputados para los 
 pueblos y naciones indígenas serán elegidos en un distrito único nacional. Su número se definirá 
 en forma proporcional a la población indígena en relación a la población total del país. Se deberán 
 adicionar al número total de integrantes del Congreso. 
 La ley regulará los requisitos, procedimientos y distribución de los escaños 
 reservados.  
 La integración de los escaños reservados en la Cámara de las Regiones será 
 determinada por ley 
 
 69.- Artículo 61.- Podrán votar por los escaños reservados para pueblos y naciones indígenas 
 sólo los ciudadanos y ciudadanas que pertenezcan a dichos pueblos y naciones y que formen 
 parte de un registro especial denominado Registro Electoral Indígena, que administrará el 
 Servicio Electoral. 
 
 Dicho registro será construido por el Servicio Electoral sobre la base de los archivos 
 que administren los órganos estatales, los que posean los pueblos y naciones indígenas sobre sus 
 miembros y de las solicitudes de ciudadanos y ciudadanas que se autoidentifiquen como tales, en 
 los términos que indique la ley. 
 Se creará un registro del pueblo tribal afrodescendiente chileno bajo las mismas 
 reglas del presente artículo. 
 
 70.- Artículo 64.- Las organizaciones políticas reconocidas legalmente implementarán la paridad 
 de género en sus espacios de dirección, asegurando la igualdad sustantiva en sus dimensiones 
 organizativa y electoral, y promoviendo la plena participación política de las mujeres. A su vez, 
 deberán destinar un financiamiento electoral proporcional al número de dichas candidaturas. 
 El Estado y las organizaciones políticas deberán tomar las medidas necesarias para 
 erradicar la violencia de género con el fin de asegurar que todas las personas ejerzan plenamente 
 sus derechos políticos. 
 La ley arbitrará los medios para incentivar la participación de las personas de las 
 diversidades y disidencias sexuales y de género en los procesos electorales. 
 
 ********* 
 
 71.- Artículo 1.- Con la finalidad de garantizar la integridad pública y erradicar la corrupción en 
 todas sus formas, los órganos competentes en la materia deberán coordinar su actuar a través de 
 la instancia o mecanismos que correspondan para el cumplimiento de estos fines, en la forma que 
 determine la ley. 
 
 72.- Artículo 2.- Principio de probidad. El principio de probidad consiste en observar una 
 conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del 
 interés general sobre el particular. 
 
 73.- Artículo 3.- Principio de transparencia. Es pública la información elaborada con 
 presupuesto público y toda otra información que obre en poder del Estado, cualquiera sea su 
 formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, salvo cuando la 
 
 publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, la protección de 
 datos personales, los derechos de las personas, la seguridad del Estado o el interés nacional, 
 conforme lo establezca la ley. El principio de transparencia exige a los órganos del Estado que 
 la información pública sea puesta a disposición de toda persona que la requiera, independiente 
 del uso que se le dé, facilitando su acceso y procurando su oportuna entrega y accesibilidad. Toda 
 institución que desarrolle una función pública, o que administre recursos públicos, deberá dar 
 estricto cumplimiento al principio de transparencia. 
 
 74.- Artículo 4.- Principio de rendición de cuentas. Los órganos del Estado y quienes ejerzan 
 una función pública deberán rendir cuenta en la forma y condiciones que establezca la ley. El 
 principio de rendición de cuentas implica el deber de asumir la responsabilidad en el ejercicio de 
 su cargo. El Estado promoverá la participación activa de las personas y la sociedad civil en la 
 fiscalización del cumplimiento de este principio. 
 
 75.- Artículo 5.- (inciso primero) Derecho de acceso a la información pública. Todas las 
 personas tendrán el derecho a buscar, solicitar, recibir y difundir información pública de 
 cualquier órgano del Estado o de entidades que presten servicios de utilidad pública, en la forma 
 y condiciones que establezca la ley. 
 El derecho de acceso a la información pública reconoce los principios establecidos 
 en esta Constitución y las leyes. 
 
 76.- Artículo 6.- Consejo para la Transparencia. El Consejo para la Transparencia es un 
 órgano autónomo, especializado e imparcial con personalidad jurídica y patrimonio propio, que 
 tiene por función promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de 
 las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos del Estado y 
 garantizar el derecho de acceso a la información pública.  
 La composición, organización, el funcionamiento y las atribuciones del Consejo para 
 la Transparencia serán materias de ley. 
 
 77.- Artículo 7.- Sobre la corrupción. La corrupción es contraria al bien común y atenta contra 
 el sistema democrático. 
 
 El Estado tomará las medidas necesarias para su estudio, prevención, investigación, 
 persecución y sanción. 
 
 78.- Artículo 8.- El Estado asegura a todas las personas la debida protección, confidencialidad e 
 indemnidad al denunciar infracciones en el ejercicio de la función pública, especialmente faltas 
 a la probidad, transparencia y hechos de corrupción. 
 
 79.- Artículo 9.- El ejercicio de funciones públicas se regirá por los principios de probidad, 
 eficiencia, eficacia, responsabilidad, transparencia, publicidad, rendición de cuentas, buena fe, 
 interculturalidad, enfoque de género, inclusión, no discriminación y sustentabilidad. 
 Las autoridades electas popularmente, y las demás autoridades y funcionarios que 
 determine la ley, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública. 
 
 80.- Artículo 10.- Respecto de las altas autoridades del Estado, la ley establecerá mayores 
 exigencias y estándares de responsabilidad para el cumplimiento de los principios de probidad, 
 transparencia y rendición de cuentas. 
 
 81.- Artículo 11.- Una comisión fijará las remuneraciones de las autoridades de elección popular, 
 así como de quienes sirvan de confianza exclusiva de ellas. Las remuneraciones serán fijadas 
 cada cuatro años, con al menos dieciocho meses de anterioridad al término de un periodo 
 presidencial. Los acuerdos de la comisión serán públicos, se fundarán en antecedentes técnicos 
 y deberán garantizar una retribución adecuada a la responsabilidad del cargo.  
 Una ley establecerá la integración, funcionamiento y atribuciones de esta comisión. 
 
 82.- Artículo 12.- Los colegios profesionales son corporaciones de derecho público, nacionales 
 y autónomas, que colaboran con los propósitos y las responsabilidades del Estado. Sus labores 
 consisten en velar por el ejercicio ético de sus miembros, promover la credibilidad de la disciplina 
 que profesan sus afiliados, representar oficialmente a la profesión ante el Estado y las demás que 
 establezca la ley. 
 
 
 83.- Artículo 13.- No podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas 
 condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, 
 aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, 
 malversación de caudales públicos y los demás que así establezca la ley. Los términos y plazos 
 de estas inhabilidades se determinarán por ley. 
 
 84.- Artículo 14.- Monopolio estatal de la fuerza. El Estado tiene el monopolio indelegable del 
 uso legítimo de la fuerza, la que ejerce a través de las instituciones competentes, conforme a esta 
 Constitución, las leyes y con pleno respeto a los derechos humanos. 
 La ley regulará el uso de la fuerza y el armamento que pueda ser utilizado en el 
 ejercicio de las funciones de las instituciones autorizadas por esta Constitución. 
 Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer, tener o portar armas u otros 
 elementos similares, salvo en los casos que señale la ley, la que fijará los requisitos, 
 autorizaciones y controles del uso, porte y tenencia de armas. 
 
 85.- Artículo 15.- Jefatura suprema de las Fuerzas Armadas y Política de Defensa Nacional. 
 A la o el Presidente de la República le corresponde la conducción de la defensa nacional y es el 
 jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Ejercerá el mando a través del ministerio a cargo de la 
 defensa nacional. 
 La disposición, organización y criterios de distribución de las Fuerzas Armadas se 
 establecerán en la Política de Defensa Nacional y la Política Militar. La ley regulará la vigencia, 
 alcances y mecanismos de elaboración y aprobación de dichas políticas, las que deberán 
 comprender los principios de cooperación internacional, de igualdad de género y de 
 interculturalidad, y el pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales. 
 
 86.- Artículo 16.- Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están integradas única y 
 exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Dependen del ministerio a cargo 
 de la defensa nacional y son instituciones destinadas para el resguardo de la soberanía, 
 independencia e integridad territorial de la República, ante agresiones de carácter externo, según 
 lo establecido en la Carta de Naciones Unidas. Colaboran con la paz y seguridad internacional, 
 conforme a la Política de Defensa Nacional. 
 
 Las Fuerzas Armadas deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño 
 de sus funciones, promover la paridad en espacios de toma de decisión y actuar con pleno respeto 
 al derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados en esta Constitución. 
 Son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y por esencia obedientes 
 y no deliberantes. 
 Las instituciones militares y sus miembros estarán sujetos a controles en materia de 
 probidad y transparencia. Sus integrantes no podrán pertenecer a partidos políticos, asociarse en 
 organizaciones políticas, gremiales o sindicales, ejercer el derecho a huelga, ni postularse a 
 cargos de elección popular. 
 El ingreso y la formación en las Fuerzas Armadas será gratuito y no discriminatorio, 
 en el modo que establezca la ley. La educación militar se funda en el respeto irrestricto a los 
 derechos humanos. 
 La ley regulará la organización de la defensa, su institucionalidad, su estructura y 
 empleo conjunto, sus jefaturas, mando y la carrera militar. 
 
 87.- Artículo 17.- El Congreso supervisará periódicamente la ejecución del presupuesto asignado 
 a defensa, así como la implementación de la política de defensa nacional y la política militar. 
 
 88.- Artículo 18.- Conducción de la Seguridad Pública y Política Nacional de Seguridad 
 Pública. A la Presidenta o Presidente de la República le corresponde la conducción de la 
 seguridad pública a través del ministerio correspondiente. 
 La disposición, organización y criterios de distribución de las policías se establecerá 
 en la Política Nacional de Seguridad Pública. La ley regulará la vigencia, alcances y mecanismos 
 de elaboración y aprobación de dicha política, la que deberá comprender la perspectiva de género 
 y de interculturalidad, y el pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales. 
 
 89.- Artículo 19.- Policías. Las policías dependen del ministerio a cargo de la seguridad pública 
 y son instituciones policiales, no militares, de carácter centralizado, con competencia en todo el 
 territorio de Chile, y están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho 
 y resguardar los derechos fundamentales, en el marco de sus competencias. 
 
 Las policías deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus 
 funciones y promover la paridad en espacios de toma de decisión. Deberán actuar respetando los 
 principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, con pleno respeto al derecho 
 internacional y los derechos fundamentales garantizados en esta Constitución. 
 Son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no 
 deliberantes.  
 Las policías y sus miembros estarán sujetos a controles en materia de probidad y 
 transparencia en la forma y condiciones que determine la Constitución y la ley. Sus integrantes 
 no podrán pertenecer a partidos políticos, asociarse en organizaciones políticas, gremiales o 
 sindicales, ejercer el derecho a huelga, ni postularse a cargos de elección popular. 
 El ingreso y la formación en las policías será gratuito y no discriminatorio, del modo 
 que establezca la ley. La educación y formación policial se funda en el respeto irrestricto a los 
 Derechos Humanos. 
 
 90.- Artículo 20.- Las relaciones internacionales de Chile, como expresión de su soberanía, se 
 fundan en el respeto al derecho internacional, los principios de autodeterminación de los pueblos, 
 no intervención en asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, multilateralismo, 
 solidaridad, cooperación, autonomía política e igualdad jurídica entre los Estados. De igual 
 forma, se compromete con la promoción y respeto de la democracia, el reconocimiento y 
 protección de los Derechos Humanos, la inclusión e igualdad de género, la justicia social, el 
 respeto a la naturaleza, la paz, convivencia y solución pacífica de los conflictos, y con el 
 reconocimiento, respeto y promoción de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y 
 tribales conforme al derecho internacional de los Derechos Humanos. 
 Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones 
 internacionales. Se compromete con el mantenimiento de la región como una zona de paz y libre 
 de violencia, impulsa la integración regional, política, social, cultural, económica y productiva 
 entre los Estados, y facilita el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas. 
 
 91.- Artículo 21.- Corresponde a la Presidenta o Presidente de la República la atribución de 
 negociar, concluir, firmar y ratificar los tratados internacionales. 
 
 En aquellos casos en que los tratados internacionales se refieran a materias de ley, 
 ellos deberán ser aprobados por el Poder Legislativo. No requerirán esta aprobación los 
 celebrados en cumplimiento de una ley. 
 Se informará al Poder Legislativo de la celebración de los tratados internacionales 
 que no requieran de su aprobación. 
 El proceso de aprobación de un tratado internacional se someterá, en lo pertinente, a 
 los trámites de una ley de acuerdo regional. 
 La Presidenta o Presidente de la República enviará el proyecto al Congreso de 
 Diputadas y Diputados e informará sobre el proceso de negociación, el contenido y el alcance 
 del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o formular. 
 Una vez recibido, el Congreso de Diputadas y Diputados podrá sugerir la formulación 
 de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional, en el curso del trámite de 
 su aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en 
 las normas generales de derecho internacional. 
 Aprobado el tratado por el Congreso de Diputadas y Diputados, éste será remitido a 
 la Cámara de las Regiones para su tramitación. 
 Las medidas que el Ejecutivo adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento 
 de un tratado en vigor, no requerirán de nueva aprobación del Poder Legislativo, a menos que se 
 trate de materias de ley. 
 El acuerdo aprobatorio de un tratado podrá autorizar a la Presidenta o Presidente de 
 la República a fin de que, durante la vigencia del tratado, dicte las disposiciones con fuerza de 
 ley que estime necesarias para su cabal cumplimiento, sujeto a las limitaciones previstas en el 
 inciso segundo del artículo 25. 
 Será necesario el acuerdo del Poder Legislativo para el retiro o denuncia de un tratado 
 que haya aprobado y para el retiro de una reserva que haya considerado al aprobarlo. La ley fijará 
 el plazo para su pronunciamiento. 
 Serán públicos, conforme a las reglas generales, los hechos que digan relación con el 
 tratado internacional, incluidas las negociaciones del mismo, su entrada en vigor, la formulación 
 y retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, las objeciones a una reserva y su retiro, la 
 denuncia o retiro del tratado, la suspensión, la terminación y la nulidad del mismo. 
 
 Al negociar los tratados o instrumentos internacionales de inversión o similares, la o 
 el Presidente de la República procurará que las instancias de resolución de controversias sean, 
 preferentemente, permanentes, imparciales e independientes. 
 Las y los habitantes del territorio que hayan cumplido los dieciséis años de edad, en 
 el porcentaje, y de acuerdo a los demás requisitos que defina la ley, tendrán iniciativa para 
 solicitar al Presidente o Presidenta de la República la suscripción de tratados internacionales de 
 derechos humanos. Asimismo, la ley definirá el plazo dentro del cual la o el Presidente deberá 
 dar respuesta a la referida solicitud. 
 
 92.- Artículo 22.- Estados de excepción constitucional. Sólo se podrá suspender o limitar el 
 ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas bajo las 
 siguientes situaciones de excepción: conflicto armado internacional, conflicto armado interno 
 según establece el derecho internacional o calamidad pública. No podrán restringirse o 
 suspenderse sino los derechos y garantías expresamente señalados en esta Constitución. 
 La declaración y renovación de los estados de excepción constitucional respetará los 
 principios de proporcionalidad y necesidad, y se limitarán, tanto respecto de su duración, 
 extensión y medios empleados, a lo que sea estrictamente necesario para la más pronta 
 restauración de la normalidad constitucional. 
 
 93.- Artículo 23.- Estado de asamblea y estado de sitio. El estado de asamblea, en caso de 
 conflicto armado internacional, y el estado de sitio, en caso de conflicto armado interno, serán 
 declarados por la Presidenta o Presidente de la República con la autorización del Congreso de 
 Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, en sesión conjunta. La declaración deberá 
 determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente. 
 El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, en sesión 
 conjunta, dentro del plazo de veinticuatro horas contadas desde el momento en que la Presidenta 
 o Presidente de la República someta la declaración de estado de asamblea o de sitio a su 
 consideración, deberá pronunciarse por la mayoría de sus miembros aceptando o rechazando la 
 proposición. En su solicitud y posterior declaración, se deberán especificar los fundamentos que 
 justifiquen la extrema necesidad de la declaración, pudiendo el Congreso y la Cámara solamente 
 introducir modificaciones respecto de su extensión territorial. Si el Congreso y la Cámara no se 
 
 pronunciaran dentro de dicho plazo, serán citado por el sólo ministerio de la Constitución a 
 sesiones especiales diarias, hasta que se pronuncien sobre la declaración.  
 Sin embargo, la Presidenta o Presidente de la República, en circunstancias de 
 necesidad impostergable, y sólo con la firma de todas sus Ministras y Ministros, podrá aplicar de 
 inmediato el estado de asamblea o de sitio, mientras el Congreso de Diputadas y Diputados y la 
 Cámara de las Regiones se pronuncien sobre la declaración. 
 En este caso, sólo podrá restringir el ejercicio del derecho de reunión. 
 La declaración de estado de sitio sólo podrá extenderse por un plazo de quince días, 
 sin perjuicio de que la Presidenta o Presidente de la República solicite su prórroga, para lo cual 
 requerirá el pronunciamiento conforme de cuatro séptimos de las diputadas, los diputados y 
 representantes regionales en ejercicio para la primera prórroga, de tres quintos para la segunda y 
 de dos tercios para la tercera y siguientes. 
 El estado de asamblea mantendrá su vigencia por el tiempo que se extienda la 
 situación de conflicto armado internacional, salvo que la Presidenta o Presidente de la República 
 disponga su término con anterioridad o el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de 
 las Regiones retiren su autorización. 
 
 94.- Artículo 24.- Estado de catástrofe. El estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, 
 lo declarará la Presidenta o Presidente de la República. La declaración deberá establecer el 
 ámbito de aplicación y el plazo de duración, el que no podrá ser mayor a treinta días. 
 La Presidenta o Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso 
 de Diputadas y Diputados de las medidas adoptadas en virtud del estado de catástrofe. La 
 Presidenta o Presidente de la República sólo podrá declarar el estado de catástrofe por un período 
 superior a treinta días con acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados. El referido acuerdo 
 se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 23. 
 Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia 
 inmediata de la Jefa o Jefe de Estado de Excepción, quien deberá ser una autoridad civil 
 designada por la Presidenta o Presidente de la República. Ésta asumirá la dirección y 
 supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale. 
 
 
 95.- Artículo 24 bis.- La Presidenta o Presidente de la República podrá solicitar la prórroga del 
 estado de catástrofe, para lo cual requerirá la aprobación de la mayoría de los integrantes del 
 Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, quienes resolverán en sesión 
 conjunta. 
 
 96.- Artículo 25.- Limitación y suspensión de derechos y garantías. Por la declaración del 
 estado de asamblea, la Presidenta o el Presidente de la República estará facultado para restringir 
 la libertad personal, el derecho de reunión, la libertad de trabajo, el ejercicio del derecho de 
 asociación y para interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, 
 disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad. 
 Por la declaración del estado de sitio, la Presidenta o Presidente de la República podrá 
 restringir la libertad de movimiento y la libertad de asociación. Podrá, además, suspender o 
 restringir el ejercicio del derecho de reunión. 
 Por la declaración del estado de catástrofe, la Presidenta o Presidente de la República 
 podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá, asimismo, disponer 
 requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar 
 todas las medidas extraordinarias de carácter legal y administrativo que sean necesarias para el 
 pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada. 
 
 97.- Artículo 26.- Ejecución de las medidas de excepción. Los actos de la Presidenta o 
 Presidente de la República o la Jefa o Jefe de Estado de Excepción, que tengan por fundamento 
 la declaración del estado de excepción constitucional, deberán señalar expresamente los derechos 
 constitucionales que suspendan o restrinjan. El decreto de declaración deberá indicar 
 específicamente las medidas a adoptarse en razón de la excepción, las que deberán ser 
 proporcionales a los fines establecidos en la declaración de excepción, y no limitar 
 excesivamente o impedir de manera total el legítimo ejercicio de cualquier derecho establecido 
 en esta Constitución. Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán, 
 bajo ninguna circunstancia, prolongarse más allá de la vigencia de los mismos. 
 Los estados de excepción constitucional permitirán a la Presidenta o Presidente de la 
 República el ejercicio de potestades y competencias que ordinariamente estarían reservadas al 
 nivel regional o comunal cuando el restablecimiento de la normalidad así lo requiera. 
 
 Todas las declaratorias de estado de excepción constitucional serán fundadas y 
 especificarán los derechos, libertades y garantías que van a ser suspendidos, así como su 
 extensión territorial y temporal. 
 Las fuerzas armadas y policías deberán cumplir estrictamente las órdenes de la 
 autoridad civil a cargo del estado de excepción. 
 
 98.- Artículo 27.- Competencia legal. Una ley regulará los estados de excepción, así como su 
 declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera adoptar bajo 
 aquéllos, en todo lo no regulado por esta Constitución. Dicha ley no podrá afectar las 
 competencias y el funcionamiento de los órganos constitucionales, ni los derechos e inmunidades 
 de sus respectivos titulares. 
 Asimismo, esta ley regulará el modo en el que la Presidenta o Presidente de la 
 República y las autoridades que éste encomendare rendirán cuenta detallada, veraz y oportuna al 
 Congreso de Diputadas y Diputados de las medidas extraordinarias adoptadas y de los planes 
 para la superación de la situación de excepción, así como de los hechos de gravedad que hubieran 
 surgido con ocasión del estado de excepción constitucional. La omisión de este deber de 
 rendición de cuentas se considerará una infracción a la Constitución. 
 
 99.- Artículo 28.- Comisión de Fiscalización. Una vez declarado el estado de excepción, se 
 constituirá una Comisión de Fiscalización dependiente del Congreso de Diputadas y Diputados, 
 de composición paritaria y plurinacional, integrada por diputadas y diputados, por representantes 
 regionales y por representantes de la Defensoría de los Pueblos, en la forma que establezca la 
 ley. Dicho órgano deberá fiscalizar las medidas adoptadas bajo el estado de excepción, para lo 
 cual emitirá informes periódicos que contengan un análisis de ellas, su proporcionalidad y la 
 observancia de los derechos humanos y tendrá las demás atribuciones que le encomiende la ley. 
 Los órganos del Estado deberán colaborar y aportar todos los antecedentes requeridos 
 por la comisión para el desempeño de sus funciones. En caso de que tome conocimiento de 
 vulneraciones a lo dispuesto en esta Constitución o la ley, la Comisión de Fiscalización deberá 
 efectuar las denuncias pertinentes, las cuales serán remitidas y conocidas por los órganos 
 competentes. La ley regulará la integración y funcionamiento de la Comisión de Fiscalización. 
 
 
 100.- Artículo 29.- Control jurisdiccional. Las medidas adoptadas en ejercicio de las facultades 
 conferidas en los estados de excepción constitucional, podrán ser objeto de revisión por los 
 tribunales de justicia tanto en su mérito como en su forma. 
 Las requisiciones que se practiquen darán lugar a indemnizaciones en conformidad a 
 la ley. 
 
 ********* 
 CAPÍTULO (COM 2) 
 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 
 
 101.- Artículo 1.- Estado. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es 
 plurinacional, intercultural y ecológico. 
 Se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce 
 como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los 
 seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. 
 La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el 
 fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones 
 necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la 
 integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno 
 desarrollo. 
 
 102.- Artículo 2.- Persona. En Chile, las personas nacen y permanecen libres, interdependientes 
 e iguales en dignidad y derechos. 
 El Estado debe respetar, promover, proteger y garantizar los derechos fundamentales 
 reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
 encuentren vigentes. Para su protección, las personas gozarán de todas las garantías eficaces, 
 oportunas, pertinentes y universales, nacionales e internacionales. 
 
 103.- Artículo 3.- Soberanía. La soberanía reside en el Pueblo de Chile, conformado por 
 diversas naciones. 
 Se ejerce democráticamente, de manera directa y mediante representantes, de 
 conformidad a lo dispuesto en esta Constitución y las leyes. 
 
 Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. 
 El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación los derechos humanos en 
 cuanto atributo que deriva de la dignidad humana. 
 
 104.- Artículo 5.- Democracia. En Chile, la democracia es inclusiva y paritaria. Se ejerce en 
 forma directa, participativa, comunitaria y representativa. 
 Es deber del Estado promover y garantizar la adopción de medidas para la 
 participación efectiva de toda la sociedad en el proceso político y el pleno ejercicio de la 
 democracia. 
 El Estado deberá asegurar la prevalencia del interés general, y el carácter electivo de 
 los cargos de representación política con responsabilidad de quienes ejercen el poder. 
 La actividad política organizada contribuye a la expresión de la voluntad popular, y 
 su funcionamiento respetará los principios de independencia, probidad, transparencia financiera 
 y democracia interna. 
 
 105.- Artículo 6.- Igualdad Sustantiva. La Constitución asegura a todas las personas la igualdad 
 sustantiva, en tanto garantía de igualdad de trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y 
 ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con pleno respeto a la 
 diversidad, la inclusión social y la integración de los grupos oprimidos e históricamente 
 excluidos.  
 La Constitución asegura la igualdad sustantiva de género, obligándose a garantizar 
 el mismo trato y condiciones para las mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas 
 ante todos los órganos estatales y espacios de organización de la sociedad civil. 
 
 106.- Artículo 7.- Familias. El Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, 
 expresiones y modos de vida, no restringiéndose a vínculos exclusivamente filiativos y 
 consanguíneos. 
 El Estado debe garantizar a las familias una vida digna, procurando que los trabajos 
 de cuidados no representen una desventaja para quienes los ejercen. 
 
 
 107.- Artículo 9.- Naturaleza. Las personas y los pueblos son interdependientes con la 
 naturaleza y forman, con ella, un conjunto inseparable.  
 La naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos 
 y respetarlos. 
 El Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable y promover 
 la educación ambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizaje permanentes. 
 
 108.- Artículo 9 A.- Principio de Buen Vivir. El Estado reconoce y promueve una relación 
 de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad. 
 
 109.- Artículo 9G. Principio de responsabilidad ambiental. Quien dañe el medio ambiente 
 tendrá el deber de repararlo, sin perjuicio de las sanciones administrativas, penales y civiles 
 que correspondan en conformidad a la constitución y las leyes. 
 
 110.- Artículo 9 M.- Chile es un país oceánico. Es deber integral del Estado la conservación, 
 preservación y cuidado de los ecosistemas marinos y costeros continentales, insulares y 
 antárticos. 
 
 111.- Artículo 10 (G). Recepción e integración del derecho internacional de los Derechos 
 Humanos. Los derechos y obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos 
 humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, los principios generales del derecho 
 internacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario de la misma 
 materia forman parte integral de esta constitución y gozan de rango constitucional. 
 
 El Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
 derechos humanos conforme a las disposiciones y principios del derecho internacional de los 
 derechos humanos. Asimismo, debe prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las 
 violaciones a los derechos humanos. 
 
 112.- Artículo 11.- Interculturalidad. El Estado es intercultural. Reconocerá, valorará y 
 promoverá el diálogo horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y 
 
 naciones que conviven en el país con dignidad y respeto recíproco. El Estado deberá garantizar 
 los mecanismos institucionales que permitan ese diálogo superando las asimetrías existentes en 
 el acceso, distribución y ejercicio del poder y en todos los ámbitos de la vida en sociedad. 
 
 113.- Artículo 12.- Plurilingüismo. Chile es un Estado plurilingüe, su idioma oficial es el 
 castellano y los idiomas de los pueblos indígenas serán oficiales en sus territorios y en zonas de 
 alta densidad poblacional de cada pueblo indígena. El Estado promueve el conocimiento, 
 revitalización, valoración y respeto de las lenguas indígenas de todos los pueblos del Estado 
 Plurinacional. 
 El Estado reconoce la lengua de señas chilena como lengua natural y oficial de las 
 personas sordas, así como sus derechos lingüísticos en todos los ámbitos de la vida social. 
 
 114.- Artículo 13 E.- Estado Laico. Chile es un Estado Laico, donde se respeta y garantiza la 
 libertad de religión y de creencias espirituales. Ninguna religión, ni creencia en particular es la 
 oficial del Estado, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, el cual no tiene más 
 limitación que lo dispuesto por esta Constitución. 
 
 115.- Artículo 14.- Probidad y Transparencia. El ejercicio de las funciones públicas obliga a 
 sus titulares a dar estricto cumplimiento a los principios de probidad, transparencia y rendición 
 de cuentas en todas sus actuaciones, con primacía del interés general por sobre el particular.  
 Es deber del Estado promover la integridad de la función pública y erradicar la 
 corrupción en todas sus formas, tanto en el sector público como privado. En cumplimiento de lo 
 anterior, deberá adoptar medidas eficaces para prevenir, detectar y sancionar los actos de 
 corrupción. Esta obligación abarca el deber de perseguir administrativa y judicialmente la 
 aplicación de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan, en la forma que 
 determine la ley. 
 Una ley regulará los casos y las condiciones en las que los funcionarios, funcionarias 
 y autoridades deleguen a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que 
 supongan un conflicto de interés en el ejercicio de la función pública. Asimismo, podrá 
 considerar otras medidas apropiadas para resolverlos. 
 
 La Constitución asegura a todas las personas la transparencia de la información 
 pública en poder del Estado facilitando su acceso de manera comprensible y oportuna, en los 
 plazos y condiciones que la ley establezca. Esta señalará́ la forma en que podrá ordenarse la 
 reserva o secreto de dicha información, por razones de seguridad del Estado, protección de los 
 derechos de las personas o cuando su publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones 
 de la respectiva institución, conforme a sus fines. 
 
 116.- Artículo 15.- Supremacía Constitucional y Legal. Chile es un Estado fundado en el 
 principio de la supremacía constitucional y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Los 
 preceptos de esta Constitución obligan igualmente a toda persona, institución, autoridad o grupo. 
 Los órganos del Estado y sus titulares e integrantes, actúan previa investidura regular 
 y someten su actuar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a esta, dentro de los 
 límites y competencias por ellas establecidos. 
 Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni 
 aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, autoridad, derechos o facultades distintas a las 
 expresamente conferidas en virtud de la Constitución o las leyes.  
 Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades 
 y sanciones que la ley señale. La acción de nulidad se ejercerá en los plazos y condiciones 
 establecidos por esta Constitución y la ley.  
 Ninguna magistratura, persona ni grupo de personas, civiles o militares, pueden 
 atribuirse otra autoridad, competencia o derechos que los que expresamente se les haya conferido 
 en virtud de la Constitución y las leyes, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias. 
 
 117.- Artículo 17.- Son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional. 
 El Estado reconoce los símbolos y emblemas de los distintos pueblos indígenas. 
 
 118.- Artículo 29.- Principio de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Las finanzas públicas 
 se conducirán de conformidad a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que 
 guiarán el actuar del Estado en todas sus instituciones y en todos sus niveles. 
 
 ********* 
 
 
 “§ De la democracia participativa y sus características 
 119.- Artículo 1.- Democracia Participativa. La ciudadanía tiene el derecho a participar de 
 manera incidente o vinculante en los asuntos de interés público. Es deber del Estado dar adecuada 
 publicidad a los mecanismos de democracia, tendiendo a favorecer una amplia deliberación de 
 las personas, en conformidad a esta Constitución y las leyes. 
 Los poderes públicos deberán facilitar la participación del pueblo en la vida política, 
 económica, cultural y social del país. Será deber de cada órgano del Estado disponer de los 
 mecanismos para promover y asegurar la participación y deliberación ciudadana incidente en la 
 gestión de asuntos públicos, incluyendo medios digitales. 
 
 120.- Artículo 2.- Garantías democráticas. El estado deberá garantizar a toda la ciudadanía, 
 sin discriminación de ningún tipo, el ejercicio pleno de una democracia participativa, a través de 
 mecanismos de democracia directa. 
 
 121.- Artículo 6.- De la participación ciudadana digital. La ley regulará la utilización de 
 herramientas digitales en la implementación de los mecanismos de participación establecidos en 
 esta Constitución y que sean distintos al sufragio, buscando que su uso promueva la más alta 
 participación posible en dichos procesos, al igual que la más amplia información, transparencia, 
 seguridad y accesibilidad del proceso para todas las personas sin distinción. 
 
 § De los mecanismos de democracia directa y participación popular 
 
 122.- Artículo 8.- Iniciativa popular de ley. Un grupo ciudadanos habilitados para sufragar, 
 equivalente al tres por ciento del último padrón electoral, podrá presentar una iniciativa popular 
 de ley para su tramitación legislativa. 
 Se contará con un plazo de ciento ochenta días desde su registro ante el Servicio 
 Electoral para que la propuesta sea conocida por la ciudadanía y pueda reunir los patrocinios 
 exigidos. 
 En caso de reunir el apoyo requerido, el Servicio Electoral remitirá la propuesta al 
 Congreso, para que ésta dé inicio al proceso de formación de ley. 
 
 Las iniciativas populares de ley ingresarán a la agenda legislativa con la urgencia 
 determinada por la ley. El órgano legislativo deberá informar cada seis meses sobre el avance de 
 la tramitación de estas iniciativas. 
 La iniciativa popular de ley no podrá referirse a tributos, alterar la administración 
 presupuestaria del Estado ni limitar derechos fundamentales de personas o pueblos reconocidos 
 en esta Constitución y las leyes. 
 
 123.- Artículo 9.- Iniciativa de derogación de ley. Un grupo de ciudadanos habilitados para 
 sufragar, equivalente al cinco por ciento del último padrón electoral, podrá presentar una 
 iniciativa de derogación total o parcial de una o más leyes promulgadas bajo la vigencia de esta 
 Constitución para que sea votada mediante referéndum nacional. 
 No serán admisibles las propuestas sobre materias que digan relación con tributos y 
 la administración presupuestaria del Estado. 
 
 124.- Artículo Nuevo.- Mecanismos de Democracia Directa Regional. El Estatuto Regional 
 deberá considerar mecanismos de democracia directa o semidirecta, que aseguren la 
 participación incidente o vinculante de la población, según corresponda. 
 Deberán considerar, al menos, la implementación de iniciativas populares de normas 
 locales a nivel regional y municipal, de carácter vinculante, así como consultas ciudadanas 
 incidentes. 
 La planificación presupuestaria de las distintas entidades territoriales deberá siempre 
 considerar elementos de participación incidente de la población. 
 
 125.- Artículo 10.- Plebiscitos regionales o comunales. Se podrán someter a referéndum las 
 materias de competencia de los gobiernos regionales y locales en conformidad a lo dispuesto en 
 la ley y Estatuto Regional respectivo. 
 Una ley deberá señalar los requisitos mínimos para solicitarlos o convocarlos, la 
 época en que se podrán llevar a cabo, los mecanismos de votación, escrutinio y los casos y 
 condiciones en que sus resultados serán vinculantes. 
 
 
 126.- Artículo 14.- Audiencias públicas. En el Congreso y en los órganos representativos a 
 nivel regional y local se deberán realizar audiencias públicas en las oportunidades y formas que 
 la ley disponga, en el que las personas y la sociedad civil puedan dar a conocer argumentos y 
 propuestas. 
 
 § De la nacionalidad y la ciudadanía 
 127.- Artículo 17.- Nacionalidad. Son chilenas y chilenos, aquellas personas que: 
 1. Hayan nacido en el territorio de Chile, con excepción de las hijas e hijos de 
 personas extranjeras que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, quienes podrán optar 
 por la nacionalidad chilena. 
 2. Sean hijas o hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. 
 4. Obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley. 
 No se exigirá renuncia a la nacionalidad anterior para obtener la carta de 
 nacionalización chilena. 
 Toda persona tiene derecho a la nacionalidad en la forma y condiciones que señala 
 este artículo. La ley podrá crear procedimientos más favorables para la nacionalización de 
 personas apátridas. 
 Toda persona podrá exigir que en cualquier documento oficial de identificación sea 
 consignada, además de la nacionalidad chilena, su pertenencia a alguno de los pueblos originarios 
 del país. 
 
 128.- Artículo 18.- La nacionalidad chilena confiere el derecho incondicional a residir en el 
 territorio chileno y a retornar a él. Concede, además, el derecho a la protección diplomática por 
 parte del Estado de Chile y todos los demás derechos que la Constitución y las leyes vinculen al 
 estatuto de nacionalidad. 
 
 
 
 
 
 “§ De la ciudadanía” 
 
 129.- Artículo 20.- Ciudadanía. Todas las personas que tengan la nacionalidad chilena serán 
 ciudadanas y ciudadanos de Chile. Asimismo, serán ciudadanas y ciudadanos las personas 
 extranjeras avecindadas en Chile por al menos cinco años. 
 El sufragio será personal, igualitario, secreto y obligatorio. No será obligatorio para 
 las y los chilenos que vivan en el extranjero y para las y los mayores de dieciséis y menores de 
 dieciocho años. 
 Ninguna autoridad u órgano podrá impedir el efectivo ejercicio de este derecho, 
 debiendo a su vez proporcionar todos los medios necesarios para que las personas habilitadas 
 para sufragar puedan ejercerlo. 
 El Estado promoverá el ejercicio activo y progresivo, a través de los distintos 
 mecanismos de participación, de los derechos derivados de la ciudadanía, en especial en favor 
 de niños, niñas, adolescentes, personas privadas de libertad, personas con discapacidad, personas 
 mayores y personas cuyas circunstancias o capacidades personales disminuyan sus posibilidades 
 de ejercicio. 
 
 130.- Artículo 21.- Calidad política de extranjeros y de nacionalizados chilenos. Las y los 
 extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, y que cumplan con los requisitos 
 señalados en el artículo 20, podrán ejercer el derecho de sufragio activo en los casos y formas 
 que determine la ley. 
 
 131.- Artículo 22.- La nacionalidad chilena se pierde, exclusivamente: 
 1. Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Esta 
 renuncia sólo producirá efectos si la persona, previamente, se ha nacionalizado en país extranjero; 
 2. Por cancelación de la carta de nacionalización, siempre que la persona no se 
 convirtiera en apátrida, salvo que se hubiera obtenido por declaración falsa o por fraude. Esto 
 último no será aplicable a niños, niñas y adolescentes; 
 3. Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia. 
 En el caso del número 1, la nacionalidad podrá recuperarse en conformidad al número 
 3 del artículo 1. En los restantes casos, sólo podrán ser rehabilitados por ley. 
 
 
 132.- Artículo 23.- La pérdida de la nacionalidad sólo puede producirse por causales establecidas 
 en esta Constitución, y siempre que la persona afectada no quede en condición de apátrida. 
 
 133.- Artículo 24.- La calidad de ciudadano se pierde: 
 1º.- Por pérdida de la nacionalidad chilena; 
 
 134.- Artículo 25.- Reclamación de nacionalidad. La persona afectada por acto o resolución 
 de autoridad administrativa que la prive o desconozca de su nacionalidad chilena, podrá recurrir, 
 por sí o por cualquiera a su nombre, ante cualquier Corte de Apelaciones, conforme al 
 procedimiento establecido en la ley. La interposición de la acción constitucional suspenderá los 
 efectos del acto o resolución recurridos. 
 
 135.- Artículo 27.- Ninguna persona que resida en Chile cumpliendo los requisitos que establece 
 esta Constitución y las leyes puede ser desterrado, exiliado o relegado. 
 La ley establecerá medidas para la recuperación de la nacionalidad chilena en favor 
 de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a ella como consecuencia del exilio. Este derecho 
 también se reconocerá a hijas e hijos de dichas personas. 
 
 ********* 
 
 136.- Artículo 1.- Derechos de las personas mayores. Las personas mayores son titulares y 
 plenos sujetos de derecho. Tienen derecho a envejecer con dignidad y a ejercer todos los derechos 
 consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos 
 ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en igualdad de condiciones que el resto de la 
 población. 
 Especialmente, las personas mayores tienen derecho a obtener prestaciones de 
 seguridad social suficientes para una vida digna; a la accesibilidad al entorno físico, social, 
 económico, cultural y digital; a la participación política y social; a una vida libre de maltrato por 
 motivos de edad; a la autonomía e independencia y al pleno ejercicio de su capacidad jurídica 
 con los apoyos y salvaguardias que correspondan. 
 
 
 137.- Artículo 3.- Derecho a una vida libre de violencia de género. El Estado garantiza y 
 promueve el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida 
 libre de violencia de género en todas sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como 
 privado, sea que provenga de particulares, instituciones o agentes del Estado. 
 El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de violencia 
 de género y los patrones socioculturales que la posibilitan, actuando con la debida diligencia para 
 prevenir, investigar y sancionar dicha violencia, así como brindar atención, protección y 
 reparación integral a las víctimas, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad 
 en que puedan hallarse. 
 
 138.- Artículo 6.- Derechos de las personas con discapacidad. La Constitución reconoce a las 
 personas con discapacidad como sujetos de derechos que esta Constitución y los tratados 
 internacionales ratificados y vigentes les reconocen, en igualdad de condiciones con los demás y 
 garantiza el goce y ejercicio de su capacidad jurídica, con apoyos y salvaguardias, según 
 corresponda. 
 Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal, así como 
 también la inclusión social, inserción laboral, su participación política, económica, social y 
 cultural. 
 Existirá, de conformidad a la ley, un sistema nacional a través del cual se elaborarán, 
 coordinarán y ejecutarán las políticas y programas destinados a atender las necesidades de 
 trabajo, educación, vivienda, salud y cuidado de las personas con discapacidad. La ley garantizará 
 que la elaboración, ejecución y supervisión de dichos planes y programas cuente con la 
 participación activa y vinculante de las personas con discapacidad y de las organizaciones que 
 las representan. 
 La ley arbitrará los medios necesarios para identificar y remover las barreras físicas, 
 sociales, culturales, actitudinales, de comunicación y de otra índole para facilitar a las personas 
 con discapacidad el ejercicio de sus derechos. 
 El Estado garantizará los derechos lingüísticos e identidades culturales de las personas 
 con discapacidad, los que incluyen el derecho a expresarse y comunicarse a través de sus lenguas y 
 
 el acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación. Asimismo, garantizará la 
 autonomía lingüística de las personas sordas en todos los ámbitos de la vida. 
 
 139.- Artículo 9.- Derecho al asilo. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, de 
 acuerdo con la legislación nacional y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, 
 y que se encuentren vigentes. Una ley regulará el procedimiento de solicitud y reconocimiento 
 de la condición de refugiado, así como las garantías y protecciones específicas que se establezcan 
 en favor de las personas solicitantes de asilo o refugiadas. 
 
 140.- Artículo 10.- Principio de no devolución. Ninguna persona solicitante de asilo o refugiada 
 será regresada por la fuerza a las fronteras del Estado donde su vida o libertad pueden verse 
 amenazadas, corra riesgo de persecución o graves violaciones de derechos humanos. 
 
 141.- Artículo 11.- Derechos de niñas, niños y adolescentes. Las niñas, niños y adolescentes 
 son titulares de todos los derechos y garantías establecidas en esta Constitución, en las leyes y 
 tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. 
 El Estado tiene el deber prioritario de promover, respetar y garantizar, sin 
 discriminación y en todo su actuar, los derechos de niñas, niños y adolescentes, resguardando su 
 interés superior, su autonomía progresiva, su desarrollo integral y a ser escuchados y a participar 
 e influir en todos los asuntos que les afecten en el grado que corresponda a su nivel de desarrollo 
 en la vida familiar, comunitaria y social. 
 Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones familiares y 
 ambientales que les permitan el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. El Estado 
 deberá velar porque no sean separados de sus familias salvo como medida temporal y último 
 recurso en resguardo de su interés superior, en cuyo caso se priorizará un acogimiento familiar 
 por sobre el residencial, debiendo adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar 
 su bienestar y resguardar el ejercicio de sus derechos y libertades. 
 Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de 
 violencia, maltrato, abuso, explotación, acoso y negligencia. La erradicación de la violencia 
 contra la niñez será declarada un asunto de la más alta prioridad del Estado, y para ello diseñará 
 estrategias y acciones para abordar situaciones que impliquen un menoscabo de la integridad 
 
 personal de niñas, niños y adolescentes, sea que la violencia provenga de las familias, del propio 
 Estado, o de terceros. 
 La ley establecerá un sistema de protección integral de garantías de los derechos de 
 niños, niñas y adolescentes, a través del cual establecerá responsabilidades específicas de los 
 poderes y órganos del Estado y su deber de trabajo intersectorial y coordinado para asegurar la 
 prevención de la violencia contra niños, niñas, y adolescentes y la promoción y protección 
 efectiva de los derechos de estos. El Estado asegurará por medio de este sistema, que ante 
 amenaza o vulneración de derechos, existan mecanismos para su restitución, sanción y 
 reparación. 
 
 ********* 
 
 CAPÍTULO (COM 3) 
 ESTADO REGIONAL 
 
 142.- Artículo 1.- Del Estado Regional. Chile es un Estado Regional, plurinacional e 
 intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y 
 solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado. 
 El Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo 
 adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales. 
 
 143.- Artículo 2.- De las Entidades Territoriales. El Estado se organiza territorialmente en 
 regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios 
 especiales. 
 Las entidades territoriales autónomas tienen personalidad jurídica y patrimonio 
 propio y las potestades y competencias necesarias para gobernarse en atención al interés general 
 de la República, de acuerdo a la Constitución y la ley, teniendo como límites los derechos 
 humanos y de la Naturaleza. 
 La creación, modificación, delimitación y supresión de las entidades territoriales 
 deberá considerar criterios objetivos en función de antecedentes históricos, geográficos, sociales, 
 
 culturales, ecosistémicos y económicos, garantizando la participación popular, democrática y 
 vinculante de sus habitantes, de acuerdo con la Constitución y la ley. 
 
 144.- Artículo 3.- Del Territorio. Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, 
 forma un territorio único e indivisible. 
 La soberanía y jurisdicción sobre el territorio se ejerce de acuerdo a la Constitución, 
 la ley y el derecho internacional. 
 
 145.- Artículo 4.- Es deber del Estado proteger los espacios y ecosistemas marinos y marino-
 costeros, propiciando las diversas vocaciones y usos asociados a ellos, y asegurando, en todo 
 caso, su preservación, conservación y restauración ecológica. La ley establecerá su ordenación 
 espacial y gestión integrada, mediante un trato diferenciado, autónomo y descentralizado, según 
 corresponda, en base a la equidad y justicia territorial. 
 
 146.- Artículo 5.- De la Autonomía de las entidades territoriales. Las regiones autónomas, 
 comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas están dotadas de autonomía política, 
 administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses en los términos establecidos 
 por la presente Constitución y la ley. 
 En ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único 
 e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial. 
 
 147.- Artículo 6.- De la solidaridad, cooperación y asociatividad territorial en el Estado 
 Regional. Las entidades territoriales se coordinan y asocian en relaciones de solidaridad, 
 cooperación, reciprocidad y apoyo mutuo, evitando la duplicidad de funciones, en conformidad 
 a los mecanismos que establezca la ley. 
 Dos o más entidades territoriales, con o sin continuidad territorial, podrán pactar 
 convenios y constituir asociaciones territoriales con la finalidad de lograr objetivos comunes, 
 promover la cohesión social, mejorar la prestación de los servicios públicos, incrementar la 
 eficiencia y eficacia en el ejercicio de sus competencias y potenciar el desarrollo social, cultural, 
 económico sostenible y equilibrado. 
 
 El Estado promoverá y apoyará la cooperación y asociatividad con las entidades 
 territoriales y entre ellas. La ley establecerá las bases generales para la creación y funcionamiento 
 de estas asociaciones, en concordancia con la normativa regional respectiva. 
 Las asociaciones de entidades territoriales, en ningún caso, alterarán la organización 
 territorial del Estado. 
 
 148.- Artículo 7.- De la Participación en las entidades territoriales en el Estado Regional. 
 Las entidades territoriales garantizan el derecho de sus habitantes a participar, individual o 
 colectivamente en las decisiones públicas, comprendiendo en ella la formulación, ejecución, 
 evaluación, fiscalización y control democrático de la función pública, con arreglo a la 
 Constitución y las leyes. 
 Los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar el 
 consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus 
 derechos reconocidos en esta Constitución. 
 
 149.- Artículo 8.- Del Desarrollo Territorial. Es deber de las entidades territoriales, en el 
 ámbito de sus competencias, establecer una política permanente de equidad territorial de 
 desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza. 
 Las entidades territoriales considerarán para su planificación social, política, 
 administrativa, cultural, territorial y económica los criterios de suficiencia presupuestaria, 
 inclusión e interculturalidad, integración socioespacial, perspectiva de género, enfoque socio 
 ecosistémico, enfoque en derechos humanos y los demás que establezca esta Constitución. 
 
 150.- Artículo 9.- De la Equidad, Solidaridad y justicia territorial. El Estado garantiza un 
 tratamiento equitativo y un desarrollo armónico y solidario entre las diversas entidades 
 territoriales, propendiendo al interés general, no pudiendo establecer diferencias arbitrarias entre 
 ellas, asegurando a su vez, las mismas condiciones de acceso a los servicios públicos, al empleo 
 y a todas las prestaciones estatales, sin perjuicio del lugar que habiten en el territorio, 
 estableciendo de ser necesario, acciones afirmativas en favor de los grupos empobrecidos e 
 históricamente vulnerados. El Estado de Chile promoverá un desarrollo territorial equitativo, 
 
 armónico y solidario que permita una integración efectiva de las distintas localidades, tanto 
 urbanas como rurales, promoviendo la equidad horizontal en la provisión de bienes y servicios. 
 
 151.- Artículo 10.- De la Plurinacionalidad e interculturalidad en el Estado Regional. Las 
 entidades territoriales y sus órganos reconocen, garantizan y promueven en todo su actuar el 
 reconocimiento político y jurídico de los pueblos y naciones preexistentes al Estado que habitan 
 sus territorios; su supervivencia, existencia y desarrollo armónico e integral; la distribución 
 equitativa del poder y de los espacios de participación política; el uso, reconocimiento y 
 promoción de las lenguas indígenas que se hablan en ellas, propiciando el entendimiento 
 intercultural, el respeto de formas diversas de ver, organizar y concebir el mundo y de 
 relacionarse con la naturaleza; la protección y el respeto de los derechos de autodeterminación y 
 de autonomía de los territorios indígenas, en coordinación con el resto de las entidades 
 territoriales. 
 
 152.- Artículo 11.- De la postulación y cesación a los cargos de las entidades territoriales. 
 La elección de las y los representantes por votación popular de las entidades territoriales se 
 efectuará asegurando la paridad de género, la probidad, la representatividad territorial, la 
 pertenencia territorial, avecindamiento y la representación efectiva de los pueblos y naciones 
 preexistentes al Estado. 
 La Constitución y la ley establecerán los requisitos para la postulación y las causales 
 de cesación de dichos cargos. La calificación y procedencia de estas causales de cesación se 
 realizará a través de un procedimiento expedito ante la justicia electoral, en conformidad a la ley. 
 
 153.- Artículo 12.- Principio de no tutela entre entidades territoriales. Ninguna entidad 
 territorial podrá ejercer tutela sobre otra entidad territorial, sin perjuicio de la aplicación de los 
 principios de coordinación, de asociatividad, de solidaridad, y los conflictos de competencias que 
 puedan ocasionarse. 
 
 154.- Artículo 13.- Correspondencia entre competencias y recursos. Sin perjuicio de las 
 competencias que establece esta Constitución y la ley, el Estado podrá transferir a las entidades 
 territoriales aquellas competencias de titularidad estatal que por su propia naturaleza son 
 
 susceptibles de transferencia. Estas transferencias deberán ir acompañadas siempre por el 
 personal y los recursos financieros suficientes y oportunos para su adecuada ejecución. 
 Una ley regulará el régimen jurídico del procedimiento de transferencia de 
 competencias y sus sistemas de evaluación y control. 
 
 155.- Artículo 14.- Cuestiones de competencia. La ley establecerá el procedimiento para 
 resolución de las distintas contiendas de competencia que se susciten entre el Estado y las 
 entidades territoriales, o entre ellas, las que serán conocidas por el órgano encargado de la justicia 
 constitucional. 
 
 156.- Artículo 16.- Radicación preferente de competencias. Las funciones públicas deberán 
 radicarse priorizando la entidad local sobre la regional y ésta última sobre el Estado, sin perjuicio 
 de aquellas competencias que la propia Constitución o las leyes reserven a cada una de estas 
 entidades territoriales. La Región Autónoma o el Estado, cuando así lo exija el interés general, 
 podrán subrogar de manera transitoria y supletoria las competencias que no puedan ser asumidas 
 por la entidad local. 
 
 157.- Artículo 17.- Diferenciación territorial. El Estado deberá generar políticas públicas 
 diferenciadas y transferir las competencias que mejor se ajusten a las necesidades y 
 particularidades de los entes territoriales, con los respectivos recursos. La ley establecerá los 
 criterios y requisitos para la aplicación de diferencias territoriales, así como los mecanismos de 
 solidaridad y equidad que compensen las desigualdades entre los distintos niveles territoriales. 
 
 158.- Artículo 18.- De las Regiones Autónomas. Las Regiones autónomas son entidades 
 políticas y territoriales dotadas de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio 
 que gozan de autonomía para el desarrollo de los intereses regionales, la gestión de sus recursos 
 económicos y el ejercicio de las atribuciones legislativa, reglamentaria, ejecutiva y fiscalizadora 
 a través de sus órganos en el ámbito de sus competencias, con arreglo a lo dispuesto en la 
 Constitución y la ley. 
 
 
 159.- Artículo 19.- Cláusula residual. Las competencias no expresamente conferidas a la 
 Región autónoma corresponden al Estado, sin perjuicio de las transferencias de competencia que 
 regula la Constitución y la ley. 
 
 160.- Artículo 20.- Del Estatuto Regional. Cada Región Autónoma establecerá su organización 
 administrativa y funcionamiento interno, en el marco de las competencias fiscalizadoras, 
 normativas, resolutivas, administrativas y las demás establecidas en la Constitución y las leyes. 
 El Estatuto Regional debe respetar los derechos fundamentales y los principios del 
 Estado social y democrático de derecho reconocidos en los términos establecidos en la 
 Constitución. 
 
 161.- Artículo 21.- De la elaboración, aprobación y reforma del Estatuto Regional. El 
 proyecto de Estatuto Regional será propuesto por la Gobernadora o Gobernador Regional a la 
 Asamblea Regional respectiva, para su deliberación y acuerdo, el cual será aprobado por la 
 mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. 
 El proceso de elaboración y reforma del Estatuto Regional deberá garantizar la 
 participación popular, democrática y vinculante de sus habitantes. 
 
 162.- Artículo 22.- De la Autoridades Regionales. La organización institucional de las 
 Regiones Autónomas se compone del Gobernador o Gobernadora Regional y de la Asamblea 
 Regional. 
 
 163.- Artículo 23.- Del Gobierno Regional. El Gobierno Regional es el órgano ejecutivo de la 
 Región Autónoma. 
 Una Gobernadora o Gobernador Regional dirigirá el Gobierno Regional, ejerciendo 
 la función administrativa y reglamentaria y representará a la Región autónoma ante las demás 
 autoridades nacionales e internacionales, en el marco de la política nacional de relaciones 
 internacionales con funciones de coordinación e intermediación entre el gobierno central y la 
 región. La Gobernadora o Gobernador regional tendrá la representación judicial y extrajudicial 
 de la región. 
 
 En la elección de Gobernadora o Gobernador Regional, resultará electo quien 
 obtenga la mayoría de los votos válidamente emitidos, pero si ningún candidato logra al menos 
 el cuarenta por ciento de los votos se producirá una segunda votación entre los candidatos o 
 candidatas que hayan obtenido las dos más altas mayorías, resultando elegido el que obtuviere la 
 mayoría de los votos válidamente emitidos. 
 La Gobernadora o Gobernador Regional ejercerá sus funciones por el término de 
 cuatro años, pudiendo ser reelegido o reelegida consecutivamente sólo una vez para el período 
 siguiente. En este caso, se considerará que se ha ejercido el cargo durante un período cuando el 
 Gobernador o Gobernadora Regional haya cumplido más de la mitad del mandato. 
 La Gobernadora o Gobernador regional, será elegido en votación directa, en 
 conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley. 
 
 164.- Artículo 24.- Del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas. El Consejo de Alcaldes y Alcaldesas 
 es un órgano de carácter consultivo que estará integrado por los alcaldes y alcaldesas de todas 
 las comunas de la región autónoma y de las ciudades respectivas, el cual será coordinado por 
 quien determinen sus integrantes por mayoría absoluta. 
 El Consejo deberá sesionar y abordar las problemáticas de la región autónoma, 
 promover una coordinación efectiva entre los distintos órganos con presencia regional y fomentar 
 una cooperación eficaz entre los gobiernos locales en la forma que determine la ley. 
 
 165.- Artículo 25.- De la Asamblea Regional. La Asamblea Regional es el órgano colegiado de 
 representación regional que, en conformidad a la Constitución, está dotado de potestades 
 normativas, resolutivas y fiscalizadoras. 
 Una ley determinará los requisitos generales para acceder al cargo de Asambleísta 
 Regional y su número en proporción a la población regional. La elección de Asambleístas 
 Regionales será por sufragio universal, directo y secreto. 
 Los y las Asambleístas Regionales ejercerán sus funciones por el término de cuatro 
 años, pudiendo ser reelegidos consecutivamente sólo una vez para el período inmediatamente 
 siguiente. En este caso, se considerará que se ha ejercido el cargo durante un período cuando 
 hayan cumplido más de la mitad de su mandato. 
 
 
 166.- Artículo 26.- Del Consejo Social Regional. El Consejo Social Regional es el encargado 
 de promover la participación popular en los asuntos públicos regionales de carácter participativo 
 y consultivo. Su integración y competencias serán determinadas por ley. 
 La Constitución y la ley establecerán las bases de los mecanismos y procedimientos 
 de participación popular, velando por un involucramiento efectivo de las personas y sus 
 organizaciones dentro de la Región Autónoma. 
 El Gobernador o Gobernadora Regional y las jefaturas de los servicios públicos 
 regionales deberán rendir cuenta ante el Consejo Social Regional, a lo menos, una vez al año de 
 la ejecución presupuestaria y el desarrollo de proyectos en los términos prescritos por el Estatuto 
 Regional. 
 
 167.- Artículo 27.- De las competencias de la Región autónoma. Son competencias de la 
 Región autónoma: 
 1. La organización del Gobierno Regional, en conformidad con la Constitución y su 
 Estatuto. 
 2. La organización político-administrativa y financiera de la Región autónoma, en 
 función de la responsabilidad y eficiencia económica, con arreglo a la Constitución y las leyes. 
 3. Fomentar el desarrollo social, productivo y económico de la Región autónoma en 
 el ámbito de sus competencias, en coordinación con las políticas, planes y programas nacionales. 
 4.- Participar en acciones de cooperación internacional, dentro de los marcos 
 establecidos por los tratados y los convenios vigentes, en conformidad a los procedimientos 
 establecidos en la Constitución y las leyes. 
 5. El desarrollo de la investigación, tecnología y las ciencias en materias 
 correspondientes a la competencia regional. 
 6. La conservación, preservación, protección y restauración de la naturaleza, del 
 equilibrio ecológico y el uso racional del agua y los demás elementos naturales de su territorio. 
 7. Aprobar, mediando procesos de participación ciudadana, los planes de 
 descontaminación ambientales de la región autónoma. 
 8. El fomento y la protección de las culturas, las artes, el patrimonio histórico, 
 inmaterial arqueológico, lingüístico y arquitectónico; y la formación artística en su territorio. 
 9. La planificación, ordenamiento territorial y manejo integrado de cuencas. 
 
 10. La política regional de vivienda, urbanismo, salud, transporte y educación en 
 coordinación con las políticas, planes y programas nacionales, respetando la universalidad de los 
 derechos garantizados por esta Constitución. 
 11. Las obras públicas de interés ejecutadas en el territorio de la región autónoma. 
 12. La planificación e implementación de la conectividad física y digital. 
 13. La promoción y fomento del deporte, el ocio y la recreación. 
 15. La regulación y administración de los bosques, las reservas y los parques de las 
 áreas silvestres protegidas y cualquier otro predio fiscal que se considere necesario para el 
 cuidado de los servicios ecosistémicos que se otorgan a las comunidades, en el ámbito de sus 
 competencias. 
 16. La promoción y ordenación del turismo en el ámbito territorial de la región 
 autónoma, en coordinación con la Comuna Autónoma. 
 17. Coordinar y delegar las competencias constitucionales compartidas con las demás 
 entidades territoriales. 
 18. Establecer contribuciones y tasas dentro de su territorio previa autorización por 
 ley. 
 19. La creación de empresas públicas regionales por parte de los órganos de la Región 
 Autónoma competentes, en conformidad a los procedimientos regulados en la Constitución y la 
 ley. 
 20.- Establecer una política permanente de desarrollo sostenible y armónico con la 
 naturaleza. 
 21.- Ejercer autónomamente la administración y coordinación de todos los servicios 
 públicos de su dependencia. 
 22.- Promover la participación popular en asuntos de interés regional. 
 24.- Las demás competencias que determine la Constitución y ley nacional. 
 El ejercicio de estas competencias por la Región Autónoma no excluye la 
 concurrencia y desarrollo coordinado con otros órganos del Estado, conforme a la Constitución 
 y la ley. 
 
 168.- Artículo 28.- De las entidades con competencias sobre todo el territorio. La ley 
 determinará cuáles Servicios Públicos, Instituciones Autónomas o Empresas del Estado, en virtud 
 
 de sus fines fiscalizadores, o por razones de eficiencia y de interés general, mantendrán una 
 organización centralizada y desconcentrada en todo el territorio de la República. 
 
 169.- Artículo 29.- Del Consejo de Gobernaciones. El Consejo de Gobernaciones, presidido 
 por el Presidente de la República y conformado por las y los Gobernadores de cada Región, 
 coordinará las relaciones entre el Estado Central y las entidades territoriales, velando por el 
 bienestar social y económico equilibrado de la República en su conjunto. 
 Son facultades del Consejo de Gobernaciones: 
 a) La coordinación, la complementación y la colaboración en la ejecución de políticas 
 públicas en las Regiones; 
 b) La coordinación económica y presupuestaria entre el Estado y las Regiones 
 Autónomas; 
 c) Debatir sobre las actuaciones conjuntas de carácter estratégico, que afecten a los 
 ámbitos competenciales estatal y regional, así como velar por el respeto de las autonomías de las 
 entidades territoriales; 
 d) Velar por la correcta aplicación de los principios de equidad, solidaridad y justicia 
 territorial, y de los mecanismos de compensación económica interterritorial, en conformidad con 
 la Constitución y la ley. 
 e) Convocar encuentros sectoriales entre entidades territoriales. 
 f) Acordar la creación de comisiones o grupos de trabajo para el estudio de asuntos 
 de interés común. 
 g) Las demás que establezcan la Constitución y la ley. 
 
 170.- Artículo 30.- De los Ministerios y Servicios Públicos con presencia en la Región. Las 
 Regiones Autónomas contarán con las competencias para coordinarse con las y los representantes 
 de Ministerios y Servicios Públicos con presencia en la Región Autónoma. 
 El Gobierno Regional podrá solicitar al Estado la transferencia de competencias de 
 Ministerios y Servicios Públicos. A su vez, las Municipalidades podrán solicitar al Gobierno 
 Regional la transferencia de competencias. La ley regulará este procedimiento. 
 
 El ejercicio de estas facultades tiene por objeto garantizar el respeto, protección y 
 realización progresiva de los derechos sociales y económicos en igualdad de condiciones en las 
 distintas entidades territoriales. La ley regulará el ejercicio de estas facultades. 
 El Estado tendrá facultades supletorias de carácter transitorio, cuando las entidades 
 territoriales no puedan cumplir eficientemente sus mandatos. La ley regulará el ejercicio de estas 
 facultades. 
 
 171.- Artículo 31.- Atribuciones de la Asamblea Regional. Son atribuciones de la Asamblea 
 Regional, en conformidad a la Constitución, la ley y el Estatuto Regional: 
 1. Fiscalizar los actos del Gobierno Regional de acuerdo con el procedimiento 
 establecido en el Estatuto Regional. 
 2. Fiscalizar los actos de la administración regional, para lo cual podrá requerir 
 información de autoridades o jefaturas que desempeñen sus funciones en la Región Autónoma, 
 citar a funcionarios públicos o autoridades regionales y crear comisiones especiales. 
 3. Solicitar al Gobernador o Gobernadora Regional rendir cuenta sobre su 
 participación en el Consejo de Gobernaciones. 
 4. Aprobar, modificar o rechazar el Presupuesto Regional, el Plan de Desarrollo 
 Regional y los Planes de Ordenamiento Territorial. 
 5. Aprobar, modificar o rechazar el Plan Regional de manejo integrado de cuencas. 
 6. Dictar su reglamento interno de funcionamiento. 
 7. Aprobar, a propuesta del Gobernador o Gobernadora Regional y previa ratificación 
 del Consejo Territorial, la creación de empresas públicas regionales o la participación en 
 empresas regionales. 
 8. Concurrir, en conjunto con el Gobernador Regional, en el ejercicio de la potestad 
 reglamentaria, en la forma prescrita por la Constitución y las leyes. 
 9. Ejercer la potestad reglamentaria de ejecución de ley cuando esta lo encomiende y 
 dictar los demás reglamentos en materias de competencia de la región autónoma. 
 10. Dictar las normas regionales que hagan aplicables las leyes de acuerdo regional. 
 11. Iniciar el trámite legislativo ante el Consejo Territorial en materias de interés 
 regional. 
 
 12. Solicitar al Congreso la transferencia de la potestad legislativa en materias de 
 interés de la Región Autónoma respectiva, en conformidad a la ley. 
 13. Las demás atribuciones que determine la Constitución y la ley. 
 
 172.- Artículo 35.- De las atribuciones exclusivas del Gobierno Regional. Son atribuciones 
 exclusivas de los Gobiernos Regionales las siguientes: 
 1. Preparar y presentar ante la Asamblea Regional el Plan de Desarrollo Regional, en 
 conformidad al Estatuto Regional. 
 2. Preparar y presentar ante la Asamblea Regional el proyecto de Presupuesto 
 Regional, en conformidad a esta Constitución y el Estatuto Regional. 
 3. Administrar y ejecutar el Presupuesto Regional, realizar actos y contratos en los 
 que tenga interés, ejercer competencias fiscales propias conforme a la ley, y elaborar la 
 planificación presupuestaria sobre la destinación y uso del presupuesto regional. 
 4. Preparar y presentar ante la Asamblea Regional el plan regional de ordenamiento 
 territorial, los planes de desarrollo urbano de las áreas metropolitanas y los planes de manejo 
 integrado de cuencas, en conformidad al Estatuto Regional y la ley. 
 5. Organizar, administrar, supervigilar y fiscalizar los servicios públicos de la Región 
 Autónoma y coordinarse con el Gobierno respecto de aquellos que detenten un carácter nacional 
 y que funcionen en la Región. 
 6. Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que se encuentren 
 dentro del ámbito de sus competencias, en conformidad a la Constitución, la ley y el Estatuto 
 Regional. 
 8. Adoptar e implementar políticas públicas que fomenten y promocionen el 
 desarrollo social, productivo, económico y cultural de la región autónoma, especialmente en 
 ámbitos de competencia de la región autónoma. 
 9. Proponer a la Asamblea Regional la creación de empresas públicas regionales o la 
 participación en empresas regionales para la gestión de servicios de su competencia, según lo 
 dispuesto en la Constitución, la ley y el Estatuto Regional. 
 12. Celebrar y ejecutar convenios con los Gobiernos de otras regiones autónomas 
 para efectos de implementar programas y políticas públicas interregionales, así como toda otra 
 forma de asociatividad territorial. 
 
 13. Celebrar y ejecutar acciones de cooperación internacional, dentro de los marcos 
 establecidos por los tratados y convenios que el país celebre al efecto y en conformidad a los 
 procedimientos regulados en la ley. 
 17. Promover la innovación, la competitividad y la inversión en la respectiva región 
 autónoma. 
 18. Convocar a referéndum y plebiscitos regionales en virtud de lo previsto en la 
 Constitución, el Estatuto Regional y la ley. 
 19. Establecer sistemas de gestión de crisis entre los órganos que tienen asiento en la 
 Región Autónoma, que incluyan, a lo menos, su preparación, prevención, administración y 
 manejo. 
 20. Las demás atribuciones que señalen la Constitución, el Estatuto Regional y las 
 leyes. 
 ********* 
 
 173.- Artículo 1.- De la comuna autónoma. La comuna autónoma es la entidad territorial base 
 del Estado regional, dotada de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, que 
 goza de autonomía para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias, con 
 arreglo a lo dispuesto en la Constitución y la ley. 
 (Inciso tercero) La ley clasificará las comunas en distintos tipos, las que deberán ser 
 consideradas por los órganos del Estado para el establecimiento de regímenes administrativos y 
 económico-fiscales diferenciados, la implementación de políticas, planes y programas 
 atendiendo a las diversas realidades locales, y en especial, para el traspaso de competencias y 
 recursos. El establecimiento de los tipos comunales deberá considerar, a lo menos, criterios 
 demográficos, económicos, culturales, geográficos, socioambientales, urbanos y rurales. 
 
 174.- Artículo 2.- Igualdad en la prestación de los servicios públicos municipales y 
 desarrollo equitativo. El Estado garantizará a la municipalidad el financiamiento y recursos 
 suficientes, para el justo y equitativo desarrollo de cada comuna, conforme a los mecanismos que 
 señale la Constitución y la ley. 
 
 Para el gobierno comunal se observará como principio básico la búsqueda de un 
 desarrollo territorial armónico y equitativo, propendiendo a que todas las personas tengan acceso 
 a igual nivel y calidad de servicios públicos municipales, sin distingo del lugar que habiten. 
 
 175.- Artículo 3.- De la creación o supresión de Comunas Autónomas. La creación, división 
 o fusión de comunas autónomas, o la modificación de sus límites o denominación, se determinará 
 por ley, respetando en todo caso criterios objetivos, según lo dispuesto en el artículo 2 de esta 
 Constitución. 
 Una ley regulará la administración transitoria de las comunas que se creen, el 
 procedimiento de instalación de las nuevas municipalidades, de traspaso del personal municipal 
 y de los servicios y los resguardos necesarios para cautelar el uso y disposición de los bienes que 
 se encuentren situados en los territorios de las nuevas comunas. 
 
 176.- Artículo 4.- De la cooperación internacional de regiones y comunas autónomas. En los 
 términos que establezca la ley, las regiones y comunas autónomas ubicadas en zonas fronterizas 
 podrán vincularse con las entidades territoriales limítrofes del país vecino, de igual nivel, a través 
 de sus respectivas autoridades, para establecer programas de cooperación e integración, dirigidos 
 a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la conservación del 
 medio ambiente. 
 
 177.- Artículo 5.- Las municipalidades, para el cumplimiento de sus funciones, podrán establecer 
 sus plantas de personal y los órganos o unidades de su estructura interna, en conformidad a la 
 Constitución y la ley.  
 Estas facultades se ejercerán cautelando su debido financiamiento y el carácter 
 técnico y profesional de dichos empleos. 
 
 178.- Artículo 6.- De la participación en la comuna autónoma. Las municipalidades tienen el 
 deber de promover y garantizar la participación ciudadana de la comunidad local en la gestión, 
 en la construcción de políticas de desarrollo local y en la planificación del territorio, así como en 
 los casos que esta Constitución, la ley y los estatutos regionales o comunales señalen. 
 
 Las municipalidades proveerán los mecanismos, espacios, recursos, alfabetización 
 digital, formación y educación cívica y todo aquello que sea necesario para concretar dicha 
 participación que será consultiva, incidente y/o vinculante de acuerdo a la legislación respectiva. 
 
 179.- Artículo 7.- Del gobierno comunal. El gobierno de la comuna autónoma reside en la 
 municipalidad, la que estará constituida por el alcalde o alcaldesa y el concejo municipal, con la 
 participación de la comunidad que habita en su territorio. 
 
 180.- Artículo 8.- Concejo municipal. El concejo municipal es el órgano colegiado de 
 representación popular y vecinal, dotado de funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras, 
 en conformidad a la Constitución y la ley. 
 El concejo municipal estará integrado por el número de personas que determine la 
 ley, en proporción a la población de la comuna, según los criterios de inclusión, paridad de género 
 y escaños reservados para pueblos y naciones indígenas considerando su población dentro de la 
 jurisdicción electoral respectiva. 
 La elección de concejales y concejalas será por sufragio universal, directo y secreto, 
 en conformidad a la ley. 
 Los concejales o concejalas ejercerán sus funciones por el término de cuatro años, y 
 podrán ser reelegidos o reelegidas consecutivamente sólo una vez para el período siguiente. Para 
 estos efectos se entenderá que los concejales y concejalas han ejercido su cargo durante un 
 período cuando hayan cumplido más de la mitad de su mandato. 
 La ley y el estatuto comunal determinarán las normas sobre organización y 
 funcionamiento del concejo. Será necesario el acuerdo del concejo para la aprobación del plan 
 comunal de desarrollo, del presupuesto municipal y de los proyectos de inversión respectivos, y 
 otros que determine la ley. 
 Los Concejales y Concejalas dispondrán de las condiciones y recursos necesarios 
 para el desempeño eficiente y probo del cargo. 
 La ley establecerá un régimen de inhabilidades e incompatibilidades. 
 Será igualmente necesario el acuerdo del Concejo para la aprobación del plan 
 regulador comunal. 
 
 
 181.- Artículo 9.- Del alcalde o alcaldesa. El alcalde o alcaldesa es la máxima autoridad 
 ejecutiva del gobierno comunal, integra el concejo municipal y representa judicial y 
 extrajudicialmente a la comuna. 
 El alcalde o alcaldesa ejercerá sus funciones por el término de cuatros años, pudiendo 
 ser reelegido o reelegida consecutivamente sólo una vez para el período siguiente. Para estos 
 efectos se entenderá que el alcalde o alcaldesa ha ejercido su cargo durante un período cuando 
 haya cumplido más de la mitad de su mandato. 
 El alcalde o alcaldesa será elegido en votación directa, en conformidad con lo 
 dispuesto en la Constitución y la ley. 
 El alcalde o alcaldesa ejercerá la presidencia del concejo municipal. 
 
 182.- Artículo 10.- De las delegaciones comunales. El alcalde o alcaldesa, con aprobación del 
 Concejo Municipal, podrá establecer delegaciones para el ejercicio de las facultades de la comuna 
 autónoma en los casos y formas que determine la ley. 
 
 183.- Artículo 11.- De las unidades y juntas vecinales. Las comunas autónomas establecerán 
 en el ámbito de sus competencias, territorios denominados unidades vecinales. Dentro de ellas, 
 se constituirá una junta vecinal, representativa de las personas que residen en una misma unidad 
 vecinal, que gozará de personalidad jurídica y será sin fines de lucro, cuyo objeto será hacer 
 efectiva la participación popular en la gestión comunal y en el desarrollo de la comunidad, y las 
 demás atribuciones que determine la ley. 
 En Comunas Autónomas con población rural, podrá constituirse además una Unión 
 Comunal de Juntas Vecinales de carácter rural. 
 La ley dispondrá la forma de determinar el territorio de las unidades vecinales, el 
 procedimiento de constitución de las juntas vecinales y uniones comunales y sus atribuciones. 
 
 184.- Artículo 12.- De la asamblea social comunal. La asamblea social comunal tiene la 
 finalidad de promover la participación popular y ciudadana en los asuntos públicos de la comuna 
 autónoma, de carácter consultivo, incidente y representativo de las organizaciones de la comuna. 
 Su integración, organización, funcionamiento y atribuciones serán establecidas por 
 ley y complementada por el Estatuto Regional. 
 
 
 185.- Artículo 13.- Del Estatuto Comunal. Cada Comuna Autónoma tendrá un Estatuto 
 Comunal elaborado y discutido por el Concejo Municipal correspondiente, que establecerá la 
 organización administrativa y funcionamiento de los órganos comunales, los mecanismos de 
 democracia vecinal y las normas de elaboración de ordenanzas comunales. Todo lo anterior se 
 entenderá sin perjuicio de los mínimos generales que establezca la ley respectiva para todas las 
 comunas autónomas. 
 
 186.- Artículo 14.-De las competencias de la comuna autónoma. La comuna autónoma cuenta 
 con todas las potestades y competencias de autogobierno para satisfacer las necesidades de la 
 comunidad local. 
 Son competencias esenciales de la comuna autónoma: 
 1. El desarrollo estratégico de la comuna mediante el plan de desarrollo comunal. 
 2. La prestación de los servicios públicos que determine la ley. 
 3. Construir las obras que demande el progreso local en el marco de sus atribuciones. 
 4. La planificación del territorio mediante el plan regulador comunal acordado de 
 forma participativa con la comunidad de su respectivo territorio. 
 5. Garantizar la participación popular y el fortalecimiento de la democracia. 
 6. El fomento del comercio local. 
 7. El desarrollo sostenible e integral de la comuna. 
 8. La conservación, custodia y resguardo de los patrimonios culturales y naturales. 
 9. Fomento y protección a las culturas, las artes y los patrimonios culturales y 
 naturales, así como la investigación y la formación artística en sus territorios. 
 10. Proteger los ecosistemas comunales y los derechos de la naturaleza. 
 12. Desarrollar, con el nivel regional y central, actividades y servicios en materias de 
 educación, salud, vivienda, turismo, recreación, deporte y las demás que establezca la ley. 
 13. Ejercer funciones de gobierno y administración dentro de la comuna y en el 
 ámbito de sus competencias. 
 14. Fomentar las actividades productivas. 
 15. La creación, organización y administración de los servicios públicos municipales 
 en el ámbito de sus funciones, conforme a la Constitución y la ley. 
 
 16. La dictación de normas generales y obligatorias en materias de carácter comunal, 
 con arreglo a la Constitución y las leyes. 
 18. El fomento de la reintegración y reinserción de las personas en situación de calle 
 que así lo requieran, mediante la planificación, coordinación y ejecución de programas al efecto. 
 19. Ejercer las acciones pertinentes en resguardo de la Naturaleza y sus derechos 
 reconocidos por esta Constitución y la ley. 
 20. La ejecución de los mecanismos y acciones de protección ambiental en la forma 
 que determine la Constitución, la ley, los instrumentos de gestión ambiental y normas afines. 
 21. Las demás competencias que determinen la Constitución y la ley. Las leyes 
 deberán reconocer las diferencias existentes entre los distintos tipos de comunas y 
 municipalidades, velando por la equidad, inclusión y cohesión territorial. 
 (Número nuevo). Gestionar la reducción de riesgos frente a desastres. 
 (Número nuevo). Desarrollar el aseo y ornato de la comuna. 
 (Número nuevo). La promoción de la Seguridad ciudadana. 
 Las Comunas Autónomas, a través de sus órganos de gobierno y administración, 
 tendrán competencias preeminentes sobre las Regiones Autónomas y el Estado, en relación a las 
 funciones de gobierno local que puedan ser cumplidas de modo adecuado y eficaz, sin perjuicio 
 de una necesaria coordinación para su ejercicio y la distribución de competencias establecida en 
 esta Constitución y las leyes. 
 A fin de garantizar el respeto, protección y realización progresiva de los derechos 
 económicos y sociales en igualdad de condiciones, las comunas autónomas podrán encomendar 
 temporalmente una o más competencias a las región autónoma respectiva o al Estado central, 
 conforme lo establecido en la ley. 
 A petición del alcalde o alcaldesa con acuerdo del concejo municipal, la región 
 autónoma o el Estado, cuando así lo exija el interés general, podrán subrogar de manera 
 transitoria y supletoria las competencias que no puedan ser asumidas por la comuna autónoma. 
 
 187.- Artículo 16.- De la asociatividad comunal. Las comunas autónomas podrán asociarse 
 entre sí, de manera permanente o temporal, pudiendo dichas organizaciones contar con 
 personalidad jurídica de derecho privado, rigiéndose por la normativa propia de dicho sector. 
 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, las asociaciones quedarán 
 sujetas a la fiscalización de la entidad contralora y deberán cumplir con la normativa de probidad 
 administrativa y de transparencia en el ejercicio de la función que desarrollan. 
 
 188.- Artículo 17.- De las Empresas Públicas Municipales. Las comunas autónomas, previa 
 autorización por ley general o especial, podrán establecer empresas, o participar en ellas, ya sea 
 individualmente o asociadas con otras entidades públicas o privadas, a fin de cumplir con las 
 funciones y ejercer las atribuciones que les asignan la Constitución y las leyes. 
 Las empresas públicas municipales tendrán personalidad jurídica y patrimonio 
 propio y se regirán por las normas del derecho común. 
 
 189.- Artículo 18.- Las provincias. La provincia es una división territorial establecida con fines 
 administrativos y está compuesta por una agrupación de comunas autónomas, conforme a lo 
 establecido en la Constitución y la ley. 
 
 190.- Artículo 19.- De las Autonomías Territoriales Indígenas. Las Autonomías Territoriales 
 Indígenas son entidades territoriales dotadas de personalidad jurídica de derecho público y 
 patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía, en 
 coordinación con las demás entidades territoriales que integran el Estado Regional de 
 conformidad a la Constitución y la ley. Es deber del Estado reconocer, promover y garantizar las 
 Autonomías Territoriales Indígenas, para el cumplimiento de sus propios fines. 
 
 191.- Artículo 21.- De la constitución de las Autonomías Territoriales Indígenas. La ley, 
 mediante un proceso de participación y consulta previa, creará un procedimiento oportuno, 
 eficiente y transparente para la constitución de las Autonomías Territoriales Indígenas. Dicho 
 procedimiento deberá iniciarse a requerimiento de los pueblos y naciones indígenas interesados, 
 a través de sus autoridades representativas. 
 
 192.- Artículo 22.- De las competencias de las Autonomías Territoriales Indígenas. La ley 
 deberá establecer las competencias exclusivas de las Autonomías Territoriales Indígenas y las 
 compartidas con las demás entidades territoriales, de conformidad con lo que establece esta 
 
 Constitución. Las Autonomías Territoriales Indígenas deberán tener las competencias y el 
 financiamiento necesario para el adecuado ejercicio del derecho de libre determinación de los 
 pueblos y naciones indígenas. 
 
 193.- Artículo 25.- El Estado de Chile reconoce la existencia del maritorio como una categoría 
 jurídica que, al igual que el territorio, debe contar con regulación normativa específica, que 
 reconozca sus características propias en los ámbitos social, cultural, medioambiental y 
 económico. Una ley establecerá la división administrativa del maritorio y los principios básicos 
 que deberán informar los cuerpos legales que materialicen su institucionalización. 
 
 194.- Artículo 26.- Territorios especiales. Son territorios especiales Rapa Nui y el Archipiélago 
 Juan Fernández, los cuales estarán regidos por sus respectivos estatutos. 
 Sin perjuicio de lo establecido en esta Constitución, la ley podrá crear territorios 
 especiales en virtud de las particularidades geográficas, climáticas, ambientales, económicas, 
 sociales y culturales de una determinada entidad territorial o parte de esta. 
 En los territorios especiales, la ley podrá establecer regímenes económicos y 
 administrativos diferenciados, así como su duración, teniendo en consideración las características 
 y particularidades propias de estas entidades. 
 
 195.- Artículo 28.- Financiamiento. Para el cumplimiento de los fines establecidos en la 
 creación de territorios especiales, el Estado y las entidades territoriales autónomas deberán 
 destinar recursos de sus presupuestos respectivos, en conformidad a la Constitución y la ley. 
 
 196.- Artículo 30.- Rapa Nui. En el territorio especial de Rapa Nui, el Estado garantiza el 
 derecho a la libre determinación y autonomía del pueblo nación polinésico Rapa Nui, asegurando 
 los medios para financiar y promover su desarrollo, protección y bienestar en virtud del Acuerdo 
 de Voluntades firmado en 1888, por el cual se incorpora a Chile. Se reconoce la titularidad 
 colectiva de los derechos sobre el territorio al pueblo Rapa Nui con excepción de los derechos 
 sobre tierras individuales de sus miembros. El territorio Rapa Nui se regulará por un estatuto de 
 autonomía. 
 
 
 197.- Artículo 31.- Archipiélago Juan Fernández. El Archipiélago Juan Fernández es un 
 territorio especial, conformado por las islas Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk, Santa Clara, 
 San Félix y San Ambrosio, así como también el territorio marítimo adyacente a ellas. El gobierno 
 y administración de este territorio se regirá por los estatutos especiales que establezcan las leyes 
 respectivas. 
 
 ********* 
 
 198.- Artículo 1.- De los tributos. Todas las personas y entidades deberán contribuir al 
 sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de los impuestos, las tasas y las 
 contribuciones que autorice la ley. 
 El Sistema tributario se funda en los principios de igualdad, progresividad, 
 solidaridad y justicia material el cual, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 
 El sistema tributario tendrá dentro de sus objetivos la reducción de las desigualdades 
 y la pobreza. 
 Los tributos y los beneficios tributarios se crean, modifican o suprimen por ley, salvo 
 las excepciones que establezca esta Constitución. 
 El ejercicio de la potestad tributaria admite la creación de tributos que respondan 
 principalmente a fines distintos de la recaudación, debiendo tener en consideración límites tales 
 como la necesidad, la razonabilidad y la transparencia. 
 
 199.- Artículo 2.- Descentralización fiscal. Los Gobiernos Regionales y las Municipalidades 
 gozan de autonomía financiera para el cumplimiento de sus funciones, dentro del marco 
 establecido por esta Constitución y las leyes. 
 La Ley de Presupuestos de la Nación deberá propender a que, progresivamente, una 
 parte significativa del gasto público sea ejecutado a través de los gobiernos subnacionales, en 
 función de las responsabilidades propias que debe asumir cada nivel de gobierno. 
 El deber y la facultad de velar por la estabilidad macroeconómica y fiscal será 
 centralizada, conforme a lo dispuesto en esta Constitución. 
 
 
 200.- Artículo 3.- De la no afectación. Los tributos que se recauden, cualquiera sea su 
 naturaleza, ingresarán al erario público del Estado o a las entidades territoriales según 
 corresponda conforme a la Constitución. Excepcionalmente, la ley podrá crear tributos en favor 
 de las entidades territoriales que graven las actividades o bienes con una clara identificación con 
 los territorios. 
 
 201.- Artículo 4.- Prohibiciones en materia tributaria. La ley de Presupuestos no puede crear 
 tributos ni beneficios tributarios. No procederán iniciativas populares ni plebiscito y referéndum 
 en materia tributaria. 
 
 202.- Artículo 7.- Fondo para Territorios Especiales. La ley creará y regulará la 
 administración de un Fondo para Territorios Especiales, cuyos recursos serán destinados 
 exclusivamente a los fines para los cuales fueron creados. 
 
 203.- Artículo 8.- De la autonomía financiera de las entidades territoriales. Las entidades 
 territoriales mencionadas en el artículo 5° de esta Constitución, gozarán de autonomía financiera 
 en sus ingresos y gastos para el cumplimiento de sus competencias, la cual deberá ajustarse a los 
 principios de suficiencia, coordinación, equilibrio presupuestario, solidaridad y compensación 
 interterritorial, sostenibilidad, responsabilidad y eficiencia económica. 
 
 204.- Artículo 9.- De los ingresos de las entidades territoriales. Las entidades territoriales, de 
 conformidad a la Constitución y las leyes, tendrán las siguientes fuentes de ingresos: 
 1. Los recursos asignados por la Ley de Presupuestos del Estado. 
 2. Los impuestos en favor de la entidad territorial  
 3. La distribución de los impuestos establecida en la Ley de Presupuestos. 
 4. Las tasas y contribuciones. 
 5. La distribución de los fondos solidarios. 
 6. La transferencia fiscal interterritorial. 
 8. La administración y aprovechamiento de su patrimonio. 
 9. Las donaciones, herencias y legados que reciban conforme a la ley. 
 10. Otras que determine la Constitución y la ley. 
 
 
 205.- Artículo 10.- Distribución de las potestades tributarias. Sólo la ley podrá crear, 
 modificar y suprimir impuestos y beneficios tributarios aplicables a estos.  
 Las entidades territoriales solo podrán establecer tasas y contribuciones dentro de su 
 territorio conforme a una ley marco que establecerá el hecho gravado. 
 
 206.- Artículo 12.- Distribución de los impuestos. Los ingresos fiscales generados por 
 impuestos serán distribuidos entre el Estado y las entidades territoriales en la forma establecida 
 en la Ley de Presupuestos. 
 Durante el trámite legislativo presupuestario, el organismo competente sugerirá una 
 fórmula de distribución de ingresos fiscales, la cual considerará los criterios de distribución 
 establecidos por la ley. 
 
 207.- Artículo 13.- Principios de autonomía y suficiencia. La autonomía financiera de las 
 entidades territoriales implica la facultad de ordenar y gestionar sus finanzas públicas en el marco 
 de la Constitución y las leyes, en beneficio de sus habitantes, bajo los criterios de responsabilidad 
 y sostenibilidad financiera. 
 (Inciso tercero) La suficiencia financiera se determinará bajo criterios objetivos tales 
 como correspondencia entre competencias y recursos necesarios para su cumplimiento, equilibrio 
 presupuestario, coordinación, no discriminación arbitraria entre entidades territoriales, igualdad 
 en las prestaciones sociales, desarrollo armónico de los territorios, unidad, objetividad, 
 razonabilidad, oportunidad y transparencia. 
 
 208.- Artículo 14.- Principio de coordinación.  La actividad financiera de las entidades 
 territoriales se realizará coordinadamente entre ellas, el Estado y las autoridades competentes, las 
 cuales deberán cooperar y colaborar entre sí y evitar la duplicidad e interferencia de funciones, 
 velando en todo momento por la satisfacción del interés general. 
 Este principio se aplicará también respecto de todas las competencias o potestades 
 que se atribuyan a las entidades territoriales. 
 
 
 209.- Artículo 15.- Empréstito. Los gobiernos regionales y locales podrán emitir deuda en 
 conformidad a lo que disponga la ley, general o especial, la que establecerá al menos las 
 siguientes regulaciones: 
 a) La prohibición de destinar los fondos recaudados mediante emisión de deuda o 
 empréstitos al financiamiento de gasto corriente. 
 b) Los mecanismos que garanticen que la deuda sea íntegra y debidamente servida 
 por el deudor. 
 c) La prohibición del establecimiento de garantías o cauciones del fisco. 
 d) El establecimiento de límites máximos de endeudamiento como porcentaje del 
 presupuesto anual del gobierno regional y municipal respectivo y la obligación de mantener una 
 clasificación de riesgo actualizada. 
 e) Restricciones en períodos electorales. 
 f) Estos recursos no podrán ser destinados a remuneraciones ni a gasto corriente. 
 
 210.- Artículo 6.- No discrecionalidad en la distribución de ingresos fiscales. La ley definirá 
 el organismo encargado de recopilar y sistematizar la información necesaria para proponer al 
 Poder Legislativo las fórmulas de distribución de los ingresos fiscales, de compensación fiscal 
 entre entidades territoriales y de los recursos a integrar en los diversos fondos. 
 Para estos efectos se deberá considerar la participación y representación de las 
 entidades territoriales. 
 
 211.- Artículo 16.- Solidaridad interterritorial. El Estado y las entidades territoriales deben 
 Contribuir a la corrección de las desigualdades que existan entre ellas. 
 La ley establecerá fondos de compensación para las entidades territoriales con una 
 menor capacidad fiscal. El organismo competente, sobre la base de criterios objetivos, sugerirá 
 al legislador los recursos que deberán ser integrados a estos fondos. 
 El Estado deberá realizar transferencias directas incondicionales a las entidades 
 territoriales que cuenten con ingresos fiscales inferiores a la mitad del promedio ponderado de 
 estas. 
 La ley establecerá un fondo de contingencia y estabilización macroeconómica para 
 garantizar los recursos de las entidades territoriales ante fluctuaciones de ingresos ordinarios. 
 
 
 212.- Artículo 16 bis.- Las regiones y comunas que cuenten con ingresos por sobre el promedio 
 ponderado de ingresos fiscales, transferirán recursos a aquellas equivalentes con ingresos bajo el 
 promedio. El organismo competente sugerirá una fórmula al legislador para realizar tales 
 transferencias. 
 
 213.- Artículo 20.- Sostenibilidad ambiental. Es deber del Estado y de las entidades 
 territoriales, en el ámbito de sus competencias financieras, establecer una política permanente de 
 desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza. 
 Con el objeto de contar con recursos para el cuidado y la reparación de los 
 ecosistemas, la ley podrá establecer tributos sobre actividades que afecten al medio ambiente. 
 Asimismo, la ley podrá establecer tributos sobre el uso de bienes comunes naturales, bienes 
 nacionales de uso público o bienes fiscales. Cuando dichas actividades estén territorialmente 
 circunscritas, la ley debe distribuir recursos a la entidad territorial que corresponda. 
 
 214.- Artículo 21.- Responsabilidad fiscal. Las entidades territoriales, sus representantes y sus 
 autoridades que incumplan con sus obligaciones en materia financiera, deberán asumir, en la 
 parte que les sea imputable, las responsabilidades que de tal incumplimiento se deriven con 
 arreglo a la Constitución y las leyes. 
 Sin perjuicio de los distintos tipos de responsabilidad a que pueda dar lugar el 
 incumplimiento de las obligaciones en materia financiera, la ley deberá establecer mecanismos 
 para un resarcimiento efectivo del patrimonio fiscal o de la entidad territorial respectiva. 
 
 215.- Artículo 22.- Eficiencia económica. El principio de eficiencia económica implica que las 
 entidades territoriales deberán usar sus recursos de forma económicamente razonable, óptima y 
 eficaz, en beneficio de sus habitantes y en función de los objetivos que la Constitución y las leyes 
 les impongan. 
 
 216.- Artículo 25.- Transparencia tributaria. Anualmente la autoridad competente publicará 
 los ingresos afectos a impuestos y las cargas tributarias estatales, regionales y comunales, así 
 como los beneficios tributarios, subsidios, subvenciones o bonificaciones de fomento a la 
 
 actividad empresarial, incluyendo personas naturales y jurídicas. También deberá estimarse 
 anualmente en la Ley de Presupuestos y publicarse el costo de estos beneficios fiscales. 
 La ley determinará la información que deberá ser publicada y la forma de llevarla a 
 cabo. 
 
 217.- Artículo 26.- Mecanismos de participación en las entidades territoriales. Las entidades 
 territoriales deberán promover, fomentar y garantizar los mecanismos de participación en las 
 políticas públicas, planes y programas que se implementen en cada nivel territorial, en los casos 
 que esta Constitución, la ley y los estatutos regionales señalen. 
 
 218.- Artículo 27.- Del ejercicio de la función pública. En el ejercicio de la función pública se 
 deberá observar una conducta funcionaria intachable y responsable, desempeñando la función o 
 el cargo correspondiente en forma leal, honesta, objetiva e imparcial, sin incurrir en 
 discriminaciones de ningún tipo, con preeminencia del interés general por sobre el particular. 
 La función pública se deberá brindar con pertinencia territorial, cultural y lingüística. 
 
 219.- Artículo 28.- De los servicios públicos. Es deber del Estado proveer de servicios públicos 
 universales y de calidad a todas las personas que habiten en su territorio, los cuales contarán con 
 un financiamiento suficiente. 
 El Estado planificará y coordinará de manera intersectorial la provisión, prestación y 
 cobertura de estos servicios, bajo los principios de generalidad, uniformidad, regularidad y 
 pertinencia territorial. 
 
 220.- Artículo 29.- La Administración Pública. Los órganos de la Administración tienen por 
 objeto satisfacer las necesidades de las personas y las comunidades. La Administración Pública 
 ejecutará políticas públicas, planes y programas, y proveerá o garantizará, en su caso, la 
 prestación de servicios públicos en forma continua y permanente. 
 La Administración Pública se somete en su organización y funcionamiento a los 
 principios de juridicidad, publicidad, celeridad, objetividad, participación, control, jerarquía, 
 eficiencia, eficacia, rendición de cuentas, buen trato, primacía del interés general y los demás 
 principios que señale la Constitución y la ley. 
 
 Cualquier persona que hubiere sido vulnerada en sus derechos por la Administración 
 Pública podrá reclamar ante las instancias administrativas y jurisdiccionales que establezcan esta 
 Constitución y la ley. 
 
 221.- Artículo 31.- Organización Administrativa. La ley establecerá la organización básica de 
 la Administración Pública en el Estado y en las entidades territoriales. Cada autoridad y jefatura, 
 dentro del ámbito de su competencia, podrá dictar normas, resoluciones e instrucciones para el 
 mejor y más eficaz desarrollo de sus funciones. 
 La ley podrá conferir, a lo menos, potestades fiscalizadoras, instructoras, normativas, 
 interpretativas y sancionatorias a los órganos de la Administración Pública. En ningún caso estas 
 potestades implicarán ejercicio de jurisdicción. 
 
 222.- Artículo 32.- Empleo público. La Administración Pública desarrolla sus funciones propias 
 y habituales a través de funcionarias y funcionarios públicos. 
 El ingreso a estas funciones se realizará mediante un sistema abierto, transparente, 
 imparcial, ágil y que privilegie el mérito, la especialidad e idoneidad para el cargo, observando 
 en todo momento criterios objetivos y predeterminados.  
 El desarrollo, evaluación de desempeño y cese en estas funciones deberá respetar su 
 carácter técnico y profesional. La ley regulará las bases de la carrera funcionaria, permitiendo la 
 movilidad de los funcionarios dentro de toda la Administración Pública y la capacitación 
 funcionaria, teniendo en cuenta la pertinencia territorial y cultural del lugar en el que se presta el 
 servicio. 
 La ley establecerá un sistema de formación, capacitación y perfeccionamiento de las 
 funcionarias y funcionarios públicos. 
 Los cargos que esta Constitución o la ley califiquen como de exclusiva confianza, 
 atendiendo a la naturaleza de sus funciones, son parte del gobierno y tendrán el régimen de 
 ingreso, desempeño y cesación que establezca la ley. 
 Las personas que tengan la calidad de cónyuge, conviviente civil o parientes hasta el 
 cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, no podrán ser nombrados en 
 cargos de la administración pública respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos 
 
 del organismo del Estado al que postulan. Se exceptúan los nombramientos que se hagan en 
 aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos en cargos de carrera. 
 
 223.- Artículo 33.- Sobre la modernización del Estado.  Es deber del Estado definir 
 mecanismos de modernización de sus procesos y organización, ajustando su funcionamiento a 
 las condiciones sociales, ambientales y culturales de cada localidad.  
 El Estado deberá destinar recursos para que sus órganos adopten las medidas que 
 resulten necesarias para la incorporación de avances tecnológicos, innovación y el mejor uso de 
 los recursos que permitan optimizar la provisión de bienes y servicios públicos.  
 El Estado deberá fomentar los mecanismos de participación, la relación con las 
 personas y promover la gestión eficiente y moderna, acorde a las necesidades de las personas y 
 comunidades. 
 
 224.- Artículo 34.- La ley encomendará a un organismo la elaboración de planes para promover 
 la modernización de la Administración del Estado, monitorear su implementación, elaborar 
 diagnósticos periódicos sobre el funcionamiento de los servicios públicos y las demás funciones 
 que establezca la ley. 
 Este organismo contará con un consejo consultivo cuya integración considerará, 
 entre otros, a las y los usuarios y funcionarios de los servicios públicos y las entidades 
 territoriales. 
 
 225.- Artículo 35.-  El Estado reconoce la ruralidad como una expresión territorial donde las 
 formas de vida y producción se desarrollan en torno a la relación directa de las personas y 
 comunidades con la tierra, el agua y el mar. 
 El Estado promoverá el desarrollo integral de los territorios rurales. 
 
 226.-Artículo 36.- El Estado y las entidades territoriales facilitarán la participación de las 
 comunidades rurales a nivel local y regional en el diseño e implementación de programas y 
 políticas públicas que les afectan o conciernen. 
 
 
 227.- Artículo 37.- El Estado fomentará los mercados locales, ferias libres y circuitos cortos de 
 comercialización e intercambio de bienes y productos relacionados a la ruralidad. 
 
 228.- Artículo 39.- El Estado protegerá la función ecológica y social de la tierra. 
 
 229.- Artículo 41.- El Estado reconoce y apoya la agricultura campesina e indígena, la 
 recolección y la pesca artesanal, entre otros, como actividades fundamentales de la producción 
 de alimentos. 
 
 230.- Artículo 45.- El Estado tomará las medidas necesarias para prevenir la violencia y superar 
 las desigualdades que afrontan mujeres y niñas rurales, promoviendo la implementación de 
 políticas públicas para garantizar su acceso igualitario a los derechos que esta Constitución 
 consagra. 
 
 231.-Artículo 46.- El Estado es garante de la conectividad del país en coordinación con los 
 gobiernos regionales. 
 Se fomentará la conectividad regional con especial atención a territorios aislados, 
 rurales y de difícil acceso. 
 
 232.-Artículo 47.- La designación de las y los representantes de los Ministerios y Servicios 
 Públicos con presencia en la Región Autónoma será decisión de la Presidencia de la República. 
 
 233.- Artículo 48.- Las regiones autónomas, para el cumplimiento de sus funciones, podrán 
 establecer sus plantas de personal y las unidades de su estructura interna, en conformidad a la 
 Constitución y la ley. 
 Estas facultades serán ejercidas por el Gobernador o Gobernadora Regional, previo 
 acuerdo de la Asamblea Regional, cautelando la carrera funcionaria, su debido financiamiento y 
 el carácter técnico y profesional de dichos empleos. 
 
 234.-Artículo 50.- Atribuciones de la Asamblea Regional. Son atribuciones de la Asamblea 
 Regional, en conformidad a la Constitución, la ley y el Estatuto Regional:  
 
 1. Pronunciarse sobre la convocatoria a consultas o plebiscitos regionales.  
 2. Administrar sus bienes y patrimonio propio. 
 3. Aprobar, rechazar o modificar la inversión de los recursos de los fondos solidarios 
 que se creen y otros recursos públicos que disponga la ley. 
 4. Pronunciarse en conjunto con los órganos competentes respecto de los 
 procedimientos de evaluación ambiental. 
 
 235.- Artículo 51.- Ordenamiento Territorial. El Estado y las entidades territoriales tienen el 
 deber de ordenar y planificar el territorio nacional. Para esto utilizarán unidades de ordenación 
 que consideren las cuencas hidrográficas. 
 Este deber tendrá como fin asegurar una adecuada localización de los asentamientos 
 y las actividades productivas, que permitan tanto un manejo responsable de los ecosistemas como 
 de las actividades humanas, con criterios de equidad y justicia territorial para el bienestar 
 intergeneracional. 
 La ordenación y planificación de los territorios será vinculante en las materias que la 
 ley determine y realizada de manera coordinada, integrada y enfocada en el interés público, 
 considerando procesos participativos en sus diferentes etapas. 
 Los planes de ordenamiento y planificación contemplarán los impactos que los usos 
 de suelos causen en la disponibilidad y calidad de las aguas. Estos podrán definir áreas de 
 protección ambiental o cultural. 
 
 236.- Artículo 55.- De las instituciones estatales de educación superior. En cada región existirá, 
 al menos, una universidad estatal y una institución de formación técnico profesional de nivel 
 superior estatal. Estas se relacionarán de manera coordinada y preferente con las entidades 
 territoriales y servicios públicos con presencia regional, de acuerdo a las necesidades locales. 
 
 237.-Artículo 56.- Los Cuerpos de Bomberos de Chile son una institución perteneciente al 
 sistema de protección civil, cuyo objeto es atender las emergencias causadas por la naturaleza o 
 el ser humano, sin perjuicio de la competencia específica que tengan otros organismos públicos 
 y/o privados. 
 
 Será deber del Estado dar cobertura financiera para cubrir la totalidad de sus gastos 
 operacionales, capacitación y equipos, como también otorgar cobertura médica a su personal por 
 accidentes o enfermedades contraídas por actos de servicio. 
 La ley regulará el régimen de financiamiento y prestaciones sociales en época de 
 vejez e invalidez. 
 Los Cuerpos de Bomberos de Chile se sujetarán en todas sus actuaciones a los 
 principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas. 
 
 ********* 
 
 CAPÍTULO (COM 4) 
 DERECHOS FUNDAMENTALES 
 
 238.- Artículo 1.- Sobre los Derechos Fundamentales. Los derechos fundamentales son 
 inherentes a la persona humana, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. 
 El pleno ejercicio de estos derechos es esencial para la vida digna de las personas y 
 los pueblos, la democracia, la paz y el equilibrio de la Naturaleza. 
 
 239.- Artículo 2.- Cláusula de obligaciones generales y sujetos obligados. El Estado debe 
 respetar, proteger, garantizar y promover la plena satisfacción y ejercicio de los derechos 
 fundamentales, así como adoptar las medidas necesarias para eliminar todos los obstáculos que 
 pudieran limitar o entorpecer su realización. 
 Toda persona, institución, asociación o grupo deberá respetar los derechos 
 fundamentales, conforme a la Constitución y las leyes. 
 
 240.- Artículo 3.- Principio de progresividad y no regresión de los derechos fundamentales. El 
 Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para lograr de manera progresiva la plena 
 satisfacción de los derechos fundamentales. Ninguna medida podrá tener un carácter regresivo 
 que disminuya, menoscabe o impida injustificadamente su ejercicio. 
 
 
 241.- Artículo 4.- Financiamiento de los derechos fundamentales. El financiamiento de las 
 prestaciones estatales vinculadas al ejercicio de los derechos fundamentales propenderá a la 
 progresividad. 
 
 242.- Artículo 6.- Titularidad de los derechos. Las personas naturales son titulares de derechos 
 fundamentales. Los derechos podrán ser ejercidos y exigidos individual o colectivamente. 
 Los Pueblos y Naciones Indígenas son titulares de derechos fundamentales 
 colectivos. 
 La Naturaleza será titular de los derechos reconocidos en esta Constitución que le 
 sean aplicables. 
 
 243.- Artículo 7.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de 
 religión y cosmovisión; este derecho incluye la libertad de profesar y cambiar de religión o 
 creencias. Ninguna religión, ni creencia es la oficial del Estado, sin perjuicio de su 
 reconocimiento y libre ejercicio en el espacio público o privado, mediante el culto, la celebración 
 de los ritos, las prácticas espirituales y la enseñanza. 
 Podrán erigir templos, dependencias y lugares para el culto; mantener, proteger y 
 acceder a los lugares sagrados y aquellos de relevancia espiritual, rescatar y preservar los objetos 
 de culto o que tengan un significado sagrado. 
 El Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. 
 Las agrupaciones religiosas y espirituales podrán organizarse como personas 
 jurídicas de conformidad a la ley. Respetando los derechos, deberes y principios que esta 
 Constitución establece. Éstas no podrán perseguir fines de lucro y sus bienes deberán gestionarse 
 de forma transparente de acuerdo con lo que establezca la ley. 
 
 244.- Artículo 8.- Libertad de expresión. Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a la 
 libertad de expresión y opinión, en cualquier forma y por cualquier medio. Este derecho 
 comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. 
 No existirá censura previa sino únicamente las responsabilidades ulteriores que 
 determine la ley. 
 
 
 245.- Artículo 9.- El derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Es deber del 
 Estado proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho a todas las personas, a través de 
 una política de prevención de la violencia y el delito que considerará especialmente las 
 condiciones materiales, ambientales, sociales y el fortalecimiento comunitario de los territorios. 
 Las acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos, así como la 
 reinserción social de las personas condenadas, serán desarrolladas por los organismos públicos 
 que señale esta Constitución y la ley, en forma coordinada y con irrestricto respeto a los derechos 
 humanos. 
 
 Libertad personal ambulatoria 
 
 246.- Artículo 10.- Ninguna persona puede ser privado de su libertad arbitrariamente ni ésta ser 
 restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes. 
 Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino por orden judicial, salvo que 
 fuera sorprendida en delito flagrante. 
 (Inciso tercero) La persona arrestada o detenida deberá ser puesta a disposición del 
 tribunal competente en un plazo máximo de veinticuatro horas. Se le deberán informar de manera 
 inmediata y comprensible sus derechos y los motivos de la privación de su libertad. Además, 
 tendrá derecho a comunicarse con su abogado o quien estime pertinente. 
 (Inciso cuarto) Ninguna persona puede ser arrestada o detenida, sujeta a prisión 
 preventiva o presa, sino en su domicilio o en los lugares públicos destinados a este objeto. Su 
 ingreso deberá constar en un registro público. 
 (Inciso sexto) No existirá la detención por deudas, salvo en caso de incumplimiento 
 de deberes alimentarios. 
 
 247.- Artículo 11.- Derecho a la libertad ambulatoria. Toda persona tiene derecho a 
 trasladarse, residir y permanecer en cualquier lugar del territorio nacional, así como a entrar y 
 salir de éste. La ley regulará el ejercicio de este derecho. 
 
 
 248.- Artículo 11 bis.- Prohibición de desplazamiento forzado. Ninguna persona será 
 sometida a desplazamiento forzado dentro del territorio nacional, salvo en las excepciones que 
 establezca la ley. 
 
 249.- Artículo 12.- Derecho a la identidad. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo y 
 pleno reconocimiento de su identidad, en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo 
 las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones 
 sexoafectivas. 
 El Estado garantizará el pleno ejercicio de este derecho a través de acciones 
 afirmativas, procedimientos y leyes correspondientes. 
 
 250.- Artículo 13.- Derecho a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad. Toda 
 persona tiene derecho a su autonomía personal, al libre desarrollo de la personalidad, identidad 
 y de sus proyectos de vida. 
 Se prohíbe la esclavitud, el trabajo forzado, la servidumbre y la trata de personas en 
 cualquiera de sus formas. El Estado adoptará las medidas de prevención, sanción y erradicación 
 de la esclavitud, el trabajo forzado, la servidumbre y la trata de personas, y de protección, plena 
 restauración de derechos, remediación y reinserción social de las víctimas. 
 
 251.- Artículo 14.- Libertad de emprender y de desarrollar actividades económicas. Toda 
 persona, natural o jurídica, tiene libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Su 
 ejercicio deberá ser compatible con los derechos consagrados en esta Constitución y con la 
 protección de la naturaleza. 
 El contenido y los límites de este derecho serán determinados por las leyes que 
 regulen su ejercicio, las que deberán promover el desarrollo de las empresas de menor tamaño y 
 asegurarán la protección de los consumidores. 
 Las prácticas de colusión entre empresas y abusos de posición monopólica, así como 
 las concentraciones empresariales que afecten el funcionamiento eficiente, justo y leal de los 
 mercados, se entenderán como conductas contrarias al interés social. La ley establecerá las 
 sanciones a los responsables. 
 
 
 252.- Artículo 15.- La protección, promoción y respeto del derecho a la privacidad de las 
 personas, sus familias y comunidades. Ninguna persona ni autoridad podrá afectar, restringir o 
 impedir el ejercicio del derecho a la privacidad salvo en los casos y formas que determine la ley. 
 Los recintos privados son inviolables. La entrada, registro o allanamiento sólo se 
 podrán realizar con orden judicial previa dictada en los casos específicos y en la forma que 
 determine la ley, salvo las hipótesis de flagrancia. 
 Toda forma de documentación y comunicación privada es inviolable, incluyendo sus 
 metadatos. La interceptación, captura, apertura, registro o revisión sólo se podrá realizar con 
 orden judicial previa dictada en la forma y para los casos específicos que determine la ley. 
 
 Derechos sexuales y reproductivos 
 
 253.- Artículo 16.- Todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos 
 reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e 
 informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer 
 y la anticoncepción.  
 El Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin 
 discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la 
 información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando 
 a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una 
 interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, 
 garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean 
 individuos o instituciones. 
 El Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso 
 científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria, sus derechos sexuales y 
 reproductivos. La ley regulará el ejercicio de estos derechos. 
 
 254.- Artículo 17.- Educación sexual integral. Todas las personas tienen derecho a recibir una 
 Educación Sexual Integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad; la 
 responsabilidad sexo-afectiva; la autonomía, el autocuidado y el consentimiento; el 
 
 reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad; que 
 erradique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual. 
 
 255.- Artículo 18.- Derecho de propiedad. Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de 
 propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha 
 hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. 
 (Inciso cuarto) Corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, 
 su contenido, límites y deberes, conforme con su función social y ecológica. 
 
 256.- Artículo 20.- Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una 
 ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el 
 legislador. 
 El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del 
 bien expropiado. 
 El pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien 
 expropiado y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto 
 expropiatorio, así como del monto y modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley. 
 Cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiación siempre deberá 
 estar debidamente fundada. 
 
 257.- Artículo 21. Derecho a las tierras, territorios y recursos. El Estado reconoce y garantiza 
 conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, 
 territorios y recursos. 
 La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado 
 establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, 
 titulación, reparación y restitución.  
 La restitución constituye un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública 
 e interés general. 
 Conforme a la constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho 
 a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus 
 territorios y sean indispensables para su existencia colectiva. 
 
 
 Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica 
 
 258.- Artículo 23.- Derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida. Ninguna persona 
 podrá ser condenada a muerte ni ejecutada. 
 
 259.- Artículo 24.- Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a la 
 integridad física, psicosocial, sexual y afectiva. Ninguna persona podrá ser sometida a torturas, 
 ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
 
 260.- Artículo 25.- Prohibición de la desaparición forzada. Ninguna persona será sometida a 
 desaparición forzada.  
 Toda persona víctima de desaparición forzada tiene derecho a ser buscada. El Estado 
 garantizará el ejercicio de este derecho, disponiendo de todos los medios necesarios. 
 
 261.- Artículo 26.- Imprescriptibilidad y prohibición de la amnistía. Los crímenes de guerra, 
 los delitos de lesa humanidad, la desaparición forzada y la tortura, el genocidio y el crimen de 
 agresión y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes son imprescriptibles, 
 inamnistiables y no serán susceptibles de ningún impedimento a la investigación.  
 
 262.- Artículo 27.- Deberes de prevención, investigación y sanción. Son obligaciones del 
 Estado prevenir, investigar, sancionar e impedir la impunidad de los hechos establecidos en el 
 artículo 26. Tales crímenes deberán ser investigados de oficio, con la debida diligencia, seriedad, 
 rapidez, independencia, imparcialidad y en conformidad con los estándares establecidos en los 
 tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. 
 
 263.- Artículo 44.- Derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente. Todas las personas 
 tienen derecho a reunirse y manifestarse en lugares privados y públicos, sin permiso previo. 
 Las reuniones en lugares de acceso público sólo podrán restringirse en conformidad 
 a la ley. 
 
 
 Libertad de asociación 
 
 264.- Artículo 45.- Derecho de asociación. Todas las personas tienen derecho a asociarse, sin 
 permiso previo. 
 El derecho de asociación comprende la protección de la autonomía de las 
 asociaciones para el cumplimiento de sus fines específicos y el establecimiento de su regulación 
 interna, organización y demás elementos definitorios. 
 Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en 
 conformidad a la ley. 
 La ley podrá imponer restricciones específicas al ejercicio de este derecho respecto 
 de las policías y fuerzas armadas. 
 
 265.- Artículo 46.- El Estado reconoce la función social, económica y productiva de las 
 cooperativas, conforme al principio de ayuda mutua, y fomentará su desarrollo. La ley regulará 
 la creación y funcionamiento de las cooperativas, garantizará su autonomía, y preservará, 
 mediante los instrumentos correspondientes, su naturaleza y finalidades. Las cooperativas podrán 
 agruparse en federaciones, confederaciones, o en otras formas de organización que determine la 
 ley. 
 
 Derechos de las personas chilenas residentes en el extranjero 
 
 266.- Artículo 47.- Derechos de las personas chilenas en el exterior. Las personas chilenas 
 que se encuentren en el exterior forman parte de la comunidad política del país. 
 Se garantiza el derecho a votar en las elecciones de carácter nacional, presidenciales, 
 parlamentarias, plebiscitos y consultas, de conformidad a esta Constitución y las leyes. 
 En caso de crisis humanitaria y demás situaciones que determine la ley, el Estado 
 asegurará la reunificación familiar y el retorno voluntario al territorio nacional. 
 
 267.- Artículo 50.-Derecho de petición. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones, 
 exposiciones o reclamaciones ante cualquier autoridad del Estado. 
 
 La ley regulará los plazos y la forma en que la autoridad deberá dar respuesta a lo 
 solicitado, además de la manera en que se garantizará el principio de plurilingüismo en el 
 ejercicio de este derecho. 
 
 ********* 
 
 268.- Artículo 1.- Las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tienen derecho a 
 la reparación integral. 
 
 269.- Artículo 2.- Las víctimas y la comunidad tienen el derecho al esclarecimiento y 
 conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos, 
 especialmente, cuando constituyan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio 
 o despojo territorial. 
 
 270.- Artículo 3.- El Estado garantiza el derecho a la memoria desde un enfoque que considere 
 su relación con las garantías de no repetición y los derechos a la verdad, justicia y reparación 
 integral. 
 
 271.- Artículo 4.- Derecho a la vivienda. 
 1.- Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el 
 libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. 
 2.- El Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce 
 universal y oportuno de este derecho, contemplando, a lo menos la habitabilidad, el espacio y 
 equipamiento suficiente, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, 
 la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la 
 seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas, de conformidad a la ley. 
 3.- El Estado podrá participar en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación 
 e innovación de la vivienda. 
 4.- El Estado considerará particularmente en el diseño de las políticas de vivienda a 
 personas con bajos ingresos económicos o pertenecientes a grupos especialmente vulnerados en 
 sus derechos. 
 
 El Estado garantizará la creación de viviendas de acogida en casos de violencia de 
 género y otras formas de vulneración de derechos, según determine la ley. 
 El Estado administrará un Sistema Integrado de Suelos Públicos. Este tendrá las 
 facultades de dar prioridad de uso, gestión y disposición de terrenos fiscales para fines de interés 
 social, así como adquirir terrenos privados, conforme a la ley. 
 El Estado garantizará la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de 
 vivienda digna y adecuada. Además, deberá establecer mecanismos para impedir la especulación 
 en materia de suelo y vivienda que vaya en desmedro del interés público, de conformidad a la 
 ley. 
 
 
 272.- Artículo 7.- Derecho a la ciudad y al territorio. Todas las personas tienen derecho a 
 habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y 
 en condiciones apropiadas para una vida digna. 
 El derecho a la ciudad es un derecho colectivo orientado al bien común y se basa en 
 el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, en su gestión democrática y en la 
 función social y ecológica de la propiedad. 
 Es deber del Estado ordenar, planificar y gestionar los territorios, ciudades y 
 asentamientos humanos; así como establecer reglas de uso y transformación del suelo, de acuerdo 
 al interés general, la equidad territorial, sostenibilidad y accesibilidad universal. 
 El Estado garantizará la protección y acceso equitativo a servicios básicos, bienes y 
 espacios públicos; movilidad segura y sustentable; conectividad y seguridad vial. Asimismo, 
 promoverá la integración socioespacial y participará en la plusvalía que genere su acción 
 urbanística o regulatoria. 
 El Estado garantiza la participación de la comunidad en los procesos de planificación 
 territorial y políticas habitacionales. Asimismo, promueve y apoya la gestión comunitaria del 
 hábitat. 
 
 273.- Artículo 8.- Derecho al trabajo decente. Toda persona tiene derecho al trabajo y su libre 
 elección. El Estado garantiza el trabajo decente y su protección. Este comprende el derecho a 
 condiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del 
 
 tiempo libre, a su desconexión digital, a la garantía de indemnidad, y el pleno respeto de los 
 derechos fundamentales en el contexto del trabajo. 
 Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a una remuneración equitativa, justa 
 y suficiente, que le asegure su sustento y el de su familia. Toda persona tiene derecho a igual 
 remuneración por igual trabajo. 
 Se prohíbe cualquier discriminación entre trabajadoras y trabajadores que no se base 
 en las competencias laborales o idoneidad personal, así como el despido arbitrario. 
 El Estado generará políticas públicas que permitan la conciliación laboral, la vida 
 familiar y comunitaria, y el trabajo de cuidados.  
 El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas 
 trabajadoras, eliminando riesgos que afecten la salud reproductiva y resguardando los derechos 
 de la paternidad y maternidad. 
 En el ámbito rural y agrícola el Estado debe garantizar condiciones justas y dignas 
 en el trabajo de temporada, resguardando el ejercicio de sus derechos laborales y de seguridad 
 social. 
 Se reconoce la función social del trabajo y se deberá asegurar la protección eficaz de 
 los trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales, mediante un órgano autónomo a cargo 
 de su fiscalización. 
 Se prohíbe toda forma de precarización laboral, así como el trabajo forzoso, 
 humillante o denigrante. 
 
 274.- Artículo 9.- Participación de los trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores y 
 trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar en las 
 decisiones de la empresa. La ley regulará los mecanismos por medio de los cuales se ejercerá 
 este derecho. 
 
 275.- Artículo 10.- Derecho al cuidado. Todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser 
 cuidadas y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los 
 medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y 
 corresponsabilidad. 
 
 El Estado garantizará este derecho a través de un Sistema Integral de Cuidados y 
 otras normativas y políticas públicas que incorporen el enfoque de derechos humanos, de género 
 y la promoción de la autonomía personal. El Sistema tendrá un carácter estatal, paritario, 
 solidario, universal, con pertinencia cultural y perspectiva de género e interseccionalidad. Su 
 financiamiento será progresivo, suficiente y permanente. 
 El sistema prestará especial atención a lactantes, niños, niñas y adolescentes, 
 personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas en situación de dependencia 
 y personas con enfermedades graves o terminales. Asimismo, velará por el resguardo de los 
 derechos de quienes ejercen trabajos de cuidados. 
 
 276.- Artículo 11.- Reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados. El Estado reconoce 
 que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables 
 para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, que son una actividad económica 
 que contribuye a las cuentas nacionales y que deben ser considerados en la formulación y 
 ejecución de las políticas públicas. 
 El Estado promoverá la corresponsabilidad social y de género e implementará 
 mecanismos para la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados. 
 
 277.- Artículo 12.- Derecho a la libertad sindical. La Constitución asegura a trabajadoras y 
 trabajadores, tanto del sector público como del privado, el derecho a la libertad sindical. Este 
 derecho comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. 
 Las organizaciones sindicales son titulares exclusivas del derecho a la negociación 
 colectiva, en tanto únicas representantes de trabajadores y trabajadoras ante el o los empleadores. 
 El derecho de sindicalización comprende la facultad de constituir las organizaciones 
 sindicales que estimen conveniente, en cualquier nivel, de carácter nacional e internacional, a 
 afiliarse y desafiliarse de ellas, a darse su propia normativa, trazar sus propios fines y realizar su 
 actividad sin intervención de terceros. 
 Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el sólo hecho de 
 registrar sus estatutos en la forma que señale la ley. 
 La Constitución asegura el derecho a la negociación colectiva. Corresponderá a los 
 trabajadores y trabajadoras elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo 
 
 la negociación ramal, sectorial y territorial. Las únicas limitaciones a las materias susceptibles 
 de negociación serán aquellas concernientes a los mínimos irrenunciables fijados por la ley a 
 favor de los trabajadores y trabajadoras. 
 La Constitución garantiza el derecho a huelga de trabajadores, trabajadoras y 
 organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales decidirán el ámbito de intereses que se 
 defenderán a través de ella, los que no podrán ser limitados por la ley. 
 El legislador no podrá prohibir la huelga. 
 La ley sólo podrá establecer limitaciones excepcionales a la huelga para atender 
 servicios esenciales que pudieren afectar la vida, salud o seguridad de la población. 
 No podrán declararse en huelga los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y 
 Seguridad Pública. 
 
 278.- Artículo 13.- Derecho a la seguridad social. La Constitución garantiza a toda persona el 
 derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, 
 integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. 
 La ley establecerá un Sistema de Seguridad Social público, que otorgue protección 
 en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, 
 accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás contingencias sociales de 
 falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, este 
 sistema asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y 
 de cuidados. 
 Le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social. Ésta se financiará 
 por trabajadores y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias, y por rentas generales de 
 la nación. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines 
 distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. 
 Las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la 
 dirección del sistema de seguridad social, en las formas que señale la ley. 
 
 279.- Artículo 14.- Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud y bienestar 
 integral, incluyendo su dimensión física y mental. 
 
 El Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel 
 posible de la salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales 
 y ambientales sobre la salud de la población. 
 El Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado. Se 
 regirá por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, 
 desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no 
 discriminación. 
 El Sistema Nacional de Salud incorporará acciones de promoción, prevención, 
 diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e inclusión. La atención primaria constituirá 
 la base de este sistema y se promoverá la participación de las comunidades en las políticas de 
 salud y las condiciones para su ejercicio efectivo. 
 El Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y 
 privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados 
 puedan integrarse al Sistema Nacional de Salud. 
 Es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones 
 públicas de salud. 
 El Estado generará políticas y programas de salud mental destinados a la atención y 
 prevención con enfoque comunitario y aumentará progresivamente su financiamiento. 
 Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas 
 tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales que las 
 sustentan. El Sistema Nacional de Salud reconoce, protege e integra estas prácticas y 
 conocimientos como también a quienes las imparten, en conformidad a esta Constitución y la 
 ley. 
 Corresponderá exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, 
 incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas. 
 El Sistema Nacional de Salud será financiado a través de las rentas generales de la 
 nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a 
 empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar 
 solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado 
 de la administración del conjunto de los fondos de este sistema. 
 
 
 280.- Artículo 15.- El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación. 
 
 281.- Artículo 16.- Todas las personas tienen derecho a la educación. La educación es un deber 
 primordial e ineludible del Estado. 
 La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la 
 vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, 
 tecnológica, económica y cultural del país. Sus fines son la construcción del bien común, la 
 justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la 
 convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así 
 como, la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico y el desarrollo integral de las 
 personas, considerando su dimensión cognitiva, física, social y emocional. 
 La educación se regirá́ por los principios de cooperación, no discriminación, 
 inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y 
 los demás principios consagrados en esta Constitución. Tendrá un carácter no sexista y se 
 desarrollará de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y 
 lingüística. 
 La educación deberá orientarse hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de 
 los fines y principios establecidos de la educación. 
 La ley establecerá la forma en que estos fines y principios deberán materializarse, en 
 condiciones de equidad en las instituciones educativas y los procesos de enseñanza. 
 
 282.- Artículo 17.- La educación será de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria 
 desde el nivel básico hasta la educación media. 
 El Sistema Nacional de Educación estará integrado por los establecimientos e 
 instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el 
 Estado. Se articulará bajo el principio de colaboración y tendrá como centro la experiencia de 
 aprendizaje de los estudiantes. El Estado ejercerá labores de coordinación, regulación, 
 mejoramiento y supervigilancia del Sistema. La ley establecerá los requisitos para el 
 reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales. 
 
 Las instituciones que lo conforman estarán sujetas al régimen común que fije la ley, 
 serán de carácter democrático, no podrán discriminar en su acceso, se regirán por los fines y 
 principios de este derecho, y tendrán prohibida toda forma de lucro. 
 Este Sistema promoverá la diversidad de saberes artísticos, ecológicos, culturales y 
 filosóficos que conviven en el país. 
 El Estado deberá brindar oportunidades y apoyos adicionales a quienes están en 
 situación de discapacidad y en riesgo de exclusión. 
 El Estado deberá articular, gestionar y financiar un Sistema de Educación Pública, 
 de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los 
 niveles y modalidades educativas. La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema 
 Nacional de Educación; su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado. 
 El Estado deberá financiar este Sistema de forma permanente, directa, pertinente y 
 suficiente, a través de aportes basales, a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y 
 principios de la educación. 
 Es deber del Estado promover el derecho a la educación permanente a través de 
 oportunidades formativas múltiples, dentro y fuera del Sistema Nacional de Educación, 
 fomentando diversos espacios de desarrollo y aprendizaje integral para todas las personas. 
 
 283.- Artículo 18.- La Constitución reconoce el derecho de las y los integrantes de cada 
 comunidad educativa a participar en las definiciones del proyecto educativo y en las decisiones 
 de cada establecimiento, así como en el diseño, implementación y evaluación de la política 
 educacional local y nacional para el ejercicio del derecho a la educación. La ley especificará las 
 condiciones, órganos y procedimientos que permitan asegurar la participación vinculante de las 
 y los integrantes de la comunidad educativa. 
 
 284.- Artículo 19.- La Constitución garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado 
 respetarla. 
 Ésta comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el 
 tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía 
 progresiva de niños, niñas y adolescentes. 
 
 Las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio 
 de sus funciones, en el marco de los fines y principios de la educación. 
 
 285.- Artículo 20.- La Constitución reconoce el rol fundamental de las profesoras y profesores, 
 como profesionales en el Sistema Nacional de Educación. Asimismo, valora y fomenta la 
 contribución de las y los educadores y asistentes de la educación, incluyendo a las y los 
 educadores tradicionales. Las y los trabajadores de la educación son agentes claves para la 
 garantía del derecho a la educación. 
 El Estado garantiza el desarrollo del quehacer pedagógico y educativo de quienes 
 trabajen en establecimientos que reciban fondos públicos, incluyendo su formación inicial y 
 continua, su ejercicio reflexivo y colaborativo y la investigación pedagógica, en coherencia con 
 los principios y fines de la educación. Para esto, otorgará estabilidad en el ejercicio de sus 
 funciones; asegurando condiciones laborales óptimas y resguardando su autonomía profesional. 
 Las y los trabajadores de educación parvularia, básica y media que se desempeñen 
 en establecimientos que reciban recursos del Estado, gozarán de los mismos derechos que la ley 
 contemple para su respectiva función. 
 
 286.- Artículo 20 bis.- El ingreso, permanencia y promoción de quienes estudien en la educación 
 superior se regirá por los principios de equidad e inclusión, con especial atención a los grupos 
 históricamente excluidos, excluyendo cualquier tipo de discriminación arbitraria. Los estudios 
 de educación superior, conducentes a títulos y grados académicos iniciales, serán gratuitos en las 
 instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley. 
 
 287.- Artículo 20 quater.- El Sistema de Educación Superior estará conformado por las 
 Universidades, Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica, escuelas de formación 
 de las Fuerzas Armadas y Seguridad, además de las Academias creadas o reconocidas por el 
 Estado. Estas instituciones se regirán por los principios de la educación y considerarán las 
 necesidades locales, regionales y nacionales. Tendrán prohibida toda forma de lucro. 
 Las instituciones de educación superior tienen la misión de enseñar, producir y 
 socializar el conocimiento. La Constitución protege la libertad de cátedra, la investigación y la 
 libre discusión de las ideas de los académicos y las académicas de las universidades creadas o 
 
 reconocidas por ley. La formación tendrá un enfoque coherente con los fines y principios de la 
 Educación. 
 Las instituciones de educación superior del Estado forman parte del Sistema de 
 Educación Pública y su financiamiento se sujetará a lo dispuesto por esta Constitución, debiendo 
 garantizar el cumplimiento íntegro de sus funciones de docencia, investigación y colaboración 
 con la sociedad. 
 El Estado velará por el acceso a la educación superior de todas las personas que 
 cumplan los requisitos establecidos por la ley. 
 
 288.- Artículo 20 quinquies.- La Constitución reconoce la autonomía de los pueblos originarios 
 para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones de conformidad a sus costumbres y 
 cultura, respetando los fines y principios de la educación, y dentro de los marcos del Sistema 
 Nacional de Educación establecidos por la ley. 
 
 289.- Artículo 21.- Derecho a la alimentación adecuada. Toda persona tiene derecho a una 
 alimentación saludable, suficiente, nutricionalmente completa, pertinente culturalmente y 
 adecuada. Este derecho comprende la garantía de alimentos especiales para quienes lo requieran 
 por motivos de salud. 
 El Estado garantizará en forma continua y permanente la disponibilidad y el acceso 
 a los alimentos que satisfagan este derecho, especialmente en zonas aisladas geográficamente. 
 Adicionalmente, 
 fomentará 
 una 
 producción 
 agropecuaria 
 ecológicamente 
 sustentable, la agricultura campesina, la pesca artesanal, y promoverá el patrimonio culinario y 
 gastronómico del país. 
 
 290.- Artículo 22.- Derecho al deporte, la actividad física y las prácticas corporales. Todas 
 las personas tienen derecho al deporte, a la actividad física y a las prácticas corporales. El Estado 
 garantizará el ejercicio de este derecho en sus distintas dimensiones y disciplinas, ya sean 
 recreacionales, educativas, competitivas o de alto rendimiento. Para lograr estos objetivos, se 
 podrán considerar políticas diferenciadas según lo disponga la ley. 
 El Estado reconoce la función social del deporte, en tanto permite la participación 
 colectiva, la asociatividad, la integración e inserción social, así como el mantenimiento y mejora 
 
 de la salud. La ley asegurará el involucramiento de las personas y comunidades con la práctica 
 del deporte, incluido el de niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales, así 
 como la participación en la dirección de las diferentes formas de instituciones deportivas. 
 La ley regulará y establecerá los principios aplicables a las instituciones públicas o 
 privadas que tengan por objeto la gestión del deporte profesional como actividad social, cultural 
 y económica, debiendo garantizar siempre la democracia y participación vinculante de sus 
 organizaciones. 
 
 291.- Artículo 23.- Derecho a la igualdad y no discriminación. La Constitución asegura el 
 derecho a la igualdad. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Queda prohibida toda 
 forma de esclavitud. 
 Se asegura el derecho a la protección contra toda forma de discriminación, en 
 especial cuando se funde en uno o más motivos tales como nacionalidad o apatridia, edad, sexo, 
 orientación sexual o afectiva, identidad y expresión de género, diversidad corporal, religión o 
 creencia, etnia, pertenencia a un pueblo y nación indígena o tribal, opiniones políticas o de 
 cualquier otra naturaleza, clase social, ruralidad, situación migratoria o de refugio, discapacidad, 
 condición de salud mental o física, estado civil, filiación o cualquier otra condición social. 
 Se prohíbe y sanciona toda forma de discriminación especialmente aquella basada en 
 alguna de las categorías mencionadas anteriormente u otras que tengan por objeto o resultado 
 anular o menoscabar la dignidad humana, el goce y ejercicio de los derechos de toda persona. 
 El Estado deberá respetar, proteger, promover y garantizar los derechos 
 fundamentales, sin discriminación. 
 La ley determinará las medidas de prevención, prohibición, sanción y reparación de 
 todas las formas de discriminación, en los ámbitos público y privado, así como los mecanismos 
 para garantizar la igualdad material y sustantiva entre todas las personas. 
 El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias, incluidos los ajustes 
 razonables, para corregir y superar la desventaja o el sometimiento de una persona o grupo. 
 Los órganos del Estado deberán tener especialmente en consideración los casos en 
 que confluyan, respecto de una persona, más de una categoría, condición o criterio de los 
 señalados en el inciso segundo. 
 La Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley. 
 
 292.- Artículo 24.-Toda persona y pueblo tiene el derecho a comunicarse en su propia lengua en 
 todo espacio. Todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a usar las lenguas. 
 Ninguna persona o grupo podrá ser discriminado por razones lingüísticas. 
 
 293.- Artículo 25.- Derecho a la consulta de los pueblos y naciones indígenas. Los pueblos y 
 naciones indígenas tienen el derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas 
 administrativas y legislativas que les afectasen. El Estado garantiza los medios para la efectiva 
 participación de éstos, a través de sus instituciones representativas, de forma previa y libre, 
 mediante procedimientos apropiados, informados y de buena fe. 
 
 294.- Artículo 26.- Derecho humano al agua y al saneamiento. La Constitución garantiza a 
 todas las personas el derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible 
 y accesible. Es deber del Estado garantizar estos derechos para las actuales y futuras 
 generaciones. 
 El Estado velará por la satisfacción de este derecho atendiendo las necesidades de las 
 personas en sus distintos contextos. 
 
 295.- Artículo 27.- Derecho a la autodeterminación informativa. Toda persona tiene derecho 
 a la protección de los datos personales. Este derecho comprende la facultad de acceder a los datos 
 recogidos que le conciernen, ser informada y oponerse al tratamiento de sus datos y a obtener su 
 rectificación, cancelación y portabilidad, sin perjuicio de otros que establezca la ley. 
 El tratamiento de datos personales sólo podrá efectuarse en los casos que establezca 
 la ley, sujetándose a los principios de licitud, lealtad, calidad, transparencia, seguridad, limitación 
 de la finalidad y minimización de datos. 
 
 
 
 
 ********* 
 
 CAPÍTULO (COM 5) 
 MEDIO AMBIENTE 
 §CRISIS CLIMÁTICA 
 
 296.- Artículo 1. Crisis climática y ecológica. Es deber del Estado adoptar acciones de 
 prevención, adaptación, y mitigación de los riesgos, vulnerabilidades y efectos provocados por 
 la crisis climática y ecológica. 
 El Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para 
 adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la Naturaleza. 
 
 297.- Artículo 4.- De los derechos de la Naturaleza. La Naturaleza tiene derecho a que se 
 respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus 
 funciones y equilibrios dinámicos, que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la 
 biodiversidad. 
 El Estado a través de sus instituciones debe garantizar y promover los derechos de la 
 Naturaleza según lo determine la Constitución y las Leyes. 
 
 298.- Artículo 9.- La Ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos o 
 libertades para proteger el medio ambiente y la Naturaleza. 
 
 299.- Artículo 12 A.- Son bienes comunes naturales el mar territorial y su fondo marino; las 
 playas; las aguas, glaciares y humedales; los campos geotérmicos; el aire y la atmósfera; la alta 
 montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos; el subsuelo, y los demás que declaren la 
 Constitución y la ley. 
 Entre estos bienes son inapropiables el agua en todos sus estados y el aire, los 
 reconocidos por el derecho internacional y los que la Constitución o las leyes declaren como 
 tales. 
 
 
 300.- Artículo 12 B.- Tratándose de los bienes comunes naturales que sean inapropiables, el 
 Estado deberá preservarlos, conservarlos y, en su caso, restaurarlos. Deberá, asimismo, 
 administrarlos de forma democrática, solidaria, participativa y equitativa. 
 Respecto de aquellos bienes comunes naturales que se encuentren en el dominio 
 privado, el deber de custodia del Estado implica la facultad de regular su uso y goce, con las 
 finalidades establecidas en el artículo primero. 
 
 301.- Artículo 12 C.- Cualquier persona podrá exigir el cumplimiento de los deberes 
 constitucionales de custodia de los bienes comunes naturales. La ley determinará el 
 procedimiento y los requisitos de esta acción. 
 
 302.- Artículo 12 D.- El Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas para el uso de los 
 bienes comunes naturales inapropiables, conforme a la ley, de manera temporal, sujeto a causales 
 de caducidad, extinción y revocación, con obligaciones específicas de conservación, justificadas 
 en el interés público, la protección de la naturaleza y el beneficio colectivo. Estas autorizaciones, 
 ya sean individuales o colectivas, no generan derechos de propiedad. 
 
 303.- Artículo 19.- Acceso responsable a la Naturaleza. Se reconoce a todas las personas el 
 derecho de acceso responsable y universal a las montañas, riberas de ríos, mar, playas, lagos, 
 lagunas y humedales, entre otros que defina la ley. 
 (Inciso tercero) La ley regulará el ejercicio de este derecho, las obligaciones de los 
 propietarios aledaños y el régimen de responsabilidad aplicable, entre otros. 
 
 304.- Artículo 20.- De la gestión de residuos. Es deber del Estado normar y fomentar la gestión, 
 reducción y valorización de residuos, en la forma que determine la Ley. 
 
 305.- Artículo 23. De los animales. Los animales son sujetos de especial protección. El Estado 
 los protegerá, reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. 
 El Estado y sus organismos promoverán una educación basada en la empatía y en el 
 respeto hacia los animales. 
 
 
 306.- Artículo 23B.- El Estado protege la biodiversidad, debiendo preservar, conservar y 
 restaurar el hábitat de las especies nativas silvestres, en tal cantidad y distribución que sostenga 
 adecuadamente la viabilidad de sus poblaciones y asegure las condiciones para su supervivencia 
 y no extinción. 
 
 307.- Artículo 26. - Principios ambientales. Son principios para la protección de la Naturaleza 
 y el medio ambiente, a lo menos, los principios de progresividad, precautorio, preventivo, justicia 
 ambiental, solidaridad intergeneracional, responsabilidad y acción climática justa. 
 
 308.- Artículo 33. Democracia ambiental. Se reconoce el derecho de participación informada 
 en materias ambientales. Los mecanismos de participación serán determinados por ley. 
 Todas las personas tienen derecho a acceder a la información ambiental que conste 
 en poder o custodia del Estado. Los particulares deberán entregar la información ambiental 
 relacionada con su actividad, en los términos que establezca la ley. 
 
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 “§ Estatuto constitucional de las aguas 
 
 309.- Artículo 1.- El Estado debe proteger las aguas, en todos sus estados y fases, y su ciclo 
 hidrológico. El agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la 
 Naturaleza. 
 Siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el 
 equilibrio de los ecosistemas. La ley determinará los demás usos. 
 
 310.- Artículo 2.- El Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso 
 de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas, de carácter incomerciable, 
 concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas, y obligarán al titular al uso que 
 justifica su otorgamiento. 
 
 
 311.- Artículo 3.- El Estado asegurará un sistema de gobernanza de las aguas participativo y 
 descentralizado, a través del manejo integrado de cuencas, y siendo la cuenca hidrográfica la 
 unidad mínima de gestión. 
 Los Consejos de Cuenca serán los responsables de la administración de las aguas, sin 
 perjuicio de la supervigilancia y demás atribuciones de la Agencia Nacional de las Aguas y otras 
 instituciones competentes. 
 La ley regulará las atribuciones, funcionamiento y composición de los Consejos. Esta 
 deberá considerar, a lo menos, la presencia de los titulares de autorizaciones de aguas, la sociedad 
 civil y las entidades territoriales con presencia en la respectiva cuenca, velando que ningún actor 
 pueda alcanzar el control por sí solo. 
 Los Consejos podrán coordinarse y asociarse cuando sea pertinente. En aquellos 
 casos en que no se constituya un Consejo, la administración será determinada por la Agencia 
 Nacional de Agua. 
 
 312.- Artículo 4.- La Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional 
 de las aguas situadas en autonomías territoriales indígenas o territorios indígenas. Es deber del 
 Estado garantizar su protección, integridad y abastecimiento, en conformidad a la Constitución 
 y la ley. 
 
 313.- Artículo 5.- El Estado deberá promover y proteger la gestión comunitaria de agua potable 
 y saneamiento, especialmente en áreas y territorios rurales y extremos, en conformidad a la ley. 
 
 314.- Artículo 9.- El mar territorial y las playas son bienes comunes naturales inapropiables. 
 
 315.- Artículo 11.- El Estado garantiza la protección de los glaciares y del entorno glaciar, 
 incluyendo los suelos congelados y sus funciones ecosistémicas. 
 
 316.- Artículo 12.- El territorio chileno antártico, incluyendo sus espacios marítimos, es un 
 territorio especial y zona fronteriza en el cual Chile ejerce respectivamente soberanía y derechos 
 soberanos, con pleno respeto a los tratados ratificados y vigentes. El Estado deberá conservar, 
 
 proteger y cuidar la Antártica, mediante una política fundada en el conocimiento y orientada a la 
 investigación científica, la colaboración internacional y la paz. 
 
 317.- Artículo Nuevo.- Los bienes comunes naturales son elementos o componentes de la 
 Naturaleza sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia con el fin de asegurar 
 los derechos de la Naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras. 
 
 318.- Artículo 13.- De los humedales, bosques nativos y suelos. El Estado, como custodio de 
 los humedales, bosques nativos y suelos, asegurará la integridad de estos ecosistemas, sus 
 funciones, procesos y conectividad hídrica. 
 
 319.- Artículo 14.- De las Áreas Protegidas. El Estado, a través de un sistema nacional de áreas 
 protegidas, único, integral y de carácter técnico deberá garantizar la preservación, restauración y 
 la conservación de espacios naturales. Asimismo, deberá monitorear y mantener información 
 actualizada relativa a los atributos de dichas áreas, y garantizar la participación de las 
 comunidades locales y entidades territoriales. 
 
 320.- Artículo 15.- Los planes de ordenamiento y planificación ecológica del territorio 
 priorizarán la protección de las partes altas de las cuencas, glaciares, zonas de recarga natural de 
 acuíferos y ecosistemas. Estos podrán crear zonas de amortiguamiento para las áreas de 
 protección ambiental. 
 
 321.- Artículo 17.- Es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto 
 promoverá la producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la 
 alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente 
 responsables. 
 
 322.- Artículo 18.- El Estado garantiza el derecho de campesinas, campesinos y pueblos 
 originarios al libre uso e intercambio de semillas tradicionales 
 
 323.- Artículo 21.- Toda persona tiene derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura. 
 
 Es deber del Estado garantizar el acceso equitativo y no discriminatorio a la energía 
 que permita a las personas satisfacer sus necesidades, velando por la continuidad de los servicios 
 energéticos. 
 El Estado deberá regular y fomentar una matriz energética distribuida, 
 descentralizada y diversificada, basada en energías renovables y de bajo impacto ambiental. 
 La infraestructura energética es de interés público. 
 El Estado fomentará y protegerá las empresas cooperativas de energía y el 
 autoconsumo. 
 
 § Estatuto constitucional de los minerales 
 
 324.- Artículo 22.- El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible 
 de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de 
 sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad 
 sobre los terrenos en que estuvieren situadas. 
 La exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una 
 regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y 
 la protección ambiental. 
 
 325.- Artículo 23.- El Estado establecerá una política para la actividad minera y su 
 encadenamiento productivo, la que considerará, a lo menos, la protección ambiental y social, la 
 innovación, la generación de valor agregado, el acceso y uso de tecnología y la protección de la 
 pequeña minería y pirquineros. 
 
 326.- Artículo 24.- Quedarán excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas 
 protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley, y las demás que ella 
 declare. 
 
 327.- Artículo Nuevo. Lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22 no se aplicará a las 
 arcillas superficiales. 
 
 
 328.- Artículo 25.- El Estado deberá regular los impactos y efectos sinérgicos generados en las 
 distintas etapas de la actividad minera, incluyendo su encadenamiento productivo, cierre o 
 paralización, en la forma que establezca la ley. Será obligación de quien realice la actividad 
 minera destinar recursos para reparar los daños causados, los pasivos ambientales y mitigar sus 
 efectos nocivos en los territorios en que ésta se desarrolla, de acuerdo a la ley. La ley especificará 
 el modo en que esta obligación se aplicará a la pequeña minería y pirquineros. 
 
 329.- Artículo 28 A bis. El Estado adoptará las medidas necesarias para proteger la pequeña 
 minería y pirquineros, las fomentará y facilitará el acceso y uso de las herramientas, tecnologías 
 y recursos para el ejercicio tradicional y sustentable de la actividad. 
 
 330.- Artículo 30.- Es deber del Estado contribuir y cooperar internacionalmente en la 
 investigación del espacio con fines pacíficos y científicos. 
 El Estado impulsará medidas para conservar la atmósfera y el cielo nocturno, según 
 las necesidades territoriales. 
 
 331.- Artículo 32.- El Estado participa en la economía para cumplir con los objetivos 
 establecidos en esta Constitución. 
 El rol económico del Estado se fundará, de manera coordinada y coherente, en los 
 principios y objetivos económicos de solidaridad, diversificación productiva, economía social y 
 solidaria y pluralismo económico. 
 El Estado regula, fiscaliza, fomenta y desarrolla actividades económicas, 
 disponiendo de sus potestades públicas, en el marco de sus atribuciones y competencias, en 
 conformidad a lo establecido en esta Constitución y la ley. 
 El Estado fomentará la innovación, los mercados locales, los circuitos cortos y la 
 economía circular. 
 
 332.- Artículo 34.- El Estado tendrá iniciativa pública en la actividad económica. Para ello, podrá 
 desarrollar actividades empresariales, las que podrán adoptar diversas formas de propiedad, 
 gestión y organización según determine la normativa respectiva. 
 
 Las empresas públicas se deberán crear por ley y se regirán por el régimen jurídico 
 que ésta determine. 
 Sin perjuicio de esto, en lo pertinente, serán aplicables las normas de derecho público 
 sobre probidad y rendición de cuentas. 
 
 333.- Artículo nuevo. El Estado tendrá el deber de fijar una Política Nacional Portuaria, la cual 
 se organizará en torno a los principios de eficiencia en el uso del borde costero; responsabilidad 
 ambiental, poniendo especial énfasis en el cuidado de la naturaleza y bienes comunes naturales; 
 la participación pública de los recursos que genere la actividad; la vinculación con territorios y 
 comunidades donde se emplacen los recintos portuarios; establecimiento de la carrera profesional 
 portuaria, reconociéndose como trabajo de alto riesgo; y la colaboración entre recintos e 
 infraestructura portuaria para asegurar el oportuno abastecimiento de las comunidades. 
 
 334.- Artículo 43.- El Estado debe prevenir y sancionar los abusos en los mercados. 
 
 335.- Artículo 47.- Todas las personas tienen el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
 equilibrado. El Estado debe garantizar este derecho. 
 
 336.- Artículo 48.- El Estado garantiza el acceso a la justicia ambiental. 
 
 337.- Artículo 49.- Todas las personas tienen el derecho al aire limpio durante todo el ciclo de 
 vida, en la forma que determine la ley. 
 
 338.- Artículo 51.- Es deber del Estado garantizar una educación ambiental que fortalezca la 
 preservación, conservación y cuidados requeridos respecto al medio ambiente y la Naturaleza, y 
 que permita formar conciencia ecológica. 
 
 ********* 
 
 
 
 
 
 CAPÍTULO (COM 6) 
 SISTEMAS DE JUSTICIA 
 
 339.- Artículo 1.- La función jurisdiccional. La jurisdicción es una función pública que se 
 ejerce en nombre de los pueblos y que consiste en conocer y juzgar, por medio de un debido 
 proceso los conflictos de relevancia jurídica y hacer ejecutar lo resuelto, de conformidad a la 
 Constitución y las leyes, así como los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos 
 humanos de los que Chile es parte. 
 Se ejerce exclusivamente por los tribunales de justicia y las autoridades de los 
 pueblos indígenas reconocidos por la Constitución o las leyes dictadas conforme a ella. 
 Al ejercer la jurisdicción se debe velar por la tutela y promoción de los derechos 
 humanos y de la naturaleza, del sistema democrático y el principio de juridicidad. 
 
 340.- Artículo 2.- Pluralismo jurídico. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los Pueblos 
 Indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un 
 plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deberán respetar los derechos 
 fundamentales que establece esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre 
 derechos humanos de los que Chile es parte. La ley determinará los mecanismos de coordinación, 
 cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas 
 y las entidades estatales. 
 
 341.- Artículo 3.- Independencia jurisdiccional, imparcialidad y exclusividad. Las juezas y 
 jueces que ejercen jurisdicción son independientes entre sí y de todo otro poder o autoridad, 
 debiendo actuar y resolver de forma imparcial. En sus providencias, sólo están sometidos al 
 imperio de la ley. 
 La función jurisdiccional la ejercen exclusivamente los tribunales establecidos por 
 ley. Ningún otro órgano del Estado, persona o grupo de personas, podrán ejercer la función 
 jurisdiccional, conocer causas pendientes, modificar los fundamentos o el contenido de las 
 resoluciones judiciales o reabrir procesos concluidos. 
 Las juezas y jueces no podrán desempeñar ninguna otra función o empleo, salvo 
 actividades académicas en los términos que establezca la ley. 
 
 Las juezas y jueces sólo ejercerán la función jurisdiccional, no pudiendo desempeñar 
 función administrativa ni legislativa alguna. 
 Las juezas y jueces no podrán militar en partidos políticos. 
 
 342.- Artículo 4.- De la inamovilidad. Las juezas y jueces son inamovibles. No pueden ser 
 suspendidos, trasladados o removidos sino conforme a las causales y procedimientos establecidos 
 por la Constitución y las leyes. 
 
 § Principios generales 
 
 343.- Artículo 5.- Derecho de acceso a la justicia. La Constitución garantiza el pleno acceso a 
 la justicia a todas las personas y colectivos. Es deber del Estado remover los obstáculos sociales, 
 culturales y económicos que impidan o limiten la posibilidad de acudir a los órganos 
 jurisdiccionales para la tutela y el ejercicio de sus derechos. 
 Los tribunales deben brindar una atención adecuada a quienes presenten peticiones o 
 consultas ante ellos, otorgando siempre un trato digno y respetuoso. Una ley establecerá sus 
 derechos y deberes. 
 
 344.- Artículo 6.- Tutela jurisdiccional efectiva. Todas las personas tienen derecho a requerir 
 de los tribunales de justicia la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, de manera 
 oportuna y eficaz conforme a los principios y estándares reconocidos en la Constitución y las 
 leyes. 
 
 345.- Artículo 7.- Inexcusabilidad e indelegabilidad. Reclamada su intervención en la forma 
 legal y sobre materias de su competencia, los tribunales no podrán excusarse de ejercer su función 
 en un tiempo razonable ni aún a falta de norma jurídica expresa que resuelva el asunto sometido 
 a su decisión. 
 El ejercicio de la jurisdicción es indelegable. 
 
 346.- Artículo 8.- Ejecución de las resoluciones. Para hacer ejecutar las resoluciones y practicar 
 o hacer practicar las actuaciones que determine la ley, los tribunales de justicia podrán impartir 
 
 órdenes o instrucciones directas a la fuerza pública, debiendo cumplir lo mandatado de forma 
 rápida y expedita, sin poder calificar su fundamento, oportunidad o legalidad. 
 Las sentencias dictadas contra el Estado de Chile por tribunales internacionales de 
 derechos humanos, cuya jurisdicción ha sido reconocida por éste, serán cumplidas por los 
 tribunales de justicia conforme al procedimiento establecido por la ley, aun si contraviniere una 
 sentencia firme pronunciada por estos. 
 
 347.- Artículo 9.- Fundamentación y lenguaje claro. Las sentencias deberán ser siempre 
 fundadas y redactadas en un lenguaje claro e inclusivo. La ley podrá establecer excepciones al 
 deber de fundamentación de las resoluciones judiciales. 
 
 348.- Artículo 10.- Gratuidad. El acceso a la función jurisdiccional será gratuito, sin perjuicio 
 de las actuaciones judiciales y sanciones procesales establecidas por la ley. 
 La justicia arbitral será siempre voluntaria. La ley no podrá establecer arbitrajes 
 forzosos. 
 
 349.- Artículo 11.- Principio de responsabilidad jurisdiccional. Las juezas y jueces son 
 personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial 
 de las leyes que reglan el procedimiento, y, en general, por toda prevaricación, denegación o 
 torcida administración de justicia. La ley determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta 
 responsabilidad. 
 Los perjuicios por error judicial otorgarán el derecho a una indemnización por el 
 Estado, conforme al procedimiento establecido en la Constitución y las leyes. 
 
 350.- Artículo 12.- En los procesos en que intervengan niñas, niños y adolescentes, se deberá 
 procurar el resguardo de su identidad. 
 Los principios de probidad y de transparencia serán aplicables a todas las personas 
 que ejercen jurisdicción en el país. La ley establecerá las responsabilidades correspondientes en 
 caso de infracción a esta disposición. 
 
 
 351.- Artículo 13.- Principio de Justicia Abierta. La función jurisdiccional se basa en los 
 principios rectores de la Justicia Abierta, que se manifiesta en la transparencia, participación y 
 colaboración, con el fin de garantizar el Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer 
 la democracia. 
 
 352.- Artículo 14.- Paridad y perspectiva de género. La función jurisdiccional se regirá por 
 los principios de paridad y perspectiva de género. Todos los órganos y personas que intervienen 
 en la función jurisdiccional deben garantizar la igualdad sustantiva. 
 El Estado garantiza que los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia 
 respeten el principio de paridad en todos los órganos de la jurisdicción, incluyendo la designación 
 de las presidencias. 
 Los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género. 
 
 353.- Artículo 15.- Plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. La función 
 jurisdiccional se define en su estructura, integración y procedimientos conforme a los principios 
 de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. 
 Cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán 
 adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su 
 competencia, tomando debidamente en consideración las costumbres, tradiciones, protocolos y 
 los sistemas normativos de los pueblos indígenas, conforme a los tratados e instrumentos 
 internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte. 
 
 354.- Artículo 16.- Mecanismos Colaborativos de Resolución de Conflictos. Es deber del 
 Estado promover e implementar mecanismos colaborativos de resolución de conflictos que 
 garanticen la participación activa y el diálogo. 
 Sólo la ley podrá determinar los requisitos y efectos de los mecanismos alternativos 
 de resolución de conflictos. 
 
 ********* 
 
 
 
 
 “§ De los Tribunales del Sistema Nacional de Justicia 
 
 355.- Artículo 1.- Principio de unidad jurisdiccional. Los tribunales de justicia se estructuran 
 conforme al principio de unidad jurisdiccional como base de su organización y funcionamiento, 
 estando sujetos al mismo estatuto jurídico y principios. 
 
 356.- Artículo 2.- Diferenciación funcional y estatuto común de los tribunales. Las y los 
 integrantes de los órganos jurisdiccionales, unipersonales o colegiados, se denominarán juezas o 
 jueces. No existirá jerarquía entre quienes ejercen jurisdicción y sólo se diferenciarán por la 
 función que desempeñen. Las juezas o jueces no recibirán tratamiento honorífico alguno. 
 Sólo la ley podrá establecer cargos de jueces y juezas. La Corte Suprema y las Cortes 
 de Apelaciones no podrán ser integradas por personas que no tengan la calidad de juezas o jueces 
 titulares, interinos, suplentes o subrogantes. 
 La planta de personal y organización administrativa interna de los tribunales será 
 establecida por la ley. 
 
 357.- Artículo 3.- Cesación de juezas y jueces. Las juezas y jueces cesan en sus cargos por 
 alcanzar los setenta años de edad, por renuncia, por constatarse una incapacidad legal 
 sobreviniente o por remoción. 
 
 358.- Artículo 4.- Fuero. Las juezas y los jueces no podrán ser acusados o privados de libertad, 
 salvo el caso de delito flagrante, si la Corte de Apelaciones correspondiente no declara admisible 
 uno o más capítulos de la acusación respectiva. La resolución que se pronuncie sobre la querella 
 de capítulos será apelable para ante la Corte Suprema. Encontrándose firme la resolución que 
 acoge la querella, el procedimiento penal continuará de acuerdo a las reglas generales y la jueza 
 o el juez quedará suspendido del ejercicio de sus funciones. 
 
 359.- Artículo 5.- Autonomía financiera. El Sistema Nacional de Justicia gozará de autonomía 
 financiera. Anualmente, se destinarán en la Ley de Presupuestos del Estado los fondos necesarios 
 para su adecuado funcionamiento. 
 
 
 360.- Artículo 6.- Publicidad. Todas las etapas de los procedimientos y las resoluciones 
 judiciales son públicas. Excepcionalmente, la ley podrá establecer su reserva o secreto en casos 
 calificados. 
 
 361.- Artículo 7.- Principio de proximidad e itinerancia. Los tribunales, con la finalidad de 
 garantizar el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, podrán funcionar en localidades 
 situadas fuera de su lugar de asiento, siempre dentro de su territorio jurisdiccional. 
 
 362.- Artículo 8.- De los tribunales. El Sistema Nacional de Justicia está integrado por la justicia 
 vecinal, los tribunales de instancia, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. 
 Todos los tribunales estarán sometidos, a lo menos cada cinco años, a una revisión 
 integral de la gestión por el Consejo de la Justicia, que incluirá audiencias públicas, para 
 determinar su correcto funcionamiento, en conformidad a lo establecido en la Constitución y la 
 ley. Esta revisión, en ningún caso, incluirá las resoluciones judiciales. 
 
 363.- Artículo 9.- Acceso a la justicia intercultural. Es deber del Estado garantizar que los 
 órganos que intervienen en el proceso respeten y promuevan el derecho a acceder a una justicia 
 con perspectiva intercultural. 
 Las personas tienen derecho a una asistencia jurídica especializada, intérpretes, 
 facilitadores interculturales y peritajes consultivos, cuando así lo requieran y no puedan 
 proveérselas por sí mismas. 
 
 364.- Artículo 12.- De la Corte Suprema. La Corte Suprema es un órgano colegiado con 
 jurisdicción en todo el país, que tiene como función velar por la correcta aplicación del derecho 
 y uniformar su interpretación, así como las demás atribuciones que establezca esta Constitución 
 y la ley. 
 Se compondrá de veintiún juezas y jueces y funcionará en pleno o salas 
 especializadas. 
 Sus juezas y jueces durarán en sus cargos un máximo de catorce años, sin posibilidad 
 de reelección. 
 
 La presidencia de la Corte Suprema será ejercida por una persona elegida por sus 
 pares. Durará en sus funciones dos años sin posibilidad de ejercer nuevamente el cargo. Quien 
 ejerza la Presidencia no podrá integrar alguna de las salas. 
 
 365.- Artículo 13.- De las Cortes de Apelaciones. Las Cortes de Apelaciones son órganos 
 colegiados con jurisdicción sobre una región o parte de ella, cuya función principal es resolver 
 las impugnaciones que se interpongan contra resoluciones de los tribunales de instancia, así como 
 las demás competencias que establezca la Constitución y la ley. 
 Funcionarán en pleno o en salas preferentemente especializadas. 
 La presidencia de cada Corte de Apelaciones será́ ejercida por una persona elegida 
 por sus pares. Durará́ en sus funciones dos años 
 
 366.- Artículo 14.- De los Tribunales de Instancia. Son tribunales de instancia los civiles, 
 penales, de ejecución de penas, de familia, laborales, administrativos, ambientales, de 
 competencia común o mixtos, vecinales y demás que establezca la ley. 
 La competencia de estos tribunales y el número de juezas o jueces que los integrarán 
 serán determinados por la ley. 
 
 367.- Artículo 15.- Tribunales administrativos. Los Tribunales Administrativos conocen y 
 resuelven las acciones dirigidas en contra de la Administración del Estado o promovidas por ésta 
 y de las demás materias que establezca la ley. 
 Habrá al menos un Tribunal Administrativo en cada región del país, los que podrán 
 funcionar en salas especializadas. 
 Los asuntos de competencia de estos tribunales no podrán ser sometidos a arbitraje. 
 La ley establecerá un procedimiento unificado, simple y expedito para conocer y 
 resolver tales asuntos. 
 
 
 
 
 § Sistema penitenciario 
 
 368.- Artículo 16.- Establecimientos penitenciarios. Sólo el Estado puede ejecutar el 
 cumplimiento de penas y medidas privativas de libertad, a través de instituciones públicas 
 especialmente establecidas para estos fines. 
 La función establecida en este artículo no podrá ser ejercida por privados. 
 Para la inserción, integración y reparación de las personas privadas de libertad, los 
 establecimientos penitenciarios deben contar con espacios para el estudio, trabajo, deporte, las 
 artes y culturas. 
 En el caso de mujeres embarazadas y madres de lactantes, el Estado adoptará las 
 medidas necesarias tales como infraestructura y equipamiento tanto en el régimen de control 
 cerrado, abierto y post penitenciario. 
 
 369.- Artículo 17.- Principios y deberes. El sistema de cumplimiento de las sanciones penales 
 y de las medidas de seguridad se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos y 
 tendrá como objetivos el cumplimiento de la pena y la integración e inserción social de la persona 
 que cumpla una condena judicial. 
 Es deber del Estado, en su especial posición de garante frente a las personas privadas 
 de libertad, velar por la protección y ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales 
 consagrados en esta Constitución y en los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos 
 humanos. 
 
 370.- Artículo 18.- Tribunales de ejecución de penas. Habrá tribunales de ejecución de penas 
 que velarán por los derechos fundamentales de las personas condenadas o sujetas a medidas de 
 seguridad, conforme a lo reconocido en esta Constitución y los tratados e instrumentos 
 internacionales de derechos humanos, procurando su integración e inserción social. 
 Ejercerán funciones jurisdiccionales en materia de ejecución de penas y medidas de 
 seguridad, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, 
 protección de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y 
 demás que señale la ley. 
 
 
 § Justicia Vecinal 
 
 371.- Artículo 19.- De la justicia vecinal y los juzgados vecinales. La justicia vecinal se 
 compone por los juzgados vecinales y los centros de justicia vecinal. 
 En cada comuna del país que sea asiento de una municipalidad habrá, a lo menos, un 
 juzgado vecinal que ejerce la función jurisdiccional respecto de todas aquellas controversias 
 jurídicas que se susciten a nivel comunal que no sean competencia de otro tribunal y de los demás 
 asuntos que la ley les encomiende, conforme a un procedimiento breve, oral, simple y expedito. 
 
 372.- Artículo 20.- Centros de justicia vecinal. Los centros de justicia vecinal son órganos 
 encargados de promover la solución de conflictos vecinales y de pequeña cuantía dentro de una 
 comunidad determinada por ley, en base al diálogo social, la paz y la participación de las partes 
 involucradas, debiendo priorizar su instalación en zonas rurales y lugares alejados de áreas 
 urbanas. 
 Los centros de justicia vecinal deberán orientar e informar al público en materias 
 jurídicas, haciendo las derivaciones que fuesen necesarias, así como ejercer las demás funciones 
 que la ley les encomiende. 
 La organización, atribuciones, materias y procedimientos que correspondan a los 
 centros de justicia vecinal se regirán por la ley respectiva. 
 
 373.- Artículo 21.- El Sistema de Justicia deberá adoptar todas las medidas para prevenir, 
 sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, disidencias y diversidades sexo genéricas, en 
 todas sus manifestaciones y ámbitos. 
 El Consejo de la Justicia deberá asegurar la formación inicial y capacitación 
 constante de la totalidad de funcionarias y funcionarios y auxiliares de la administración de 
 justicia, con el fin de eliminar estereotipos de género y garantizar la incorporación de la 
 perspectiva de género, el enfoque interseccional y de derechos humanos, sin discriminación en 
 la administración de justicia. 
 
 
 374.- Artículo 22.- Perspectiva interseccional. La función jurisdiccional debe ejercerse bajo un 
 enfoque interseccional, debiendo garantizar la igualdad sustantiva y el cumplimiento de las 
 obligaciones internacionales de derechos humanos en la materia. 
 Este deber resulta extensivo a todo órgano jurisdiccional y auxiliar, funcionarias y 
 funcionarios del Sistema de Justicia, durante todo el curso del proceso y en todas las actuaciones 
 que realicen. Asimismo, los tribunales, cualquiera sea su competencia. 
 
 375.- Artículo 26.- Impugnaciones contra las decisiones de la jurisdicción indígena. La Corte 
 Suprema conocerá y resolverá de las impugnaciones deducidas en contra de la decisiones de la 
 jurisdicción indígena, en sala especializada y asistida por una consejería técnica integrada por 
 expertos en su cultura y derecho propio, en la forma que establezca la ley. 
 
 § Consejo de la Justicia 
 
 376.- Artículo 27.- Consejo de la Justicia. El Consejo de la Justicia es un órgano autónomo, 
 técnico, paritario y plurinacional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad 
 es fortalecer la independencia judicial. Está encargado del nombramiento, gobierno, gestión, 
 formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia. 
 En el ejercicio de sus atribuciones debe considerar el principio de no discriminación, 
 la inclusión, paridad de género, equidad territorial y plurinacionalidad. 
 
 377.- Artículo 28.- Atribuciones del Consejo de la Justicia. Son atribuciones del Consejo de 
 la Justicia: 
 a) Nombrar, previo concurso público y por resolución motivada, todas las juezas, 
 jueces, funcionarias y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia. 
 b) Adoptar las medidas disciplinarias de juezas, jueces, funcionarias y funcionarios 
 del Sistema Nacional de Justicia, incluida su remoción, conforme a lo dispuesto en esta 
 Constitución y la ley. 
 c) Efectuar una revisión integral de la gestión de todos los tribunales del sistema 
 nacional de justicia. En ningún caso incluirá las resoluciones judiciales. 
 
 d) Evaluar y calificar, periódicamente, el desempeño de juezas, jueces, funcionarias 
 y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia. 
 e) Decidir sobre promociones, traslados, permutas y cese de funciones de integrantes 
 del sistema nacional de justicia. 
 f) Definir las necesidades presupuestarias, ejecutar y gestionar los recursos para el 
 adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Justicia. 
 g) Pronunciarse sobre cualquier modificación legal en la organización y atribuciones 
 del sistema nacional de justicia. El Congreso deberá oficiar al Consejo, el que deberá responder 
 dentro treinta días contados desde su recepción. 
 h) Proponer la creación, modificación o supresión de tribunales a la autoridad 
 competente. 
 i) Velar por la habilitación, formación y continuo perfeccionamiento de quienes 
 integran el sistema nacional de justicia. Para estos efectos, la Academia Judicial estará sometida 
 a la dirección del Consejo. 
 j) Dictar instrucciones relativas a la organización y gestión administrativa de los 
 tribunales. Estas instrucciones podrán tener un alcance nacional, regional o local. 
 k) Las demás que encomiende esta Constitución y las leyes. 
 
 378.- Artículo 29.- Composición del Consejo de la Justicia. El Consejo de la Justicia se 
 compone por diecisiete integrantes, conforme a la siguiente integración: 
 a) Ocho integrantes serán juezas o jueces titulares elegidos por sus pares. 
 b) Dos integrantes serán funcionarios o profesionales del Sistema Nacional de 
 Justicia elegidos por sus pares. 
 c) Dos integrantes elegidos por los pueblos indígenas en la forma que determine la 
 Constitución y la ley. 
 d) Cinco integrantes elegidos por el Congreso, previa determinación de las ternas 
 correspondientes por concurso público, a cargo del Consejo de Alta Dirección Pública. 
 Las y los integrantes señalados en la letra c) deberán ser personas de comprobada 
 idoneidad para el ejercicio del cargo y que se hayan destacado en la función pública o social. 
 
 En el caso de la letra d) deberán ser profesionales con a lo menos diez años del título 
 correspondiente, que se hubieren destacado en la actividad profesional, académica o en la función 
 pública. 
 Las y los integrantes durarán seis años en sus cargos y no podrán ser reelegidos, 
 debiendo renovarse por parcialidades cada tres años de conformidad a lo establecido por la ley. 
 Sus integrantes serán elegidos de acuerdo a criterios de paridad de género, 
 plurinacionalidad y equidad territorial. 
 
 379.- Artículo 30.- Funcionamiento del Consejo de la Justicia. El Consejo de la Justicia podrá 
 funcionar en pleno o en comisiones. En ambos casos, tomará sus decisiones por la mayoría de 
 sus integrantes en ejercicio, con las excepciones que establezca esta Constitución. 
 El Consejo se organizará desconcentradamente, en conformidad a lo que establezca 
 la ley. 
 La ley determinará la organización, funcionamiento, procedimientos de elección de 
 integrantes del Consejo y fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto de su personal. 
 
 380.- Artículo 31.- Inhabilidades e incompatibilidades. Las y los consejeros no podrán ejercer 
 otra función o empleo, sea o no remunerado, con exclusión de las actividades académicas. 
 Tampoco podrán concursar para ser designados en cargos judiciales hasta transcurrido un año 
 desde que cesen en sus funciones. La ley podrá establecer otras incompatibilidades en el ejercicio 
 del cargo. 
 Las y los consejeros indicados en las letras a y b del artículo sobre Composición del 
 Consejo de la Justicia se entenderán suspendidos del ejercicio de su función mientras dure su 
 cometido en el Consejo. 
 
 381.- Artículo 32.- Sobre las causales de cesación de quienes integran el Consejo de la 
 Justicia. Las y los integrantes del Consejo cesarán en su cargo al término de su período, por 
 cumplir setenta años de edad, por remoción, renuncia, incapacidad física o mental sobreviniente 
 o condena por delito que merezca pena aflictiva. 
 Tanto la renuncia como la incapacidad sobreviniente deberá ser aceptada por el 
 Consejo. 
 
 El proceso de remoción será determinado por la ley, respetando todas las garantías 
 de un debido proceso. 
 
 382.- Artículo 33.- De los nombramientos judiciales. El Consejo efectuará los nombramientos 
 mediante concursos públicos regulados por la ley, los que incluirán audiencias públicas. 
 Para acceder a un cargo de juez o jueza dentro del Sistema Nacional de Justicia se 
 requerirá haber aprobado el curso de habilitación de la Academia Judicial para el ejercicio de la 
 función jurisdiccional, contar con tres años de ejercicio de la profesión de abogado o abogada 
 para el caso de tribunales de instancia, cinco años para el caso de las Cortes de Apelaciones y 
 veinte años para el caso de la Corte Suprema y los demás requisitos que establezca la 
 Constitución y la ley. 
 
 383.- Artículo 34.- Potestad disciplinaria. Los procedimientos disciplinarios serán conocidos 
 y resueltos por una comisión compuesta por cinco integrantes del Consejo elegidos por sorteo, 
 decisión que será revisable por su Pleno a petición del afectado. 
 La resolución del Consejo que ponga término al procedimiento será impugnable ante 
 el órgano que establezca la Constitución. 
 Las decisiones adoptadas conforme a los incisos anteriores, no podrán ser revisadas 
 ni impugnadas ante otros órganos del Sistema Nacional de Justicia. 
 ********* 
 
 § Justicia Ambiental 
 
 384.- Artículo 1.- Tribunales ambientales. Los Tribunales Ambientales conocerán y resolverán 
 sobre la legalidad de los actos administrativos en materia ambiental, de la acción de tutela de 
 derechos fundamentales ambientales y de los derechos de la Naturaleza, la reparación por daño 
 ambiental y las demás que señale la Constitución y la ley. 
 Las acciones para impugnar la legalidad de los actos administrativos que se 
 pronuncien sobre materia ambiental, podrán interponerse directamente a los Tribunales 
 Ambientales, sin que pueda exigirse el agotamiento previo de la vía administrativa. 
 Habrá al menos un Tribunal Ambiental en cada región del país. 
 
 La ley regulará la integración, competencia y demás aspectos que sean necesarios 
 para su adecuado funcionamiento. 
 En el caso de actos de la administración que decidan un proceso de evaluación 
 ambiental y de la solicitud de medidas cautelares no se podrá exigir el agotamiento de la vía 
 administrativa para acceder a la justicia ambiental. 
 
 385.- Artículo 2.- Principio de paridad en órganos autónomos. Todos los órganos autónomos 
 se rigen por el principio de paridad. Se promueve la implementación de medidas de acción 
 afirmativa, asegurando que, al menos, el cincuenta por ciento de su integración sean mujeres. 
 
 Capítulo.- Ministerio Público 
 
 386.- Artículo 3.- Del Ministerio Público. El Ministerio Público es un organismo autónomo y 
 jerarquizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene como función dirigir en 
 forma exclusiva la investigación de los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, los que 
 determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado. Ejercerá la 
 acción penal pública en representación exclusiva de la sociedad, en la forma prevista por la ley.  
 En dichas funciones deberá velar por el respeto y promoción de los derechos 
 humanos, considerando también los intereses de la víctima, respecto de quienes deberá adoptar 
 todas aquellas medidas que sean necesarias para protegerlas, al igual que a los testigos.  
 La facultad exclusiva de ciertos órganos de la administración para presentar 
 denuncias y querellas, no impedirá que el Ministerio Público investigue y ejerza la acción penal 
 pública, en el caso de delitos que atenten en contra de la probidad, el patrimonio público o 
 lesionen bienes jurídicos colectivos. 
 En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales.   
 La víctima del delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer 
 igualmente la acción penal. 
 El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y 
 Seguridad Pública para el ejercicio de sus funciones, en cuyo caso podrá además participar, tanto 
 en la fijación de metas y objetivos, como en la evaluación del cumplimiento de estas órdenes, 
 metas y objetivos. La autoridad policial requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes 
 
 y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición, 
 a menos que ésta sea verbal, de la autorización judicial. 
 Las actuaciones que amenacen, priven o perturben al imputado o a terceros del 
 ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, requerirán siempre de autorización 
 judicial previa y motivada. 
 
 387.- Artículo 4.- De la organización y atribuciones del Ministerio Público. Una ley 
 determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y 
 requisitos que deberán tener y cumplir las y los fiscales para su nombramiento y las causales de 
 su remoción. Los fiscales cesarán en su cargo al cumplir los 70 años. 
 Las autoridades superiores de la institución deberán siempre fundar aquellas órdenes 
 e instrucciones dirigidas a los fiscales que puedan afectar una investigación o el ejercicio de la 
 acción penal. 
 Las y los fiscales y funcionarios tendrán un sistema de promoción y ascenso que 
 garantice una carrera que permita fomentar la excelencia técnica y la acumulación de experiencia 
 en las funciones que éstos desempeñan. 
 
 388.- Artículo 5.- De las Fiscalías Regionales. Existirá una Fiscalía Regional en cada región 
 del país, sin perjuicio que la ley podrá establecer más de una por región.  
 Las y los fiscales regionales deberán haberse desempeñado como fiscales adjuntos 
 durante cinco o más años, no haber ejercido como fiscal regional, haber aprobado cursos de 
 formación especializada y poseer las demás calidades que establezca la ley.   
 Durarán cuatro años y una vez concluida su labor, podrán retornar a la función que 
 ejercían en el Ministerio Público. No podrán ser reelectos ni postular nuevamente al cargo de 
 fiscal regional. 
 
 389.- Artículo 6.- Dirección del Ministerio Público. La dirección superior del Ministerio 
 Público reside en la o el Fiscal Nacional, quien durará seis años en el cargo, sin reelección. 
 La o el Fiscal Nacional será nombrado por la mayoría de las y los integrantes del 
 Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta, a partir de 
 
 una terna propuesta por la o el Presidente de la República, quien contará con la asistencia técnica 
 del Consejo de la Alta Dirección Pública, conforme al procedimiento que determine la ley. 
 Corresponderá al Fiscal Nacional: 
 a) Dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité del Ministerio Público. 
 b) Representar a la institución ante los demás órganos del Estado. 
 c) Impulsar la ejecución de la política de persecución penal en el país. 
 d) Determinar la política de gestión profesional de las y los funcionarios del 
 Ministerio Público. 
 e) Presidir el Comité del Ministerio Público.   
 f) Designar a los fiscales regionales, a partir de una terna elaborada por la Asamblea 
 Regional respectiva. 
 g) Designar a los fiscales adjuntos, a partir de una terna elaborada por el Comité del 
 Ministerio Público. 
 h) Las demás atribuciones que establezca la Constitución y la ley. 
 
 390.- Artículo 7°.- De los requisitos para el cargo de Fiscal Nacional. La o el Fiscal Nacional 
 debe tener a lo menos quince años de título de abogado, tener ciudadanía con derecho a sufragio 
 y contar con comprobadas competencias para el cargo. 
 
 391.- Artículo 8.- Atribuciones del Comité del Ministerio Público. Son atribuciones del 
 Comité del Ministerio Público las siguientes:  
 a) Asesorar al Fiscal Nacional en la dirección del organismo, velando por el 
 cumplimiento de sus objetivos. 
 b) Evaluar y calificar permanentemente el desempeño de las y los funcionarios del 
 Ministerio Público. 
 c) Ejercer la potestad disciplinaria respecto de las y los funcionarios del Ministerio 
 Público, en conformidad a la ley. 
 d) Designar al Director Ejecutivo Nacional.  
 e) Proponer al Fiscal Nacional las ternas para el nombramiento de los fiscales 
 adjuntos.  
 f) Las demás atribuciones que establezca la Constitución y la ley. 
 
 
 392.-Artículo 10.- Del Comité del Ministerio Público. Existirá un Comité del Ministerio 
 Público, integrado por las y los fiscales regionales y la o el Fiscal Nacional, quien lo presidirá.  
 El Comité deberá fijar la política de persecución penal y los criterios de actuación 
 para el cumplimiento de dichos objetivos, debiendo siempre velar por la transparencia y 
 objetividad, resguardando los intereses de la sociedad y el respeto de los derechos humanos. 
 
 393.- Artículo 11.- Fiscales adjuntos del Ministerio Público. Existirán fiscales adjuntos del 
 Ministerio Público quienes ejercerán su labor en los casos específicos que se les asignen, 
 conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes. 
 
 394.- Artículo 12.- De la rendición de cuentas. La o el Fiscal Nacional y las y los fiscales 
 regionales deberán rendir, anualmente, una cuenta pública de su gestión. En el caso de la o el 
 Fiscal Nacional se rendirá la cuenta ante el Congreso, y en el caso de las y los fiscales regionales 
 ante la Asamblea Regional respectiva. 
 
 395.- Artículo 12 bis.- Remoción. El Fiscal Nacional y los fiscales regionales serán removidos 
 por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, del Congreso de Diputadas 
 y Diputados, o de diez de sus miembros, por incapacidad, falta grave a la probidad o negligencia 
 manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en pleno especialmente 
 convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de 
 sus miembros en ejercicio. 
 La remoción de los fiscales regionales también podrá ser solicitada por el o la Fiscal 
 Nacional. 
 
 § Derecho a un proceso con las debidas garantías 
 
 396.- Artículo 13.- Derecho a un proceso con las debidas garantías. Toda persona tiene 
 derecho a un proceso razonable y justo, en que se salvaguarden las garantías que se señalan en 
 esta Constitución, sin perjuicio de las que se establezcan en la ley y en los tratados internacionales 
 que se encuentren vigentes y hayan sido ratificados por Chile. 
 
 Dicho proceso se realizará ante el tribunal competente, independiente e imparcial, 
 establecido con anterioridad por la ley.  
 Toda persona tiene derecho a ser oída y juzgada en igualdad de condiciones y dentro 
 de un plazo razonable.  
 Las sentencias serán fundadas, asegurando la existencia de un recurso adecuado y 
 efectivo ante el tribunal que determine la ley. 
 Toda persona tiene derecho a defensa jurídica y ninguna autoridad o individuo podrá 
 impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado. 
 
 397.- Artículo 13 bis.- Del principio de legalidad de los procedimientos. Los procedimientos 
 judiciales serán establecidos por ley. 
 
 398.- Artículo 13 ter.- La Constitución asegura la asistencia y ajustes de procedimientos 
 necesarios y adecuados a la edad o discapacidad de las personas, según corresponda, a fin de 
 poder de que ellas puedan intervenir debidamente en el proceso. 
 
 399.- Artículo 14.- Garantías procesales penales. Toda persona tiene derecho a las siguientes 
 garantías procesales penales mínimas:  
 a) A que toda actuación de la investigación o procedimiento que le prive, restrinja o 
 perturbe el ejercicio de los derechos que asegura la Constitución, requiere previa autorización 
 judicial. 
 b) A conocer los antecedentes de la investigación seguida en su contra, salvo las 
 excepciones que la ley señale. 
 c) A que se presuma su inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme 
 dictada en su contra.  
 d) A que no se presuma de derecho la responsabilidad penal.  
 e) A ser informada, sin demora y en forma detallada, de sus derechos y causa de la 
 investigación seguida en su contra.  
 f) A guardar silencio ni a ser obligada a declarar contra sí misma o reconocer su 
 responsabilidad. No podrán ser obligados a declarar en contra del imputado sus ascendientes, 
 descendientes, cónyuge, conviviente civil y demás personas que señale la ley.  
 
 g) A que su libertad sea la regla general. Las medidas cautelares personales son 
 excepcionales, temporales y proporcionales, debiendo la ley regular los casos de procedencia y 
 requisitos.  
 h) A no ser sometida a un nuevo procedimiento, investigación o persecución penal 
 por el mismo hecho respecto del cual haya sido condenada, absuelta o sobreseída definitivamente 
 por sentencia ejecutoriada. 
 i) A ser sancionada de forma proporcional a la infracción cometida. 
 j) A que no se le imponga la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso 
 en los casos establecidos por las leyes.  
 k) A que no se le imponga como pena la pérdida de los derechos previsionales. 
 l) A que la detención o la internación de una o un adolescente se utilice sólo de forma 
 excepcional, durante el período más breve que proceda y conforme a lo establecido en esta 
 Constitución, la ley y los tratados internacionales de derechos humanos. 
 
 400.- Artículo 16.- Del principio de legalidad de los delitos y las penas. Ninguna persona 
 podrá ser condenada por acciones u omisiones que al producirse no constituyan delito, según la 
 legislación vigente en aquel momento. 
 Ningún delito se castigará con otra pena que la señalada por una ley que haya entrado 
 en vigencia con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al imputado. 
 Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté descrita 
 de manera clara y precisa en ella. 
 Lo establecido en este artículo también será aplicable a las medidas de seguridad. 
 
 § Derecho a asesoría jurídica gratuita 
 
 401.- Artículo 17.- Derecho a la asesoría jurídica gratuita. Toda persona tiene derecho a la 
 asesoría jurídica gratuita en los casos y en la forma que establezca la Constitución y la ley. 
 El Estado asegura la asesoría jurídica gratuita e integra por parte de abogadas y 
 abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, a toda persona que no pueda obtenerla por 
 sí misma. 
 
 
 402.- Artículo 18.- Es deber del Estado otorgar asistencia jurídica especializada para la 
 protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando estos 
 han sido sujetos de medidas de protección, procurando crear todas las condiciones necesarias 
 para el resguardo de sus derechos. 
 
 403.- Artículo 19.- Servicio Integral de Acceso a la Justicia. Un organismo desconcentrado de 
 carácter técnico, denominado Servicio Integral de Acceso a la Justicia, tendrá por función prestar 
 asesoría, defensa y representación letrada de calidad a las personas, así como también brindar 
 apoyo profesional de tipo psicológico y social en los casos que corresponda. 
 La ley determinará la organización, áreas de atención, composición y planta de 
 personal del Servicio Integral de Acceso a la Justicia, considerando un despliegue 
 territorialmente desconcentrado. 
 
 Capítulo.- Defensoría Penal Pública 
 
 404.- Artículo 20.- De la Defensoría Penal Pública. La Defensoría Penal Pública es un 
 organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por función 
 proporcionar defensa penal a los imputados por hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, 
 que deban ser conocidos por los tribunales con competencia en lo penal, desde la primera 
 actuación de la investigación dirigida en su contra y hasta la completa ejecución de la pena que 
 le haya sido impuesta, y que carezcan de defensa letrada. 
 En las causas en que intervenga la Defensoría Penal Pública, podrá concurrir ante los 
 organismos internacionales de derechos humanos. 
 La ley determinará la organización y atribuciones de la Defensoría Penal Pública, 
 debiendo garantizarse su independencia externa. 
 
 405.- Artículo 21.- De la defensa penal pública. La función de defensa penal pública será 
 ejercida por defensoras y defensores penales públicos.  
 Los servicios de defensa jurídica que preste la Defensoría Penal Pública no podrán 
 ser licitados o delegados en abogados particulares, sin perjuicio de la contratación excepcional 
 que pueda realizar en los casos y forma que establezca la ley. 
 
 
 406.- Artículo 22.- Dirección de la Defensoría Penal Pública. La dirección superior de la 
 Defensoría Penal Pública será ejercida por la o el Defensor Nacional, quien durará seis años en 
 su cargo, sin reelección. 
 La Defensora o Defensor Nacional será nombrado por la mayoría de las y los 
 integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión 
 conjunta, a partir de una terna propuesta por la o el Presidente de la República, conforme al 
 procedimiento que determine la ley. 
 
 Capítulo.- Defensoría del Pueblo. 
 
 407.- Artículo 26.- De la Defensoría del Pueblo. Un organismo autónomo, con personalidad 
 jurídica y patrimonio propio, denominada Defensoría del Pueblo, tendrá por finalidad la 
 promoción y protección de los derechos humanos asegurados en esta Constitución, en los tratados 
 internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, así como los emanados de los 
 principios generales del derecho y de las normas imperativas reconocidas por el derecho 
 internacional, ante los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de 
 entidades privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública, en la forma que 
 establezca la ley. 
 La Defensoría del Pueblo tendrá defensorías regionales, que funcionarán en forma 
 desconcentrada, en conformidad a lo que establezca su ley. 
 La ley determinará las atribuciones, organización, funcionamiento y procedimientos 
 de la Defensoría del Pueblo. 
 
 408.- Artículo 27.- (Inciso primero) Atribuciones de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría 
 del Pueblo tendrá las siguientes atribuciones: 
 1. Fiscalizar a los órganos del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en 
 materia de derechos humanos. 
 2. Formular recomendaciones en las materias de su competencia. 
 
 3. Realizar acciones de seguimiento y monitoreo respecto de las recomendaciones 
 formuladas por los organismos internacionales en materia de derechos humanos y de las 
 sentencias dictadas contra el Estado de Chile por tribunales internacionales de derechos humanos. 
 4. Tramitar y hacer seguimiento de los reclamos sobre vulneraciones de derechos 
 humanos, y derivar en su caso. 
 5. Deducir acciones y recursos que esta Constitución y las leyes establecen, cuando 
 se identifiquen patrones de violación de derechos humanos. 
 6. Interponer acciones constitucionales y legales ante los tribunales de justicia 
 respecto de hechos que revistan carácter de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de 
 guerra, tortura, desaparición forzada de personas, trata de personas y demás que establezca la ley. 
 7. Custodiar y preservar los antecedentes reunidos por comisiones de verdad, justicia, 
 reparación y garantías de no repetición. 
 8. Recomendar la presentación de proyectos de ley en materias de su competencia. 
 9. Las demás que le encomiende la Constitución y la ley. 
 Todo órgano deberá colaborar con los requerimientos de la Defensoría del Pueblo, 
 pudiendo acceder a la información necesaria, y constituirse en dependencias de los órganos 
 objeto de fiscalización, en conformidad a la ley. 
 Durante los estados de excepción constitucional la Defensoría del Pueblo ejercerá 
 plenamente sus atribuciones. 
 
 409.- Artículo 28.- Organización de la Defensoría del Pueblo. La dirección de la Defensoría 
 del Pueblo estará a cargo de una Defensora o Defensor del Pueblo, quien será designado por la 
 mayoría de las y los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las 
 Regiones, en sesión conjunta, a partir de una terna elaborada por las organizaciones sociales y de 
 derechos humanos, en la forma que determine la ley. 
 Existirá un Consejo de la Defensoría del Pueblo, cuya composición, funcionamiento 
 y atribuciones será determinado por la ley. 
 Las personas propuestas por las organizaciones deberán cumplir los requisitos de 
 comprobada idoneidad y trayectoria en la defensa de los derechos humanos. 
 La Defensora o el Defensor del Pueblo durará un período de seis años en el ejercicio 
 del cargo, sin posibilidad de reelección. Al cesar su mandato y durante los dieciocho meses 
 
 siguientes, no podrá optar a ningún cargo de elección popular ni de exclusiva confianza de alguna 
 autoridad. 
 Gozará de inamovilidad en su cargo y será inviolable en el ejercicio de sus 
 atribuciones. Cesará en su cargo por cumplimento de su periodo, por condena por crimen o 
 simple delito, renuncia, enfermedad incompatible con el ejercicio de la función y por remoción. 
 Podrá ser removido por la Corte Suprema, por notable abandono de deberes, en la forma que 
 establezca la ley. 
 
 410.- Artículo 29.- Existirá un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio 
 propio, denominado Defensoría de los Derechos de la Niñez, que tendrá por objeto la difusión, 
 promoción y protección de los derechos de que son titulares los niños, en conformidad a la 
 Constitución Política de la República, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a los demás 
 tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, así como a la 
 legislación nacional, velando por su interés superior. La ley determinará la organización, 
 funciones, financiamiento y atribuciones de la Defensoría de los Derechos de la Niñez. 
 
 Capítulo.- Defensoría de la Naturaleza 
 
 411.- Artículo 30.- La Defensoría de la Naturaleza. Un organismo autónomo, con personalidad 
 jurídica y patrimonio propio, denominada Defensoría de la Naturaleza, tendrá por finalidad la 
 promoción y protección de los derechos de la naturaleza y de los derechos ambientales 
 asegurados en esta Constitución, en los tratados internacionales ambientales ratificados por 
 Chile, frente los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de entidades 
 privadas. 
 La Defensoría de la Naturaleza tendrá defensorías regionales, que funcionarán en 
 forma desconcentrada, en conformidad a lo que establezca su ley. 
 La ley determinará las atribuciones, organización, funcionamiento y procedimientos 
 de la Defensoría de la Naturaleza. 
 
 412.- Artículo 31.- Atribuciones de la Defensoría de Naturaleza. La Defensoría de la 
 Naturaleza tendrá las siguientes atribuciones: Fiscalizar a los órganos del Estado en el 
 
 cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos ambientales y derechos de la 
 Naturaleza; formular recomendaciones en las materias de su competencia; tramitar y hacer 
 seguimiento de los reclamos sobre vulneraciones de derechos ambientales y derivar en su caso; 
 deducir acciones constitucionales y legales, cuando se vulneren derechos ambientales y de la 
 naturaleza, y las demás que le encomiende la Constitución y la ley. 
 
 413.- Artículo 32.- Dirección de la Defensoría de la Naturaleza. La dirección de la Defensoría 
 de la Naturaleza estará a cargo de una Defensora o Defensor de la Naturaleza, quien será 
 designado por la mayoría de las y los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y de la 
 Cámara de las Regiones, en sesión conjunta, a partir de una terna elaborada por las 
 organizaciones ambientales de la sociedad civil, en la forma que determine la ley. 
 
 414.- Artículo 35.- Agencia Nacional del Agua. La Agencia Nacional del Agua es un órgano 
 autónomo, 
 con 
 personalidad 
 jurídica 
 y 
 patrimonio 
 propio, 
 que 
 se 
 organizará 
 desconcentradamente, cuya finalidad es asegurar el uso sostenible del agua, para las generaciones 
 presentes y futuras, el acceso al derecho humano al agua y al saneamiento y la conservación y 
 preservación de sus ecosistemas asociados. Para ello, se encargará de recopilar información, 
 coordinar, dirigir y fiscalizar la actuación de los órganos del Estado con competencias en materia 
 hídrica y de los particulares en su caso. 
 Entre las demás funciones que determine la ley, la Agencia Nacional del Agua deberá 
 liderar y coordinar a los organismos con competencia en materia hídrica; velar por el 
 cumplimiento de la Política Hídrica Nacional que establezca la autoridad respectiva; otorgar, 
 revisar, modificar, caducar o revocar autorizaciones administrativas sobre las aguas; implementar 
 y monitorear los instrumentos de gestión y protección ambiental establecidos en ella; coordinar 
 y elaborar un sistema unificado de información de carácter público; e impulsar la constitución de 
 organismos a nivel de cuencas, a quienes prestará asistencia, para que realicen la gestión 
 integrada, gobernanza participativa y planificación de las intervenciones en los cuerpos de agua 
 y los ecosistemas asociados a la o las respectivas cuencas. 
 Deberá fiscalizar el uso responsable y sostenible del agua y aplicar las sanciones 
 administrativas que correspondan. Podrá determinar la calidad de los servicios sanitarios, así 
 como las demás que señale la ley.   
 
 Las sanciones impuestas por la agencia podrán ser reclamadas ante los tribunales de 
 justicia. 
 
 415.- Artículo 35 bis.- De la coordinación de la Autoridad Nacional del Agua. La ley regulará 
 las instancias de coordinación entre la Autoridad Nacional del Agua y el Ejecutivo, 
 especialmente respecto de la Política Nacional Hídrica, así también la organización, designación, 
 estructura, funcionamiento, y demás funciones y competencias de la Autoridad Nacional, como 
 de los organismos de cuenca. 
 
 Capítulo.- Banco Central. 
 
 416.- Artículo 37.- Del Banco Central. El Banco Central es un órgano autónomo con 
 personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, encargado de formular y conducir 
 la política monetaria.  
 La ley regulará su organización, atribuciones y sistemas de control, así como la 
 determinación de instancias de coordinación entre el Banco y el Gobierno. 
 
 417.- Artículo 38.- Objeto del Banco Central. Le corresponderá en especial al Banco Central, 
 para contribuir al bienestar de la población, velar por la estabilidad de los precios y el normal 
 funcionamiento de los pagos internos y externos. 
 Para el cumplimiento de sus objetivos, el Banco Central deberá considerar la 
 estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, el cuidado del 
 medioambiente y patrimonio natural y los principios que señale la Constitución y la ley. 
 El Banco, al adoptar sus decisiones, deberá tener presente la orientación general de 
 la política económica del gobierno. 
 
 418.- Artículo 39.- Atribuciones del Banco Central. Son atribuciones del Banco Central la 
 regulación de la cantidad de dinero y de crédito en circulación, la ejecución de operaciones de 
 crédito y cambios internacionales, como, asimismo, la dictación de normas en materia monetaria, 
 crediticia, financiera y de cambios internacionales, y las demás que establezca la ley. 
 
 
 419.- Artículo 40.- De las limitaciones. El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con 
 instituciones financieras, sean éstas públicas o privadas. De ninguna manera podrá otorgar a ellas 
 su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.  
 Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos e indirectos 
 del Banco Central.  
 Sin perjuicio de lo anterior, en situaciones excepcionales y transitorias en las que así 
 lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, el Banco 
 Central podrá comprar durante un período determinado y vender en el mercado secundario 
 abierto, instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, en conformidad a la ley. 
 
 420.- Artículo 41.- Rendición de cuentas. El Banco rendirá cuenta periódicamente al Congreso 
 sobre la ejecución de las políticas a su cargo, respecto de las medidas y normas generales que 
 adopte en el ejercicio de sus funciones y atribuciones y sobre los demás asuntos que se le soliciten 
 mediante informes u otros mecanismos que determine la ley. 
 
 421.- Artículo 42.- Del Consejo del Banco Central. La dirección y administración superior del 
 Banco estará a cargo de un Consejo, al que le corresponderá cumplir las funciones y ejercer las 
 atribuciones que señale la Constitución y la ley. 
 El Consejo estará integrado por siete consejeras y consejeros designados por la o el 
 Presidente de la República, con acuerdo de la mayoría de las y los integrantes del Congreso de 
 las Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, en sesión conjunta.  
 Durarán en el cargo por un período de diez años, no reelegibles, renovándose por 
 parcialidades en conformidad a la ley. 
 Las y los consejeros del Banco Central deben ser profesionales de comprobada 
 idoneidad y trayectoria en materias relacionadas con las competencias de la institución. 
 La o el Presidente del Consejo, que lo será también del Banco, será designado por la 
 o el Presidente de la República de entre las y los integrantes del Consejo, y durará cinco años en 
 este cargo o el tiempo menor que le reste como consejero, pudiendo ser reelegido para un nuevo 
 periodo. 
 La 
 ley 
 determinará 
 los 
 requisitos, 
 responsabilidades, 
 inhabilidades 
 e 
 incompatibilidades para las y los consejeros del Banco. 
 
 
 422.- Artículo 43.- Responsabilidad de las y los consejeros del Banco Central. Las y los 
 integrantes del Consejo podrán ser destituidos de sus cargos por resolución de la mayoría de los 
 integrantes del pleno de la Corte Suprema, previo requerimiento de la mayoría de quienes ejerzan 
 como consejeros, de la o el Presidente de la República, de la mayoría de los integrantes del 
 Congreso de Diputadas y Diputados o de la Cámara de las Regiones, conforme al procedimiento 
 que establezca la ley.  
 La remoción sólo podrá fundarse en la circunstancia de que el consejero afectado 
 hubiere realizado actos graves en contra de la probidad pública, o haber incurrido en alguna de 
 las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en la Constitución o la ley, o haya concurrido 
 con su voto a decisiones que afectan gravemente la consecución del objeto del Banco.   
 La persona destituida no podrá ser designada nuevamente como integrante del 
 Consejo, ni ser funcionaria o funcionario del Banco Central o prestarle servicios, sin perjuicio de 
 las demás sanciones que establezca la ley. 
 
 423.- Artículo 44.- Inhabilidades e incompatibilidades de consejeras y consejeros. No podrán 
 integrar el Consejo quienes en los doce meses anteriores a su designación hayan participado en 
 la propiedad o ejercido como director, gerente o ejecutivo principal de una empresa bancaria, 
 administradora de fondos, o cualquiera otra que preste servicios de intermediación financiera, sin 
 perjuicio de las demás inhabilidades que establezca la ley.  
 Una vez que hayan cesado en sus cargos, los integrantes del Consejo tendrán la 
 misma incompatibilidad por un periodo de doce meses. 
 
 Capítulo.- Contraloría General de la República. 
 
 424.- Artículo 45.- De la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la 
 República es un órgano técnico, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
 encargada de velar por el cumplimiento del principio de probidad en la función pública, ejercer 
 el control de constitucionalidad y legalidad de los actos de la Administración del Estado, 
 incluidos los gobiernos regionales, locales y demás entidades, organismos y servicios que 
 determine la ley.  
 
 Estará encargado de fiscalizar y auditar el ingreso, cuentas y gastos de los fondos 
 públicos.  
 En el ejercicio de sus funciones, no podrá evaluar los aspectos de mérito o 
 conveniencia de las decisiones políticas o administrativas.  
 La ley establecerá la organización, funcionamiento, planta, procedimientos y demás 
 atribuciones de la Contraloría General de la República. 
 
 425.- Artículo 46.- De la dirección de la Contraloría General de la República. La dirección 
 de la Contraloría General de la República estará a cargo de una Contralora o Contralor General, 
 quien será designado por la o el Presidente de la República, con acuerdo de la mayoría de las y 
 los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, en sesión 
 conjunta. 
 La Contralora o Contralor General durará en su cargo por un plazo de ocho años, sin 
 posibilidad de reelección. 
 Un Consejo de la Contraloría, cuya conformación y funcionamiento determinará la 
 ley, aprobará anualmente el programa de fiscalización y auditoría de servicios públicos, 
 determinando servicios o programas que, a su juicio, deben necesariamente ser incluidos en el 
 programa referido. 
 Los dictámenes que modifican la jurisprudencia administrativa de la Contraloría, 
 deberán ser consultados ante el Consejo. 
 
 426.- Artículo 47.- Del control de constitucionalidad y legalidad de la Contraloría. En el 
 ejercicio del control de constitucionalidad y legalidad, la Contraloría General tomará razón de 
 los decretos, resoluciones y otros actos administrativos o representará su ilegalidad. Sin embargo, 
 deberá darles curso cuando la o el Presidente de la República insista con la firma de todos sus 
 Ministros, debiendo enviar copia de los respectivos decretos al Congreso.   
 En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el límite señalado en 
 la Constitución o la ley y remitirá copia íntegra de los antecedentes al Congreso. 
 Tratándose de la representación por inconstitucionalidad no procederá insistencia y 
 el pronunciamiento de la Contraloría será reclamable ante la Corte Constitucional. 
 
 Además, le corresponderá tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo 
 representarlos, cuando ellos excedan o contravengan la respectiva ley delegatoria.  
 Respecto de los decretos, resoluciones y otros actos administrativos de entidades 
 territoriales que, de acuerdo a la ley, deban tramitarse por la Contraloría, la toma de razón 
 corresponderá a la respectiva contraloría regional. Los antecedentes que debieran remitirse, en 
 su caso, lo serán a la correspondiente asamblea regional. 
 
 427.- Artículo 48.- De la potestad para emitir dictámenes y la facultad fiscalizadora de la 
 Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República podrá emitir 
 dictámenes obligatorios para toda autoridad, funcionario o trabajador de cualquier órgano 
 integrante de la Administración del Estado, de las regiones y de las comunas, incluyendo los 
 directivos de empresas públicas o sociedades en las que tenga participación una entidad estatal o 
 cualquier otra entidad territorial.  
 Los órganos de la Administración del Estado, los Gobiernos Regionales y locales, 
 órganos autónomos, empresas públicas, sociedades en que el Estado tenga participación, 
 personas jurídicas que dispongan de recursos fiscales o administren bienes públicos, y los demás 
 que defina la ley, estarán sujetos a la fiscalización y auditorías de la Contraloría General de la 
 República. La ley regulará el ejercicio de estas potestades fiscalizadoras y auditoras. 
 
 428.- Artículo 49.- De las Contralorías Regionales. La Contraloría General de la República 
 funcionará desconcentradamente en cada una de las regiones del país mediante Contralorías 
 Regionales.  
 La dirección de cada contraloría regional estará a cargo de una o un Contralor 
 Regional, designado por la o el Contralor General de la República.  
 En el ejercicio de sus funciones deberán mantener la unidad de acción, con el fin de 
 aplicar un criterio uniforme en todo el territorio del país.   
 La ley determinará las demás atribuciones de las Contralorías Regionales y regulará 
 su organización y funcionamiento. 
 Respecto de las entidades territoriales, a través de las Contralorías Regionales, 
 controlará la legalidad de su actividad financiera, la gestión y los resultados de la administración 
 de los recursos públicos. 
 
 
 429.- Artículo 50.- Condición para el pago de las Tesorerías del Estado. Las Tesorerías del 
 Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por 
 autoridad competente, en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto. 
 Los pagos se efectuarán considerando, además, el orden cronológico establecido en ella y previa 
 refrendación presupuestaria del documento que ordene el pago. 
 
 Capítulo.- Tribunales Electorales y Servicio Electoral. 
 
 § Servicio Electoral. 
 
 430.- Artículo 52.- Del Servicio Electoral. Un organismo autónomo, con personalidad jurídica 
 y patrimonio propio, denominado Servicio Electoral, ejercerá la administración, supervigilancia 
 y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios, del cumplimiento de las normas sobre 
 transparencia, límite y control del gasto electoral, de las normas sobre organizaciones políticas, 
 de las normas relativas a mecanismos de democracia directa y participación ciudadana, así como 
 las demás funciones que señale la Constitución y la ley. 
 En lo referente a la democracia participativa y los mecanismos consagrados en esta 
 Constitución, será función del Servicio Electoral promover la información, educación y 
 participación ciudadana y/o electoral en relación a tales procesos, en colaboración con otros 
 organismos del Estado y la sociedad civil. Así también deberá velar por la implementación y la 
 recta ejecución de estos mecanismos. 
 La dirección superior del Servicio Electoral corresponderá a un Consejo Directivo, 
 el que ejercerá de forma exclusiva las atribuciones que le encomienden la Constitución y las 
 leyes.  
 Dicho Consejo estará integrado por cinco consejeras y consejeros designados por la 
 o el Presidente de la República, con acuerdo de la mayoría de las y los integrantes del Congreso 
 de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones en sesión conjunta.  
 Las y los consejeros durarán ocho años en sus cargos, no podrán ser reelegidos y se 
 renovarán por parcialidades cada cuatro años.  
 
 Las y los consejeros sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento 
 de la o el Presidente de la República, de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del 
 Congreso de Diputadas y Diputados o de la Cámara de las Regiones, por infracción grave a la 
 Constitución o a las leyes, incapacidad legal sobreviniente, mal comportamiento o negligencia 
 manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en pleno especialmente 
 convocado al efecto y, para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de 
 sus juezas y jueces. 
 
 § Tribunales Electorales 
 
 431.- Artículo 53.- Del Tribunal Calificador de Elecciones. El Tribunal Calificador de 
 Elecciones conocerá del escrutinio general y de la calificación de las elecciones de las autoridades 
 electas por votación popular a nivel nacional, resolverá las reclamaciones que se suscitaren y 
 proclamará a los que resulten elegidas y elegidos. 
 Además, conocerá y resolverá los reclamos administrativos que se entablen contra 
 actos del Servicio Electoral y las decisiones emanadas de tribunales supremos u órganos 
 equivalentes de las organizaciones políticas.  
 También conocerá y resolverá sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales 
 de cesación en el cargo de diputadas y diputados del Congreso o los representantes regionales. 
 De igual manera, calificará la renuncia de éstos, cuando les afecte una enfermedad grave, 
 debidamente acreditada, que les impida desempeñar el cargo. 
 Dicho Tribunal conocerá, asimismo, de los plebiscitos nacionales, y tendrá las demás 
 atribuciones que determine la ley.  
 El Tribunal valorará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. 
 Estará constituido por cinco juezas y jueces, designados por el Consejo de la Justicia, 
 los cuales deberán postular en la forma y oportunidad que determine la ley respectiva.  
 Las juezas y los jueces del Tribunal Calificador de Elecciones durarán seis años en 
 sus funciones.  
 Una ley regulará la organización y funcionamiento del Tribunal Calificador de 
 Elecciones, planta, remuneraciones y estatuto del personal. 
 
 
 432.- Artículo 54.- De los tribunales electorales regionales. Habrá tribunales electorales 
 regionales encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones de nivel 
 regional, comunal y de organismos de la sociedad civil y demás organizaciones reconocidas por 
 esta Constitución o por la ley, así como resolver las reclamaciones a que dieren lugar y proclamar 
 las candidaturas que resultaren electas.  
 Conocerán, asimismo, de los plebiscitos regionales y comunales, sin perjuicio de las 
 demás atribuciones que determine la ley.  
 Sus resoluciones serán apelables y su conocimiento corresponderá al Tribunal 
 Calificador de Elecciones en la forma que determine la ley. Igualmente, les corresponderá 
 conocer de la calificación de las elecciones de carácter gremial y de las que tengan lugar en 
 aquellas organizaciones que la ley señale.  
 Los tribunales electorales regionales estarán constituidos por tres juezas y jueces, 
 designados por el Consejo de la Justicia, los cuales deberán postular en la forma y oportunidad 
 que determine la ley respectiva.  
 Las juezas y los jueces de los tribunales electorales regionales durarán seis años en 
 sus funciones.  
 Estos tribunales valorarán la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. 
 Una ley regulará la organización y funcionamiento de los tribunales electorales 
 regionales, plantas, remuneraciones y estatuto del personal. 
 
 433.- Artículo 55.- De la gestión y superintendencia. La gestión administrativa y la 
 superintendencia directiva y correccional del Tribunal Calificador de Elecciones y de los 
 tribunales electorales regionales corresponderá al Consejo de la Justicia. 
 
 Capítulo.- Servicio Civil. 
 
 434.- Artículo 56. La Dirección del Servicio Civil. La Dirección del Servicio Civil será un 
 organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado del 
 fortalecimiento de la función pública y de los procedimientos de selección de cargos en la 
 Administración Pública y demás entidades que establezca la Constitución y la ley, resguardando 
 los principios de transparencia, objetividad, no discriminación y mérito. 
 
 El Servicio Civil está integrado por las funcionarias y funcionarios públicos que, bajo 
 la dirección del Gobierno, los Gobiernos Regionales o las Municipalidades, desarrollan las 
 funciones de la Administración Pública. 
 Se excluyen del Servicio Civil los cargos de exclusiva confianza del gobierno central, 
 regional y municipal. 
 La Dirección del Servicio Civil estará encargada de regular los procesos de selección 
 de candidatas y candidatos a cargos del Sistema de Alta Dirección Pública, o de aquellos que 
 deben seleccionarse con su participación y conducir los concursos destinados a proveer cargos 
 de jefaturas superiores de servicios, a través de un Consejo de Alta Dirección Pública. 
 Las atribuciones de la Dirección del Servicio Civil no afectarán las competencias 
 que, en el ámbito de la gestión, correspondan a las autoridades y jefaturas de los servicios 
 públicos. 
 Las funciones de la Dirección del Servicio Civil respecto de los procesos de selección 
 de la Administración Pública en los distintos niveles será determinado por ley. 
 La ley regulará la organización y demás atribuciones de la Dirección del Servicio 
 Civil. 
 
 435.- Artículo 62.- Órgano de protección de consumidores. Existirá un órgano encargado de 
 la protección de las personas en su rol de consumidoras y usuarias de bienes y servicios, el cual 
 contará con facultades interpretativas, fiscalizadoras, sancionadoras y las demás que le otorgue 
 la ley. 
 
 Capítulo.- Justicia Constitucional. 
 
 436.- Artículo 65.- De la justicia constitucional. La Corte Constitucional es un órgano 
 autónomo, técnico y profesional, encargado de ejercer la justicia constitucional con la finalidad 
 de garantizar la supremacía de la Constitución, de acuerdo a los principios de deferencia al órgano 
 legislativo, presunción de constitucionalidad de la ley y búsqueda de una interpretación conforme 
 con la Constitución. Sus resoluciones se fundarán únicamente en razones de derecho. 
 
 
 
 
 § Corte Constitucional 
 
 437.- Artículo 66.- Integración. Estará conformada por once integrantes, uno de los cuales será 
 su presidenta o presidente elegido por sus pares y que ejercerá sus funciones durante dos años.  
 Las juezas y jueces de la Corte Constitucional durarán nueve años en sus cargos, no 
 reelegibles, y se renovarán por parcialidades cada tres años en la forma que establezca la ley. 
 Su designación se efectuará en base a criterios técnicos y de mérito profesional de la 
 siguiente manera: 
 a) Cuatro integrantes elegidos por la mayoría de las y los integrantes del Congreso 
 de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones en sesión conjunta. 
 b) Tres integrantes elegidos por la o el Presidente de la República. 
 c) Cuatro integrantes elegidos por el Consejo de la Justicia, a partir de concursos 
 públicos. En caso de ser designados juezas o jueces del Sistema Nacional de Justicia, quedarán 
 suspendidos de sus cargos judiciales de origen en tanto se extienda su función en la Corte 
 Constitucional. 
 Las y los postulantes al cargo de jueza o juez de la Corte Constitucional deberán ser 
 abogadas o abogados, con más de quince años de ejercicio profesional, con reconocida y 
 comprobada competencia e idoneidad profesional o académica y, preferentemente, de distintas 
 especialidades del Derecho. 
 No podrán ser juezas o jueces de la Corte Constitucional quienes se hubiesen 
 desempeñado en cargos de elección popular, quienes hayan desempeñado el cargo de Ministra o 
 Ministro de Estado u otros cargos de exclusiva confianza del gobierno, durante los dos años 
 anteriores a la elección.  
 De igual manera, las juezas o jueces de la Corte Constitucional no podrán tener 
 impedimento que los inhabilite para desempeñar el cargo de jueza o juez del Sistema Nacional 
 de Justicia. 
 Una ley determinará la organización, funcionamiento, procedimientos y fijará la 
 planta, régimen de remuneraciones y estatuto del personal de la Corte Constitucional. 
 
 438.- Artículo 67.- Inamovilidad e independencia. Las juezas y jueces de la Corte 
 Constitucional son independientes de todo otro poder y gozan de inamovilidad. Cesarán en sus 
 
 cargos por haber cumplido su periodo, por incapacidad legal sobreviniente, por renuncia, por 
 sentencia penal condenatoria, por remoción, enfermedad incompatible con el ejercicio de la 
 función u otra causa establecida en la ley. 
 
 439.- Artículo 68.- De las incompatibilidades e inhabilidades. El ejercicio del cargo de jueza 
 o juez de la Corte Constitucional es de dedicación exclusiva. La ley determinará las demás 
 incompatibilidades e inhabilidades para el desempeño de este cargo. 
 Al terminar su periodo, y durante los dieciocho meses siguientes, no podrán optar a 
 ningún cargo de elección popular ni de exclusiva confianza de alguna autoridad. 
 
 440.- Artículo 68 bis.- La Corte Constitucional resolverá los conflictos de competencia entre el 
 Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, o entre éstas y el Presidente 
 de la República. 
 
 441.- Artículo 69.- Atribuciones de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tendrá las 
 siguientes atribuciones, ejerciéndolas conforme a los principios referidos en el artículo [65]: 
 1. Conocer y resolver la inaplicabilidad de un precepto legal cuyos efectos sean 
 contrarios a la Constitución. 
 2. Conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de un precepto legal. 
 3. Conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de uno o más preceptos de 
 estatutos regionales, de autonomías territoriales indígenas y de cualquier otra entidad territorial. 
 4. Conocer y resolver los reclamos en caso que la Presidenta o el Presidente de la 
 República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que 
 constitucionalmente corresponda. Igual atribución tendrá respecto de la promulgación de la 
 normativa regional. 
 5. Conocer y resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución de la o 
 el Presidente de la República que la Contraloría General de la República haya representado por 
 estimarlo inconstitucional, cuando sea requerido por la o el Presidente en conformidad al artículo 
 [47]. 
 
 5 bis. Conocer y resolver sobre la constitucionalidad de los reglamentos y decretos 
 de la o el Presidente de la República, dictados en ejercicio de la potestad reglamentaria en 
 aquellas materias que no están comprendidas en el artículo [22]. 
 6. Resolver los conflictos de competencia o de atribuciones que se susciten entre las 
 entidades territoriales autónomas, con cualquier otro órgano del Estado, o entre éstos, a solicitud 
 de cualquiera de los antes mencionados. 
 7. Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades 
 políticas o administrativas y los tribunales de justicia. 
 9. Las demás previstas en esta Constitución. 
 Tratándose del número 1, el tribunal de una gestión pendiente, de oficio o previa 
 petición de parte, podrá plantear una cuestión de constitucionalidad respecto de un precepto legal 
 decisorio para la resolución de dicho asunto. El pronunciamiento del juez en esta materia no lo 
 inhabilitará para seguir conociendo el caso concreto. No procederá esta solicitud si el asunto está 
 sometido al conocimiento de la Corte Suprema. La Corte Constitucional decidirá la cuestión de 
 inaplicabilidad por mayoría de sus integrantes. 
 Tratándose del número 2, existiendo dos o más declaraciones de inaplicabilidad de 
 un precepto legal conforme al número 1 de este artículo, habrá acción pública para requerir a la 
 Corte la declaración de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la facultad de ésta para declararla 
 de oficio. Esta declaración de inconstitucionalidad se efectuará con el voto conforme de los tres 
 quintos de las y los integrantes en ejercicio de la Corte Constitucional. 
 Asimismo, tratándose del número 2, la Corte Constitucional podrá declarar la 
 inconstitucionalidad de un precepto legal, que hubiera sido declarado inaplicable previamente 
 conforme al número 1 de este artículo, a petición de la o el Presidente de la República, de un 
 tercio de las y los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados o de la Cámara de las 
 Regiones, de una o un Gobernador Regional, o de a lo menos la mitad de los integrantes de una 
 Asamblea Regional. Esta inconstitucionalidad será declarada por un quórum de cuatro quintos 
 de sus integrantes en ejercicio. 
 En el caso del número 3, la cuestión podrá ser planteada por la Presidenta o el 
 Presidente de la República, o un tercio de las o los integrantes de la Cámara de las Regiones. 
 En el caso del número 4, la cuestión podrá promoverse por cualquiera de los órganos 
 legislativos o por una cuarta parte de sus integrantes en ejercicio, dentro de los treinta días 
 
 siguientes a la publicación del texto impugnado o dentro de los sesenta días siguientes a la fecha 
 en que la Presidenta o el Presidente de la República debió efectuar la promulgación de la ley. Si 
 la Corte acogiera el reclamo, promulgará en su sentencia la ley que no lo haya sido o rectificará 
 la promulgación incorrecta. 
 En el caso del número 5 bis, la Corte podrá conocer de la materia a requerimiento de 
 cualquiera del Congreso de Diputadas y Diputados o de la Cámara de las Regiones, o un tercio 
 de sus integrantes, dentro de los treinta días siguientes a la publicación o notificación del texto 
 impugnado. 
 En el caso de los conflictos de competencia contemplados en los números 6 y 7, 
 podrán ser deducidas por cualquiera de las autoridades o tribunales en conflicto. 
 En lo demás, el procedimiento, el quórum y la legitimación activa para el ejercicio 
 de cada atribución se determinará por la ley. 
 
 442.- Artículo 71.- (Inciso primero) De las sentencias de la Corte Constitucional y sus 
 efectos. Las sentencias de la Corte Constitucional se adoptarán, en sala o en pleno, por la mayoría 
 de sus integrantes, sin perjuicio de las excepciones que establezca la Constitución o la ley. Tienen 
 carácter vinculante, de cumplimiento obligatorio para toda institución, persona o grupo y contra 
 ellas no cabe recurso ulterior alguno. 
 La Corte Constitucional sólo podrá acoger la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad 
 de un precepto, cuando no sea posible interpretarlo de modo de evitar efectos inconstitucionales. 
 Declarada la inaplicabilidad de un precepto legal, éste no podrá ser aplicado en la 
 gestión judicial en la que se originó la cuestión de constitucionalidad. 
 Cuando la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de un precepto, la 
 sentencia provocará su invalidación, excluyéndolo del ordenamiento jurídico a partir del día 
 siguiente de su publicación en el Diario Oficial. 
 
 § Acciones constitucionales de tutela. 
 
 443.- Artículo 72.- Acción de tutela de derechos fundamentales. Toda persona que por causa 
 de un acto u omisión sufra una amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de sus 
 derechos fundamentales, podrá concurrir por sí o por cualquiera a su nombre ante el tribunal de 
 
 instancia que determine la ley, el que adoptará de inmediato todas las providencias que juzgue 
 necesarias para restablecer el imperio del derecho. Esta acción se podrá deducir mientras la 
 vulneración persista. La acción se tramitará sumariamente y con preferencia a toda otra causa 
 que conozca el tribunal. 
 Esta acción cautelar será procedente cuando la persona afectada no disponga de otra 
 acción, recurso o medio procesal para reclamar de su derecho, salvo aquellos casos en que, por 
 su urgencia y gravedad, pueda provocarle un daño grave inminente o irreparable.  
 Al acoger o rechazar la acción, se deberá señalar el procedimiento judicial que en 
 derecho corresponda y que permita la resolución del asunto. 
 El tribunal competente podrá en cualquier momento del procedimiento, de oficio o a 
 petición de parte, decretar cualquier medida provisional que estime necesaria, y alzarlas o 
 dejarlas sin efecto  cuando lo estime conveniente.  
 No podrá deducirse esta acción contra resoluciones judiciales, salvo respecto de 
 aquellas personas que no hayan intervenido en el proceso respectivo y a quienes afecten sus 
 resultados. 
 La apelación en contra de la sentencia definitiva será conocida por la Corte de 
 Apelaciones respectiva. El recurso será conocido por la Corte Suprema si respecto a la materia 
 de derecho objeto de la acción existen interpretaciones contradictorias sostenidas en dos o más 
 sentencias firmes emanadas de los tribunales del Sistema Nacional de Justicia. De estimarse en 
 el examen de admisibilidad que no existe tal contradicción, se ordenará que sea remitido junto 
 con sus antecedentes a la Corte de Apelaciones correspondiente para que, si lo estima admisible, 
 lo conozca y resuelva. 
 Esta acción también procederá cuando por acto o resolución administrativa se prive 
 o desconozca la nacionalidad chilena. La interposición de la acción suspenderá los efectos del 
 acto o resolución recurrida. 
 Tratándose de los derechos de la naturaleza y derechos ambientales, podrán ejercer 
 esta acción tanto la Defensoría de la Naturaleza como cualquier persona o grupo. 
 En el caso de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, esta acción podrá ser 
 deducida por las instituciones representativas de los pueblos indígenas, sus miembros, o la 
 Defensoría del Pueblo. 
 
 
 444.- Artículo 73.- Acción de amparo. Toda persona que sea arrestada, detenida o presa con 
 infracción a lo dispuesto en esta Constitución o las leyes, podrá concurrir por sí o por cualquiera 
 persona a su nombre, sin formalidades, ante la magistratura que señale la ley, a fin de que esta 
 adopte de inmediato las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho 
 y asegurar la debida protección de la persona afectada, pudiendo inclusive decretar su libertad 
 inmediata. 
 Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto 
 será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. 
 Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos 
 legales o pondrá al individuo a disposición del tribunal competente, procediendo en todo breve 
 y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que 
 los corrija. Sin perjuicio de lo señalado, el tribunal deberá agotar todas las medidas conducentes 
 a determinar la existencia y condiciones de la persona que se encontrare privada de libertad.   
 Esta acción también procederá respecto de toda persona que ilegalmente sufra una 
 privación, perturbación o amenaza a su derecho a la libertad personal, ambulatoria o seguridad 
 individual, debiendo en tal caso adoptarse todas las medidas que sean conducentes para 
 restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. 
 
 445.- Artículo 74.- Compensación por privación de libertad sin condena. Toda persona que 
 sea absuelta, sobreseída definitivamente o que no resulte condenada, será compensada por cada 
 día que haya permanecido privada de libertad. El monto diario de compensación será fijado por 
 la ley y su pago se realizará mediante un procedimiento simple y expedito. 
 La compensación no procederá cuando la privación de libertad se haya decretado por 
 una causal fundada en una conducta efectiva del imputado. 
 
 446.- Artículo 75.- Acción de indemnización por error judicial. Toda persona que haya sido 
 condenada por sentencia dictada con error injustificado o falta de servicio judicial, tendrá derecho 
 a ser indemnizada de todos los perjuicios que el proceso y la decisión condenatoria le hubieren 
 causado.   
 Si todo o parte del daño deriva de la privación de libertad, la compensación, que 
 siempre se podrá exigir en conformidad al artículo anterior, será imputada a la presente 
 
 indemnización. La misma indemnización procederá por las actuaciones o decisiones 
 administrativas derivadas del funcionamiento judicial que, con falta de servicio, generen daño. 
 
 Capítulo.- Reforma y Reemplazo de la Constitución. 
 
 Título I. Reforma constitucional 
 
 447.- Artículo 76.- Los proyectos de reforma a la Constitución podrán ser iniciados por mensaje 
 presidencial, moción de diputadas y diputados o representantes regionales, o por iniciativa 
 popular. 
 Los proyectos de reforma constitucional iniciados por las y los ciudadanos deberán 
 contar con  el patrocinio en los términos señalados en esta Constitución. 
 Todo proyecto de reforma constitucional deberá señalar expresamente de qué forma 
 se agrega, modifica, reemplaza o deroga una norma de la Constitución. 
 En lo no previsto en este Título, serán aplicables a la tramitación de los proyectos de 
 reforma constitucional, las disposiciones que regulan el procedimiento de formación de la ley, 
 debiendo respetarse siempre el quórum señalado en los incisos anteriores. 
 
 448.- Artículo 78.- Convocatoria a referéndum. El Congreso de Diputadas y Diputados deberá 
 convocar a referéndum ratificatorio tratándose de proyectos de reforma constitucional aprobados 
 por este y la Cámara de las Regiones, que alteren sustancialmente el régimen político y el periodo 
 presidencial; el diseño del Congreso de Diputadas y Diputados o la Cámara de las Regiones y la 
 duración de sus integrantes; la forma de Estado Regional; los principios y los derechos 
 fundamentales; y el capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución. Si el proyecto de reforma 
 constitucional es aprobado por dos tercios de las y los integrantes del Congreso de Diputadas y 
 Diputados y de la Cámara de las Regiones, no será sometido a referéndum ratificatorio. 
 El referéndum se realizará en la forma que establezca la Constitución y la ley.  
 Aprobado que sea el proyecto de reforma constitucional por el Congreso de 
 Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, el Congreso lo enviará a la o el Presidente 
 de la República quien, dentro del plazo de treinta días corridos, deberá someterlo a referéndum 
 ratificatorio. 
 
 La reforma constitucional aprobada por el Congreso de Diputadas y Diputados y la 
 Cámara de las Regiones se entenderá ratificada si alcanza la mayoría de los votos válidamente 
 emitidos en el referéndum. 
 Es deber del Estado dar adecuada publicidad a la propuesta de reforma que se 
 someterá a referéndum, de acuerdo a la Constitución y la ley. 
 
 449.- Artículo 79.- (Inciso primero) Referéndum popular de reforma constitucional. Un 
 mínimo equivalente al diez por ciento de la ciudadanía correspondiente al último padrón 
 electoral, podrá presentar una propuesta de reforma constitucional para ser votada mediante 
 referéndum nacional conjuntamente con la próxima elección parlamentaria.  
 (Inciso segundo) Existirá un plazo de ciento ochenta días desde su registro para que 
 la propuesta sea conocida por la ciudadanía y pueda reunir los patrocinios exigidos.  
 (Inciso cuarto) La propuesta de reforma constitucional se entenderá aprobada si la 
 alternativa de modificación ganadora alcanza la mayoría en la votación respectiva. 
 (Inciso quinto) Es deber del Congreso y de los órganos del Estado descentralizados 
 dar adecuada publicidad a  la o las propuestas de reforma que se someterán a referéndum. 
 
 Título II. Procedimiento para elaborar una nueva Constitución. 
 
 450.- Artículo 81.- Procedimiento para el reemplazo de la Constitución. El reemplazo total 
 de la Constitución sólo podrá realizarse a través de una Asamblea Constituyente convocada por 
 medio de un referéndum. 
 La convocatoria a referéndum constituyente podrá ser convocada por iniciativa 
 popular. Un grupo de ciudadanas y ciudadanos con derecho a sufragio deberá patrocinar la 
 convocatoria con, a lo menos, firmas correspondientes al veinticinco por ciento del padrón 
 electoral que hubiere sido establecido para la última elección parlamentaria. 
 También corresponderá a la o el Presidente de la República, por medio de un decreto, 
 convocar al referéndum, el que deberá contar con la aprobación de los tres quintos de las y los 
 integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones, que deberán 
 sesionar de manera conjunta en pleno para estos efectos. 
 
 Asimismo, la convocatoria corresponderá al Congreso de Diputadas y Diputados y 
 la Cámara de las Regiones, quienes deberán sesionar de manera conjunta en pleno para estos 
 efectos, por medio de una ley aprobada por los dos tercios de sus integrantes. 
 La convocatoria para la instalación de la Asamblea Constituyente será aprobada si 
 en el referendo es votada favorablemente por la mayoría de los votos válidamente emitidos. El 
 sufragio en este referendo será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile. 
 
 451.- Artículo 82.- De la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente tendrá como 
 única función la redacción de una propuesta de Nueva Constitución. Estará integrada 
 paritariamente y con equidad territorial, con  participación en igualdad de condiciones entre 
 independientes e integrantes de partidos políticos, y con  escaños reservados para pueblos 
 originarios. 
 Una ley regulará su integración, el sistema de elección, su duración, que no será 
 inferior a dieciocho meses, su organización mínima, los mecanismos de participación popular y 
 consulta indígena del proceso y demás aspectos generales que permitan su  instalación y 
 funcionamiento regular.  
 Una vez redactada y entregada la propuesta de nueva constitución a la autoridad 
 competente, la Asamblea Constituyente se disolverá de pleno derecho. 
 
 452.- Artículo 83.- Del plebiscito ratificatorio de una Nueva Constitución. Entregada la 
 propuesta de Nueva Constitución, deberá convocarse a un referéndum para su aprobación o 
 rechazo. El sufragio será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral dentro de Chile y 
 voluntario para los votantes radicados fuera del país. 
 Para que la propuesta sea aprobada deberá obtener el voto favorable de más de la 
 mitad de los sufragios válidamente emitidos.  
 Si la propuesta de Nueva Constitución fuera aprobada en el plebiscito, se procederá 
 a su promulgación y correspondiente publicación. 
 
 
 
 
 § Derechos de personas privadas de libertad 
 
 453.- Artículo 85.- De los derechos de las personas privadas de libertad y las obligaciones 
 generales del Estado. Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad no 
 podrá sufrir limitaciones a otros derechos que aquellos estrictamente necesarios para la ejecución 
 de la pena. 
 El Estado deberá asegurar un trato digno y con pleno respeto a los derechos humanos 
 de las personas privadas de libertad y de sus visitas. 
 Las mujeres y personas gestantes embarazadas tendrán derecho, antes, durante y 
 después del parto, a acceder a los servicios de salud que requieran, a la lactancia y al vínculo 
 directo y permanente con su hijo o hija, teniendo en consideración el interés superior del niño, 
 niña o adolescente. 
 
 454.- Artículo 87.- Prohibición de la tortura, aislamiento e incomunicación. Ninguna persona 
 privada de libertad podrá ser sometida a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o 
 degradantes, ni a trabajos forzosos. Asimismo, no podrá ser sometida a aislamiento o 
 incomunicación como sanción disciplinaria. 
 
 455.- Artículo 88.- Derecho a petición. Las personas privadas de libertad tienen el derecho a 
 hacer peticiones a la autoridad penitenciaria y al tribunal de ejecución de la pena para el resguardo 
 de sus derechos y a recibir una respuesta oportuna. Asimismo, tienen derecho a mantener la 
 comunicación y el contacto personal, directo y periódico con sus redes de apoyo y siempre con 
 las personas encargadas de su asesoría jurídica. 
 
 456.- Artículo 89.- Derecho a la inserción e integración social de las personas privadas de 
 libertad. Es deber del Estado garantizar un sistema penitenciario orientado a la inserción e 
 integración de las personas privadas de libertad. 
 El Estado creará los organismos, de personal civil y técnico, que garanticen la 
 inserción e integración penitenciaria y postpenitenciaria de las personas privadas de libertad. La 
 seguridad y administración de estos recintos estará regulado por ley. 
 
 
 457.- Artículo 90.- Las leyes que regulen a la Contraloría General de la República, la Defensoría 
 del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza, el Servicio Electoral, la Corte Constitucional y al 
 Banco Central, se adoptarán por la mayoría de las y los integrantes del Congreso de Diputadas y 
 Diputados y de la Cámara de las Regiones. 
 
 ********* 
 
 CAPÍTULO (COM 7) 
 SISTEMAS DE CONOCIMIENTOS 
 
 458.- Artículo 1.- Derecho a la comunicación social. Toda persona, individual o 
 colectivamente, tiene derecho a producir información y a participar equitativamente en la 
 comunicación social. Se reconoce el derecho a fundar y mantener medios de comunicación e 
 información. 
 
 459.- Artículo 2.- El Estado debe respetar la libertad de prensa, promover el pluralismo de los 
 medios de comunicación y la diversidad de información. Se prohíbe la censura previa. 
 
 460.- Artículo 3.- Concentración de la propiedad de medios. El Estado impedirá la 
 concentración de la propiedad de los medios de comunicación e información. En ningún caso se 
 podrá establecer el monopolio estatal sobre ellos. Corresponderá a la ley el resguardo de este 
 precepto. 
 
 461.- Artículo 4.- Promoción de medios de comunicación e información. El Estado fomenta 
 la creación de medios de comunicación e información y su desarrollo a nivel regional, local y 
 comunitario. 
 
 462.- Artículo 8.- Toda persona ofendida o injustamente aludida por un medio de comunicación 
 e información tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea difundida gratuitamente por 
 el mismo medio en que hubiese sido emitida. 
 La ley regulará el ejercicio de este derecho, con pleno respeto a la libertad de 
 expresión. 
 
 
 463.- Artículo 9.- Derechos culturales. La Constitución asegura a todas las personas y 
 comunidades: 
 1°. El derecho a participar libremente en la vida cultural y artística y a gozar de sus 
 diversas expresiones, bienes, servicios e institucionalidad. 
 2°. El derecho a la identidad cultural, a conocer y educarse en las diversas culturas, 
 así como a expresarse en el idioma o lengua propios. 
 3°. La libertad de crear y difundir las culturas y las artes, así como el derecho a 
 disfrutar de sus beneficios. Se prohíbe toda forma de censura previa. 
 4°. El derecho al uso de espacios públicos para desarrollar expresiones y 
 manifestaciones culturales y artísticas, sin más limitaciones que las establecidas en esta 
 Constitución y las leyes. 
 5°: La igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria de las diversas 
 cosmovisiones que componen la interculturalidad del país, promoviendo su interrelación 
 armónica y el respeto de todas las expresiones simbólicas, culturales y patrimoniales, sean estas 
 tangibles o intangibles. 
 Estos derechos deben ejercerse con pleno respeto a la diversidad cultural, los 
 derechos humanos y de la naturaleza. 
 
 464.- Artículo 12.- El Estado promueve, fomenta y garantiza el acceso, desarrollo y difusión de 
 las culturas, las artes y los conocimientos, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
 manifestaciones y contribuciones, bajo los principios de colaboración e interculturalidad. 
 El Estado debe generar las instancias para que la sociedad contribuya al desarrollo 
 de la creatividad cultural y artística, en sus más diversas expresiones. 
 El Estado promueve las condiciones para el libre desarrollo de la identidad cultural 
 de las comunidades y personas, así como de sus procesos culturales. 
 Esto se realizará con pleno respeto a los derechos, libertades y las autonomías que 
 consagra esta Constitución. 
 
 465.- Artículo 13.- Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a obtener la repatriación 
 de objetos de cultura y de restos humanos pertenecientes a los pueblos. El Estado adoptará 
 
 mecanismos eficaces en materia de restitución y repatriación de objetos de culto y restos humanos 
 que fueron confiscados sin consentimiento de los pueblos y garantizará el acceso de los pueblos 
 a su propio patrimonio, incluyendo objetos, restos humanos y sitios culturalmente significativos 
 para su desarrollo. 
 
 466.- Artículo 18.- Todas las personas, individual y colectivamente, tienen derecho al acceso 
 universal, a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación, con 
 pleno respeto de los derechos y garantías que establecen esta Constitución y las leyes. 
 
 467.- Artículo 19.- El Estado tiene la obligación de superar las brechas de acceso, uso y 
 participación en el espacio digital, sus dispositivos e infraestructuras. 
 Es deber del Estado promover y participar del desarrollo de las telecomunicaciones, 
 servicios de conectividad y tecnologías de la información y comunicación. La ley regulará la 
 forma en que el Estado cumplirá este deber, así como su participación y la de otros actores en la 
 materia. 
 
 468.- Artículo 20.- El Estado garantiza el cumplimiento del principio de neutralidad en la red. 
 Las obligaciones, condiciones y límites en esta materia serán determinados por la ley. 
 
 469.- Artículo 21.- El Estado garantiza el acceso libre, equitativo y descentralizado, con 
 condiciones de calidad y velocidad adecuadas y efectivas a los servicios básicos de 
 comunicación. 
 
 470.- Artículo 22.- Toda persona tiene el derecho a la educación digital, al desarrollo del 
 conocimiento, pensamiento y lenguaje tecnológico, así como a gozar de sus beneficios. El Estado 
 asegurará que todas las personas tengan la posibilidad de ejercer sus derechos en los espacios 
 digitales, para lo cual creará políticas públicas y financiará planes y programas gratuitos con tal 
 objeto. 
 
 471.- Artículo 23.- Todas las personas tienen el derecho a participar de un espacio digital libre 
 de violencia. El Estado desarrollará acciones de prevención, promoción, reparación y garantía de 
 
 este derecho, otorgando especial protección a mujeres, niñas, niños, jóvenes y disidencias 
 sexogenéricas. 
 Las obligaciones, condiciones y límites en esta materia serán determinados por la ley. 
 
 472.- Artículo 24.- Derecho al ocio. Todas las personas tienen derecho al descanso, al ocio y a 
 disfrutar el tiempo libre. 
 
 473.- Artículo 26.- El Estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas 
 neurodivergentes su derecho a una vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad e 
 identidad, a ejercer su capacidad jurídica y los derechos, individuales y colectivos, reconocidos 
 en esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales de Derechos Humanos 
 ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 
 
 474.- Artículo 28.- Principios de la Bioética. Las ciencias y tecnologías, sus aplicaciones y 
 procesos investigativos, deben desarrollarse según los principios de solidaridad, cooperación, 
 responsabilidad y con pleno respeto a la dignidad humana, a la sintiencia de los animales, los 
 derechos de la naturaleza y los demás derechos establecidos en esta Constitución y en tratados 
 internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 
 
 ********* 
 
 475.- Artículo 1.- Derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos. Toda persona, 
 individual o colectivamente, tiene derecho a participar libremente de la creación, desarrollo, 
 conservación e innovación de los diversos sistemas de conocimientos y a la transferencia de sus 
 aplicaciones, así como a gozar de sus beneficios. 
 El Estado reconoce el derecho de los pueblos y naciones indígenas a preservar, 
 revitalizar, desarrollar y transmitir los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales y debe, 
 en conjunto con ellos, adoptar medidas eficaces para garantizar su ejercicio. 
 Asimismo, la Constitución garantiza la libertad de investigación. 
 
 
 476.- Artículo 2.- Deberes del Estado. El Estado reconoce y fomenta el desarrollo de los 
 diversos sistemas de conocimientos en el país, considerando sus diferentes contextos culturales, 
 sociales y territoriales. 
 Asimismo, fomenta su acceso equitativo y abierto, lo que comprende el intercambio 
 y comunicación de conocimientos a la sociedad de la forma más amplia posible, con pleno 
 respeto a los derechos establecidos en esta Constitución. 
 El Estado promoverá en todas sus etapas, un sistema educativo integral donde se 
 fomenten interdisciplinariamente el pensamiento crítico y las habilidades basadas en la capacidad 
 creadora del ser humano a través de las diversas áreas del conocimiento. 
 
 477.- Artículo nuevo.- De la asimilación forzada. Se prohíbe la asimilación forzada o 
 destrucción de las culturas de los pueblos y naciones indígenas. 
 
 478.- Artículo 6.- Derechos de autor. La Constitución asegura a todas las personas la protección 
 de los derechos de autor sobre sus obras intelectuales, científicas y artísticas, comprendiendo los 
 derechos morales y patrimoniales sobre ellas, en conformidad y por el tiempo que señale la ley, 
 que no será inferior a la vida del autor. 
 Asimismo, la Constitución asegura la protección a los derechos de intérpretes o 
 ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, de conformidad a la ley. 
 
 479.- Artículo 8.- Rol del Estado en el patrimonio cultural indígena. El Estado, en conjunto 
 con los pueblos y naciones indígenas preexistentes, adoptará medidas positivas para la 
 recuperación, revitalización y fortalecimiento del patrimonio cultural indígena. 
 
 480.- Artículo 9.- Derecho a la Protección de Datos Personales (sólo inciso primero). Todas 
 las personas tienen derecho a la protección de los datos de carácter personal, a conocer, decidir 
 y controlar el uso de las informaciones que les conciernen. 
 
 481.- Artículo 10.- Derecho a la seguridad informática. Todas las personas, individual y 
 colectivamente, tienen el derecho a la protección y promoción de la seguridad informática. El 
 Estado y los particulares deberán adoptar las medidas idóneas y necesarias que garanticen la 
 
 integridad, confidencialidad, disponibilidad y resiliencia de la información que contengan los 
 sistemas informáticos que administren, salvo los casos expresamente señalados por la ley. 
 
 482.- Artículo 11.- El acceso a la información pública será garantizado con la sola excepción de 
 aquellas materias que la ley determine reservada o secreta. 
 
 483.- Artículo nuevo- La Constitución reconoce los derechos culturales del Pueblo Tribal 
 Afrodescendiente chileno, y asegura su ejercicio, desarrollo, promoción, conservación y 
 protección, con pleno respeto a los instrumentos internacionales pertinentes. 
 
 484.- Artículo 16.- Deber del Estado. Es deber del Estado preservar la memoria y garantizar 
 el acceso a los archivos y documentos, en sus distintos soportes y contenidos.  
 Los sitios de memoria y memoriales serán objeto de especial protección, asegurando 
 su preservación y sostenibilidad. 
 
 485.- Artículo 17.- Patrimonios naturales y culturales (sólo inciso primero). El Estado 
 reconoce y protege los patrimonios naturales y culturales, materiales e inmateriales, y garantiza 
 su conservación, revitalización, aumento, salvaguardia y transmisión a las generaciones futuras, 
 cualquiera sea el régimen jurídico y titularidad de dichos bienes. 
 
 486.- Artículo 20.- Difusión y educación sobre patrimonios. El Estado fomentará la difusión 
 y educación sobre los patrimonios naturales y culturales, materiales e inmateriales.” 
 
 ********* 
 
 487.- Artículo 1.- Infraestructura y gestión de redes y servicios de conectividad. La 
 infraestructura de telecomunicaciones es de interés público, independientemente de su régimen 
 patrimonial. 
 
 488.- Artículo 2.- Corresponderá a la ley determinar la utilización y aprovechamiento del 
 espectro radioeléctrico. 
 
 
 489.- Artículo 5.- Medios de comunicación públicos. Existirán medios de comunicación 
 públicos en distintos soportes tecnológicos, que respondan a las necesidades informativas, 
 educativas, culturales y de entretenimiento de los diversos grupos de la población. 
 Estos medios de comunicación serán pluralistas, descentralizados, y estarán 
 coordinados entre sí. Asimismo, gozarán de independencia respecto del gobierno y contarán 
 con financiamiento público para su funcionamiento.  
 La ley regulará su organización y la composición de sus directorios, la que estará 
 orientada por criterios de idoneidad y técnicos. 
 
 490.- Artículo 7.- Consejo Nacional de Bioética. El Consejo Nacional de Bioética será un 
 órgano independiente, técnico, de carácter consultivo, pluralista y transdisciplinario, que tendrá, 
 entre sus funciones, asesorar a los organismos del Estado en los asuntos bioéticos que puedan 
 afectar a la vida humana, animal, la naturaleza y la biodiversidad, recomendando la dictación, 
 modificación y supresión de normas que regulen dichas materias.  
 La ley regulará la composición, funciones, organización y demás aspectos de este 
 órgano. 
 
 491.- Artículo 9.- Rol del Estado en el desarrollo de la Investigación. Es deber del Estado 
 estimular, promover y fortalecer el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en todas 
 las áreas del conocimiento, contribuyendo así al enriquecimiento sociocultural del país y al 
 mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. 
 El Estado generará las condiciones necesarias para el desarrollo de la investigación 
 científica transdisciplinaria en materias relevantes para el resguardo de la calidad de vida de 
 la población y el equilibrio ecosistémico, además del monitoreo permanente de los riesgos 
 medioambientales y sanitarios que afecten la salud de las comunidades y ecosistemas del país, 
 realizándose, en ambos casos, de forma independiente y descentralizada. 
 La creación y coordinación de entidades que cumplan los objetivos establecidos en el 
 inciso anterior, su colaboración con centros de investigación públicos y privados con 
 pertinencia territorial, además de sus características, funcionamiento y otros aspectos serán 
 determinados por ley. 
 
 
 492.- Artículo 11.- Agencia Nacional de Protección de Datos. Existirá un órgano autónomo 
 que velará por la promoción y protección de los datos personales, con facultades de investigar, 
 normar, fiscalizar y sancionar respecto de entidades públicas y privadas, el que contará con las 
 atribuciones, composición, funciones que determine la ley. 
 
 493.- Artículo 15. Patrimonio Lingüístico. El Estado reconoce el carácter patrimonial 
 constituido por las diferentes lenguas indígenas del territorio nacional, las que serán objeto de 
 revitalización y protección, especialmente aquellas que tienen el carácter de vulnerables. 
 
 494.- Artículo 17.- Sobre el libro y la lectura. El Estado fomenta el acceso y goce de la lectura 
 a través de planes, políticas públicas y programas. Asimismo, incentivará la creación y 
 fortalecimiento de bibliotecas públicas y comunitarias. 
 
 495.- Artículo 22.- Innovación en el Estado. Es deber del Estado utilizar los mejores avances 
 de las ciencias, tecnología, conocimientos e innovación para promover la mejora continua de los 
 servicios públicos. 
 
 496.- Artículo 23. Derechos de los consumidores. Toda persona tiene derechos, individual y 
 colectivamente, en su condición de consumidor. Para ello el Estado protegerá, mediante 
 procedimientos eficaces, sus derechos a la libre elección, a la información veraz, a no ser 
 discriminados, a la seguridad, a la protección de la salud y el medio ambiente, a la reparación e 
 indemnización adecuada y a la educación para el consumo responsable. 
 
 497.- Artículo 25.- Es deber del Estado promover la publicación y utilización de la información 
 pública, de manera oportuna, periódica, proactiva, legible y en formatos abiertos. 
 
 498.- Artículo 29. Derecho a la muerte digna. Todas las personas tienen derecho a una 
 muerte digna. 
 La Constitución asegura el derecho a las personas a tomar decisiones libres e 
 informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida. 
 
 El Estado garantiza el acceso a los cuidados paliativos a todas las personas portadoras 
 de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida, en especial a grupos 
 vulnerables y en riesgo social. 
 La ley regulará las condiciones para garantizar el ejercicio de este derecho, incluyendo 
 el acceso a la información y el acompañamiento adecuado. 
 
 CAPÍTULO (COM 8) 
 DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 499.- Artículo 4.- Identidad e integridad cultural. Los pueblos y naciones indígenas y sus 
 miembros tienen derecho a la identidad e integridad cultural, y a que se reconozcan y respeten 
 sus cosmovisiones, formas de vida e instituciones propias. 
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 {
  "1": {
    "1": " \n\u2022 Este documento es un consolidado que re\u00fane las normas aprobadas por el Pleno de \nla Convenci\u00f3n Constitucional, ordenadas por comisi\u00f3n. La relaci\u00f3n de n\u00fameros de \nlos art\u00edculos obedece a lo dispuesto en los respectivos informes y no es el orden \ndefinitivo, ya que ese proceso deber\u00e1 ser realizado por la Comisi\u00f3n de Armonizaci\u00f3n \n(Actualizado el 14.05.22). \n \n \nCONSOLIDADO NORMAS APROBADAS PARA LA PROPUESTA \nCONSTITUCIONAL POR EL PLENO DE LA CONVENCI\u00d3N \n \n"
  },
  "2": {
    "1": "CAP\u00cdTULO (COM 1) \nDE LA DEMOCRACIA \n \n",
    "2": "1.- Art\u00edculo 2\u00b0.- Democracia paritaria. El Estado reconoce y promueve una sociedad en la que \nmujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogen\u00e9ricas participen en condiciones de \nigualdad sustantiva, reconociendo que su representaci\u00f3n efectiva en el conjunto del proceso \ndemocr\u00e1tico es un principio y condici\u00f3n m\u00ednima para el ejercicio pleno y sustantivo de la \ndemocracia y la ciudadan\u00eda.  \nTodos los \u00f3rganos colegiados del Estado, los \u00f3rganos aut\u00f3nomos constitucionales y \nlos \u00f3rganos superiores y directivos de la Administraci\u00f3n, as\u00ed como los directorios de las empresas \np\u00fablicas y semip\u00fablicas, deber\u00e1n tener una composici\u00f3n paritaria que asegure que, al menos, el \ncincuenta por ciento de sus integrantes sean mujeres.  \nAsimismo, el Estado adoptar\u00e1 medidas para la representaci\u00f3n de diversidades y \ndisidencias de g\u00e9nero a trav\u00e9s del mecanismo que establezca la ley. \nEl Estado promover\u00e1 la integraci\u00f3n paritaria en sus instituciones y en todos los \nespacios p\u00fablicos y privados. \n \n",
    "3": "2.- Art\u00edculo 3\u00b0.- Corresponder\u00e1 al Estado, en sus diferentes \u00e1mbitos y funciones, garantizar la \nparticipaci\u00f3n democr\u00e1tica e incidencia pol\u00edtica de todas las personas, especialmente la de los \ngrupos hist\u00f3ricamente excluidos y de especial protecci\u00f3n. \nEl Estado deber\u00e1 garantizar la inclusi\u00f3n de estos grupos en las pol\u00edticas p\u00fablicas y en \nel proceso de formaci\u00f3n de las leyes, mediante mecanismos de participaci\u00f3n popular y \ndeliberaci\u00f3n pol\u00edtica, asegurando medidas afirmativas que posibiliten su participaci\u00f3n efectiva. \n \n \n",
    "4": "3.- Art\u00edculo X.- Los poderes p\u00fablicos adoptar\u00e1n las medidas necesarias para adecuar e impulsar \nla legislaci\u00f3n, instituciones, marcos normativos y prestaci\u00f3n de servicios, con el fin de alcanzar \nla igualdad sustantiva y la paridad. Con ese objetivo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y \nlos Sistemas de Justicia, as\u00ed como los \u00f3rganos de la Administraci\u00f3n del Estado y los \u00f3rganos \naut\u00f3nomos, deber\u00e1n incorporar el enfoque de g\u00e9nero en su dise\u00f1o institucional y en el ejercicio \nde sus funciones. \nLa pol\u00edtica fiscal y el dise\u00f1o de los presupuestos p\u00fablicos se adecuar\u00e1n al \ncumplimiento de un enfoque transversal de igualdad sustantiva de g\u00e9nero en las pol\u00edticas \np\u00fablicas. \n \n",
    "5": "4.- Art\u00edculo 3\u00b0 bis.- La ley deber\u00e1 establecer las medidas afirmativas necesarias para garantizar \nla participaci\u00f3n y representaci\u00f3n pol\u00edtica de las personas en situaci\u00f3n de discapacidad. \n \n \nCAP\u00cdTULO \nDEL ESTADO PLURINACIONAL Y LIBRE DETERMINACI\u00d3N DE LOS PUEBLOS \n \n",
    "6": "5.- Art\u00edculo 4.- Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de \ndiversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. \nSon pueblos y naciones ind\u00edgenas preexistentes los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, \nLickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk'nam y otros que \npuedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. \n \n",
    "7": "6.- Art\u00edculo 5.- Los pueblos y naciones ind\u00edgenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su \nlibre determinaci\u00f3n, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. \nEn especial, tienen derecho a la autonom\u00eda y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad \ny cosmovisi\u00f3n, al patrimonio y la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, la \nprotecci\u00f3n del territorio mar\u00edtimo, de la naturaleza en su dimensi\u00f3n material e inmaterial y al \nespecial v\u00ednculo que mantienen con estos, a la cooperaci\u00f3n e integraci\u00f3n, al reconocimiento de \nsus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales y a participar plenamente, \nsi as\u00ed lo desean, en la vida pol\u00edtica, econ\u00f3mica, social y cultural del Estado. \n \nEs deber del Estado Plurinacional, respetar, garantizar y promover con participaci\u00f3n \nde los pueblos y naciones ind\u00edgenas, el ejercicio de la libre determinaci\u00f3n y de los derechos \ncolectivos e individuales de que son titulares. \nEn cumplimiento de lo anterior, el Estado debe garantizar la efectiva participaci\u00f3n \nde los pueblos ind\u00edgenas en el ejercicio y distribuci\u00f3n del poder, incorporando su representaci\u00f3n \nen la estructura del Estado, sus \u00f3rganos e instituciones, as\u00ed como su representaci\u00f3n pol\u00edtica en \n\u00f3rganos de elecci\u00f3n popular a nivel local, regional y nacional. Junto con ello, garantizar\u00e1 el \ndi\u00e1logo intercultural en el ejercicio de las funciones p\u00fablicas, creando institucionalidad y \npromoviendo pol\u00edticas p\u00fablicas que favorezcan el reconocimiento y comprensi\u00f3n de la diversidad \n\u00e9tnica y cultural de los pueblos y naciones ind\u00edgenas preexistentes al Estado. \n \n\u00a7 DEL PODER LEGISLATIVO \n \n",
    "8": "7.- Art\u00edculo 5\u00ba bis.- Del Poder Legislativo. El poder legislativo se compone del Congreso de \nDiputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones. \n \n\u00a7 Del Congreso de Diputadas y Diputados \n",
    "9": "8.- Art\u00edculo 5\u00b0 ter.- El Congreso de Diputadas y Diputados es un \u00f3rgano deliberativo, paritario \ny plurinacional que representa al pueblo. Concurre a la formaci\u00f3n de las leyes y ejerce las dem\u00e1s \nfacultades encomendadas por la Constituci\u00f3n. \nEl Congreso est\u00e1 integrado por un n\u00famero no inferior a 155 miembros electos en \nvotaci\u00f3n directa por distritos electorales. Una ley de acuerdo regional determinar\u00e1 el n\u00famero de \nintegrantes, los distritos electorales y la forma de su elecci\u00f3n, atendiendo el criterio de \nproporcionalidad. \n \n",
    "10": "9.- Art\u00edculo 7\u00b0.- Son atribuciones exclusivas del Congreso de Diputadas y Diputados:  \na) Fiscalizar los actos del Gobierno. El Congreso tendr\u00e1 la facultad de solicitar \ninformaci\u00f3n relativa al contenido y fundamentos de los actos de gobierno; \nc) Declarar, cuando la Presidenta o Presidente presente la renuncia a su cargo, si los \nmotivos que la originan son o no fundados y, en consecuencia, admitirla o desecharla; \n \nd) Otorgar su acuerdo para que la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica pueda \nausentarse del pa\u00eds por m\u00e1s de treinta d\u00edas o a contar desde el tercer domingo de noviembre del \na\u00f1o anterior a aquel en que deba cesar en el cargo el que est\u00e9 en funciones, y \ne) Las otras que establezca la Constituci\u00f3n. \n \n",
    "11": "1",
    "12": "0.- Art\u00edculo 8.- El Congreso de Diputadas y Diputados tendr\u00e1 por funci\u00f3n fiscalizar los actos \ndel Gobierno. Para ejercer esta atribuci\u00f3n puede: \na) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, los que se transmitir\u00e1n por escrito a la \no el Presidente de la Rep\u00fablica. Dentro de los treinta d\u00edas contados desde su comunicaci\u00f3n, la o \nel Presidente deber\u00e1 dar respuesta fundada por medio de la o el Ministro de Estado que \ncorresponda. \nb) Solicitar antecedentes a la o el Presidente de la Rep\u00fablica, con el patrocinio de un \ncuarto de sus miembros. La o el Presidente deber\u00e1 contestar fundadamente por medio del \nMinistro o Ministra de Estado que corresponda dentro de los tres d\u00edas desde su comunicaci\u00f3n.  \nEn ning\u00fan caso estos actos afectar\u00e1n la responsabilidad pol\u00edtica de las y los Ministros \nde Estado. \nc) Crear comisiones especiales investigadoras a petici\u00f3n de a lo menos dos quintos \nde las diputadas y diputados en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones relativas a \ndeterminados actos del Gobierno. Las comisiones investigadoras, a petici\u00f3n de un tercio de sus \nmiembros, podr\u00e1n despachar citaciones y solicitar antecedentes. Toda persona que sea citada por \nestas comisiones estar\u00e1 obligada a comparecer y a suministrar los antecedentes y las \ninformaciones que se le soliciten. No obstante, una misma comisi\u00f3n investigadora no podr\u00e1 citar \nm\u00e1s de tres veces a la misma persona, sin previo acuerdo de la mayor\u00eda de sus integrantes. \n \nDe la C\u00e1mara de las Regiones \n \n",
    "13": "1",
    "14": "1.- Art\u00edculo 9\u00b0.- La C\u00e1mara de las Regiones es un \u00f3rgano deliberativo, paritario y plurinacional \nde representaci\u00f3n regional encargado de concurrir a la formaci\u00f3n de las leyes de acuerdo regional \ny de ejercer las dem\u00e1s facultades encomendadas por esta Constituci\u00f3n.  \nSus integrantes se denominar\u00e1n representantes regionales. \n \n \n",
    "15": "1",
    "16": "2.- Art\u00edculo 11.- La ley determinar\u00e1 el n\u00famero de representantes regionales a ser elegidas y \nelegidos por regi\u00f3n, el que deber\u00e1 ser el mismo para cada una y en ning\u00fan caso inferior a tres, \nasegurando que la integraci\u00f3n final del \u00f3rgano respete el principio de paridad. \nLas y los miembros de la C\u00e1mara de las Regiones se elegir\u00e1n en votaci\u00f3n popular \nconjuntamente con las autoridades comunales y regionales, tres a\u00f1os despu\u00e9s de la elecci\u00f3n \npresidencial y del Congreso. \nLa ley especificar\u00e1 sus derechos y obligaciones especiales, las que en todo caso \ndeber\u00e1n incluir la obligaci\u00f3n de rendir cuenta peri\u00f3dicamente ante la Asamblea Regional que \nrepresenta. Tambi\u00e9n podr\u00e1n ser especialmente convocadas y convocados al efecto. \nLa C\u00e1mara de las Regiones no podr\u00e1 fiscalizar los actos del Gobierno ni de las \nentidades que de \u00e9l dependan. \n \n",
    "17": "1",
    "18": "3.- Art\u00edculo 11 bis.- Es atribuci\u00f3n exclusiva del Congreso de las Diputadas y Diputados \ndeclarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni m\u00e1s de veinte de sus integrantes \nformulen en contra de: \na) La Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica, por actos de su administraci\u00f3n que \nhayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Naci\u00f3n, o infringido abiertamente \nla Constituci\u00f3n o las leyes. Esta acusaci\u00f3n podr\u00e1 interponerse mientras la Presidenta o Presidente \nest\u00e9 en funciones y en los seis meses siguientes a su expiraci\u00f3n en el cargo. Durante este \u00faltimo \ntiempo no podr\u00e1 ausentarse de la Rep\u00fablica sin acuerdo del Congreso de las Diputadas y \nDiputados; \nb) Las Ministras y Ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor \no la seguridad de la Naci\u00f3n, por infringir la Constituci\u00f3n o las leyes o haber dejado \u00e9stas sin \nejecuci\u00f3n, y por los delitos de traici\u00f3n, concusi\u00f3n, malversaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos y soborno; \nc) Las juezas y jueces de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, y de la o el \nContralor General de la Rep\u00fablica, por notable abandono de sus deberes; \nd) Las y los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas \nArmadas, del General Director de Carabineros de Chile y del Director General de la Polic\u00eda de \nInvestigaciones de Chile, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la \nNaci\u00f3n; \n \ne) Las y los gobernadores regionales y de la autoridad en los territorios especiales e \nind\u00edgenas, por infracci\u00f3n de la Constituci\u00f3n y por los delitos de traici\u00f3n, sedici\u00f3n, malversaci\u00f3n \nde fondos p\u00fablicos y concusi\u00f3n. \nLa acusaci\u00f3n se tramitar\u00e1 en conformidad a la Ley de Organizaci\u00f3n, Funcionamiento \ny Procedimientos del Poder Legislativo. \nLas acusaciones referidas en las letras b), c), d) y e) podr\u00e1n interponerse mientras la \no el afectado est\u00e9 en funciones o en los tres meses siguientes a la expiraci\u00f3n en su cargo. \nInterpuesta la acusaci\u00f3n, la o el afectado no podr\u00e1 ausentarse del pa\u00eds sin permiso del Congreso \nde Diputadas y Diputados y no podr\u00e1 hacerlo en caso alguno si la acusaci\u00f3n ya estuviere aprobada \npor \u00e9ste. \nPara declarar que ha lugar la acusaci\u00f3n en contra del Presidente o Presidenta de la \nRep\u00fablica o de un gobernador regional se necesitar\u00e1 el voto de la mayor\u00eda de los diputados y \ndiputadas en ejercicio. \nEn los dem\u00e1s casos se requerir\u00e1 el de la mayor\u00eda de los diputados y diputadas \npresentes y la o el acusado quedar\u00e1 suspendido en sus funciones desde el momento en que el \nCongreso de Diputadas y Diputados declare que ha lugar la acusaci\u00f3n. La suspensi\u00f3n cesar\u00e1 si \nla C\u00e1mara de las Regiones desestimare la acusaci\u00f3n o si no se pronunciare dentro de los treinta \nd\u00edas siguientes. \n \n",
    "19": "1",
    "20": "4.- Art\u00edculo 11 ter.- Es atribuci\u00f3n exclusiva de la C\u00e1mara de las Regiones conocer de las \nacusaciones que el Congreso de Diputadas y Diputados entable con arreglo a lo establecido en el \nart\u00edculo 11 bis.  \nLa C\u00e1mara de las Regiones resolver\u00e1 como jurado y se limitar\u00e1 a declarar si la o el \nacusado es o no culpable. \nLa declaraci\u00f3n de culpabilidad deber\u00e1 ser pronunciada por los dos tercios de las y los \nrepresentantes regionales en ejercicio cuando se trate de una acusaci\u00f3n en contra de la Presidenta \no Presidente de la Rep\u00fablica o de un gobernador regional, y por la mayor\u00eda de los representantes \nregionales en ejercicio en los dem\u00e1s casos. \nPor la declaraci\u00f3n de culpabilidad queda la o el acusado destituido de su cargo. \n \nLa persona destituida no podr\u00e1 desempe\u00f1ar ning\u00fan otro cargo de exclusiva confianza \nde la o el Presidente durante el tiempo que reste de su mandato o presentarse al cargo de elecci\u00f3n \npopular del cual fue destituido en el per\u00edodo siguiente, seg\u00fan corresponda. \nLa o el funcionario declarado culpable ser\u00e1 juzgado de acuerdo a las leyes por el \ntribunal competente, tanto para la aplicaci\u00f3n de la pena se\u00f1alada al delito, si lo hubiere, como \npara hacer efectiva la responsabilidad civil por los da\u00f1os y perjuicios causados al Estado o a \nparticulares. \n \n\u00a7 De las sesiones conjuntas del Congreso de Diputadas y Diputados y de la C\u00e1mara de las \nRegiones \n \n",
    "21": "1",
    "22": "5.- Art\u00edculo 12.- El Congreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones se reunir\u00e1n \nen sesi\u00f3n conjunta para tomar el juramento o promesa de la Presidenta o Presidente de la \nRep\u00fablica al momento de asumir el cargo, para recibir la cuenta p\u00fablica anual y para inaugurar \nel a\u00f1o legislativo. \n \n",
    "23": "1",
    "24": "6.- Art\u00edculo 12 bis.- El Congreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones se \nreunir\u00e1n en sesi\u00f3n conjunta para decidir los nombramientos que conforme a esta Constituci\u00f3n \ncorresponda, garantizando un estricto escrutinio de la idoneidad de las y los candidatos para el \ncargo correspondiente. \n \n",
    "25": "1",
    "26": "7.- Art\u00edculo 13.- Para ser elegida diputada, diputado o representante regional se requiere ser \nciudadana o ciudadano con derecho a sufragio, haber cumplido dieciocho a\u00f1os de edad al d\u00eda de \nla elecci\u00f3n y tener avecindamiento en el territorio correspondiente durante un plazo no inferior a \ndos a\u00f1os, en el caso de las diputadas o diputados, y de cuatro a\u00f1os en el caso de las y los \nrepresentantes regionales, contados hacia atr\u00e1s desde el d\u00eda de la elecci\u00f3n.  \nSe entender\u00e1 que una diputada, diputado o representante regional tiene su residencia \nen el territorio correspondiente mientras ejerza su cargo. \n \n",
    "27": "1",
    "28": "8.- Art\u00edculo 14.- No pueden ser candidatos a diputadas o diputados ni a representante regional: \n \n1. La Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica o quien lo sustituya en el ejercicio de \nla Presidencia al tiempo de la elecci\u00f3n; \n2. Las y los Ministros de Estado y las y los Subsecretarios; \n3. Las autoridades regionales y comunales de elecci\u00f3n popular; \n4. Las y los Consejeros del Banco Central y del Consejo Electoral; \n5. Las y los directivos de los \u00f3rganos aut\u00f3nomos; \n6. Las y los que ejerzan jurisdicci\u00f3n en los Sistemas de Justicia; \n7. Las y los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales \nelectorales; \n8. La o el Contralor General de la Rep\u00fablica; \n9. La o el Fiscal Nacional, fiscales regionales o fiscales adjuntos del Ministerio \nP\u00fablico; \n10. Los funcionarios o funcionarias en servicio activo de las polic\u00edas; \n11. Las personas naturales o administradores de personas jur\u00eddicas que celebren o \ncaucionen contratos con el Estado, y \n12.  Las y los militares en servicio activo. \n \nLas inhabilidades establecidas en este art\u00edculo ser\u00e1n aplicables a quienes hubieren \ntenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del a\u00f1o inmediatamente anterior a la \nelecci\u00f3n, excepto respecto de las personas mencionadas en el n\u00famero 11, las que no deber\u00e1n \nreunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura y de las indicadas en el n\u00famero \n9, 10 y 12, respecto de las cuales el plazo de la inhabilidad ser\u00e1 de los dos a\u00f1os inmediatamente \nanteriores a la elecci\u00f3n. \n \n",
    "29": "1",
    "30": "9.- Art\u00edculo 15.- Los cargos de diputadas o diputados y de representante regional son \nincompatibles entre s\u00ed y con otros cargos de representaci\u00f3n y con todo empleo, funci\u00f3n, comisi\u00f3n \no cargo de car\u00e1cter p\u00fablico o privado. \nSon tambi\u00e9n incompatibles con las funciones de directores o consejeros, aun cuando \nsean ad honorem, de entidades fiscales aut\u00f3nomas, semifiscales, y de empresas estatales o en las \nque el Estado tenga participaci\u00f3n por aporte de capital. \n \nPor el solo hecho de su proclamaci\u00f3n por el Tribunal Calificador de Elecciones, la \ndiputada o diputado o representante regional cesar\u00e1 en el otro cargo, empleo, funci\u00f3n o comisi\u00f3n \nincompatible que desempe\u00f1e. \n \n",
    "31": "2",
    "32": "0.- Art\u00edculo 16.- Las diputadas y diputados y las y los representantes regionales podr\u00e1n ser \nreelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un per\u00edodo. Para estos efectos se entender\u00e1 que \nhan ejercido su cargo durante un per\u00edodo cuando han cumplido m\u00e1s de la mitad de su mandato. \n \n",
    "33": "2",
    "34": "1.- Art\u00edculo 17.- El Congreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones se \nrenovar\u00e1n en su totalidad cada cuatro a\u00f1os. \nLa ley establecer\u00e1 sus reglas de organizaci\u00f3n, funcionamiento y tramitaci\u00f3n, la que \npodr\u00e1 ser complementada con los reglamentos de funcionamiento que estos \u00f3rganos dicten. \nEl Congreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones tomar\u00e1n sus \ndecisiones por la mayor\u00eda de sus miembros presentes, salvo que esta Constituci\u00f3n disponga un \nquorum diferente. \n \n",
    "35": "2",
    "36": "2.- Art\u00edculo 18.- El Congreso de Diputadas y Diputados no podr\u00e1 entrar en sesi\u00f3n ni adoptar \nacuerdos sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio. \n \n",
    "37": "2",
    "38": "3.- Art\u00edculo 19.- La o el reemplazante deber\u00e1 reunir los requisitos establecidos por esta \nConstituci\u00f3n para ser elegido en el cargo respectivo y le alcanzar\u00e1n las inhabilidades establecidas \nen el art\u00edculo 14 y las incompatibilidades del art\u00edculo 15. Se asegurar\u00e1 a todo evento la \ncomposici\u00f3n paritaria del \u00f3rgano. \n \n",
    "39": "2",
    "40": "4.- Art\u00edculo 20.-Las diputadas, diputados y representantes regionales son inviolables por las \nopiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempe\u00f1o de sus cargos. \nDesde el d\u00eda de su elecci\u00f3n o investidura, ning\u00fan diputado, diputada o representante \nregional puede ser acusado o privado de libertad, salvo el caso de delito flagrante, si la Corte de \nApelaciones de la jurisdicci\u00f3n respectiva, en pleno, no declara previamente haber lugar a la \nformaci\u00f3n de causa. En contra de las resoluciones que al respecto dictaren estas Cortes podr\u00e1 \napelarse ante la Corte Suprema. \n \nEn caso de que un diputado, diputada o representante regional sea detenido por delito \nflagrante, ser\u00e1 puesto inmediatamente a disposici\u00f3n de la Corte de Apelaciones respectiva, con \nla informaci\u00f3n sumaria correspondiente. La Corte proceder\u00e1 conforme a lo dispuesto en el inciso \nanterior.  \nDesde el momento en que se declare, por resoluci\u00f3n firme, haber lugar a formaci\u00f3n \nde causa, el diputado, diputada o representante regional quedar\u00e1 suspendido de su cargo y sujeto \nal juez competente. \n \n",
    "41": "2",
    "42": "5.- Art\u00edculo 21.- Cesar\u00e1 en el cargo la diputada, diputado o representante regional: \nb) Que se ausentare del pa\u00eds por m\u00e1s de treinta d\u00edas sin permiso de la corporaci\u00f3n \nrespectiva o, en receso de \u00e9sta, de su Mesa Directiva; \nc) Que, durante su ejercicio, celebrare o caucionare contratos con el Estado, o actuare \ncomo procuradora o procurador o agente en gestiones particulares de car\u00e1cter administrativo, en \nla provisi\u00f3n de empleos p\u00fablicos, consejer\u00edas, funciones o comisiones de similar naturaleza. Esta \ninhabilidad tendr\u00e1 lugar sea que la diputada, diputado o representante regional act\u00fae por s\u00ed o por \ninterp\u00f3sita persona, natural o jur\u00eddica; \nd) Que, durante su ejercicio, act\u00fae como abogada o abogado o mandataria o \nmandatario en cualquier clase de juicio, que ejercite cualquier influencia ante las autoridades \nadministrativas o judiciales en favor o representaci\u00f3n del empleador o de las y los trabajadores \nen negociaciones o conflictos laborales, sean del sector p\u00fablico o privado, o que intervenga en \nellos ante cualquiera de las partes; \ne) Que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, l\u00edmites y control \ndel gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de \nElecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Una ley se\u00f1alar\u00e1 los \ncasos en que existe una infracci\u00f3n grave. \nf) Que, durante su ejercicio, pierda alg\u00fan requisito general de elegibilidad, o incurra \nen una inhabilidad de las establecidas en el art\u00edculo 14. \nLas diputadas, diputados y representantes regionales podr\u00e1n renunciar a sus cargos \ncuando les afecte una enfermedad grave, debidamente acreditada, que les impida desempe\u00f1arlos, \ny as\u00ed lo califique el tribunal que realice el control de constitucionalidad. \n \n \nDe la legislaci\u00f3n y la potestad reglamentaria \n \n",
    "43": "2",
    "44": "6.- Art\u00edculo 22.- S\u00f3lo en virtud de una ley se puede:  \na. Crear, modificar y suprimir tributos de cualquier clase o naturaleza y los beneficios \ntributarios aplicables a \u00e9stos, determinar su progresi\u00f3n, exenciones y proporcionalidad, sin \nperjuicio de las excepciones que establezca esta Constituci\u00f3n; \nb. Autorizar la contrataci\u00f3n de empr\u00e9stitos y otras operaciones que puedan \ncomprometer el cr\u00e9dito y la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos y \nmunicipalidades, sin perjuicio de lo consagrado respecto de las entidades territoriales y de lo \nestablecido en la letra siguiente. Esta disposici\u00f3n no se aplicar\u00e1 al Banco Central;  \nc. Establecer las condiciones y reglas conforme a las cuales las universidades y las \nempresas del Estado y aquellas en que \u00e9ste tenga participaci\u00f3n puedan contratar empr\u00e9stitos, los \nque en ning\u00fan caso podr\u00e1n efectuarse con el Estado, sus organismos y empresas; \n d. Instituir las normas sobre enajenaci\u00f3n de bienes del Estado, los gobiernos \nregionales o de las municipalidades y sobre su arrendamiento, t\u00edtulos habilitantes para su uso o \nexplotaci\u00f3n, y concesi\u00f3n; \ne. Disponer, organizar y distribuir las Fuerzas Armadas para su desarrollo y empleo \nconjunto, as\u00ed como permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la Rep\u00fablica, como, \nasimismo, la salida de tropas nacionales fuera de \u00e9l;  \nf. Establecer o modificar la divisi\u00f3n pol\u00edtico o administrativa del pa\u00eds;  \ng. Se\u00f1alar el valor, tipo y denominaci\u00f3n de las monedas, y el sistema de pesos y \nmedidas;  \nh. Conceder indultos generales y amnist\u00edas, salvo en cr\u00edmenes de lesa humanidad;  \ni. Establecer el sistema de determinaci\u00f3n de las remuneraciones de la Presidenta o \nPresidente de la Rep\u00fablica y las Ministras o Ministros de Estado, de las diputadas y diputados, \nlas gobernadoras y gobernadores y de las y los representantes regionales; \nk. Singularizar la ciudad en que debe residir la Presidenta o el Presidente de la \nRep\u00fablica, celebrar sus sesiones el Congreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las \nRegiones y funcionar la Corte Suprema;  \nl. Autorizar la declaraci\u00f3n de guerra, a propuesta de la Presidenta o Presidente de la \nRep\u00fablica;  \n \nm. Fijar las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administraci\u00f3n \np\u00fablica; \nn. Establecer la creaci\u00f3n y modificaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos y empleos p\u00fablicos, \nsean fiscales, semifiscales, aut\u00f3nomos o de las empresas del Estado, y determinar sus funciones \ny atribuciones; \n\u00f1. Establecer el r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable en materia laboral, sindical, de la huelga \ny la negociaci\u00f3n colectiva en sus diversas manifestaciones, previsional y de seguridad social;  \no. Crear loter\u00edas y apuestas; \np. Regular aquellas materias que la Constituci\u00f3n se\u00f1ale como leyes de concurrencia \npresidencial necesaria, y \nq. Regular las dem\u00e1s materias que la Constituci\u00f3n exija que sean establecidas por \nuna ley. \n \n",
    "45": "2",
    "46": "7.- Art\u00edculo 23.- La Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica tendr\u00e1 la potestad de dictar aquellos \nreglamentos, decretos e instrucciones que crea necesarios para la ejecuci\u00f3n de las leyes. \n \n",
    "47": "2",
    "48": "8.- Art\u00edculo 24.- La Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica podr\u00e1 ejercer la potestad \nreglamentaria en todas aquellas materias que no est\u00e9n comprendidas en el art\u00edculo 22. \nCuando sobre una materia no comprendida en los literales del art\u00edculo 22 sean aplicables reglas \nde rango legal y reglamentario, primar\u00e1 la ley. \nLa Presidenta o Presidente deber\u00e1 informar mensualmente al Congreso sobre los \nreglamentos, decretos e instrucciones que se hayan dictado en virtud de este art\u00edculo. \n \n",
    "49": "2",
    "50": "9.- Art\u00edculo 25.- La Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica podr\u00e1 solicitar autorizaci\u00f3n al \nCongreso de Diputadas y Diputados para dictar decretos con fuerza de ley durante un plazo no \nsuperior a un a\u00f1o sobre materias que correspondan al dominio de la ley. \nEsta autorizaci\u00f3n no podr\u00e1 extenderse a derechos fundamentales, nacionalidad, \nciudadan\u00eda, elecciones y plebiscitos. \nLa autorizaci\u00f3n nunca podr\u00e1 comprender facultades que afecten a la organizaci\u00f3n, \natribuciones y r\u00e9gimen de los funcionarios del Sistema de Justicia, del Congreso de Diputadas y \n \nDiputados, de la C\u00e1mara de las Regiones, de la Corte Constitucional, ni de la Contralor\u00eda General \nde la Rep\u00fablica. \nLa ley que otorgue la referida autorizaci\u00f3n se\u00f1alar\u00e1 las materias precisas sobre las \nque recaer\u00e1 la delegaci\u00f3n y podr\u00e1 establecer o determinar las limitaciones, restricciones y \nformalidades que se estimen convenientes. \nSin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la Presidenta o Presidente de \nla Rep\u00fablica queda autorizado para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las \nleyes cuando sea conveniente para su mejor ejecuci\u00f3n. En ejercicio de esta facultad, podr\u00e1 \nintroducirle los cambios de forma que sean indispensables, sin alterar, en caso alguno, su \nverdadero sentido y alcance. \nA la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica corresponder\u00e1 tomar raz\u00f3n de estos decretos \ncon fuerza de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorizaci\u00f3n \nreferida. \nLos decretos con fuerza de ley estar\u00e1n sometidos en cuanto a su publicaci\u00f3n, vigencia \ny efectos, a las mismas normas que rigen para la ley. \nLa ley delegatoria de potestades que corresponda a leyes de acuerdo regional es ley \nde acuerdo regional. \n \n",
    "51": "3",
    "52": "0.- Art\u00edculo 26.- Son leyes de concurrencia presidencial necesaria: \na. Las que irroguen directamente gastos al Estado; \nb. Las leyes relacionadas con la administraci\u00f3n presupuestaria del Estado, incluyendo \nlas modificaciones de la Ley de Presupuestos; \nc. Las que alteren la divisi\u00f3n pol\u00edtica o administrativa del pa\u00eds; \nd. Las que impongan, supriman, reduzcan o condonen tributos de cualquier clase o \nnaturaleza, establezcan exenciones o modifiquen las existentes, y determinen su forma, \nproporcionalidad o progresi\u00f3n; \ne. Las que contraten o autoricen a contratar empr\u00e9stitos o celebrar cualquier otra clase \nde operaciones que puedan comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, de las \nentidades semifiscales, aut\u00f3nomas y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras \ncargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del Fisco o de los organismos o \nentidades referidos, sin perjuicio de lo dispuesto en el art\u00edculo 22, letra c, y \n \nf. Las que dispongan, organicen y distribuyan las Fuerzas Armadas para su desarrollo \ny empleo conjunto. \n \n",
    "53": "3",
    "54": "1.- Art\u00edculo 27.- Las leyes de concurrencia presidencial necesaria pueden tener su origen en un \nmensaje presidencial o en una moci\u00f3n parlamentaria. \nLa moci\u00f3n parlamentaria deber\u00e1 ser patrocinada por no menos de un cuarto y no m\u00e1s \nde un tercio de las diputadas y diputados o, en su caso, de los representantes regionales en \nejercicio, y deber\u00e1 declarar que se trata de un proyecto de ley de concurrencia necesaria de la \nPresidencia. \nLas mociones de concurrencia presidencial necesaria deber\u00e1n presentarse \nacompa\u00f1adas de un informe t\u00e9cnico financiero de la Secretar\u00eda de Presupuestos. \nLas leyes de concurrencia presidencial necesaria s\u00f3lo podr\u00e1n ser aprobadas si la \nPresidenta o Presidente de la Rep\u00fablica entrega su patrocinio durante la tramitaci\u00f3n del proyecto. \nLa Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica podr\u00e1 patrocinar el proyecto de ley en cualquier \nmomento hasta transcurridos quince d\u00edas desde que haya sido despachado por la Comisi\u00f3n \nrespectiva. Transcurrido ese plazo sin el patrocinio correspondiente, el proyecto se entender\u00e1 \ndesechado y no se podr\u00e1 insistir en su tramitaci\u00f3n. \nLa Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica siempre podr\u00e1 retirar su patrocinio. En \ndicho caso, la tramitaci\u00f3n del proyecto no podr\u00e1 continuar. \nLas mociones parlamentarias que correspondan a materias de concurrencia \npresidencial necesaria deber\u00e1n presentarse con una estimaci\u00f3n de gastos y origen del \nfinanciamiento. \n \n",
    "55": "3",
    "56": "2.- Art\u00edculo 28.- S\u00f3lo son leyes de acuerdo regional las que reformen la Constituci\u00f3n; las que \nregulen la organizaci\u00f3n, atribuciones y funcionamiento de los Sistemas de Justicia, del Poder \nLegislativo y de los \u00f3rganos aut\u00f3nomos constitucionales; las que regulen los estados de \nexcepci\u00f3n constitucional; las que creen, modifiquen o supriman tributos o exenciones y \ndeterminen su progresi\u00f3n y proporcionalidad; las que directamente irroguen al Estado gastos \ncuya ejecuci\u00f3n corresponda a las entidades territoriales; las que implementen el derecho a la \nsalud, derecho a la educaci\u00f3n y derecho a la vivienda; la de Presupuestos; las que aprueben el \nEstatuto Regional; las que regulen la elecci\u00f3n, designaci\u00f3n, competencias, atribuciones y \n \nprocedimientos de los \u00f3rganos y autoridades de las entidades territoriales; las que establezcan o \nalteren la divisi\u00f3n pol\u00edtico-administrativa del pa\u00eds; las que establezcan los mecanismos de \ndistribuci\u00f3n fiscal y presupuestaria, y otros mecanismos de compensaci\u00f3n econ\u00f3mica entre las \ndistintas entidades territoriales; las que autoricen la celebraci\u00f3n de operaciones que comprometan \nla responsabilidad patrimonial de las entidades territoriales; las que autoricen a las entidades \nterritoriales la creaci\u00f3n de empresas p\u00fablicas; las que deleguen potestades legislativas en \nconformidad al art\u00edculo 31 N\u00ba12 de esta Constituci\u00f3n; las que regulen la planificaci\u00f3n territorial \ny urban\u00edstica y su ejecuci\u00f3n; las que regulen la protecci\u00f3n del medio ambiente; las que regulen \nlas votaciones populares y escrutinios; las que regulen las organizaciones pol\u00edticas, y las dem\u00e1s \nque esta Constituci\u00f3n califique como de acuerdo regional. \nSi se generare un conflicto de competencia entre la C\u00e1mara de las Regiones y el \nCongreso de Diputadas y Diputados con relaci\u00f3n a si una o m\u00e1s materias dispuestas en este \nart\u00edculo deben ser revisadas por la C\u00e1mara de las Regiones, esta aprobar\u00e1 su competencia por \nmayor\u00eda simple de sus miembros y el Congreso lo ratificar\u00e1 por mayor\u00eda simple. En caso que el \nCongreso rechace la revisi\u00f3n aprobada por la C\u00e1mara de las Regiones, \u00e9sta podr\u00e1 recurrir a la \nCorte Constitucional por acuerdo de mayor\u00eda simple. \n \n",
    "57": "3",
    "58": "3.- Art\u00edculo 28 bis.- La C\u00e1mara de las Regiones conocer\u00e1 de los estatutos regionales aprobados \npor una Asamblea Regional, de las propuestas de creaci\u00f3n de empresas regionales efectuadas por \nuna o m\u00e1s Asambleas Regionales de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 31 n\u00famero 7 de \nesta Constituci\u00f3n y de las solicitudes de delegaci\u00f3n de potestades legislativas realizadas por \u00e9stas. \nPara el conocimiento del Estatuto Regional, el Congreso y la C\u00e1mara contar\u00e1n con un plazo de \nseis meses. \nRecibida una propuesta, la C\u00e1mara podr\u00e1 aprobar el proyecto o efectuar las \nenmiendas que estime necesarias. De aceptarse las enmiendas por la Asamblea respectiva, el \nproyecto quedar\u00e1 en estado de ser despachado al Congreso de Diputadas y Diputados para su \ntramitaci\u00f3n como ley de acuerdo regional. \nTrat\u00e1ndose de las delegaciones, estas no podr\u00e1n extenderse a \u00e1mbitos de \nconcurrencia presidencial necesaria, a la nacionalidad, la ciudadan\u00eda y las elecciones, a los \n\u00e1mbitos que sean objeto de codificaci\u00f3n general, ni a la organizaci\u00f3n, atribuciones y r\u00e9gimen de \nlos \u00f3rganos nacionales o de los Sistemas de Justicia. \n \nLa ley que delegue potestades se\u00f1alar\u00e1 las materias precisas sobre las que recaer\u00e1 la \ndelegaci\u00f3n y podr\u00e1 establecer o determinar las limitaciones, restricciones y formalidades que se \nestimen convenientes. \nLa Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica deber\u00e1 tomar raz\u00f3n de las leyes regionales \ndictadas de conformidad con este art\u00edculo, debiendo rechazarlas cuando ellas excedan o \ncontravengan la autorizaci\u00f3n referida. \n \nDel procedimiento legislativo \n \n",
    "59": "3",
    "60": "4.- Art\u00edculo 29.- Las leyes pueden iniciarse por mensaje de la Presidenta o Presidente de la \nRep\u00fablica o por moci\u00f3n de no menos del diez por ciento ni m\u00e1s del quince por ciento de las \ndiputadas y diputados o representantes regionales. Adicionalmente, podr\u00e1n tener su origen en \niniciativa popular o iniciativa ind\u00edgena de ley. \nUna o m\u00e1s Asambleas Regionales podr\u00e1n presentar iniciativas a la C\u00e1mara de las \nRegiones en materias de inter\u00e9s regional. Si \u00e9sta las patrocina, ser\u00e1n ingresadas como moci\u00f3n \nparlamentaria ordinaria en el Congreso. \nTodos los proyectos de ley, cualquiera sea la forma de su iniciativa, comenzar\u00e1n su \ntramitaci\u00f3n en el Congreso de Diputadas y Diputados. \nTodo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los tr\u00e1mites que \ncorresponda, tanto en el Congreso de Diputadas y Diputados como en la C\u00e1mara de las Regiones \nsi \u00e9sta interviene en conformidad con lo establecido en esta Constituci\u00f3n, pero en ning\u00fan caso se \nadmitir\u00e1n las que no tengan relaci\u00f3n directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. \n \n",
    "61": "3",
    "62": "5.- Art\u00edculo 30.- Las leyes deber\u00e1n ser aprobadas, modificadas o derogadas por la mayor\u00eda de \nlos miembros presentes en el Congreso de Diputadas y Diputados al momento de su votaci\u00f3n. \nEn caso de tratarse de una ley de acuerdo regional, la Presidencia del Congreso \nenviar\u00e1 el proyecto aprobado a la C\u00e1mara de las Regiones para continuar con su tramitaci\u00f3n. \nTerminada la tramitaci\u00f3n del proyecto en el Congreso de Diputadas y Diputados, ser\u00e1 \ndespachado a la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica para efectos de lo establecido en el \nart\u00edculo 32. \n \n",
    "63": "3",
    "64": "6.- Art\u00edculo 30 bis.- Las leyes referidas a la organizaci\u00f3n, funcionamiento y procedimientos \ndel Poder Legislativo y de los Sistemas de Justicia; a los procesos electorales y plebiscitarios; a \nla regulaci\u00f3n de los estados de excepci\u00f3n constitucional, y a la regulaci\u00f3n de las organizaciones \npol\u00edticas, deber\u00e1n ser aprobadas por el voto favorable de la mayor\u00eda en ejercicio de los miembros \ndel Congreso de Diputadas y Diputados y de la C\u00e1mara de las Regiones. \n \n",
    "65": "3",
    "66": "7.- Art\u00edculo 31.- Recibido por la C\u00e1mara de las Regiones un proyecto de ley de acuerdo regional \naprobado por el Congreso de Diputadas y Diputados, la C\u00e1mara de las Regiones se pronunciar\u00e1, \naprob\u00e1ndolo o rechaz\u00e1ndolo. Si lo aprobare, el proyecto ser\u00e1 enviado al Congreso para que lo \ndespache a la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica para su promulgaci\u00f3n como ley. Si lo \nrechazare, lo tramitar\u00e1 y propondr\u00e1 al Congreso las enmiendas que considere pertinentes. \nSi el Congreso rechazare una o m\u00e1s de esas enmiendas u observaciones, se convocar\u00e1 \na una comisi\u00f3n mixta que propondr\u00e1 nuevas enmiendas para resolver la discrepancia. Estas \nenmiendas ser\u00e1n votadas por la C\u00e1mara y luego por el Congreso. Si todas ellas fueren aprobadas, \nel proyecto ser\u00e1 despachado para su promulgaci\u00f3n. \nLa comisi\u00f3n mixta estar\u00e1 conformada por igual n\u00famero de diputadas y diputados y \nde representantes regionales. La ley fijar\u00e1 el mecanismo para designar a los integrantes de la \ncomisi\u00f3n y establecer\u00e1 el plazo en que deber\u00e1 informar. De no evacuar su informe dentro de \nplazo, se entender\u00e1 que la comisi\u00f3n mixta mantiene las observaciones originalmente formuladas \npor la C\u00e1mara y rechazadas por el Congreso y se aplicar\u00e1 lo dispuesto en el inciso anterior. \n \n",
    "67": "3",
    "68": "8.- Art\u00edculo 31 bis.- En la sesi\u00f3n siguiente a su despacho por el Congreso de Diputadas y \nDiputados y con el voto favorable de la mayor\u00eda, la C\u00e1mara de las Regiones podr\u00e1 requerir \nconocer de un proyecto de ley que no sea de acuerdo regional.  \nLa C\u00e1mara contar\u00e1 con sesenta d\u00edas desde que recibe el proyecto para formularle \nenmiendas y remitirlas al Congreso. \u00c9ste podr\u00e1 aprobarlas o insistir en el proyecto original con \nel voto favorable de la mayor\u00eda. Si dentro del plazo se\u00f1alado la C\u00e1mara no evac\u00faa su informe, el \nproyecto quedar\u00e1 en condiciones de ser despachado por el Congreso. \n \n",
    "69": "3",
    "70": "9.- Art\u00edculo 32.- Si la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica aprobare el proyecto despachado \npor el Congreso de Diputadas y Diputados, dispondr\u00e1 su promulgaci\u00f3n como ley. En caso \n \ncontrario, lo devolver\u00e1 dentro de treinta d\u00edas con las observaciones que estime pertinentes o \ncomunicando su rechazo total al proyecto. \nEn ning\u00fan caso se admitir\u00e1n las observaciones que no tengan relaci\u00f3n directa con las \nideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el \nmensaje respectivo. \nLas observaciones parciales podr\u00e1n ser aprobadas por mayor\u00eda. Con el mismo \nqu\u00f3rum, el Congreso podr\u00e1 insistir en el proyecto original.  \nSi el Presidente hubiere rechazado totalmente el proyecto, el Congreso deber\u00e1 \ndesecharlo, salvo que insista por tres quintos de sus integrantes.  \nSi la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica no devolviere el proyecto dentro de \ntreinta d\u00edas, contados desde la fecha de su remisi\u00f3n, se entender\u00e1\u0301 que lo aprueba y se promulgar\u00e1 \ncomo ley. La promulgaci\u00f3n deber\u00e1\u0301 hacerse siempre dentro del plazo de diez d\u00edas, contados desde \nque ella sea procedente. La publicaci\u00f3n se har\u00e1\u0301 dentro de los cinco d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la \nfecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio. \n \n",
    "71": "4",
    "72": "0.- Art\u00edculo 33.- El proyecto que fuere desechado en general por el Congreso de Diputadas y \nDiputados, no podr\u00e1 renovarse sino despu\u00e9s de un a\u00f1o. \n \n",
    "73": "4",
    "74": "1.- Art\u00edculo 34.- La ley que regule el funcionamiento del Congreso de Diputadas y Diputados \ndeber\u00e1 establecer los mecanismos para determinar el orden en que se conocer\u00e1n los proyectos de \nley, debiendo distinguir entre urgencia simple, suma urgencia y discusi\u00f3n inmediata. \nLa ley especificar\u00e1 los casos en que la urgencia ser\u00e1 fijada por la Presidenta o \nPresidente de la Rep\u00fablica y por el Congreso. La ley especificar\u00e1 los casos y condiciones de la \nurgencia popular.  \nS\u00f3lo la Presidenta o Presidente contar\u00e1 con la facultad de determinar la discusi\u00f3n \ninmediata de un proyecto de ley. \n \n",
    "75": "4",
    "76": "2.- Art\u00edculo 35.- El proyecto de Ley de Presupuestos deber\u00e1 ser presentado por la Presidenta o \nPresidente de la Rep\u00fablica a lo menos con tres meses de anterioridad a la fecha en que debe \nempezar a regir.  \n \nSi el proyecto no fuera despachado dentro de los 90 d\u00edas de presentado, regir\u00e1 el \nproyecto inicialmente enviado por la o el Presidente.  \nEl proyecto de ley comenzar\u00e1 su tramitaci\u00f3n en una comisi\u00f3n especial de \npresupuestos compuesta por igual n\u00famero de diputados y representantes regionales. La comisi\u00f3n \nespecial no podr\u00e1 aumentar ni disminuir la estimaci\u00f3n de los ingresos, pero podr\u00e1 reducir los \ngastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que est\u00e9n establecidos por ley \npermanente.  \nAprobado el proyecto por la comisi\u00f3n especial de presupuestos, ser\u00e1 enviado al \nCongreso de Diputadas y Diputados para su tramitaci\u00f3n como ley de acuerdo regional.  \nLa estimaci\u00f3n del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de Presupuestos y \nde los nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa de ley, corresponder\u00e1 a la Presidenta o \nPresidente de la Rep\u00fablica, previo informe de los organismos t\u00e9cnicos respectivos, sin perjuicio \nde lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 38. \nNo se podr\u00e1 aprobar ning\u00fan nuevo gasto con cargo al erario p\u00fablico sin que se \nindiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto. \nSi la fuente de recursos otorgada por el Congreso de Diputadas y Diputados fuere \ninsuficiente para financiar cualquier nuevo gasto que se apruebe, la Presidenta o Presidente de la \nRep\u00fablica, al promulgar la ley, previo informe favorable del servicio o instituci\u00f3n a trav\u00e9s del \ncual se recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, deber\u00e1 \nreducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza. \n \n",
    "77": "4",
    "78": "3.- Art\u00edculo 36.- El Gobierno deber\u00e1 dar acceso al Congreso de Diputadas y Diputados a toda \nla informaci\u00f3n disponible para la toma de decisiones presupuestarias. Deber\u00e1 tambi\u00e9n rendir \ncuentas y fiscalizar la ejecuci\u00f3n del presupuesto nacional, haciendo p\u00fablico asimismo la \ninformaci\u00f3n sobre el desempe\u00f1o de los programas ejecutados en base a \u00e9ste. \n \n",
    "79": "4",
    "80": "4.- Art\u00edculo 37.- En la tramitaci\u00f3n de la Ley de Presupuestos, as\u00ed como respecto de los \npresupuestos regionales y comunales, se deber\u00e1n garantizar espacios de participaci\u00f3n popular. \n \n",
    "81": "4",
    "82": "5.- Art\u00edculo 38.- El Congreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones contar\u00e1n \ncon una Unidad T\u00e9cnica dependiente administrativamente del Congreso.  \n \nSu Secretar\u00eda Legislativa estar\u00e1 encargada de asesorar en los aspectos jur\u00eddicos de \nlas leyes que tramiten. Podr\u00e1 asimismo emitir informes sobre \u00e1mbitos de la legislaci\u00f3n que hayan \nca\u00eddo en desuso o que presenten problemas t\u00e9cnicos. \nSu Secretar\u00eda de Presupuestos estar\u00e1 encargada de estudiar el efecto presupuestario \ny fiscal de los proyectos de ley y de asesorar a las diputadas, diputados y representantes \nregionales durante la tramitaci\u00f3n de la Ley de Presupuestos. \n \n",
    "83": "4",
    "84": "6.- Art\u00edculo 39.- El gobierno y la administraci\u00f3n del Estado corresponden a la Presidenta o \nPresidente de la Rep\u00fablica, quien ejerce la jefatura de Estado y la jefatura de Gobierno. \nEl 5 de julio de cada a\u00f1o, la Presidenta o el Presidente dar\u00e1 cuenta al pa\u00eds del estado \nadministrativo y pol\u00edtico de la Rep\u00fablica ante el Congreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara \nde las Regiones, en sesi\u00f3n conjunta. \n \n",
    "85": "4",
    "86": "7.- Art\u00edculo 40.- Para ser elegida Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica se requiere tener \nnacionalidad chilena, ser ciudadana o ciudadano con derecho a sufragio y haber cumplido treinta \na\u00f1os de edad. \nAsimismo, deber\u00e1 tener residencia efectiva en el territorio nacional los cuatro a\u00f1os \nanteriores a la elecci\u00f3n. No se exigir\u00e1 este requisito cuando la ausencia del pa\u00eds se deba a que \nella o \u00e9l, su c\u00f3nyuge o su conviviente civil cumplan misi\u00f3n diplom\u00e1tica, trabajen en organismos \ninternacionales o existan otras circunstancias que la justifiquen fundadamente. Tales \ncircunstancias deber\u00e1n ser calificadas por los tribunales electorales. \n \n",
    "87": "4",
    "88": "8.- Art\u00edculo 41.- La Presidenta o Presidente se elegir\u00e1 mediante sufragio universal, directo, \nlibre y secreto. \n \n",
    "89": "4",
    "90": "9.- Art\u00edculo 42.- La Presidenta o Presidente ser\u00e1 elegido por la mayor\u00eda absoluta de los votos \nv\u00e1lidamente emitidos. La elecci\u00f3n se efectuar\u00e1 el tercer domingo de noviembre del a\u00f1o anterior \na aquel en que deba cesar en el cargo el que est\u00e9 en funciones.  \nSi a la elecci\u00f3n se presentaren m\u00e1s de dos candidaturas y ninguna de ellas obtuviere \nm\u00e1s de la mitad de los sufragios v\u00e1lidamente emitidos, se proceder\u00e1 a una segunda votaci\u00f3n entre \nlas candidaturas que hubieren obtenido las dos m\u00e1s altas mayor\u00edas. Esta votaci\u00f3n se realizar\u00e1 el \n \ncuarto domingo despu\u00e9s de la primera. Ser\u00e1 electa la candidatura que obtenga la mayor\u00eda de los \nsufragios v\u00e1lidamente emitidos. En el caso de proceder la segunda votaci\u00f3n, las candidatas y \ncandidatos podr\u00e1n efectuar modificaciones a su programa hasta una semana antes de ella. \nEl d\u00eda de la elecci\u00f3n presidencial ser\u00e1 feriado irrenunciable. \nEn caso de muerte de uno o de ambos candidatos o candidatas presidenciales a que \nse refiere el inciso segundo, la o el Presidente de la Rep\u00fablica convocar\u00e1 a una nueva elecci\u00f3n \ndentro del plazo de diez d\u00edas, contado desde la fecha del deceso. La elecci\u00f3n se celebrar\u00e1 noventa \nd\u00edas despu\u00e9s de la convocatoria si ese d\u00eda correspondiere a un domingo. En caso contrario, se \nrealizar\u00e1 el domingo siguiente. \n \n",
    "91": "5",
    "92": "0.- Art\u00edculo 43.- El proceso de calificaci\u00f3n de la elecci\u00f3n de la o el Presidente deber\u00e1\u0301 quedar \nconcluido dentro de los quince d\u00edas siguientes a la primera votaci\u00f3n y dentro de los treinta \nsiguientes a la segunda. \nEl Tribunal Calificador de Elecciones comunicar\u00e1 de inmediato al Congreso de \nDiputadas y Diputados y a la C\u00e1mara de las Regiones la proclamaci\u00f3n de la Presidenta o \nPresidente electo. \nEl Congreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones, reunidos en \nsesi\u00f3n conjunta el d\u00eda en que deba cesar en su cargo el o la Presidenta en funciones, y con las y \nlos miembros que asistan, tomar\u00e1 conocimiento de esa resoluci\u00f3n del Tribunal Calificador de \nElecciones y proclamar\u00e1 a el o la electa. \nEn este mismo acto, la Presidenta o Presidente prestar\u00e1 promesa o juramento de \ndesempe\u00f1ar fielmente su cargo, conservar la independencia de la Rep\u00fablica, guardar y hacer \nguardar la Constituci\u00f3n y las leyes, y de inmediato asumir\u00e1\u0301 sus funciones. \n \n",
    "93": "5",
    "94": "1.- Art\u00edculo 44.- Si la o el Presidente electo se hallare impedido para tomar posesi\u00f3n del cargo, \nasumir\u00e1, provisoriamente y con el t\u00edtulo de Vicepresidente o Vicepresidenta de la Rep\u00fablica, la \no el Presidente del Congreso de Diputadas y Diputados, de la C\u00e1mara de las Regiones o de la \nCorte Suprema, en ese orden. \nSi el impedimento fuese absoluto o durase indefinidamente, la Vicepresidenta o \nVicepresidente, en los diez d\u00edas siguientes al acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados, \nconvocar\u00e1 a una nueva elecci\u00f3n presidencial que se celebrar\u00e1 noventa d\u00edas despu\u00e9s si ese d\u00eda \n \ncorrespondiere a un domingo, o el domingo inmediatamente siguiente. La o el Presidente as\u00ed \nelegido asumir\u00e1 sus funciones en la oportunidad que se\u00f1ale la ley y durar\u00e1 en ellas el resto del \nper\u00edodo ya iniciado. \n \n",
    "95": "5",
    "96": "2.- Art\u00edculo 45.- La o el Presidente durar\u00e1 cuatro a\u00f1os en el ejercicio de sus funciones, tras los \ncuales podr\u00e1 ser reelegido, de forma inmediata o posterior, solo una vez.  \n \n",
    "97": "5",
    "98": "3.- Art\u00edculo 45 bis.- En el caso que la Presidenta o Presidente postulare a la reelecci\u00f3n \ninmediata, y desde el d\u00eda de la inscripci\u00f3n de su candidatura, no podr\u00e1 ejecutar gasto que no sea \nde mera administraci\u00f3n ni realizar actividades p\u00fablicas que conlleven propaganda a su campa\u00f1a \npara la reelecci\u00f3n. La Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica deber\u00e1 dictar un instructivo que regule \nlas situaciones descritas en este art\u00edculo. \n \n",
    "99": "5",
    "100": "4.- Art\u00edculo 46.- Cuando por enfermedad, ausencia del territorio de la Rep\u00fablica u otro grave \nmotivo, la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica no pudiere ejercer su cargo, le subrogar\u00e1, con \nel t\u00edtulo de Vicepresidenta o Vicepresidente de la Rep\u00fablica, la o el Ministro de Estado que \ncorresponda, seg\u00fan el orden de precedencia que se\u00f1ale la ley. \n \n",
    "101": "5",
    "102": "5.- Art\u00edculo 47.- Son impedimentos definitivos para el ejercicio del cargo de Presidenta o \nPresidente de la Rep\u00fablica y causan su vacancia: la muerte, la dimisi\u00f3n debidamente aceptada \npor el Congreso de Diputadas y Diputados y la condena por acusaci\u00f3n constitucional, conforme \na las reglas establecidas en esta Constituci\u00f3n.  \nEn caso de impedimento definitivo, asumir\u00e1 como subrogante la o el Ministro de \nEstado indicado en el art\u00edculo anterior y se proceder\u00e1 conforme a los incisos siguientes. \nSi la vacancia se produjere faltando menos de dos a\u00f1os para la pr\u00f3xima elecci\u00f3n \npresidencial, la Presidenta o Presidente ser\u00e1 nombrado en sesi\u00f3n conjunta del Congreso de \nDiputadas y Diputados y de la C\u00e1mara de las Regiones. El nombramiento se realizar\u00e1 dentro de \nlos diez d\u00edas siguientes a la fecha de la vacancia y la o el nombrado asumir\u00e1 su cargo dentro de \nlos treinta d\u00edas siguientes. Para los efectos del art\u00edculo 45, este per\u00edodo presidencial se considerar\u00e1 \ncomo uno completo. \n \nLa o el Vicepresidente que subrogue y la o el Presidente nombrado conforme a lo \ndispuesto en el inciso anterior, tendr\u00e1n todas las atribuciones que esta Constituci\u00f3n confiere al \nPresidente o Presidenta de la Rep\u00fablica. \nSi la vacancia se produjere faltando dos a\u00f1os o m\u00e1s para la siguiente elecci\u00f3n \npresidencial, el Vicepresidente o Vicepresidenta, dentro de los diez primeros d\u00edas de su \nsubrogancia, convocar\u00e1 a una elecci\u00f3n presidencial para ciento veinte d\u00edas despu\u00e9s de la \nconvocatoria, si ese d\u00eda correspondiere a un domingo, o el domingo siguiente. La Presidenta o \nPresidente que resulte elegido asumir\u00e1 su cargo el d\u00e9cimo d\u00eda despu\u00e9s de su proclamaci\u00f3n, y \nhasta completar el per\u00edodo que restaba a quien se reemplaza. \n \n",
    "103": "5",
    "104": "6.- Art\u00edculo 48.- Ser\u00e1n atribuciones de la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica: \n1. Cumplir y hacer cumplir esta Constituci\u00f3n, las leyes y los tratados internacionales, \nde acuerdo con sus competencias y atribuciones; \n2. Dirigir la administraci\u00f3n del Estado; \n3. Nombrar y remover a las Ministras y Ministros de Estado, a las Subsecretarias y \nSubsecretarios y a las dem\u00e1s funcionarias y funcionarios que corresponda, de acuerdo con esta \nConstituci\u00f3n y la ley. Estos funcionarios ser\u00e1n de exclusiva confianza del Presidente de la \nRep\u00fablica y se mantendr\u00e1n en sus puestos mientras cuenten con ella; \n4. Conducir las relaciones exteriores, suscribir y ratificar los tratados, convenios o \nacuerdos internacionales, nombrar y remover a Embajadoras y Embajadores y jefas y jefes de \nmisiones diplom\u00e1ticas; \n5. Declarar los estados de excepci\u00f3n constitucional en los casos y formas que se \nse\u00f1alan en esta Constituci\u00f3n y la ley; \n6. Concurrir a la formaci\u00f3n de las leyes, conforme a lo que establece esta \nConstituci\u00f3n, y promulgarlas; \n7. Dictar decretos con fuerza de ley, previa delegaci\u00f3n del Congreso de Diputadas y \nDiputados, conforme a lo que se establece en esta Constituci\u00f3n; \n8. Ejercer la potestad reglamentaria de conformidad con esta Constituci\u00f3n y la ley; \n9. Ejercer permanentemente la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, disponerlas, \norganizarlas y distribuirlas para su desarrollo y empleo conjunto; \n \n10. Designar al Jefe del Estado Mayor Conjunto, a los Comandantes en Jefe de las \nFuerzas Armadas y disponer los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas \nArmadas; \n11. Remover al Jefe del Estado Mayor Conjunto y a los Comandantes en Jefe de las \nFuerzas Armadas; \n12.  Ejercer la jefatura m\u00e1xima de las fuerzas de seguridad p\u00fablica y designar y \nremover a los integrantes del alto mando policial; \n13. Nombrar a la Contralora o Contralor General conforme a lo dispuesto en esta \nConstituci\u00f3n; \n14. Participar en los nombramientos de las dem\u00e1s autoridades en conformidad con lo \nestablecido en esta Constituci\u00f3n; \n15. Designar y remover funcionarias y funcionarios de su exclusiva confianza, de \nconformidad con lo que establece la ley; \n16. Conceder indultos particulares, salvo en cr\u00edmenes de guerra y de lesa humanidad; \n17. Velar por la recaudaci\u00f3n de las rentas p\u00fablicas y decretar su inversi\u00f3n con arreglo \na la ley. \nLa Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica, con la firma de todas las y los Ministros \nde Estado, podr\u00e1 decretar pagos no autorizados por ley, para atender necesidades impostergables \nderivadas de calamidades p\u00fablicas, agresi\u00f3n exterior, conmoci\u00f3n interior, grave da\u00f1o o peligro \npara la seguridad del pa\u00eds o el agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que \nno puedan paralizarse sin serio perjuicio para el pa\u00eds. El total de los giros que se hagan con estos \nobjetos no podr\u00e1 exceder anualmente del dos por ciento (2%) del monto de los gastos que autorice \nla Ley de Presupuestos. Se podr\u00e1 contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que \nel \u00edtem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Las y los Ministros \nde Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en \neste numeral ser\u00e1n responsables, solidaria y personalmente de su reintegro, y culpables del delito \nde malversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos; \n18. Convocar referendos, plebiscitos y consultas en los casos previstos en esta \nConstituci\u00f3n; \n19. Presentar anualmente al Congreso de Diputadas y Diputados el proyecto de ley \nde presupuestos, y \n \n20. Pedir, indicando los motivos, que se cite a sesi\u00f3n especial al Congreso de \nDiputadas y Diputados y a la C\u00e1mara de las Regiones. En tal caso, la sesi\u00f3n deber\u00e1 celebrarse a \nla brevedad posible. \n \n",
    "105": "5",
    "106": "7.- Art\u00edculo 49.- Las y los Ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos de \nla Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica en el gobierno y administraci\u00f3n del Estado. \nLa ley determinar\u00e1 el n\u00famero y organizaci\u00f3n de los ministerios, as\u00ed como el orden de \nprecedencia de los Ministros titulares. \nLa Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica podr\u00e1 encomendar a uno o m\u00e1s Ministros \nla coordinaci\u00f3n de la labor que corresponde a los secretarios de Estado y las relaciones del \nGobierno con el Congreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones. \n \n",
    "107": "5",
    "108": "8.- Art\u00edculo 50.- Para ser nombrada Ministra o Ministro de Estado se requiere ser ciudadana o \nciudadano con derecho a sufragio y cumplir con los requisitos generales para el ingreso a la \nAdministraci\u00f3n P\u00fablica. \nLos Ministros y Ministras de Estado se reemplazar\u00e1n en caso de ausencia, \nimpedimento, renuncia o cuando por otra causa se produzca la vacancia del cargo, de acuerdo a \nlo que establece la ley. \n \n",
    "109": "5",
    "110": "9.- Art\u00edculo 51.- Los reglamentos y decretos de la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica \ndeber\u00e1n firmarse por la Ministra o el Ministro de Estado respectivo y no ser\u00e1n obedecidos sin \neste esencial requisito.  \nLos decretos e instrucciones podr\u00e1n expedirse con la sola firma de la Ministra o \nMinistro de Estado respectivo, por orden de la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica, en \nconformidad con las normas que establezca la ley. \n \n",
    "111": "6",
    "112": "0.- Art\u00edculo 52.- Las Ministras y Ministros de Estado son responsables directamente de la \nconducci\u00f3n de sus carteras respectivas, de los actos que firmen y solidariamente de los que \nsuscriban o acuerden con otras y otros Ministros. \n \n \n",
    "113": "6",
    "114": "1.- Art\u00edculo 53.- Las Ministras y Ministros podr\u00e1n asistir a las sesiones del Congreso de \nDiputadas y Diputados y de la C\u00e1mara de las Regiones y tomar parte en sus debates, con \npreferencia para hacer uso de la palabra. \nSin perjuicio de lo anterior, las Ministras y Ministros de Estado deber\u00e1n concurrir \npersonalmente a las sesiones especiales que convoque el Congreso o la C\u00e1mara para informarse \nsobre asuntos que, perteneciendo al \u00e1mbito de atribuciones de las correspondientes secretar\u00edas de \nEstado, acuerden tratar. \n \nDel Sistema Electoral \n \n",
    "115": "6",
    "116": "2.- Art\u00edculo 54.- Para las elecciones populares, la ley crear\u00e1 un sistema electoral conforme a \nlos principios de igualdad sustantiva, paridad, alternabilidad de g\u00e9nero y los dem\u00e1s contemplados \nen esta Constituci\u00f3n y las leyes. Dicho sistema deber\u00e1 garantizar que los \u00f3rganos colegiados \ntengan una composici\u00f3n paritaria y promover\u00e1 la paridad en las candidaturas a cargos \nunipersonales. Asimismo, asegurar\u00e1 que las listas electorales sean encabezadas siempre por una \nmujer. \n \n",
    "117": "6",
    "118": "3.- Art\u00edculo 55.- Las elecciones comunales, regionales y de representantes regionales se \nrealizar\u00e1n tres a\u00f1os despu\u00e9s de la elecci\u00f3n presidencial y del Congreso de Diputadas y Diputados. \nEstas autoridades s\u00f3lo podr\u00e1n ser electas de manera consecutiva por un per\u00edodo. \n \n",
    "119": "6",
    "120": "4.- Art\u00edculo 56.- En las votaciones populares, el sufragio ser\u00e1 universal, igualitario, libre, \ndirecto, secreto y obligatorio para las personas que hayan cumplido dieciocho a\u00f1os. Su ejercicio \nconstituye un derecho y un deber c\u00edvico. \nEl sufragio ser\u00e1 facultativo para las personas de diecis\u00e9is y diecisiete a\u00f1os de edad. \nLas chilenas y chilenos en el exterior podr\u00e1n sufragar en los plebiscitos nacionales y \nelecciones presidenciales y de diputadas y diputados. Para esto se constituir\u00e1 un distrito especial \nexterior. \nLa ley establecer\u00e1 las condiciones para asegurar el ejercicio de este derecho. \nEl resguardo de la seguridad p\u00fablica durante las votaciones populares y plebiscitarias \ncorresponder\u00e1 a las instituciones que indique la ley. \n \n \n",
    "121": "6",
    "122": "5.- Art\u00edculo 57.- Habr\u00e1 un registro electoral p\u00fablico al que se incorporar\u00e1n, por el solo \nministerio de la ley, quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constituci\u00f3n. La ley \ndeterminar\u00e1 su organizaci\u00f3n y funcionamiento. \n \n",
    "123": "6",
    "124": "6.- Art\u00edculo 58.- Las personas extranjeras avecindadas en Chile por, al menos cinco a\u00f1os, \npodr\u00e1n ejercer el derecho a sufragio en los casos y formas que determine la Constituci\u00f3n y la ley. \n \nDe la elecci\u00f3n de esca\u00f1os reservados \n \n",
    "125": "6",
    "126": "7.- Art\u00edculo 59.- Se establecer\u00e1n esca\u00f1os reservados para los pueblos y naciones ind\u00edgenas en \nlos \u00f3rganos colegiados de representaci\u00f3n popular a nivel nacional, regional y local, cuando \ncorresponda y en proporci\u00f3n a la poblaci\u00f3n ind\u00edgena dentro del territorio electoral respectivo, \naplicando criterios de paridad en sus resultados. \nUna ley determinar\u00e1 los requisitos, forma de postulaci\u00f3n y n\u00famero para cada caso, \nestableciendo mecanismos que aseguren su actualizaci\u00f3n. \n \n",
    "127": "6",
    "128": "8.- Art\u00edculo 60.- Los esca\u00f1os reservados en el Congreso de Diputadas y Diputados para los \npueblos y naciones ind\u00edgenas ser\u00e1n elegidos en un distrito \u00fanico nacional. Su n\u00famero se definir\u00e1 \nen forma proporcional a la poblaci\u00f3n ind\u00edgena en relaci\u00f3n a la poblaci\u00f3n total del pa\u00eds. Se deber\u00e1n \nadicionar al n\u00famero total de integrantes del Congreso. \nLa ley regular\u00e1 los requisitos, procedimientos y distribuci\u00f3n de los esca\u00f1os \nreservados.  \nLa integraci\u00f3n de los esca\u00f1os reservados en la C\u00e1mara de las Regiones ser\u00e1 \ndeterminada por ley \n \n",
    "129": "6",
    "130": "9.- Art\u00edculo 61.- Podr\u00e1n votar por los esca\u00f1os reservados para pueblos y naciones ind\u00edgenas \ns\u00f3lo los ciudadanos y ciudadanas que pertenezcan a dichos pueblos y naciones y que formen \nparte de un registro especial denominado Registro Electoral Ind\u00edgena, que administrar\u00e1 el \nServicio Electoral. \n \nDicho registro ser\u00e1 construido por el Servicio Electoral sobre la base de los archivos \nque administren los \u00f3rganos estatales, los que posean los pueblos y naciones ind\u00edgenas sobre sus \nmiembros y de las solicitudes de ciudadanos y ciudadanas que se autoidentifiquen como tales, en \nlos t\u00e9rminos que indique la ley. \nSe crear\u00e1 un registro del pueblo tribal afrodescendiente chileno bajo las mismas \nreglas del presente art\u00edculo. \n \n",
    "131": "7",
    "132": "0.- Art\u00edculo 64.- Las organizaciones pol\u00edticas reconocidas legalmente implementar\u00e1n la paridad \nde g\u00e9nero en sus espacios de direcci\u00f3n, asegurando la igualdad sustantiva en sus dimensiones \norganizativa y electoral, y promoviendo la plena participaci\u00f3n pol\u00edtica de las mujeres. A su vez, \ndeber\u00e1n destinar un financiamiento electoral proporcional al n\u00famero de dichas candidaturas. \nEl Estado y las organizaciones pol\u00edticas deber\u00e1n tomar las medidas necesarias para \nerradicar la violencia de g\u00e9nero con el fin de asegurar que todas las personas ejerzan plenamente \nsus derechos pol\u00edticos. \nLa ley arbitrar\u00e1 los medios para incentivar la participaci\u00f3n de las personas de las \ndiversidades y disidencias sexuales y de g\u00e9nero en los procesos electorales. \n \n********* \n \n",
    "133": "7",
    "134": "1.- Art\u00edculo 1.- Con la finalidad de garantizar la integridad p\u00fablica y erradicar la corrupci\u00f3n en \ntodas sus formas, los \u00f3rganos competentes en la materia deber\u00e1n coordinar su actuar a trav\u00e9s de \nla instancia o mecanismos que correspondan para el cumplimiento de estos fines, en la forma que \ndetermine la ley. \n \n",
    "135": "7",
    "136": "2.- Art\u00edculo 2.- Principio de probidad. El principio de probidad consiste en observar una \nconducta intachable y un desempe\u00f1o honesto y leal de la funci\u00f3n o cargo, con preeminencia del \ninter\u00e9s general sobre el particular. \n \n",
    "137": "7",
    "138": "3.- Art\u00edculo 3.- Principio de transparencia. Es p\u00fablica la informaci\u00f3n elaborada con \npresupuesto p\u00fablico y toda otra informaci\u00f3n que obre en poder del Estado, cualquiera sea su \nformato, soporte, fecha de creaci\u00f3n, origen, clasificaci\u00f3n o procesamiento, salvo cuando la \n \npublicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos \u00f3rganos, la protecci\u00f3n de \ndatos personales, los derechos de las personas, la seguridad del Estado o el inter\u00e9s nacional, \nconforme lo establezca la ley. El principio de transparencia exige a los \u00f3rganos del Estado que \nla informaci\u00f3n p\u00fablica sea puesta a disposici\u00f3n de toda persona que la requiera, independiente \ndel uso que se le d\u00e9, facilitando su acceso y procurando su oportuna entrega y accesibilidad. Toda \ninstituci\u00f3n que desarrolle una funci\u00f3n p\u00fablica, o que administre recursos p\u00fablicos, deber\u00e1 dar \nestricto cumplimiento al principio de transparencia. \n \n",
    "139": "7",
    "140": "4.- Art\u00edculo 4.- Principio de rendici\u00f3n de cuentas. Los \u00f3rganos del Estado y quienes ejerzan \nuna funci\u00f3n p\u00fablica deber\u00e1n rendir cuenta en la forma y condiciones que establezca la ley. El \nprincipio de rendici\u00f3n de cuentas implica el deber de asumir la responsabilidad en el ejercicio de \nsu cargo. El Estado promover\u00e1 la participaci\u00f3n activa de las personas y la sociedad civil en la \nfiscalizaci\u00f3n del cumplimiento de este principio. \n \n",
    "141": "7",
    "142": "5.- Art\u00edculo 5.- (inciso primero) Derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica. Todas las \npersonas tendr\u00e1n el derecho a buscar, solicitar, recibir y difundir informaci\u00f3n p\u00fablica de \ncualquier \u00f3rgano del Estado o de entidades que presten servicios de utilidad p\u00fablica, en la forma \ny condiciones que establezca la ley. \nEl derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica reconoce los principios establecidos \nen esta Constituci\u00f3n y las leyes. \n \n",
    "143": "7",
    "144": "6.- Art\u00edculo 6.- Consejo para la Transparencia. El Consejo para la Transparencia es un \n\u00f3rgano aut\u00f3nomo, especializado e imparcial con personalidad jur\u00eddica y patrimonio propio, que \ntiene por funci\u00f3n promover la transparencia de la funci\u00f3n p\u00fablica, fiscalizar el cumplimiento de \nlas normas sobre transparencia y publicidad de la informaci\u00f3n de los \u00f3rganos del Estado y \ngarantizar el derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica.  \nLa composici\u00f3n, organizaci\u00f3n, el funcionamiento y las atribuciones del Consejo para \nla Transparencia ser\u00e1n materias de ley. \n \n",
    "145": "7",
    "146": "7.- Art\u00edculo 7.- Sobre la corrupci\u00f3n. La corrupci\u00f3n es contraria al bien com\u00fan y atenta contra \nel sistema democr\u00e1tico. \n \nEl Estado tomar\u00e1 las medidas necesarias para su estudio, prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n, \npersecuci\u00f3n y sanci\u00f3n. \n \n",
    "147": "7",
    "148": "8.- Art\u00edculo 8.- El Estado asegura a todas las personas la debida protecci\u00f3n, confidencialidad e \nindemnidad al denunciar infracciones en el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica, especialmente faltas \na la probidad, transparencia y hechos de corrupci\u00f3n. \n \n",
    "149": "7",
    "150": "9.- Art\u00edculo 9.- El ejercicio de funciones p\u00fablicas se regir\u00e1 por los principios de probidad, \neficiencia, eficacia, responsabilidad, transparencia, publicidad, rendici\u00f3n de cuentas, buena fe, \ninterculturalidad, enfoque de g\u00e9nero, inclusi\u00f3n, no discriminaci\u00f3n y sustentabilidad. \nLas autoridades electas popularmente, y las dem\u00e1s autoridades y funcionarios que \ndetermine la ley, deber\u00e1n declarar sus intereses y patrimonio en forma p\u00fablica. \n \n",
    "151": "8",
    "152": "0.- Art\u00edculo 10.- Respecto de las altas autoridades del Estado, la ley establecer\u00e1 mayores \nexigencias y est\u00e1ndares de responsabilidad para el cumplimiento de los principios de probidad, \ntransparencia y rendici\u00f3n de cuentas. \n \n",
    "153": "8",
    "154": "1.- Art\u00edculo 11.- Una comisi\u00f3n fijar\u00e1 las remuneraciones de las autoridades de elecci\u00f3n popular, \nas\u00ed como de quienes sirvan de confianza exclusiva de ellas. Las remuneraciones ser\u00e1n fijadas \ncada cuatro a\u00f1os, con al menos dieciocho meses de anterioridad al t\u00e9rmino de un periodo \npresidencial. Los acuerdos de la comisi\u00f3n ser\u00e1n p\u00fablicos, se fundar\u00e1n en antecedentes t\u00e9cnicos \ny deber\u00e1n garantizar una retribuci\u00f3n adecuada a la responsabilidad del cargo.  \nUna ley establecer\u00e1 la integraci\u00f3n, funcionamiento y atribuciones de esta comisi\u00f3n. \n \n",
    "155": "8",
    "156": "2.- Art\u00edculo 12.- Los colegios profesionales son corporaciones de derecho p\u00fablico, nacionales \ny aut\u00f3nomas, que colaboran con los prop\u00f3sitos y las responsabilidades del Estado. Sus labores \nconsisten en velar por el ejercicio \u00e9tico de sus miembros, promover la credibilidad de la disciplina \nque profesan sus afiliados, representar oficialmente a la profesi\u00f3n ante el Estado y las dem\u00e1s que \nestablezca la ley. \n \n \n",
    "157": "8",
    "158": "3.- Art\u00edculo 13.- No podr\u00e1n optar a cargos p\u00fablicos ni de elecci\u00f3n popular las personas \ncondenadas por cr\u00edmenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, \naquellos vinculados a corrupci\u00f3n como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, \nmalversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos y los dem\u00e1s que as\u00ed establezca la ley. Los t\u00e9rminos y plazos \nde estas inhabilidades se determinar\u00e1n por ley. \n \n",
    "159": "8",
    "160": "4.- Art\u00edculo 14.- Monopolio estatal de la fuerza. El Estado tiene el monopolio indelegable del \nuso leg\u00edtimo de la fuerza, la que ejerce a trav\u00e9s de las instituciones competentes, conforme a esta \nConstituci\u00f3n, las leyes y con pleno respeto a los derechos humanos. \nLa ley regular\u00e1 el uso de la fuerza y el armamento que pueda ser utilizado en el \nejercicio de las funciones de las instituciones autorizadas por esta Constituci\u00f3n. \nNinguna persona, grupo u organizaci\u00f3n podr\u00e1 poseer, tener o portar armas u otros \nelementos similares, salvo en los casos que se\u00f1ale la ley, la que fijar\u00e1 los requisitos, \nautorizaciones y controles del uso, porte y tenencia de armas. \n \n",
    "161": "8",
    "162": "5.- Art\u00edculo 15.- Jefatura suprema de las Fuerzas Armadas y Pol\u00edtica de Defensa Nacional. \nA la o el Presidente de la Rep\u00fablica le corresponde la conducci\u00f3n de la defensa nacional y es el \njefe supremo de las Fuerzas Armadas. Ejercer\u00e1 el mando a trav\u00e9s del ministerio a cargo de la \ndefensa nacional. \nLa disposici\u00f3n, organizaci\u00f3n y criterios de distribuci\u00f3n de las Fuerzas Armadas se \nestablecer\u00e1n en la Pol\u00edtica de Defensa Nacional y la Pol\u00edtica Militar. La ley regular\u00e1 la vigencia, \nalcances y mecanismos de elaboraci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de dichas pol\u00edticas, las que deber\u00e1n \ncomprender los principios de cooperaci\u00f3n internacional, de igualdad de g\u00e9nero y de \ninterculturalidad, y el pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales. \n \n",
    "163": "8",
    "164": "6.- Art\u00edculo 16.- Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas est\u00e1n integradas \u00fanica y \nexclusivamente por el Ej\u00e9rcito, la Armada y la Fuerza A\u00e9rea. Dependen del ministerio a cargo \nde la defensa nacional y son instituciones destinadas para el resguardo de la soberan\u00eda, \nindependencia e integridad territorial de la Rep\u00fablica, ante agresiones de car\u00e1cter externo, seg\u00fan \nlo establecido en la Carta de Naciones Unidas. Colaboran con la paz y seguridad internacional, \nconforme a la Pol\u00edtica de Defensa Nacional. \n \nLas Fuerzas Armadas deber\u00e1n incorporar la perspectiva de g\u00e9nero en el desempe\u00f1o \nde sus funciones, promover la paridad en espacios de toma de decisi\u00f3n y actuar con pleno respeto \nal derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados en esta Constituci\u00f3n. \nSon instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y por esencia obedientes \ny no deliberantes. \nLas instituciones militares y sus miembros estar\u00e1n sujetos a controles en materia de \nprobidad y transparencia. Sus integrantes no podr\u00e1n pertenecer a partidos pol\u00edticos, asociarse en \norganizaciones pol\u00edticas, gremiales o sindicales, ejercer el derecho a huelga, ni postularse a \ncargos de elecci\u00f3n popular. \nEl ingreso y la formaci\u00f3n en las Fuerzas Armadas ser\u00e1 gratuito y no discriminatorio, \nen el modo que establezca la ley. La educaci\u00f3n militar se funda en el respeto irrestricto a los \nderechos humanos. \nLa ley regular\u00e1 la organizaci\u00f3n de la defensa, su institucionalidad, su estructura y \nempleo conjunto, sus jefaturas, mando y la carrera militar. \n \n",
    "165": "8",
    "166": "7.- Art\u00edculo 17.- El Congreso supervisar\u00e1 peri\u00f3dicamente la ejecuci\u00f3n del presupuesto asignado \na defensa, as\u00ed como la implementaci\u00f3n de la pol\u00edtica de defensa nacional y la pol\u00edtica militar. \n \n",
    "167": "8",
    "168": "8.- Art\u00edculo 18.- Conducci\u00f3n de la Seguridad P\u00fablica y Pol\u00edtica Nacional de Seguridad \nP\u00fablica. A la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica le corresponde la conducci\u00f3n de la \nseguridad p\u00fablica a trav\u00e9s del ministerio correspondiente. \nLa disposici\u00f3n, organizaci\u00f3n y criterios de distribuci\u00f3n de las polic\u00edas se establecer\u00e1 \nen la Pol\u00edtica Nacional de Seguridad P\u00fablica. La ley regular\u00e1 la vigencia, alcances y mecanismos \nde elaboraci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de dicha pol\u00edtica, la que deber\u00e1 comprender la perspectiva de g\u00e9nero \ny de interculturalidad, y el pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales. \n \n",
    "169": "8",
    "170": "9.- Art\u00edculo 19.- Polic\u00edas. Las polic\u00edas dependen del ministerio a cargo de la seguridad p\u00fablica \ny son instituciones policiales, no militares, de car\u00e1cter centralizado, con competencia en todo el \nterritorio de Chile, y est\u00e1n destinadas para garantizar la seguridad p\u00fablica, dar eficacia al derecho \ny resguardar los derechos fundamentales, en el marco de sus competencias. \n \nLas polic\u00edas deber\u00e1n incorporar la perspectiva de g\u00e9nero en el desempe\u00f1o de sus \nfunciones y promover la paridad en espacios de toma de decisi\u00f3n. Deber\u00e1n actuar respetando los \nprincipios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, con pleno respeto al derecho \ninternacional y los derechos fundamentales garantizados en esta Constituci\u00f3n. \nSon instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no \ndeliberantes.  \nLas polic\u00edas y sus miembros estar\u00e1n sujetos a controles en materia de probidad y \ntransparencia en la forma y condiciones que determine la Constituci\u00f3n y la ley. Sus integrantes \nno podr\u00e1n pertenecer a partidos pol\u00edticos, asociarse en organizaciones pol\u00edticas, gremiales o \nsindicales, ejercer el derecho a huelga, ni postularse a cargos de elecci\u00f3n popular. \nEl ingreso y la formaci\u00f3n en las polic\u00edas ser\u00e1 gratuito y no discriminatorio, del modo \nque establezca la ley. La educaci\u00f3n y formaci\u00f3n policial se funda en el respeto irrestricto a los \nDerechos Humanos. \n \n",
    "171": "9",
    "172": "0.- Art\u00edculo 20.- Las relaciones internacionales de Chile, como expresi\u00f3n de su soberan\u00eda, se \nfundan en el respeto al derecho internacional, los principios de autodeterminaci\u00f3n de los pueblos, \nno intervenci\u00f3n en asuntos que son de la jurisdicci\u00f3n interna de los Estados, multilateralismo, \nsolidaridad, cooperaci\u00f3n, autonom\u00eda pol\u00edtica e igualdad jur\u00eddica entre los Estados. De igual \nforma, se compromete con la promoci\u00f3n y respeto de la democracia, el reconocimiento y \nprotecci\u00f3n de los Derechos Humanos, la inclusi\u00f3n e igualdad de g\u00e9nero, la justicia social, el \nrespeto a la naturaleza, la paz, convivencia y soluci\u00f3n pac\u00edfica de los conflictos, y con el \nreconocimiento, respeto y promoci\u00f3n de los derechos de los pueblos y naciones ind\u00edgenas y \ntribales conforme al derecho internacional de los Derechos Humanos. \nChile declara a Am\u00e9rica Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones \ninternacionales. Se compromete con el mantenimiento de la regi\u00f3n como una zona de paz y libre \nde violencia, impulsa la integraci\u00f3n regional, pol\u00edtica, social, cultural, econ\u00f3mica y productiva \nentre los Estados, y facilita el contacto y la cooperaci\u00f3n transfronteriza entre pueblos ind\u00edgenas. \n \n",
    "173": "9",
    "174": "1.- Art\u00edculo 21.- Corresponde a la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica la atribuci\u00f3n de \nnegociar, concluir, firmar y ratificar los tratados internacionales. \n \nEn aquellos casos en que los tratados internacionales se refieran a materias de ley, \nellos deber\u00e1n ser aprobados por el Poder Legislativo. No requerir\u00e1n esta aprobaci\u00f3n los \ncelebrados en cumplimiento de una ley. \nSe informar\u00e1 al Poder Legislativo de la celebraci\u00f3n de los tratados internacionales \nque no requieran de su aprobaci\u00f3n. \nEl proceso de aprobaci\u00f3n de un tratado internacional se someter\u00e1, en lo pertinente, a \nlos tr\u00e1mites de una ley de acuerdo regional. \nLa Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica enviar\u00e1 el proyecto al Congreso de \nDiputadas y Diputados e informar\u00e1 sobre el proceso de negociaci\u00f3n, el contenido y el alcance \ndel tratado, as\u00ed como de las reservas que pretenda confirmar o formular. \nUna vez recibido, el Congreso de Diputadas y Diputados podr\u00e1 sugerir la formulaci\u00f3n \nde reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional, en el curso del tr\u00e1mite de \nsu aprobaci\u00f3n, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en \nlas normas generales de derecho internacional. \nAprobado el tratado por el Congreso de Diputadas y Diputados, \u00e9ste ser\u00e1 remitido a \nla C\u00e1mara de las Regiones para su tramitaci\u00f3n. \nLas medidas que el Ejecutivo adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento \nde un tratado en vigor, no requerir\u00e1n de nueva aprobaci\u00f3n del Poder Legislativo, a menos que se \ntrate de materias de ley. \nEl acuerdo aprobatorio de un tratado podr\u00e1 autorizar a la Presidenta o Presidente de \nla Rep\u00fablica a fin de que, durante la vigencia del tratado, dicte las disposiciones con fuerza de \nley que estime necesarias para su cabal cumplimiento, sujeto a las limitaciones previstas en el \ninciso segundo del art\u00edculo 25. \nSer\u00e1 necesario el acuerdo del Poder Legislativo para el retiro o denuncia de un tratado \nque haya aprobado y para el retiro de una reserva que haya considerado al aprobarlo. La ley fijar\u00e1 \nel plazo para su pronunciamiento. \nSer\u00e1n p\u00fablicos, conforme a las reglas generales, los hechos que digan relaci\u00f3n con el \ntratado internacional, incluidas las negociaciones del mismo, su entrada en vigor, la formulaci\u00f3n \ny retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, las objeciones a una reserva y su retiro, la \ndenuncia o retiro del tratado, la suspensi\u00f3n, la terminaci\u00f3n y la nulidad del mismo. \n \nAl negociar los tratados o instrumentos internacionales de inversi\u00f3n o similares, la o \nel Presidente de la Rep\u00fablica procurar\u00e1 que las instancias de resoluci\u00f3n de controversias sean, \npreferentemente, permanentes, imparciales e independientes. \nLas y los habitantes del territorio que hayan cumplido los diecis\u00e9is a\u00f1os de edad, en \nel porcentaje, y de acuerdo a los dem\u00e1s requisitos que defina la ley, tendr\u00e1n iniciativa para \nsolicitar al Presidente o Presidenta de la Rep\u00fablica la suscripci\u00f3n de tratados internacionales de \nderechos humanos. Asimismo, la ley definir\u00e1 el plazo dentro del cual la o el Presidente deber\u00e1 \ndar respuesta a la referida solicitud. \n \n",
    "175": "9",
    "176": "2.- Art\u00edculo 22.- Estados de excepci\u00f3n constitucional. S\u00f3lo se podr\u00e1 suspender o limitar el \nejercicio de los derechos y garant\u00edas que la Constituci\u00f3n asegura a todas las personas bajo las \nsiguientes situaciones de excepci\u00f3n: conflicto armado internacional, conflicto armado interno \nseg\u00fan establece el derecho internacional o calamidad p\u00fablica. No podr\u00e1n restringirse o \nsuspenderse sino los derechos y garant\u00edas expresamente se\u00f1alados en esta Constituci\u00f3n. \nLa declaraci\u00f3n y renovaci\u00f3n de los estados de excepci\u00f3n constitucional respetar\u00e1 los \nprincipios de proporcionalidad y necesidad, y se limitar\u00e1n, tanto respecto de su duraci\u00f3n, \nextensi\u00f3n y medios empleados, a lo que sea estrictamente necesario para la m\u00e1s pronta \nrestauraci\u00f3n de la normalidad constitucional. \n \n",
    "177": "9",
    "178": "3.- Art\u00edculo 23.- Estado de asamblea y estado de sitio. El estado de asamblea, en caso de \nconflicto armado internacional, y el estado de sitio, en caso de conflicto armado interno, ser\u00e1n \ndeclarados por la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica con la autorizaci\u00f3n del Congreso de \nDiputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones, en sesi\u00f3n conjunta. La declaraci\u00f3n deber\u00e1 \ndeterminar las zonas afectadas por el estado de excepci\u00f3n correspondiente. \nEl Congreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones, en sesi\u00f3n \nconjunta, dentro del plazo de veinticuatro horas contadas desde el momento en que la Presidenta \no Presidente de la Rep\u00fablica someta la declaraci\u00f3n de estado de asamblea o de sitio a su \nconsideraci\u00f3n, deber\u00e1 pronunciarse por la mayor\u00eda de sus miembros aceptando o rechazando la \nproposici\u00f3n. En su solicitud y posterior declaraci\u00f3n, se deber\u00e1n especificar los fundamentos que \njustifiquen la extrema necesidad de la declaraci\u00f3n, pudiendo el Congreso y la C\u00e1mara solamente \nintroducir modificaciones respecto de su extensi\u00f3n territorial. Si el Congreso y la C\u00e1mara no se \n \npronunciaran dentro de dicho plazo, ser\u00e1n citado por el s\u00f3lo ministerio de la Constituci\u00f3n a \nsesiones especiales diarias, hasta que se pronuncien sobre la declaraci\u00f3n.  \nSin embargo, la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica, en circunstancias de \nnecesidad impostergable, y s\u00f3lo con la firma de todas sus Ministras y Ministros, podr\u00e1 aplicar de \ninmediato el estado de asamblea o de sitio, mientras el Congreso de Diputadas y Diputados y la \nC\u00e1mara de las Regiones se pronuncien sobre la declaraci\u00f3n. \nEn este caso, s\u00f3lo podr\u00e1 restringir el ejercicio del derecho de reuni\u00f3n. \nLa declaraci\u00f3n de estado de sitio s\u00f3lo podr\u00e1 extenderse por un plazo de quince d\u00edas, \nsin perjuicio de que la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica solicite su pr\u00f3rroga, para lo cual \nrequerir\u00e1 el pronunciamiento conforme de cuatro s\u00e9ptimos de las diputadas, los diputados y \nrepresentantes regionales en ejercicio para la primera pr\u00f3rroga, de tres quintos para la segunda y \nde dos tercios para la tercera y siguientes. \nEl estado de asamblea mantendr\u00e1 su vigencia por el tiempo que se extienda la \nsituaci\u00f3n de conflicto armado internacional, salvo que la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica \ndisponga su t\u00e9rmino con anterioridad o el Congreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de \nlas Regiones retiren su autorizaci\u00f3n. \n \n",
    "179": "9",
    "180": "4.- Art\u00edculo 24.- Estado de cat\u00e1strofe. El estado de cat\u00e1strofe, en caso de calamidad p\u00fablica, \nlo declarar\u00e1 la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica. La declaraci\u00f3n deber\u00e1 establecer el \n\u00e1mbito de aplicaci\u00f3n y el plazo de duraci\u00f3n, el que no podr\u00e1 ser mayor a treinta d\u00edas. \nLa Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica estar\u00e1 obligado a informar al Congreso \nde Diputadas y Diputados de las medidas adoptadas en virtud del estado de cat\u00e1strofe. La \nPresidenta o Presidente de la Rep\u00fablica s\u00f3lo podr\u00e1 declarar el estado de cat\u00e1strofe por un per\u00edodo \nsuperior a treinta d\u00edas con acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados. El referido acuerdo \nse tramitar\u00e1 en la forma establecida en el inciso segundo del art\u00edculo 23. \nDeclarado el estado de cat\u00e1strofe, las zonas respectivas quedar\u00e1n bajo la dependencia \ninmediata de la Jefa o Jefe de Estado de Excepci\u00f3n, quien deber\u00e1 ser una autoridad civil \ndesignada por la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica. \u00c9sta asumir\u00e1 la direcci\u00f3n y \nsupervigilancia de su jurisdicci\u00f3n con las atribuciones y deberes que la ley se\u00f1ale. \n \n \n",
    "181": "9",
    "182": "5.- Art\u00edculo 24 bis.- La Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica podr\u00e1 solicitar la pr\u00f3rroga del \nestado de cat\u00e1strofe, para lo cual requerir\u00e1 la aprobaci\u00f3n de la mayor\u00eda de los integrantes del \nCongreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones, quienes resolver\u00e1n en sesi\u00f3n \nconjunta. \n \n",
    "183": "9",
    "184": "6.- Art\u00edculo 25.- Limitaci\u00f3n y suspensi\u00f3n de derechos y garant\u00edas. Por la declaraci\u00f3n del \nestado de asamblea, la Presidenta o el Presidente de la Rep\u00fablica estar\u00e1 facultado para restringir \nla libertad personal, el derecho de reuni\u00f3n, la libertad de trabajo, el ejercicio del derecho de \nasociaci\u00f3n y para interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, \ndisponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad. \nPor la declaraci\u00f3n del estado de sitio, la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica podr\u00e1 \nrestringir la libertad de movimiento y la libertad de asociaci\u00f3n. Podr\u00e1, adem\u00e1s, suspender o \nrestringir el ejercicio del derecho de reuni\u00f3n. \nPor la declaraci\u00f3n del estado de cat\u00e1strofe, la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica \npodr\u00e1 restringir las libertades de locomoci\u00f3n y de reuni\u00f3n. Podr\u00e1, asimismo, disponer \nrequisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar \ntodas las medidas extraordinarias de car\u00e1cter legal y administrativo que sean necesarias para el \npronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada. \n \n",
    "185": "9",
    "186": "7.- Art\u00edculo 26.- Ejecuci\u00f3n de las medidas de excepci\u00f3n. Los actos de la Presidenta o \nPresidente de la Rep\u00fablica o la Jefa o Jefe de Estado de Excepci\u00f3n, que tengan por fundamento \nla declaraci\u00f3n del estado de excepci\u00f3n constitucional, deber\u00e1n se\u00f1alar expresamente los derechos \nconstitucionales que suspendan o restrinjan. El decreto de declaraci\u00f3n deber\u00e1 indicar \nespec\u00edficamente las medidas a adoptarse en raz\u00f3n de la excepci\u00f3n, las que deber\u00e1n ser \nproporcionales a los fines establecidos en la declaraci\u00f3n de excepci\u00f3n, y no limitar \nexcesivamente o impedir de manera total el leg\u00edtimo ejercicio de cualquier derecho establecido \nen esta Constituci\u00f3n. Las medidas que se adopten durante los estados de excepci\u00f3n no podr\u00e1n, \nbajo ninguna circunstancia, prolongarse m\u00e1s all\u00e1 de la vigencia de los mismos. \nLos estados de excepci\u00f3n constitucional permitir\u00e1n a la Presidenta o Presidente de la \nRep\u00fablica el ejercicio de potestades y competencias que ordinariamente estar\u00edan reservadas al \nnivel regional o comunal cuando el restablecimiento de la normalidad as\u00ed lo requiera. \n \nTodas las declaratorias de estado de excepci\u00f3n constitucional ser\u00e1n fundadas y \nespecificar\u00e1n los derechos, libertades y garant\u00edas que van a ser suspendidos, as\u00ed como su \nextensi\u00f3n territorial y temporal. \nLas fuerzas armadas y polic\u00edas deber\u00e1n cumplir estrictamente las \u00f3rdenes de la \nautoridad civil a cargo del estado de excepci\u00f3n. \n \n",
    "187": "9",
    "188": "8.- Art\u00edculo 27.- Competencia legal. Una ley regular\u00e1 los estados de excepci\u00f3n, as\u00ed como su \ndeclaraci\u00f3n y la aplicaci\u00f3n de las medidas legales y administrativas que procediera adoptar bajo \naqu\u00e9llos, en todo lo no regulado por esta Constituci\u00f3n. Dicha ley no podr\u00e1 afectar las \ncompetencias y el funcionamiento de los \u00f3rganos constitucionales, ni los derechos e inmunidades \nde sus respectivos titulares. \nAsimismo, esta ley regular\u00e1 el modo en el que la Presidenta o Presidente de la \nRep\u00fablica y las autoridades que \u00e9ste encomendare rendir\u00e1n cuenta detallada, veraz y oportuna al \nCongreso de Diputadas y Diputados de las medidas extraordinarias adoptadas y de los planes \npara la superaci\u00f3n de la situaci\u00f3n de excepci\u00f3n, as\u00ed como de los hechos de gravedad que hubieran \nsurgido con ocasi\u00f3n del estado de excepci\u00f3n constitucional. La omisi\u00f3n de este deber de \nrendici\u00f3n de cuentas se considerar\u00e1 una infracci\u00f3n a la Constituci\u00f3n. \n \n",
    "189": "9",
    "190": "9.- Art\u00edculo 28.- Comisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n. Una vez declarado el estado de excepci\u00f3n, se \nconstituir\u00e1 una Comisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n dependiente del Congreso de Diputadas y Diputados, \nde composici\u00f3n paritaria y plurinacional, integrada por diputadas y diputados, por representantes \nregionales y por representantes de la Defensor\u00eda de los Pueblos, en la forma que establezca la \nley. Dicho \u00f3rgano deber\u00e1 fiscalizar las medidas adoptadas bajo el estado de excepci\u00f3n, para lo \ncual emitir\u00e1 informes peri\u00f3dicos que contengan un an\u00e1lisis de ellas, su proporcionalidad y la \nobservancia de los derechos humanos y tendr\u00e1 las dem\u00e1s atribuciones que le encomiende la ley. \nLos \u00f3rganos del Estado deber\u00e1n colaborar y aportar todos los antecedentes requeridos \npor la comisi\u00f3n para el desempe\u00f1o de sus funciones. En caso de que tome conocimiento de \nvulneraciones a lo dispuesto en esta Constituci\u00f3n o la ley, la Comisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n deber\u00e1 \nefectuar las denuncias pertinentes, las cuales ser\u00e1n remitidas y conocidas por los \u00f3rganos \ncompetentes. La ley regular\u00e1 la integraci\u00f3n y funcionamiento de la Comisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n. \n \n \n",
    "191": "1",
    "192": "0",
    "193": "0.- Art\u00edculo 29.- Control jurisdiccional. Las medidas adoptadas en ejercicio de las facultades \nconferidas en los estados de excepci\u00f3n constitucional, podr\u00e1n ser objeto de revisi\u00f3n por los \ntribunales de justicia tanto en su m\u00e9rito como en su forma. \nLas requisiciones que se practiquen dar\u00e1n lugar a indemnizaciones en conformidad a \nla ley. \n \n********* \n"
  },
  "3": {
    "1": "CAP\u00cdTULO (COM 2) \nPRINCIPIOS CONSTITUCIONALES \n \n",
    "2": "1",
    "3": "0",
    "4": "1.- Art\u00edculo 1.- Estado. Chile es un Estado social y democr\u00e1tico de derecho. Es \nplurinacional, intercultural y ecol\u00f3gico. \nSe constituye como una Rep\u00fablica solidaria, su democracia es paritaria y reconoce \ncomo valores intr\u00ednsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los \nseres humanos y su relaci\u00f3n indisoluble con la naturaleza. \nLa protecci\u00f3n y garant\u00eda de los derechos humanos individuales y colectivos son el \nfundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones \nnecesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la \nintegraci\u00f3n de las personas en la vida pol\u00edtica, econ\u00f3mica, social y cultural para su pleno \ndesarrollo. \n \n",
    "5": "1",
    "6": "0",
    "7": "2.- Art\u00edculo 2.- Persona. En Chile, las personas nacen y permanecen libres, interdependientes \ne iguales en dignidad y derechos. \nEl Estado debe respetar, promover, proteger y garantizar los derechos fundamentales \nreconocidos en esta Constituci\u00f3n y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se \nencuentren vigentes. Para su protecci\u00f3n, las personas gozar\u00e1n de todas las garant\u00edas eficaces, \noportunas, pertinentes y universales, nacionales e internacionales. \n \n",
    "8": "1",
    "9": "0",
    "10": "3.- Art\u00edculo 3.- Soberan\u00eda. La soberan\u00eda reside en el Pueblo de Chile, conformado por \ndiversas naciones. \nSe ejerce democr\u00e1ticamente, de manera directa y mediante representantes, de \nconformidad a lo dispuesto en esta Constituci\u00f3n y las leyes. \n \nNing\u00fan sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. \nEl ejercicio de la soberan\u00eda reconoce como limitaci\u00f3n los derechos humanos en \ncuanto atributo que deriva de la dignidad humana. \n \n",
    "11": "1",
    "12": "0",
    "13": "4.- Art\u00edculo 5.- Democracia. En Chile, la democracia es inclusiva y paritaria. Se ejerce en \nforma directa, participativa, comunitaria y representativa. \nEs deber del Estado promover y garantizar la adopci\u00f3n de medidas para la \nparticipaci\u00f3n efectiva de toda la sociedad en el proceso pol\u00edtico y el pleno ejercicio de la \ndemocracia. \nEl Estado deber\u00e1 asegurar la prevalencia del inter\u00e9s general, y el car\u00e1cter electivo de \nlos cargos de representaci\u00f3n pol\u00edtica con responsabilidad de quienes ejercen el poder. \nLa actividad pol\u00edtica organizada contribuye a la expresi\u00f3n de la voluntad popular, y \nsu funcionamiento respetar\u00e1 los principios de independencia, probidad, transparencia financiera \ny democracia interna. \n \n",
    "14": "1",
    "15": "0",
    "16": "5.- Art\u00edculo 6.- Igualdad Sustantiva. La Constituci\u00f3n asegura a todas las personas la igualdad \nsustantiva, en tanto garant\u00eda de igualdad de trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y \nejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con pleno respeto a la \ndiversidad, la inclusi\u00f3n social y la integraci\u00f3n de los grupos oprimidos e hist\u00f3ricamente \nexcluidos.  \nLa Constituci\u00f3n asegura la igualdad sustantiva de g\u00e9nero, oblig\u00e1ndose a garantizar \nel mismo trato y condiciones para las mujeres, ni\u00f1as y diversidades y disidencias sexogen\u00e9ricas \nante todos los \u00f3rganos estatales y espacios de organizaci\u00f3n de la sociedad civil. \n \n",
    "17": "1",
    "18": "0",
    "19": "6.- Art\u00edculo 7.- Familias. El Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, \nexpresiones y modos de vida, no restringi\u00e9ndose a v\u00ednculos exclusivamente filiativos y \nconsangu\u00edneos. \nEl Estado debe garantizar a las familias una vida digna, procurando que los trabajos \nde cuidados no representen una desventaja para quienes los ejercen. \n \n \n",
    "20": "1",
    "21": "0",
    "22": "7.- Art\u00edculo 9.- Naturaleza. Las personas y los pueblos son interdependientes con la \nnaturaleza y forman, con ella, un conjunto inseparable.  \nLa naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos \ny respetarlos. \nEl Estado debe adoptar una administraci\u00f3n ecol\u00f3gicamente responsable y promover \nla educaci\u00f3n ambiental y cient\u00edfica mediante procesos de formaci\u00f3n y aprendizaje permanentes. \n \n",
    "23": "1",
    "24": "0",
    "25": "8.- Art\u00edculo 9 A.- Principio de Buen Vivir. El Estado reconoce y promueve una relaci\u00f3n \nde equilibrio arm\u00f3nico entre las personas, la naturaleza y la organizaci\u00f3n de la sociedad. \n \n",
    "26": "1",
    "27": "0",
    "28": "9.- Art\u00edculo 9G. Principio de responsabilidad ambiental. Quien da\u00f1e el medio ambiente \ntendr\u00e1 el deber de repararlo, sin perjuicio de las sanciones administrativas, penales y civiles \nque correspondan en conformidad a la constituci\u00f3n y las leyes. \n \n",
    "29": "1",
    "30": "1",
    "31": "0.- Art\u00edculo 9 M.- Chile es un pa\u00eds oce\u00e1nico. Es deber integral del Estado la conservaci\u00f3n, \npreservaci\u00f3n y cuidado de los ecosistemas marinos y costeros continentales, insulares y \nant\u00e1rticos. \n \n",
    "32": "1",
    "33": "1",
    "34": "1.- Art\u00edculo 10 (G). Recepci\u00f3n e integraci\u00f3n del derecho internacional de los Derechos \nHumanos. Los derechos y obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos \nhumanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, los principios generales del derecho \ninternacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario de la misma \nmateria forman parte integral de esta constituci\u00f3n y gozan de rango constitucional. \n \nEl Estado tiene la obligaci\u00f3n de promover, respetar, proteger y garantizar los \nderechos humanos conforme a las disposiciones y principios del derecho internacional de los \nderechos humanos. Asimismo, debe prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las \nviolaciones a los derechos humanos. \n \n",
    "35": "1",
    "36": "1",
    "37": "2.- Art\u00edculo 11.- Interculturalidad. El Estado es intercultural. Reconocer\u00e1, valorar\u00e1 y \npromover\u00e1 el di\u00e1logo horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y \n \nnaciones que conviven en el pa\u00eds con dignidad y respeto rec\u00edproco. El Estado deber\u00e1 garantizar \nlos mecanismos institucionales que permitan ese di\u00e1logo superando las asimetr\u00edas existentes en \nel acceso, distribuci\u00f3n y ejercicio del poder y en todos los \u00e1mbitos de la vida en sociedad. \n \n",
    "38": "1",
    "39": "1",
    "40": "3.- Art\u00edculo 12.- Pluriling\u00fcismo. Chile es un Estado pluriling\u00fce, su idioma oficial es el \ncastellano y los idiomas de los pueblos ind\u00edgenas ser\u00e1n oficiales en sus territorios y en zonas de \nalta densidad poblacional de cada pueblo ind\u00edgena. El Estado promueve el conocimiento, \nrevitalizaci\u00f3n, valoraci\u00f3n y respeto de las lenguas ind\u00edgenas de todos los pueblos del Estado \nPlurinacional. \nEl Estado reconoce la lengua de se\u00f1as chilena como lengua natural y oficial de las \npersonas sordas, as\u00ed como sus derechos ling\u00fc\u00edsticos en todos los \u00e1mbitos de la vida social. \n \n",
    "41": "1",
    "42": "1",
    "43": "4.- Art\u00edculo 13 E.- Estado Laico. Chile es un Estado Laico, donde se respeta y garantiza la \nlibertad de religi\u00f3n y de creencias espirituales. Ninguna religi\u00f3n, ni creencia en particular es la \noficial del Estado, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, el cual no tiene m\u00e1s \nlimitaci\u00f3n que lo dispuesto por esta Constituci\u00f3n. \n \n",
    "44": "1",
    "45": "1",
    "46": "5.- Art\u00edculo 14.- Probidad y Transparencia. El ejercicio de las funciones p\u00fablicas obliga a \nsus titulares a dar estricto cumplimiento a los principios de probidad, transparencia y rendici\u00f3n \nde cuentas en todas sus actuaciones, con primac\u00eda del inter\u00e9s general por sobre el particular.  \nEs deber del Estado promover la integridad de la funci\u00f3n p\u00fablica y erradicar la \ncorrupci\u00f3n en todas sus formas, tanto en el sector p\u00fablico como privado. En cumplimiento de lo \nanterior, deber\u00e1 adoptar medidas eficaces para prevenir, detectar y sancionar los actos de \ncorrupci\u00f3n. Esta obligaci\u00f3n abarca el deber de perseguir administrativa y judicialmente la \naplicaci\u00f3n de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan, en la forma que \ndetermine la ley. \nUna ley regular\u00e1 los casos y las condiciones en las que los funcionarios, funcionarias \ny autoridades deleguen a terceros la administraci\u00f3n de aquellos bienes y obligaciones que \nsupongan un conflicto de inter\u00e9s en el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica. Asimismo, podr\u00e1 \nconsiderar otras medidas apropiadas para resolverlos. \n \nLa Constituci\u00f3n asegura a todas las personas la transparencia de la informaci\u00f3n \np\u00fablica en poder del Estado facilitando su acceso de manera comprensible y oportuna, en los \nplazos y condiciones que la ley establezca. Esta se\u00f1alar\u00e1\u0301 la forma en que podr\u00e1 ordenarse la \nreserva o secreto de dicha informaci\u00f3n, por razones de seguridad del Estado, protecci\u00f3n de los \nderechos de las personas o cuando su publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones \nde la respectiva instituci\u00f3n, conforme a sus fines. \n \n",
    "47": "1",
    "48": "1",
    "49": "6.- Art\u00edculo 15.- Supremac\u00eda Constitucional y Legal. Chile es un Estado fundado en el \nprincipio de la supremac\u00eda constitucional y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Los \npreceptos de esta Constituci\u00f3n obligan igualmente a toda persona, instituci\u00f3n, autoridad o grupo. \nLos \u00f3rganos del Estado y sus titulares e integrantes, act\u00faan previa investidura regular \ny someten su actuar a la Constituci\u00f3n y a las normas dictadas conforme a esta, dentro de los \nl\u00edmites y competencias por ellas establecidos. \nNinguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni \naun a pretexto de circunstancias extraordinarias, autoridad, derechos o facultades distintas a las \nexpresamente conferidas en virtud de la Constituci\u00f3n o las leyes.  \nTodo acto en contravenci\u00f3n a este art\u00edculo es nulo y originar\u00e1 las responsabilidades \ny sanciones que la ley se\u00f1ale. La acci\u00f3n de nulidad se ejercer\u00e1 en los plazos y condiciones \nestablecidos por esta Constituci\u00f3n y la ley.  \nNinguna magistratura, persona ni grupo de personas, civiles o militares, pueden \natribuirse otra autoridad, competencia o derechos que los que expresamente se les haya conferido \nen virtud de la Constituci\u00f3n y las leyes, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias. \n \n",
    "50": "1",
    "51": "1",
    "52": "7.- Art\u00edculo 17.- Son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional. \nEl Estado reconoce los s\u00edmbolos y emblemas de los distintos pueblos ind\u00edgenas. \n \n",
    "53": "1",
    "54": "1",
    "55": "8.- Art\u00edculo 29.- Principio de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Las finanzas p\u00fablicas \nse conducir\u00e1n de conformidad a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que \nguiar\u00e1n el actuar del Estado en todas sus instituciones y en todos sus niveles. \n \n********* \n \n \n\u201c\u00a7 De la democracia participativa y sus caracter\u00edsticas \n",
    "56": "1",
    "57": "1",
    "58": "9.- Art\u00edculo 1.- Democracia Participativa. La ciudadan\u00eda tiene el derecho a participar de \nmanera incidente o vinculante en los asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico. Es deber del Estado dar adecuada \npublicidad a los mecanismos de democracia, tendiendo a favorecer una amplia deliberaci\u00f3n de \nlas personas, en conformidad a esta Constituci\u00f3n y las leyes. \nLos poderes p\u00fablicos deber\u00e1n facilitar la participaci\u00f3n del pueblo en la vida pol\u00edtica, \necon\u00f3mica, cultural y social del pa\u00eds. Ser\u00e1 deber de cada \u00f3rgano del Estado disponer de los \nmecanismos para promover y asegurar la participaci\u00f3n y deliberaci\u00f3n ciudadana incidente en la \ngesti\u00f3n de asuntos p\u00fablicos, incluyendo medios digitales. \n \n",
    "59": "1",
    "60": "2",
    "61": "0.- Art\u00edculo 2.- Garant\u00edas democr\u00e1ticas. El estado deber\u00e1 garantizar a toda la ciudadan\u00eda, \nsin discriminaci\u00f3n de ning\u00fan tipo, el ejercicio pleno de una democracia participativa, a trav\u00e9s de \nmecanismos de democracia directa. \n \n",
    "62": "1",
    "63": "2",
    "64": "1.- Art\u00edculo 6.- De la participaci\u00f3n ciudadana digital. La ley regular\u00e1 la utilizaci\u00f3n de \nherramientas digitales en la implementaci\u00f3n de los mecanismos de participaci\u00f3n establecidos en \nesta Constituci\u00f3n y que sean distintos al sufragio, buscando que su uso promueva la m\u00e1s alta \nparticipaci\u00f3n posible en dichos procesos, al igual que la m\u00e1s amplia informaci\u00f3n, transparencia, \nseguridad y accesibilidad del proceso para todas las personas sin distinci\u00f3n. \n \n\u00a7 De los mecanismos de democracia directa y participaci\u00f3n popular \n \n",
    "65": "1",
    "66": "2",
    "67": "2.- Art\u00edculo 8.- Iniciativa popular de ley. Un grupo ciudadanos habilitados para sufragar, \nequivalente al tres por ciento del \u00faltimo padr\u00f3n electoral, podr\u00e1 presentar una iniciativa popular \nde ley para su tramitaci\u00f3n legislativa. \nSe contar\u00e1 con un plazo de ciento ochenta d\u00edas desde su registro ante el Servicio \nElectoral para que la propuesta sea conocida por la ciudadan\u00eda y pueda reunir los patrocinios \nexigidos. \nEn caso de reunir el apoyo requerido, el Servicio Electoral remitir\u00e1 la propuesta al \nCongreso, para que \u00e9sta d\u00e9 inicio al proceso de formaci\u00f3n de ley. \n \nLas iniciativas populares de ley ingresar\u00e1n a la agenda legislativa con la urgencia \ndeterminada por la ley. El \u00f3rgano legislativo deber\u00e1 informar cada seis meses sobre el avance de \nla tramitaci\u00f3n de estas iniciativas. \nLa iniciativa popular de ley no podr\u00e1 referirse a tributos, alterar la administraci\u00f3n \npresupuestaria del Estado ni limitar derechos fundamentales de personas o pueblos reconocidos \nen esta Constituci\u00f3n y las leyes. \n \n",
    "68": "1",
    "69": "2",
    "70": "3.- Art\u00edculo 9.- Iniciativa de derogaci\u00f3n de ley. Un grupo de ciudadanos habilitados para \nsufragar, equivalente al cinco por ciento del \u00faltimo padr\u00f3n electoral, podr\u00e1 presentar una \niniciativa de derogaci\u00f3n total o parcial de una o m\u00e1s leyes promulgadas bajo la vigencia de esta \nConstituci\u00f3n para que sea votada mediante refer\u00e9ndum nacional. \nNo ser\u00e1n admisibles las propuestas sobre materias que digan relaci\u00f3n con tributos y \nla administraci\u00f3n presupuestaria del Estado. \n \n",
    "71": "1",
    "72": "2",
    "73": "4.- Art\u00edculo Nuevo.- Mecanismos de Democracia Directa Regional. El Estatuto Regional \ndeber\u00e1 considerar mecanismos de democracia directa o semidirecta, que aseguren la \nparticipaci\u00f3n incidente o vinculante de la poblaci\u00f3n, seg\u00fan corresponda. \nDeber\u00e1n considerar, al menos, la implementaci\u00f3n de iniciativas populares de normas \nlocales a nivel regional y municipal, de car\u00e1cter vinculante, as\u00ed como consultas ciudadanas \nincidentes. \nLa planificaci\u00f3n presupuestaria de las distintas entidades territoriales deber\u00e1 siempre \nconsiderar elementos de participaci\u00f3n incidente de la poblaci\u00f3n. \n \n",
    "74": "1",
    "75": "2",
    "76": "5.- Art\u00edculo 10.- Plebiscitos regionales o comunales. Se podr\u00e1n someter a refer\u00e9ndum las \nmaterias de competencia de los gobiernos regionales y locales en conformidad a lo dispuesto en \nla ley y Estatuto Regional respectivo. \nUna ley deber\u00e1 se\u00f1alar los requisitos m\u00ednimos para solicitarlos o convocarlos, la \n\u00e9poca en que se podr\u00e1n llevar a cabo, los mecanismos de votaci\u00f3n, escrutinio y los casos y \ncondiciones en que sus resultados ser\u00e1n vinculantes. \n \n \n",
    "77": "1",
    "78": "2",
    "79": "6.- Art\u00edculo 14.- Audiencias p\u00fablicas. En el Congreso y en los \u00f3rganos representativos a \nnivel regional y local se deber\u00e1n realizar audiencias p\u00fablicas en las oportunidades y formas que \nla ley disponga, en el que las personas y la sociedad civil puedan dar a conocer argumentos y \npropuestas. \n \n\u00a7 De la nacionalidad y la ciudadan\u00eda \n",
    "80": "1",
    "81": "2",
    "82": "7.- Art\u00edculo 17.- Nacionalidad. Son chilenas y chilenos, aquellas personas que: \n1. Hayan nacido en el territorio de Chile, con excepci\u00f3n de las hijas e hijos de \npersonas extranjeras que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, quienes podr\u00e1n optar \npor la nacionalidad chilena. \n2. Sean hijas o hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. \n4. Obtuvieren especial gracia de nacionalizaci\u00f3n por ley. \nNo se exigir\u00e1 renuncia a la nacionalidad anterior para obtener la carta de \nnacionalizaci\u00f3n chilena. \nToda persona tiene derecho a la nacionalidad en la forma y condiciones que se\u00f1ala \neste art\u00edculo. La ley podr\u00e1 crear procedimientos m\u00e1s favorables para la nacionalizaci\u00f3n de \npersonas ap\u00e1tridas. \nToda persona podr\u00e1 exigir que en cualquier documento oficial de identificaci\u00f3n sea \nconsignada, adem\u00e1s de la nacionalidad chilena, su pertenencia a alguno de los pueblos originarios \ndel pa\u00eds. \n \n",
    "83": "1",
    "84": "2",
    "85": "8.- Art\u00edculo 18.- La nacionalidad chilena confiere el derecho incondicional a residir en el \nterritorio chileno y a retornar a \u00e9l. Concede, adem\u00e1s, el derecho a la protecci\u00f3n diplom\u00e1tica por \nparte del Estado de Chile y todos los dem\u00e1s derechos que la Constituci\u00f3n y las leyes vinculen al \nestatuto de nacionalidad. \n \n \n \n \n \n\u201c\u00a7 De la ciudadan\u00eda\u201d \n \n",
    "86": "1",
    "87": "2",
    "88": "9.- Art\u00edculo 20.- Ciudadan\u00eda. Todas las personas que tengan la nacionalidad chilena ser\u00e1n \nciudadanas y ciudadanos de Chile. Asimismo, ser\u00e1n ciudadanas y ciudadanos las personas \nextranjeras avecindadas en Chile por al menos cinco a\u00f1os. \nEl sufragio ser\u00e1 personal, igualitario, secreto y obligatorio. No ser\u00e1 obligatorio para \nlas y los chilenos que vivan en el extranjero y para las y los mayores de diecis\u00e9is y menores de \ndieciocho a\u00f1os. \nNinguna autoridad u \u00f3rgano podr\u00e1 impedir el efectivo ejercicio de este derecho, \ndebiendo a su vez proporcionar todos los medios necesarios para que las personas habilitadas \npara sufragar puedan ejercerlo. \nEl Estado promover\u00e1 el ejercicio activo y progresivo, a trav\u00e9s de los distintos \nmecanismos de participaci\u00f3n, de los derechos derivados de la ciudadan\u00eda, en especial en favor \nde ni\u00f1os, ni\u00f1as, adolescentes, personas privadas de libertad, personas con discapacidad, personas \nmayores y personas cuyas circunstancias o capacidades personales disminuyan sus posibilidades \nde ejercicio. \n \n",
    "89": "1",
    "90": "3",
    "91": "0.- Art\u00edculo 21.- Calidad pol\u00edtica de extranjeros y de nacionalizados chilenos. Las y los \nextranjeros avecindados en Chile por m\u00e1s de cinco a\u00f1os, y que cumplan con los requisitos \nse\u00f1alados en el art\u00edculo 20, podr\u00e1n ejercer el derecho de sufragio activo en los casos y formas \nque determine la ley. \n \n",
    "92": "1",
    "93": "3",
    "94": "1.- Art\u00edculo 22.- La nacionalidad chilena se pierde, exclusivamente: \n1. Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Esta \nrenuncia s\u00f3lo producir\u00e1 efectos si la persona, previamente, se ha nacionalizado en pa\u00eds extranjero; \n2. Por cancelaci\u00f3n de la carta de nacionalizaci\u00f3n, siempre que la persona no se \nconvirtiera en ap\u00e1trida, salvo que se hubiera obtenido por declaraci\u00f3n falsa o por fraude. Esto \n\u00faltimo no ser\u00e1 aplicable a ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes; \n3. Por ley que revoque la nacionalizaci\u00f3n concedida por gracia. \nEn el caso del n\u00famero 1, la nacionalidad podr\u00e1 recuperarse en conformidad al n\u00famero \n3 del art\u00edculo 1. En los restantes casos, s\u00f3lo podr\u00e1n ser rehabilitados por ley. \n \n \n",
    "95": "1",
    "96": "3",
    "97": "2.- Art\u00edculo 23.- La p\u00e9rdida de la nacionalidad s\u00f3lo puede producirse por causales establecidas \nen esta Constituci\u00f3n, y siempre que la persona afectada no quede en condici\u00f3n de ap\u00e1trida. \n \n",
    "98": "1",
    "99": "3",
    "100": "3.- Art\u00edculo 24.- La calidad de ciudadano se pierde: \n1\u00ba.- Por p\u00e9rdida de la nacionalidad chilena; \n \n",
    "101": "1",
    "102": "3",
    "103": "4.- Art\u00edculo 25.- Reclamaci\u00f3n de nacionalidad. La persona afectada por acto o resoluci\u00f3n \nde autoridad administrativa que la prive o desconozca de su nacionalidad chilena, podr\u00e1 recurrir, \npor s\u00ed o por cualquiera a su nombre, ante cualquier Corte de Apelaciones, conforme al \nprocedimiento establecido en la ley. La interposici\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional suspender\u00e1 los \nefectos del acto o resoluci\u00f3n recurridos. \n \n",
    "104": "1",
    "105": "3",
    "106": "5.- Art\u00edculo 27.- Ninguna persona que resida en Chile cumpliendo los requisitos que establece \nesta Constituci\u00f3n y las leyes puede ser desterrado, exiliado o relegado. \nLa ley establecer\u00e1 medidas para la recuperaci\u00f3n de la nacionalidad chilena en favor \nde quienes perdieron o tuvieron que renunciar a ella como consecuencia del exilio. Este derecho \ntambi\u00e9n se reconocer\u00e1 a hijas e hijos de dichas personas. \n \n********* \n \n",
    "107": "1",
    "108": "3",
    "109": "6.- Art\u00edculo 1.- Derechos de las personas mayores. Las personas mayores son titulares y \nplenos sujetos de derecho. Tienen derecho a envejecer con dignidad y a ejercer todos los derechos \nconsagrados en esta Constituci\u00f3n y en los tratados internacionales de derechos humanos \nratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en igualdad de condiciones que el resto de la \npoblaci\u00f3n. \nEspecialmente, las personas mayores tienen derecho a obtener prestaciones de \nseguridad social suficientes para una vida digna; a la accesibilidad al entorno f\u00edsico, social, \necon\u00f3mico, cultural y digital; a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y social; a una vida libre de maltrato por \nmotivos de edad; a la autonom\u00eda e independencia y al pleno ejercicio de su capacidad jur\u00eddica \ncon los apoyos y salvaguardias que correspondan. \n \n \n",
    "110": "1",
    "111": "3",
    "112": "7.- Art\u00edculo 3.- Derecho a una vida libre de violencia de g\u00e9nero. El Estado garantiza y \npromueve el derecho de las mujeres, ni\u00f1as, diversidades y disidencias sexogen\u00e9ricas a una vida \nlibre de violencia de g\u00e9nero en todas sus manifestaciones, tanto en el \u00e1mbito p\u00fablico como \nprivado, sea que provenga de particulares, instituciones o agentes del Estado. \nEl Estado deber\u00e1 adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de violencia \nde g\u00e9nero y los patrones socioculturales que la posibilitan, actuando con la debida diligencia para \nprevenir, investigar y sancionar dicha violencia, as\u00ed como brindar atenci\u00f3n, protecci\u00f3n y \nreparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad \nen que puedan hallarse. \n \n",
    "113": "1",
    "114": "3",
    "115": "8.- Art\u00edculo 6.- Derechos de las personas con discapacidad. La Constituci\u00f3n reconoce a las \npersonas con discapacidad como sujetos de derechos que esta Constituci\u00f3n y los tratados \ninternacionales ratificados y vigentes les reconocen, en igualdad de condiciones con los dem\u00e1s y \ngarantiza el goce y ejercicio de su capacidad jur\u00eddica, con apoyos y salvaguardias, seg\u00fan \ncorresponda. \nLas personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal, as\u00ed como \ntambi\u00e9n la inclusi\u00f3n social, inserci\u00f3n laboral, su participaci\u00f3n pol\u00edtica, econ\u00f3mica, social y \ncultural. \nExistir\u00e1, de conformidad a la ley, un sistema nacional a trav\u00e9s del cual se elaborar\u00e1n, \ncoordinar\u00e1n y ejecutar\u00e1n las pol\u00edticas y programas destinados a atender las necesidades de \ntrabajo, educaci\u00f3n, vivienda, salud y cuidado de las personas con discapacidad. La ley garantizar\u00e1 \nque la elaboraci\u00f3n, ejecuci\u00f3n y supervisi\u00f3n de dichos planes y programas cuente con la \nparticipaci\u00f3n activa y vinculante de las personas con discapacidad y de las organizaciones que \nlas representan. \nLa ley arbitrar\u00e1 los medios necesarios para identificar y remover las barreras f\u00edsicas, \nsociales, culturales, actitudinales, de comunicaci\u00f3n y de otra \u00edndole para facilitar a las personas \ncon discapacidad el ejercicio de sus derechos. \nEl Estado garantizar\u00e1 los derechos ling\u00fc\u00edsticos e identidades culturales de las personas \ncon discapacidad, los que incluyen el derecho a expresarse y comunicarse a trav\u00e9s de sus lenguas y \n \nel acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicaci\u00f3n. Asimismo, garantizar\u00e1 la \nautonom\u00eda ling\u00fc\u00edstica de las personas sordas en todos los \u00e1mbitos de la vida. \n \n",
    "116": "1",
    "117": "3",
    "118": "9.- Art\u00edculo 9.- Derecho al asilo. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, de \nacuerdo con la legislaci\u00f3n nacional y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, \ny que se encuentren vigentes. Una ley regular\u00e1 el procedimiento de solicitud y reconocimiento \nde la condici\u00f3n de refugiado, as\u00ed como las garant\u00edas y protecciones espec\u00edficas que se establezcan \nen favor de las personas solicitantes de asilo o refugiadas. \n \n",
    "119": "1",
    "120": "4",
    "121": "0.- Art\u00edculo 10.- Principio de no devoluci\u00f3n. Ninguna persona solicitante de asilo o refugiada \nser\u00e1 regresada por la fuerza a las fronteras del Estado donde su vida o libertad pueden verse \namenazadas, corra riesgo de persecuci\u00f3n o graves violaciones de derechos humanos. \n \n",
    "122": "1",
    "123": "4",
    "124": "1.- Art\u00edculo 11.- Derechos de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes. Las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes \nson titulares de todos los derechos y garant\u00edas establecidas en esta Constituci\u00f3n, en las leyes y \ntratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. \nEl Estado tiene el deber prioritario de promover, respetar y garantizar, sin \ndiscriminaci\u00f3n y en todo su actuar, los derechos de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes, resguardando su \ninter\u00e9s superior, su autonom\u00eda progresiva, su desarrollo integral y a ser escuchados y a participar \ne influir en todos los asuntos que les afecten en el grado que corresponda a su nivel de desarrollo \nen la vida familiar, comunitaria y social. \nNi\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones familiares y \nambientales que les permitan el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. El Estado \ndeber\u00e1 velar porque no sean separados de sus familias salvo como medida temporal y \u00faltimo \nrecurso en resguardo de su inter\u00e9s superior, en cuyo caso se priorizar\u00e1 un acogimiento familiar \npor sobre el residencial, debiendo adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar \nsu bienestar y resguardar el ejercicio de sus derechos y libertades. \nLos ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de \nviolencia, maltrato, abuso, explotaci\u00f3n, acoso y negligencia. La erradicaci\u00f3n de la violencia \ncontra la ni\u00f1ez ser\u00e1 declarada un asunto de la m\u00e1s alta prioridad del Estado, y para ello dise\u00f1ar\u00e1 \nestrategias y acciones para abordar situaciones que impliquen un menoscabo de la integridad \n \npersonal de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes, sea que la violencia provenga de las familias, del propio \nEstado, o de terceros. \nLa ley establecer\u00e1 un sistema de protecci\u00f3n integral de garant\u00edas de los derechos de \nni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, a trav\u00e9s del cual establecer\u00e1 responsabilidades espec\u00edficas de los \npoderes y \u00f3rganos del Estado y su deber de trabajo intersectorial y coordinado para asegurar la \nprevenci\u00f3n de la violencia contra ni\u00f1os, ni\u00f1as, y adolescentes y la promoci\u00f3n y protecci\u00f3n \nefectiva de los derechos de estos. El Estado asegurar\u00e1 por medio de este sistema, que ante \namenaza o vulneraci\u00f3n de derechos, existan mecanismos para su restituci\u00f3n, sanci\u00f3n y \nreparaci\u00f3n. \n \n********* \n \n"
  },
  "4": {
    "1": "CAP\u00cdTULO (COM 3) \nESTADO REGIONAL \n \n",
    "2": "1",
    "3": "4",
    "4": "2.- Art\u00edculo 1.- Del Estado Regional. Chile es un Estado Regional, plurinacional e \nintercultural conformado por entidades territoriales aut\u00f3nomas, en un marco de equidad y \nsolidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado. \nEl Estado promover\u00e1 la cooperaci\u00f3n, la integraci\u00f3n arm\u00f3nica y el desarrollo \nadecuado y justo entre las diversas entidades territoriales. \n \n",
    "5": "1",
    "6": "4",
    "7": "3.- Art\u00edculo 2.- De las Entidades Territoriales. El Estado se organiza territorialmente en \nregiones aut\u00f3nomas, comunas aut\u00f3nomas, autonom\u00edas territoriales ind\u00edgenas y territorios \nespeciales. \nLas entidades territoriales aut\u00f3nomas tienen personalidad jur\u00eddica y patrimonio \npropio y las potestades y competencias necesarias para gobernarse en atenci\u00f3n al inter\u00e9s general \nde la Rep\u00fablica, de acuerdo a la Constituci\u00f3n y la ley, teniendo como l\u00edmites los derechos \nhumanos y de la Naturaleza. \nLa creaci\u00f3n, modificaci\u00f3n, delimitaci\u00f3n y supresi\u00f3n de las entidades territoriales \ndeber\u00e1 considerar criterios objetivos en funci\u00f3n de antecedentes hist\u00f3ricos, geogr\u00e1ficos, sociales, \n \nculturales, ecosist\u00e9micos y econ\u00f3micos, garantizando la participaci\u00f3n popular, democr\u00e1tica y \nvinculante de sus habitantes, de acuerdo con la Constituci\u00f3n y la ley. \n \n",
    "8": "1",
    "9": "4",
    "10": "4.- Art\u00edculo 3.- Del Territorio. Chile, en su diversidad geogr\u00e1fica, natural, hist\u00f3rica y cultural, \nforma un territorio \u00fanico e indivisible. \nLa soberan\u00eda y jurisdicci\u00f3n sobre el territorio se ejerce de acuerdo a la Constituci\u00f3n, \nla ley y el derecho internacional. \n \n",
    "11": "1",
    "12": "4",
    "13": "5.- Art\u00edculo 4.- Es deber del Estado proteger los espacios y ecosistemas marinos y marino-\ncosteros, propiciando las diversas vocaciones y usos asociados a ellos, y asegurando, en todo \ncaso, su preservaci\u00f3n, conservaci\u00f3n y restauraci\u00f3n ecol\u00f3gica. La ley establecer\u00e1 su ordenaci\u00f3n \nespacial y gesti\u00f3n integrada, mediante un trato diferenciado, aut\u00f3nomo y descentralizado, seg\u00fan \ncorresponda, en base a la equidad y justicia territorial. \n \n",
    "14": "1",
    "15": "4",
    "16": "6.- Art\u00edculo 5.- De la Autonom\u00eda de las entidades territoriales. Las regiones aut\u00f3nomas, \ncomunas aut\u00f3nomas y autonom\u00edas territoriales ind\u00edgenas est\u00e1n dotadas de autonom\u00eda pol\u00edtica, \nadministrativa y financiera para la realizaci\u00f3n de sus fines e intereses en los t\u00e9rminos establecidos \npor la presente Constituci\u00f3n y la ley. \nEn ning\u00fan caso el ejercicio de la autonom\u00eda podr\u00e1 atentar en contra del car\u00e1cter \u00fanico \ne indivisible del Estado de Chile, ni permitir\u00e1 la secesi\u00f3n territorial. \n \n",
    "17": "1",
    "18": "4",
    "19": "7.- Art\u00edculo 6.- De la solidaridad, cooperaci\u00f3n y asociatividad territorial en el Estado \nRegional. Las entidades territoriales se coordinan y asocian en relaciones de solidaridad, \ncooperaci\u00f3n, reciprocidad y apoyo mutuo, evitando la duplicidad de funciones, en conformidad \na los mecanismos que establezca la ley. \nDos o m\u00e1s entidades territoriales, con o sin continuidad territorial, podr\u00e1n pactar \nconvenios y constituir asociaciones territoriales con la finalidad de lograr objetivos comunes, \npromover la cohesi\u00f3n social, mejorar la prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos, incrementar la \neficiencia y eficacia en el ejercicio de sus competencias y potenciar el desarrollo social, cultural, \necon\u00f3mico sostenible y equilibrado. \n \nEl Estado promover\u00e1 y apoyar\u00e1 la cooperaci\u00f3n y asociatividad con las entidades \nterritoriales y entre ellas. La ley establecer\u00e1 las bases generales para la creaci\u00f3n y funcionamiento \nde estas asociaciones, en concordancia con la normativa regional respectiva. \nLas asociaciones de entidades territoriales, en ning\u00fan caso, alterar\u00e1n la organizaci\u00f3n \nterritorial del Estado. \n \n",
    "20": "1",
    "21": "4",
    "22": "8.- Art\u00edculo 7.- De la Participaci\u00f3n en las entidades territoriales en el Estado Regional. \nLas entidades territoriales garantizan el derecho de sus habitantes a participar, individual o \ncolectivamente en las decisiones p\u00fablicas, comprendiendo en ella la formulaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n, \nevaluaci\u00f3n, fiscalizaci\u00f3n y control democr\u00e1tico de la funci\u00f3n p\u00fablica, con arreglo a la \nConstituci\u00f3n y las leyes. \nLos pueblos y naciones preexistentes al Estado deber\u00e1n ser consultados y otorgar el \nconsentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus \nderechos reconocidos en esta Constituci\u00f3n. \n \n",
    "23": "1",
    "24": "4",
    "25": "9.- Art\u00edculo 8.- Del Desarrollo Territorial. Es deber de las entidades territoriales, en el \n\u00e1mbito de sus competencias, establecer una pol\u00edtica permanente de equidad territorial de \ndesarrollo sostenible y arm\u00f3nico con la naturaleza. \nLas entidades territoriales considerar\u00e1n para su planificaci\u00f3n social, pol\u00edtica, \nadministrativa, cultural, territorial y econ\u00f3mica los criterios de suficiencia presupuestaria, \ninclusi\u00f3n e interculturalidad, integraci\u00f3n socioespacial, perspectiva de g\u00e9nero, enfoque socio \necosist\u00e9mico, enfoque en derechos humanos y los dem\u00e1s que establezca esta Constituci\u00f3n. \n \n",
    "26": "1",
    "27": "5",
    "28": "0.- Art\u00edculo 9.- De la Equidad, Solidaridad y justicia territorial. El Estado garantiza un \ntratamiento equitativo y un desarrollo arm\u00f3nico y solidario entre las diversas entidades \nterritoriales, propendiendo al inter\u00e9s general, no pudiendo establecer diferencias arbitrarias entre \nellas, asegurando a su vez, las mismas condiciones de acceso a los servicios p\u00fablicos, al empleo \ny a todas las prestaciones estatales, sin perjuicio del lugar que habiten en el territorio, \nestableciendo de ser necesario, acciones afirmativas en favor de los grupos empobrecidos e \nhist\u00f3ricamente vulnerados. El Estado de Chile promover\u00e1 un desarrollo territorial equitativo, \n \narm\u00f3nico y solidario que permita una integraci\u00f3n efectiva de las distintas localidades, tanto \nurbanas como rurales, promoviendo la equidad horizontal en la provisi\u00f3n de bienes y servicios. \n \n",
    "29": "1",
    "30": "5",
    "31": "1.- Art\u00edculo 10.- De la Plurinacionalidad e interculturalidad en el Estado Regional. Las \nentidades territoriales y sus \u00f3rganos reconocen, garantizan y promueven en todo su actuar el \nreconocimiento pol\u00edtico y jur\u00eddico de los pueblos y naciones preexistentes al Estado que habitan \nsus territorios; su supervivencia, existencia y desarrollo arm\u00f3nico e integral; la distribuci\u00f3n \nequitativa del poder y de los espacios de participaci\u00f3n pol\u00edtica; el uso, reconocimiento y \npromoci\u00f3n de las lenguas ind\u00edgenas que se hablan en ellas, propiciando el entendimiento \nintercultural, el respeto de formas diversas de ver, organizar y concebir el mundo y de \nrelacionarse con la naturaleza; la protecci\u00f3n y el respeto de los derechos de autodeterminaci\u00f3n y \nde autonom\u00eda de los territorios ind\u00edgenas, en coordinaci\u00f3n con el resto de las entidades \nterritoriales. \n \n",
    "32": "1",
    "33": "5",
    "34": "2.- Art\u00edculo 11.- De la postulaci\u00f3n y cesaci\u00f3n a los cargos de las entidades territoriales. \nLa elecci\u00f3n de las y los representantes por votaci\u00f3n popular de las entidades territoriales se \nefectuar\u00e1 asegurando la paridad de g\u00e9nero, la probidad, la representatividad territorial, la \npertenencia territorial, avecindamiento y la representaci\u00f3n efectiva de los pueblos y naciones \npreexistentes al Estado. \nLa Constituci\u00f3n y la ley establecer\u00e1n los requisitos para la postulaci\u00f3n y las causales \nde cesaci\u00f3n de dichos cargos. La calificaci\u00f3n y procedencia de estas causales de cesaci\u00f3n se \nrealizar\u00e1 a trav\u00e9s de un procedimiento expedito ante la justicia electoral, en conformidad a la ley. \n \n",
    "35": "1",
    "36": "5",
    "37": "3.- Art\u00edculo 12.- Principio de no tutela entre entidades territoriales. Ninguna entidad \nterritorial podr\u00e1 ejercer tutela sobre otra entidad territorial, sin perjuicio de la aplicaci\u00f3n de los \nprincipios de coordinaci\u00f3n, de asociatividad, de solidaridad, y los conflictos de competencias que \npuedan ocasionarse. \n \n",
    "38": "1",
    "39": "5",
    "40": "4.- Art\u00edculo 13.- Correspondencia entre competencias y recursos. Sin perjuicio de las \ncompetencias que establece esta Constituci\u00f3n y la ley, el Estado podr\u00e1 transferir a las entidades \nterritoriales aquellas competencias de titularidad estatal que por su propia naturaleza son \n \nsusceptibles de transferencia. Estas transferencias deber\u00e1n ir acompa\u00f1adas siempre por el \npersonal y los recursos financieros suficientes y oportunos para su adecuada ejecuci\u00f3n. \nUna ley regular\u00e1 el r\u00e9gimen jur\u00eddico del procedimiento de transferencia de \ncompetencias y sus sistemas de evaluaci\u00f3n y control. \n \n",
    "41": "1",
    "42": "5",
    "43": "5.- Art\u00edculo 14.- Cuestiones de competencia. La ley establecer\u00e1 el procedimiento para \nresoluci\u00f3n de las distintas contiendas de competencia que se susciten entre el Estado y las \nentidades territoriales, o entre ellas, las que ser\u00e1n conocidas por el \u00f3rgano encargado de la justicia \nconstitucional. \n \n",
    "44": "1",
    "45": "5",
    "46": "6.- Art\u00edculo 16.- Radicaci\u00f3n preferente de competencias. Las funciones p\u00fablicas deber\u00e1n \nradicarse priorizando la entidad local sobre la regional y \u00e9sta \u00faltima sobre el Estado, sin perjuicio \nde aquellas competencias que la propia Constituci\u00f3n o las leyes reserven a cada una de estas \nentidades territoriales. La Regi\u00f3n Aut\u00f3noma o el Estado, cuando as\u00ed lo exija el inter\u00e9s general, \npodr\u00e1n subrogar de manera transitoria y supletoria las competencias que no puedan ser asumidas \npor la entidad local. \n \n",
    "47": "1",
    "48": "5",
    "49": "7.- Art\u00edculo 17.- Diferenciaci\u00f3n territorial. El Estado deber\u00e1 generar pol\u00edticas p\u00fablicas \ndiferenciadas y transferir las competencias que mejor se ajusten a las necesidades y \nparticularidades de los entes territoriales, con los respectivos recursos. La ley establecer\u00e1 los \ncriterios y requisitos para la aplicaci\u00f3n de diferencias territoriales, as\u00ed como los mecanismos de \nsolidaridad y equidad que compensen las desigualdades entre los distintos niveles territoriales. \n \n",
    "50": "1",
    "51": "5",
    "52": "8.- Art\u00edculo 18.- De las Regiones Aut\u00f3nomas. Las Regiones aut\u00f3nomas son entidades \npol\u00edticas y territoriales dotadas de personalidad jur\u00eddica de derecho p\u00fablico y patrimonio propio \nque gozan de autonom\u00eda para el desarrollo de los intereses regionales, la gesti\u00f3n de sus recursos \necon\u00f3micos y el ejercicio de las atribuciones legislativa, reglamentaria, ejecutiva y fiscalizadora \na trav\u00e9s de sus \u00f3rganos en el \u00e1mbito de sus competencias, con arreglo a lo dispuesto en la \nConstituci\u00f3n y la ley. \n \n \n",
    "53": "1",
    "54": "5",
    "55": "9.- Art\u00edculo 19.- Cl\u00e1usula residual. Las competencias no expresamente conferidas a la \nRegi\u00f3n aut\u00f3noma corresponden al Estado, sin perjuicio de las transferencias de competencia que \nregula la Constituci\u00f3n y la ley. \n \n",
    "56": "1",
    "57": "6",
    "58": "0.- Art\u00edculo 20.- Del Estatuto Regional. Cada Regi\u00f3n Aut\u00f3noma establecer\u00e1 su organizaci\u00f3n \nadministrativa y funcionamiento interno, en el marco de las competencias fiscalizadoras, \nnormativas, resolutivas, administrativas y las dem\u00e1s establecidas en la Constituci\u00f3n y las leyes. \nEl Estatuto Regional debe respetar los derechos fundamentales y los principios del \nEstado social y democr\u00e1tico de derecho reconocidos en los t\u00e9rminos establecidos en la \nConstituci\u00f3n. \n \n",
    "59": "1",
    "60": "6",
    "61": "1.- Art\u00edculo 21.- De la elaboraci\u00f3n, aprobaci\u00f3n y reforma del Estatuto Regional. El \nproyecto de Estatuto Regional ser\u00e1 propuesto por la Gobernadora o Gobernador Regional a la \nAsamblea Regional respectiva, para su deliberaci\u00f3n y acuerdo, el cual ser\u00e1 aprobado por la \nmayor\u00eda absoluta de sus miembros en ejercicio. \nEl proceso de elaboraci\u00f3n y reforma del Estatuto Regional deber\u00e1 garantizar la \nparticipaci\u00f3n popular, democr\u00e1tica y vinculante de sus habitantes. \n \n",
    "62": "1",
    "63": "6",
    "64": "2.- Art\u00edculo 22.- De la Autoridades Regionales. La organizaci\u00f3n institucional de las \nRegiones Aut\u00f3nomas se compone del Gobernador o Gobernadora Regional y de la Asamblea \nRegional. \n \n",
    "65": "1",
    "66": "6",
    "67": "3.- Art\u00edculo 23.- Del Gobierno Regional. El Gobierno Regional es el \u00f3rgano ejecutivo de la \nRegi\u00f3n Aut\u00f3noma. \nUna Gobernadora o Gobernador Regional dirigir\u00e1 el Gobierno Regional, ejerciendo \nla funci\u00f3n administrativa y reglamentaria y representar\u00e1 a la Regi\u00f3n aut\u00f3noma ante las dem\u00e1s \nautoridades nacionales e internacionales, en el marco de la pol\u00edtica nacional de relaciones \ninternacionales con funciones de coordinaci\u00f3n e intermediaci\u00f3n entre el gobierno central y la \nregi\u00f3n. La Gobernadora o Gobernador regional tendr\u00e1 la representaci\u00f3n judicial y extrajudicial \nde la regi\u00f3n. \n \nEn la elecci\u00f3n de Gobernadora o Gobernador Regional, resultar\u00e1 electo quien \nobtenga la mayor\u00eda de los votos v\u00e1lidamente emitidos, pero si ning\u00fan candidato logra al menos \nel cuarenta por ciento de los votos se producir\u00e1 una segunda votaci\u00f3n entre los candidatos o \ncandidatas que hayan obtenido las dos m\u00e1s altas mayor\u00edas, resultando elegido el que obtuviere la \nmayor\u00eda de los votos v\u00e1lidamente emitidos. \nLa Gobernadora o Gobernador Regional ejercer\u00e1 sus funciones por el t\u00e9rmino de \ncuatro a\u00f1os, pudiendo ser reelegido o reelegida consecutivamente s\u00f3lo una vez para el per\u00edodo \nsiguiente. En este caso, se considerar\u00e1 que se ha ejercido el cargo durante un per\u00edodo cuando el \nGobernador o Gobernadora Regional haya cumplido m\u00e1s de la mitad del mandato. \nLa Gobernadora o Gobernador regional, ser\u00e1 elegido en votaci\u00f3n directa, en \nconformidad con lo dispuesto en la Constituci\u00f3n y la ley. \n \n",
    "68": "1",
    "69": "6",
    "70": "4.- Art\u00edculo 24.- Del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas. El Consejo de Alcaldes y Alcaldesas \nes un \u00f3rgano de car\u00e1cter consultivo que estar\u00e1 integrado por los alcaldes y alcaldesas de todas \nlas comunas de la regi\u00f3n aut\u00f3noma y de las ciudades respectivas, el cual ser\u00e1 coordinado por \nquien determinen sus integrantes por mayor\u00eda absoluta. \nEl Consejo deber\u00e1 sesionar y abordar las problem\u00e1ticas de la regi\u00f3n aut\u00f3noma, \npromover una coordinaci\u00f3n efectiva entre los distintos \u00f3rganos con presencia regional y fomentar \nuna cooperaci\u00f3n eficaz entre los gobiernos locales en la forma que determine la ley. \n \n",
    "71": "1",
    "72": "6",
    "73": "5.- Art\u00edculo 25.- De la Asamblea Regional. La Asamblea Regional es el \u00f3rgano colegiado de \nrepresentaci\u00f3n regional que, en conformidad a la Constituci\u00f3n, est\u00e1 dotado de potestades \nnormativas, resolutivas y fiscalizadoras. \nUna ley determinar\u00e1 los requisitos generales para acceder al cargo de Asamble\u00edsta \nRegional y su n\u00famero en proporci\u00f3n a la poblaci\u00f3n regional. La elecci\u00f3n de Asamble\u00edstas \nRegionales ser\u00e1 por sufragio universal, directo y secreto. \nLos y las Asamble\u00edstas Regionales ejercer\u00e1n sus funciones por el t\u00e9rmino de cuatro \na\u00f1os, pudiendo ser reelegidos consecutivamente s\u00f3lo una vez para el per\u00edodo inmediatamente \nsiguiente. En este caso, se considerar\u00e1 que se ha ejercido el cargo durante un per\u00edodo cuando \nhayan cumplido m\u00e1s de la mitad de su mandato. \n \n \n",
    "74": "1",
    "75": "6",
    "76": "6.- Art\u00edculo 26.- Del Consejo Social Regional. El Consejo Social Regional es el encargado \nde promover la participaci\u00f3n popular en los asuntos p\u00fablicos regionales de car\u00e1cter participativo \ny consultivo. Su integraci\u00f3n y competencias ser\u00e1n determinadas por ley. \nLa Constituci\u00f3n y la ley establecer\u00e1n las bases de los mecanismos y procedimientos \nde participaci\u00f3n popular, velando por un involucramiento efectivo de las personas y sus \norganizaciones dentro de la Regi\u00f3n Aut\u00f3noma. \nEl Gobernador o Gobernadora Regional y las jefaturas de los servicios p\u00fablicos \nregionales deber\u00e1n rendir cuenta ante el Consejo Social Regional, a lo menos, una vez al a\u00f1o de \nla ejecuci\u00f3n presupuestaria y el desarrollo de proyectos en los t\u00e9rminos prescritos por el Estatuto \nRegional. \n \n",
    "77": "1",
    "78": "6",
    "79": "7.- Art\u00edculo 27.- De las competencias de la Regi\u00f3n aut\u00f3noma. Son competencias de la \nRegi\u00f3n aut\u00f3noma: \n1. La organizaci\u00f3n del Gobierno Regional, en conformidad con la Constituci\u00f3n y su \nEstatuto. \n2. La organizaci\u00f3n pol\u00edtico-administrativa y financiera de la Regi\u00f3n aut\u00f3noma, en \nfunci\u00f3n de la responsabilidad y eficiencia econ\u00f3mica, con arreglo a la Constituci\u00f3n y las leyes. \n3. Fomentar el desarrollo social, productivo y econ\u00f3mico de la Regi\u00f3n aut\u00f3noma en \nel \u00e1mbito de sus competencias, en coordinaci\u00f3n con las pol\u00edticas, planes y programas nacionales. \n4.- Participar en acciones de cooperaci\u00f3n internacional, dentro de los marcos \nestablecidos por los tratados y los convenios vigentes, en conformidad a los procedimientos \nestablecidos en la Constituci\u00f3n y las leyes. \n5. El desarrollo de la investigaci\u00f3n, tecnolog\u00eda y las ciencias en materias \ncorrespondientes a la competencia regional. \n6. La conservaci\u00f3n, preservaci\u00f3n, protecci\u00f3n y restauraci\u00f3n de la naturaleza, del \nequilibrio ecol\u00f3gico y el uso racional del agua y los dem\u00e1s elementos naturales de su territorio. \n7. Aprobar, mediando procesos de participaci\u00f3n ciudadana, los planes de \ndescontaminaci\u00f3n ambientales de la regi\u00f3n aut\u00f3noma. \n8. El fomento y la protecci\u00f3n de las culturas, las artes, el patrimonio hist\u00f3rico, \ninmaterial arqueol\u00f3gico, ling\u00fc\u00edstico y arquitect\u00f3nico; y la formaci\u00f3n art\u00edstica en su territorio. \n9. La planificaci\u00f3n, ordenamiento territorial y manejo integrado de cuencas. \n \n10. La pol\u00edtica regional de vivienda, urbanismo, salud, transporte y educaci\u00f3n en \ncoordinaci\u00f3n con las pol\u00edticas, planes y programas nacionales, respetando la universalidad de los \nderechos garantizados por esta Constituci\u00f3n. \n11. Las obras p\u00fablicas de inter\u00e9s ejecutadas en el territorio de la regi\u00f3n aut\u00f3noma. \n12. La planificaci\u00f3n e implementaci\u00f3n de la conectividad f\u00edsica y digital. \n13. La promoci\u00f3n y fomento del deporte, el ocio y la recreaci\u00f3n. \n15. La regulaci\u00f3n y administraci\u00f3n de los bosques, las reservas y los parques de las \n\u00e1reas silvestres protegidas y cualquier otro predio fiscal que se considere necesario para el \ncuidado de los servicios ecosist\u00e9micos que se otorgan a las comunidades, en el \u00e1mbito de sus \ncompetencias. \n16. La promoci\u00f3n y ordenaci\u00f3n del turismo en el \u00e1mbito territorial de la regi\u00f3n \naut\u00f3noma, en coordinaci\u00f3n con la Comuna Aut\u00f3noma. \n17. Coordinar y delegar las competencias constitucionales compartidas con las dem\u00e1s \nentidades territoriales. \n18. Establecer contribuciones y tasas dentro de su territorio previa autorizaci\u00f3n por \nley. \n19. La creaci\u00f3n de empresas p\u00fablicas regionales por parte de los \u00f3rganos de la Regi\u00f3n \nAut\u00f3noma competentes, en conformidad a los procedimientos regulados en la Constituci\u00f3n y la \nley. \n20.- Establecer una pol\u00edtica permanente de desarrollo sostenible y arm\u00f3nico con la \nnaturaleza. \n21.- Ejercer aut\u00f3nomamente la administraci\u00f3n y coordinaci\u00f3n de todos los servicios \np\u00fablicos de su dependencia. \n22.- Promover la participaci\u00f3n popular en asuntos de inter\u00e9s regional. \n24.- Las dem\u00e1s competencias que determine la Constituci\u00f3n y ley nacional. \nEl ejercicio de estas competencias por la Regi\u00f3n Aut\u00f3noma no excluye la \nconcurrencia y desarrollo coordinado con otros \u00f3rganos del Estado, conforme a la Constituci\u00f3n \ny la ley. \n \n",
    "80": "1",
    "81": "6",
    "82": "8.- Art\u00edculo 28.- De las entidades con competencias sobre todo el territorio. La ley \ndeterminar\u00e1 cu\u00e1les Servicios P\u00fablicos, Instituciones Aut\u00f3nomas o Empresas del Estado, en virtud \n \nde sus fines fiscalizadores, o por razones de eficiencia y de inter\u00e9s general, mantendr\u00e1n una \norganizaci\u00f3n centralizada y desconcentrada en todo el territorio de la Rep\u00fablica. \n \n",
    "83": "1",
    "84": "6",
    "85": "9.- Art\u00edculo 29.- Del Consejo de Gobernaciones. El Consejo de Gobernaciones, presidido \npor el Presidente de la Rep\u00fablica y conformado por las y los Gobernadores de cada Regi\u00f3n, \ncoordinar\u00e1 las relaciones entre el Estado Central y las entidades territoriales, velando por el \nbienestar social y econ\u00f3mico equilibrado de la Rep\u00fablica en su conjunto. \nSon facultades del Consejo de Gobernaciones: \na) La coordinaci\u00f3n, la complementaci\u00f3n y la colaboraci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de pol\u00edticas \np\u00fablicas en las Regiones; \nb) La coordinaci\u00f3n econ\u00f3mica y presupuestaria entre el Estado y las Regiones \nAut\u00f3nomas; \nc) Debatir sobre las actuaciones conjuntas de car\u00e1cter estrat\u00e9gico, que afecten a los \n\u00e1mbitos competenciales estatal y regional, as\u00ed como velar por el respeto de las autonom\u00edas de las \nentidades territoriales; \nd) Velar por la correcta aplicaci\u00f3n de los principios de equidad, solidaridad y justicia \nterritorial, y de los mecanismos de compensaci\u00f3n econ\u00f3mica interterritorial, en conformidad con \nla Constituci\u00f3n y la ley. \ne) Convocar encuentros sectoriales entre entidades territoriales. \nf) Acordar la creaci\u00f3n de comisiones o grupos de trabajo para el estudio de asuntos \nde inter\u00e9s com\u00fan. \ng) Las dem\u00e1s que establezcan la Constituci\u00f3n y la ley. \n \n",
    "86": "1",
    "87": "7",
    "88": "0.- Art\u00edculo 30.- De los Ministerios y Servicios P\u00fablicos con presencia en la Regi\u00f3n. Las \nRegiones Aut\u00f3nomas contar\u00e1n con las competencias para coordinarse con las y los representantes \nde Ministerios y Servicios P\u00fablicos con presencia en la Regi\u00f3n Aut\u00f3noma. \nEl Gobierno Regional podr\u00e1 solicitar al Estado la transferencia de competencias de \nMinisterios y Servicios P\u00fablicos. A su vez, las Municipalidades podr\u00e1n solicitar al Gobierno \nRegional la transferencia de competencias. La ley regular\u00e1 este procedimiento. \n \nEl ejercicio de estas facultades tiene por objeto garantizar el respeto, protecci\u00f3n y \nrealizaci\u00f3n progresiva de los derechos sociales y econ\u00f3micos en igualdad de condiciones en las \ndistintas entidades territoriales. La ley regular\u00e1 el ejercicio de estas facultades. \nEl Estado tendr\u00e1 facultades supletorias de car\u00e1cter transitorio, cuando las entidades \nterritoriales no puedan cumplir eficientemente sus mandatos. La ley regular\u00e1 el ejercicio de estas \nfacultades. \n \n",
    "89": "1",
    "90": "7",
    "91": "1.- Art\u00edculo 31.- Atribuciones de la Asamblea Regional. Son atribuciones de la Asamblea \nRegional, en conformidad a la Constituci\u00f3n, la ley y el Estatuto Regional: \n1. Fiscalizar los actos del Gobierno Regional de acuerdo con el procedimiento \nestablecido en el Estatuto Regional. \n2. Fiscalizar los actos de la administraci\u00f3n regional, para lo cual podr\u00e1 requerir \ninformaci\u00f3n de autoridades o jefaturas que desempe\u00f1en sus funciones en la Regi\u00f3n Aut\u00f3noma, \ncitar a funcionarios p\u00fablicos o autoridades regionales y crear comisiones especiales. \n3. Solicitar al Gobernador o Gobernadora Regional rendir cuenta sobre su \nparticipaci\u00f3n en el Consejo de Gobernaciones. \n4. Aprobar, modificar o rechazar el Presupuesto Regional, el Plan de Desarrollo \nRegional y los Planes de Ordenamiento Territorial. \n5. Aprobar, modificar o rechazar el Plan Regional de manejo integrado de cuencas. \n6. Dictar su reglamento interno de funcionamiento. \n7. Aprobar, a propuesta del Gobernador o Gobernadora Regional y previa ratificaci\u00f3n \ndel Consejo Territorial, la creaci\u00f3n de empresas p\u00fablicas regionales o la participaci\u00f3n en \nempresas regionales. \n8. Concurrir, en conjunto con el Gobernador Regional, en el ejercicio de la potestad \nreglamentaria, en la forma prescrita por la Constituci\u00f3n y las leyes. \n9. Ejercer la potestad reglamentaria de ejecuci\u00f3n de ley cuando esta lo encomiende y \ndictar los dem\u00e1s reglamentos en materias de competencia de la regi\u00f3n aut\u00f3noma. \n10. Dictar las normas regionales que hagan aplicables las leyes de acuerdo regional. \n11. Iniciar el tr\u00e1mite legislativo ante el Consejo Territorial en materias de inter\u00e9s \nregional. \n \n12. Solicitar al Congreso la transferencia de la potestad legislativa en materias de \ninter\u00e9s de la Regi\u00f3n Aut\u00f3noma respectiva, en conformidad a la ley. \n13. Las dem\u00e1s atribuciones que determine la Constituci\u00f3n y la ley. \n \n",
    "92": "1",
    "93": "7",
    "94": "2.- Art\u00edculo 35.- De las atribuciones exclusivas del Gobierno Regional. Son atribuciones \nexclusivas de los Gobiernos Regionales las siguientes: \n1. Preparar y presentar ante la Asamblea Regional el Plan de Desarrollo Regional, en \nconformidad al Estatuto Regional. \n2. Preparar y presentar ante la Asamblea Regional el proyecto de Presupuesto \nRegional, en conformidad a esta Constituci\u00f3n y el Estatuto Regional. \n3. Administrar y ejecutar el Presupuesto Regional, realizar actos y contratos en los \nque tenga inter\u00e9s, ejercer competencias fiscales propias conforme a la ley, y elaborar la \nplanificaci\u00f3n presupuestaria sobre la destinaci\u00f3n y uso del presupuesto regional. \n4. Preparar y presentar ante la Asamblea Regional el plan regional de ordenamiento \nterritorial, los planes de desarrollo urbano de las \u00e1reas metropolitanas y los planes de manejo \nintegrado de cuencas, en conformidad al Estatuto Regional y la ley. \n5. Organizar, administrar, supervigilar y fiscalizar los servicios p\u00fablicos de la Regi\u00f3n \nAut\u00f3noma y coordinarse con el Gobierno respecto de aquellos que detenten un car\u00e1cter nacional \ny que funcionen en la Regi\u00f3n. \n6. Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que se encuentren \ndentro del \u00e1mbito de sus competencias, en conformidad a la Constituci\u00f3n, la ley y el Estatuto \nRegional. \n8. Adoptar e implementar pol\u00edticas p\u00fablicas que fomenten y promocionen el \ndesarrollo social, productivo, econ\u00f3mico y cultural de la regi\u00f3n aut\u00f3noma, especialmente en \n\u00e1mbitos de competencia de la regi\u00f3n aut\u00f3noma. \n9. Proponer a la Asamblea Regional la creaci\u00f3n de empresas p\u00fablicas regionales o la \nparticipaci\u00f3n en empresas regionales para la gesti\u00f3n de servicios de su competencia, seg\u00fan lo \ndispuesto en la Constituci\u00f3n, la ley y el Estatuto Regional. \n12. Celebrar y ejecutar convenios con los Gobiernos de otras regiones aut\u00f3nomas \npara efectos de implementar programas y pol\u00edticas p\u00fablicas interregionales, as\u00ed como toda otra \nforma de asociatividad territorial. \n \n13. Celebrar y ejecutar acciones de cooperaci\u00f3n internacional, dentro de los marcos \nestablecidos por los tratados y convenios que el pa\u00eds celebre al efecto y en conformidad a los \nprocedimientos regulados en la ley. \n17. Promover la innovaci\u00f3n, la competitividad y la inversi\u00f3n en la respectiva regi\u00f3n \naut\u00f3noma. \n18. Convocar a refer\u00e9ndum y plebiscitos regionales en virtud de lo previsto en la \nConstituci\u00f3n, el Estatuto Regional y la ley. \n19. Establecer sistemas de gesti\u00f3n de crisis entre los \u00f3rganos que tienen asiento en la \nRegi\u00f3n Aut\u00f3noma, que incluyan, a lo menos, su preparaci\u00f3n, prevenci\u00f3n, administraci\u00f3n y \nmanejo. \n20. Las dem\u00e1s atribuciones que se\u00f1alen la Constituci\u00f3n, el Estatuto Regional y las \nleyes. \n********* \n \n",
    "95": "1",
    "96": "7",
    "97": "3.- Art\u00edculo 1.- De la comuna aut\u00f3noma. La comuna aut\u00f3noma es la entidad territorial base \ndel Estado regional, dotada de personalidad jur\u00eddica de derecho p\u00fablico y patrimonio propio, que \ngoza de autonom\u00eda para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias, con \narreglo a lo dispuesto en la Constituci\u00f3n y la ley. \n(Inciso tercero) La ley clasificar\u00e1 las comunas en distintos tipos, las que deber\u00e1n ser \nconsideradas por los \u00f3rganos del Estado para el establecimiento de reg\u00edmenes administrativos y \necon\u00f3mico-fiscales diferenciados, la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas, planes y programas \natendiendo a las diversas realidades locales, y en especial, para el traspaso de competencias y \nrecursos. El establecimiento de los tipos comunales deber\u00e1 considerar, a lo menos, criterios \ndemogr\u00e1ficos, econ\u00f3micos, culturales, geogr\u00e1ficos, socioambientales, urbanos y rurales. \n \n",
    "98": "1",
    "99": "7",
    "100": "4.- Art\u00edculo 2.- Igualdad en la prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos municipales y \ndesarrollo equitativo. El Estado garantizar\u00e1 a la municipalidad el financiamiento y recursos \nsuficientes, para el justo y equitativo desarrollo de cada comuna, conforme a los mecanismos que \nse\u00f1ale la Constituci\u00f3n y la ley. \n \nPara el gobierno comunal se observar\u00e1 como principio b\u00e1sico la b\u00fasqueda de un \ndesarrollo territorial arm\u00f3nico y equitativo, propendiendo a que todas las personas tengan acceso \na igual nivel y calidad de servicios p\u00fablicos municipales, sin distingo del lugar que habiten. \n \n",
    "101": "1",
    "102": "7",
    "103": "5.- Art\u00edculo 3.- De la creaci\u00f3n o supresi\u00f3n de Comunas Aut\u00f3nomas. La creaci\u00f3n, divisi\u00f3n \no fusi\u00f3n de comunas aut\u00f3nomas, o la modificaci\u00f3n de sus l\u00edmites o denominaci\u00f3n, se determinar\u00e1 \npor ley, respetando en todo caso criterios objetivos, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 2 de esta \nConstituci\u00f3n. \nUna ley regular\u00e1 la administraci\u00f3n transitoria de las comunas que se creen, el \nprocedimiento de instalaci\u00f3n de las nuevas municipalidades, de traspaso del personal municipal \ny de los servicios y los resguardos necesarios para cautelar el uso y disposici\u00f3n de los bienes que \nse encuentren situados en los territorios de las nuevas comunas. \n \n",
    "104": "1",
    "105": "7",
    "106": "6.- Art\u00edculo 4.- De la cooperaci\u00f3n internacional de regiones y comunas aut\u00f3nomas. En los \nt\u00e9rminos que establezca la ley, las regiones y comunas aut\u00f3nomas ubicadas en zonas fronterizas \npodr\u00e1n vincularse con las entidades territoriales lim\u00edtrofes del pa\u00eds vecino, de igual nivel, a trav\u00e9s \nde sus respectivas autoridades, para establecer programas de cooperaci\u00f3n e integraci\u00f3n, dirigidos \na fomentar el desarrollo comunitario, la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos y la conservaci\u00f3n del \nmedio ambiente. \n \n",
    "107": "1",
    "108": "7",
    "109": "7.- Art\u00edculo 5.- Las municipalidades, para el cumplimiento de sus funciones, podr\u00e1n establecer \nsus plantas de personal y los \u00f3rganos o unidades de su estructura interna, en conformidad a la \nConstituci\u00f3n y la ley.  \nEstas facultades se ejercer\u00e1n cautelando su debido financiamiento y el car\u00e1cter \nt\u00e9cnico y profesional de dichos empleos. \n \n",
    "110": "1",
    "111": "7",
    "112": "8.- Art\u00edculo 6.- De la participaci\u00f3n en la comuna aut\u00f3noma. Las municipalidades tienen el \ndeber de promover y garantizar la participaci\u00f3n ciudadana de la comunidad local en la gesti\u00f3n, \nen la construcci\u00f3n de pol\u00edticas de desarrollo local y en la planificaci\u00f3n del territorio, as\u00ed como en \nlos casos que esta Constituci\u00f3n, la ley y los estatutos regionales o comunales se\u00f1alen. \n \nLas municipalidades proveer\u00e1n los mecanismos, espacios, recursos, alfabetizaci\u00f3n \ndigital, formaci\u00f3n y educaci\u00f3n c\u00edvica y todo aquello que sea necesario para concretar dicha \nparticipaci\u00f3n que ser\u00e1 consultiva, incidente y/o vinculante de acuerdo a la legislaci\u00f3n respectiva. \n \n",
    "113": "1",
    "114": "7",
    "115": "9.- Art\u00edculo 7.- Del gobierno comunal. El gobierno de la comuna aut\u00f3noma reside en la \nmunicipalidad, la que estar\u00e1 constituida por el alcalde o alcaldesa y el concejo municipal, con la \nparticipaci\u00f3n de la comunidad que habita en su territorio. \n \n",
    "116": "1",
    "117": "8",
    "118": "0.- Art\u00edculo 8.- Concejo municipal. El concejo municipal es el \u00f3rgano colegiado de \nrepresentaci\u00f3n popular y vecinal, dotado de funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras, \nen conformidad a la Constituci\u00f3n y la ley. \nEl concejo municipal estar\u00e1 integrado por el n\u00famero de personas que determine la \nley, en proporci\u00f3n a la poblaci\u00f3n de la comuna, seg\u00fan los criterios de inclusi\u00f3n, paridad de g\u00e9nero \ny esca\u00f1os reservados para pueblos y naciones ind\u00edgenas considerando su poblaci\u00f3n dentro de la \njurisdicci\u00f3n electoral respectiva. \nLa elecci\u00f3n de concejales y concejalas ser\u00e1 por sufragio universal, directo y secreto, \nen conformidad a la ley. \nLos concejales o concejalas ejercer\u00e1n sus funciones por el t\u00e9rmino de cuatro a\u00f1os, y \npodr\u00e1n ser reelegidos o reelegidas consecutivamente s\u00f3lo una vez para el per\u00edodo siguiente. Para \nestos efectos se entender\u00e1 que los concejales y concejalas han ejercido su cargo durante un \nper\u00edodo cuando hayan cumplido m\u00e1s de la mitad de su mandato. \nLa ley y el estatuto comunal determinar\u00e1n las normas sobre organizaci\u00f3n y \nfuncionamiento del concejo. Ser\u00e1 necesario el acuerdo del concejo para la aprobaci\u00f3n del plan \ncomunal de desarrollo, del presupuesto municipal y de los proyectos de inversi\u00f3n respectivos, y \notros que determine la ley. \nLos Concejales y Concejalas dispondr\u00e1n de las condiciones y recursos necesarios \npara el desempe\u00f1o eficiente y probo del cargo. \nLa ley establecer\u00e1 un r\u00e9gimen de inhabilidades e incompatibilidades. \nSer\u00e1 igualmente necesario el acuerdo del Concejo para la aprobaci\u00f3n del plan \nregulador comunal. \n \n \n",
    "119": "1",
    "120": "8",
    "121": "1.- Art\u00edculo 9.- Del alcalde o alcaldesa. El alcalde o alcaldesa es la m\u00e1xima autoridad \nejecutiva del gobierno comunal, integra el concejo municipal y representa judicial y \nextrajudicialmente a la comuna. \nEl alcalde o alcaldesa ejercer\u00e1 sus funciones por el t\u00e9rmino de cuatros a\u00f1os, pudiendo \nser reelegido o reelegida consecutivamente s\u00f3lo una vez para el per\u00edodo siguiente. Para estos \nefectos se entender\u00e1 que el alcalde o alcaldesa ha ejercido su cargo durante un per\u00edodo cuando \nhaya cumplido m\u00e1s de la mitad de su mandato. \nEl alcalde o alcaldesa ser\u00e1 elegido en votaci\u00f3n directa, en conformidad con lo \ndispuesto en la Constituci\u00f3n y la ley. \nEl alcalde o alcaldesa ejercer\u00e1 la presidencia del concejo municipal. \n \n",
    "122": "1",
    "123": "8",
    "124": "2.- Art\u00edculo 10.- De las delegaciones comunales. El alcalde o alcaldesa, con aprobaci\u00f3n del \nConcejo Municipal, podr\u00e1 establecer delegaciones para el ejercicio de las facultades de la comuna \naut\u00f3noma en los casos y formas que determine la ley. \n \n",
    "125": "1",
    "126": "8",
    "127": "3.- Art\u00edculo 11.- De las unidades y juntas vecinales. Las comunas aut\u00f3nomas establecer\u00e1n \nen el \u00e1mbito de sus competencias, territorios denominados unidades vecinales. Dentro de ellas, \nse constituir\u00e1 una junta vecinal, representativa de las personas que residen en una misma unidad \nvecinal, que gozar\u00e1 de personalidad jur\u00eddica y ser\u00e1 sin fines de lucro, cuyo objeto ser\u00e1 hacer \nefectiva la participaci\u00f3n popular en la gesti\u00f3n comunal y en el desarrollo de la comunidad, y las \ndem\u00e1s atribuciones que determine la ley. \nEn Comunas Aut\u00f3nomas con poblaci\u00f3n rural, podr\u00e1 constituirse adem\u00e1s una Uni\u00f3n \nComunal de Juntas Vecinales de car\u00e1cter rural. \nLa ley dispondr\u00e1 la forma de determinar el territorio de las unidades vecinales, el \nprocedimiento de constituci\u00f3n de las juntas vecinales y uniones comunales y sus atribuciones. \n \n",
    "128": "1",
    "129": "8",
    "130": "4.- Art\u00edculo 12.- De la asamblea social comunal. La asamblea social comunal tiene la \nfinalidad de promover la participaci\u00f3n popular y ciudadana en los asuntos p\u00fablicos de la comuna \naut\u00f3noma, de car\u00e1cter consultivo, incidente y representativo de las organizaciones de la comuna. \nSu integraci\u00f3n, organizaci\u00f3n, funcionamiento y atribuciones ser\u00e1n establecidas por \nley y complementada por el Estatuto Regional. \n \n \n",
    "131": "1",
    "132": "8",
    "133": "5.- Art\u00edculo 13.- Del Estatuto Comunal. Cada Comuna Aut\u00f3noma tendr\u00e1 un Estatuto \nComunal elaborado y discutido por el Concejo Municipal correspondiente, que establecer\u00e1 la \norganizaci\u00f3n administrativa y funcionamiento de los \u00f3rganos comunales, los mecanismos de \ndemocracia vecinal y las normas de elaboraci\u00f3n de ordenanzas comunales. Todo lo anterior se \nentender\u00e1 sin perjuicio de los m\u00ednimos generales que establezca la ley respectiva para todas las \ncomunas aut\u00f3nomas. \n \n",
    "134": "1",
    "135": "8",
    "136": "6.- Art\u00edculo 14.-De las competencias de la comuna aut\u00f3noma. La comuna aut\u00f3noma cuenta \ncon todas las potestades y competencias de autogobierno para satisfacer las necesidades de la \ncomunidad local. \nSon competencias esenciales de la comuna aut\u00f3noma: \n1. El desarrollo estrat\u00e9gico de la comuna mediante el plan de desarrollo comunal. \n2. La prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos que determine la ley. \n3. Construir las obras que demande el progreso local en el marco de sus atribuciones. \n4. La planificaci\u00f3n del territorio mediante el plan regulador comunal acordado de \nforma participativa con la comunidad de su respectivo territorio. \n5. Garantizar la participaci\u00f3n popular y el fortalecimiento de la democracia. \n6. El fomento del comercio local. \n7. El desarrollo sostenible e integral de la comuna. \n8. La conservaci\u00f3n, custodia y resguardo de los patrimonios culturales y naturales. \n9. Fomento y protecci\u00f3n a las culturas, las artes y los patrimonios culturales y \nnaturales, as\u00ed como la investigaci\u00f3n y la formaci\u00f3n art\u00edstica en sus territorios. \n10. Proteger los ecosistemas comunales y los derechos de la naturaleza. \n12. Desarrollar, con el nivel regional y central, actividades y servicios en materias de \neducaci\u00f3n, salud, vivienda, turismo, recreaci\u00f3n, deporte y las dem\u00e1s que establezca la ley. \n13. Ejercer funciones de gobierno y administraci\u00f3n dentro de la comuna y en el \n\u00e1mbito de sus competencias. \n14. Fomentar las actividades productivas. \n15. La creaci\u00f3n, organizaci\u00f3n y administraci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos municipales \nen el \u00e1mbito de sus funciones, conforme a la Constituci\u00f3n y la ley. \n \n16. La dictaci\u00f3n de normas generales y obligatorias en materias de car\u00e1cter comunal, \ncon arreglo a la Constituci\u00f3n y las leyes. \n18. El fomento de la reintegraci\u00f3n y reinserci\u00f3n de las personas en situaci\u00f3n de calle \nque as\u00ed lo requieran, mediante la planificaci\u00f3n, coordinaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de programas al efecto. \n19. Ejercer las acciones pertinentes en resguardo de la Naturaleza y sus derechos \nreconocidos por esta Constituci\u00f3n y la ley. \n20. La ejecuci\u00f3n de los mecanismos y acciones de protecci\u00f3n ambiental en la forma \nque determine la Constituci\u00f3n, la ley, los instrumentos de gesti\u00f3n ambiental y normas afines. \n21. Las dem\u00e1s competencias que determinen la Constituci\u00f3n y la ley. Las leyes \ndeber\u00e1n reconocer las diferencias existentes entre los distintos tipos de comunas y \nmunicipalidades, velando por la equidad, inclusi\u00f3n y cohesi\u00f3n territorial. \n(N\u00famero nuevo). Gestionar la reducci\u00f3n de riesgos frente a desastres. \n(N\u00famero nuevo). Desarrollar el aseo y ornato de la comuna. \n(N\u00famero nuevo). La promoci\u00f3n de la Seguridad ciudadana. \nLas Comunas Aut\u00f3nomas, a trav\u00e9s de sus \u00f3rganos de gobierno y administraci\u00f3n, \ntendr\u00e1n competencias preeminentes sobre las Regiones Aut\u00f3nomas y el Estado, en relaci\u00f3n a las \nfunciones de gobierno local que puedan ser cumplidas de modo adecuado y eficaz, sin perjuicio \nde una necesaria coordinaci\u00f3n para su ejercicio y la distribuci\u00f3n de competencias establecida en \nesta Constituci\u00f3n y las leyes. \nA fin de garantizar el respeto, protecci\u00f3n y realizaci\u00f3n progresiva de los derechos \necon\u00f3micos y sociales en igualdad de condiciones, las comunas aut\u00f3nomas podr\u00e1n encomendar \ntemporalmente una o m\u00e1s competencias a las regi\u00f3n aut\u00f3noma respectiva o al Estado central, \nconforme lo establecido en la ley. \nA petici\u00f3n del alcalde o alcaldesa con acuerdo del concejo municipal, la regi\u00f3n \naut\u00f3noma o el Estado, cuando as\u00ed lo exija el inter\u00e9s general, podr\u00e1n subrogar de manera \ntransitoria y supletoria las competencias que no puedan ser asumidas por la comuna aut\u00f3noma. \n \n",
    "137": "1",
    "138": "8",
    "139": "7.- Art\u00edculo 16.- De la asociatividad comunal. Las comunas aut\u00f3nomas podr\u00e1n asociarse \nentre s\u00ed, de manera permanente o temporal, pudiendo dichas organizaciones contar con \npersonalidad jur\u00eddica de derecho privado, rigi\u00e9ndose por la normativa propia de dicho sector. \n \nSin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, las asociaciones quedar\u00e1n \nsujetas a la fiscalizaci\u00f3n de la entidad contralora y deber\u00e1n cumplir con la normativa de probidad \nadministrativa y de transparencia en el ejercicio de la funci\u00f3n que desarrollan. \n \n",
    "140": "1",
    "141": "8",
    "142": "8.- Art\u00edculo 17.- De las Empresas P\u00fablicas Municipales. Las comunas aut\u00f3nomas, previa \nautorizaci\u00f3n por ley general o especial, podr\u00e1n establecer empresas, o participar en ellas, ya sea \nindividualmente o asociadas con otras entidades p\u00fablicas o privadas, a fin de cumplir con las \nfunciones y ejercer las atribuciones que les asignan la Constituci\u00f3n y las leyes. \nLas empresas p\u00fablicas municipales tendr\u00e1n personalidad jur\u00eddica y patrimonio \npropio y se regir\u00e1n por las normas del derecho com\u00fan. \n \n",
    "143": "1",
    "144": "8",
    "145": "9.- Art\u00edculo 18.- Las provincias. La provincia es una divisi\u00f3n territorial establecida con fines \nadministrativos y est\u00e1 compuesta por una agrupaci\u00f3n de comunas aut\u00f3nomas, conforme a lo \nestablecido en la Constituci\u00f3n y la ley. \n \n",
    "146": "1",
    "147": "9",
    "148": "0.- Art\u00edculo 19.- De las Autonom\u00edas Territoriales Ind\u00edgenas. Las Autonom\u00edas Territoriales \nInd\u00edgenas son entidades territoriales dotadas de personalidad jur\u00eddica de derecho p\u00fablico y \npatrimonio propio, donde los pueblos y naciones ind\u00edgenas ejercen derechos de autonom\u00eda, en \ncoordinaci\u00f3n con las dem\u00e1s entidades territoriales que integran el Estado Regional de \nconformidad a la Constituci\u00f3n y la ley. Es deber del Estado reconocer, promover y garantizar las \nAutonom\u00edas Territoriales Ind\u00edgenas, para el cumplimiento de sus propios fines. \n \n",
    "149": "1",
    "150": "9",
    "151": "1.- Art\u00edculo 21.- De la constituci\u00f3n de las Autonom\u00edas Territoriales Ind\u00edgenas. La ley, \nmediante un proceso de participaci\u00f3n y consulta previa, crear\u00e1 un procedimiento oportuno, \neficiente y transparente para la constituci\u00f3n de las Autonom\u00edas Territoriales Ind\u00edgenas. Dicho \nprocedimiento deber\u00e1 iniciarse a requerimiento de los pueblos y naciones ind\u00edgenas interesados, \na trav\u00e9s de sus autoridades representativas. \n \n",
    "152": "1",
    "153": "9",
    "154": "2.- Art\u00edculo 22.- De las competencias de las Autonom\u00edas Territoriales Ind\u00edgenas. La ley \ndeber\u00e1 establecer las competencias exclusivas de las Autonom\u00edas Territoriales Ind\u00edgenas y las \ncompartidas con las dem\u00e1s entidades territoriales, de conformidad con lo que establece esta \n \nConstituci\u00f3n. Las Autonom\u00edas Territoriales Ind\u00edgenas deber\u00e1n tener las competencias y el \nfinanciamiento necesario para el adecuado ejercicio del derecho de libre determinaci\u00f3n de los \npueblos y naciones ind\u00edgenas. \n \n",
    "155": "1",
    "156": "9",
    "157": "3.- Art\u00edculo 25.- El Estado de Chile reconoce la existencia del maritorio como una categor\u00eda \njur\u00eddica que, al igual que el territorio, debe contar con regulaci\u00f3n normativa espec\u00edfica, que \nreconozca sus caracter\u00edsticas propias en los \u00e1mbitos social, cultural, medioambiental y \necon\u00f3mico. Una ley establecer\u00e1 la divisi\u00f3n administrativa del maritorio y los principios b\u00e1sicos \nque deber\u00e1n informar los cuerpos legales que materialicen su institucionalizaci\u00f3n. \n \n",
    "158": "1",
    "159": "9",
    "160": "4.- Art\u00edculo 26.- Territorios especiales. Son territorios especiales Rapa Nui y el Archipi\u00e9lago \nJuan Fern\u00e1ndez, los cuales estar\u00e1n regidos por sus respectivos estatutos. \nSin perjuicio de lo establecido en esta Constituci\u00f3n, la ley podr\u00e1 crear territorios \nespeciales en virtud de las particularidades geogr\u00e1ficas, clim\u00e1ticas, ambientales, econ\u00f3micas, \nsociales y culturales de una determinada entidad territorial o parte de esta. \nEn los territorios especiales, la ley podr\u00e1 establecer reg\u00edmenes econ\u00f3micos y \nadministrativos diferenciados, as\u00ed como su duraci\u00f3n, teniendo en consideraci\u00f3n las caracter\u00edsticas \ny particularidades propias de estas entidades. \n \n",
    "161": "1",
    "162": "9",
    "163": "5.- Art\u00edculo 28.- Financiamiento. Para el cumplimiento de los fines establecidos en la \ncreaci\u00f3n de territorios especiales, el Estado y las entidades territoriales aut\u00f3nomas deber\u00e1n \ndestinar recursos de sus presupuestos respectivos, en conformidad a la Constituci\u00f3n y la ley. \n \n",
    "164": "1",
    "165": "9",
    "166": "6.- Art\u00edculo 30.- Rapa Nui. En el territorio especial de Rapa Nui, el Estado garantiza el \nderecho a la libre determinaci\u00f3n y autonom\u00eda del pueblo naci\u00f3n polin\u00e9sico Rapa Nui, asegurando \nlos medios para financiar y promover su desarrollo, protecci\u00f3n y bienestar en virtud del Acuerdo \nde Voluntades firmado en 1888, por el cual se incorpora a Chile. Se reconoce la titularidad \ncolectiva de los derechos sobre el territorio al pueblo Rapa Nui con excepci\u00f3n de los derechos \nsobre tierras individuales de sus miembros. El territorio Rapa Nui se regular\u00e1 por un estatuto de \nautonom\u00eda. \n \n \n",
    "167": "1",
    "168": "9",
    "169": "7.- Art\u00edculo 31.- Archipi\u00e9lago Juan Fern\u00e1ndez. El Archipi\u00e9lago Juan Fern\u00e1ndez es un \nterritorio especial, conformado por las islas Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk, Santa Clara, \nSan F\u00e9lix y San Ambrosio, as\u00ed como tambi\u00e9n el territorio mar\u00edtimo adyacente a ellas. El gobierno \ny administraci\u00f3n de este territorio se regir\u00e1 por los estatutos especiales que establezcan las leyes \nrespectivas. \n \n********* \n \n",
    "170": "1",
    "171": "9",
    "172": "8.- Art\u00edculo 1.- De los tributos. Todas las personas y entidades deber\u00e1n contribuir al \nsostenimiento de los gastos p\u00fablicos mediante el pago de los impuestos, las tasas y las \ncontribuciones que autorice la ley. \nEl Sistema tributario se funda en los principios de igualdad, progresividad, \nsolidaridad y justicia material el cual, en ning\u00fan caso, tendr\u00e1 alcance confiscatorio. \nEl sistema tributario tendr\u00e1 dentro de sus objetivos la reducci\u00f3n de las desigualdades \ny la pobreza. \nLos tributos y los beneficios tributarios se crean, modifican o suprimen por ley, salvo \nlas excepciones que establezca esta Constituci\u00f3n. \nEl ejercicio de la potestad tributaria admite la creaci\u00f3n de tributos que respondan \nprincipalmente a fines distintos de la recaudaci\u00f3n, debiendo tener en consideraci\u00f3n l\u00edmites tales \ncomo la necesidad, la razonabilidad y la transparencia. \n \n",
    "173": "1",
    "174": "9",
    "175": "9.- Art\u00edculo 2.- Descentralizaci\u00f3n fiscal. Los Gobiernos Regionales y las Municipalidades \ngozan de autonom\u00eda financiera para el cumplimiento de sus funciones, dentro del marco \nestablecido por esta Constituci\u00f3n y las leyes. \nLa Ley de Presupuestos de la Naci\u00f3n deber\u00e1 propender a que, progresivamente, una \nparte significativa del gasto p\u00fablico sea ejecutado a trav\u00e9s de los gobiernos subnacionales, en \nfunci\u00f3n de las responsabilidades propias que debe asumir cada nivel de gobierno. \nEl deber y la facultad de velar por la estabilidad macroecon\u00f3mica y fiscal ser\u00e1 \ncentralizada, conforme a lo dispuesto en esta Constituci\u00f3n. \n \n \n",
    "176": "2",
    "177": "0",
    "178": "0.- Art\u00edculo 3.- De la no afectaci\u00f3n. Los tributos que se recauden, cualquiera sea su \nnaturaleza, ingresar\u00e1n al erario p\u00fablico del Estado o a las entidades territoriales seg\u00fan \ncorresponda conforme a la Constituci\u00f3n. Excepcionalmente, la ley podr\u00e1 crear tributos en favor \nde las entidades territoriales que graven las actividades o bienes con una clara identificaci\u00f3n con \nlos territorios. \n \n",
    "179": "2",
    "180": "0",
    "181": "1.- Art\u00edculo 4.- Prohibiciones en materia tributaria. La ley de Presupuestos no puede crear \ntributos ni beneficios tributarios. No proceder\u00e1n iniciativas populares ni plebiscito y refer\u00e9ndum \nen materia tributaria. \n \n",
    "182": "2",
    "183": "0",
    "184": "2.- Art\u00edculo 7.- Fondo para Territorios Especiales. La ley crear\u00e1 y regular\u00e1 la \nadministraci\u00f3n de un Fondo para Territorios Especiales, cuyos recursos ser\u00e1n destinados \nexclusivamente a los fines para los cuales fueron creados. \n \n",
    "185": "2",
    "186": "0",
    "187": "3.- Art\u00edculo 8.- De la autonom\u00eda financiera de las entidades territoriales. Las entidades \nterritoriales mencionadas en el art\u00edculo 5\u00b0 de esta Constituci\u00f3n, gozar\u00e1n de autonom\u00eda financiera \nen sus ingresos y gastos para el cumplimiento de sus competencias, la cual deber\u00e1 ajustarse a los \nprincipios de suficiencia, coordinaci\u00f3n, equilibrio presupuestario, solidaridad y compensaci\u00f3n \ninterterritorial, sostenibilidad, responsabilidad y eficiencia econ\u00f3mica. \n \n",
    "188": "2",
    "189": "0",
    "190": "4.- Art\u00edculo 9.- De los ingresos de las entidades territoriales. Las entidades territoriales, de \nconformidad a la Constituci\u00f3n y las leyes, tendr\u00e1n las siguientes fuentes de ingresos: \n1. Los recursos asignados por la Ley de Presupuestos del Estado. \n2. Los impuestos en favor de la entidad territorial  \n3. La distribuci\u00f3n de los impuestos establecida en la Ley de Presupuestos. \n4. Las tasas y contribuciones. \n5. La distribuci\u00f3n de los fondos solidarios. \n6. La transferencia fiscal interterritorial. \n8. La administraci\u00f3n y aprovechamiento de su patrimonio. \n9. Las donaciones, herencias y legados que reciban conforme a la ley. \n10. Otras que determine la Constituci\u00f3n y la ley. \n \n \n",
    "191": "2",
    "192": "0",
    "193": "5.- Art\u00edculo 10.- Distribuci\u00f3n de las potestades tributarias. S\u00f3lo la ley podr\u00e1 crear, \nmodificar y suprimir impuestos y beneficios tributarios aplicables a estos.  \nLas entidades territoriales solo podr\u00e1n establecer tasas y contribuciones dentro de su \nterritorio conforme a una ley marco que establecer\u00e1 el hecho gravado. \n \n",
    "194": "2",
    "195": "0",
    "196": "6.- Art\u00edculo 12.- Distribuci\u00f3n de los impuestos. Los ingresos fiscales generados por \nimpuestos ser\u00e1n distribuidos entre el Estado y las entidades territoriales en la forma establecida \nen la Ley de Presupuestos. \nDurante el tr\u00e1mite legislativo presupuestario, el organismo competente sugerir\u00e1 una \nf\u00f3rmula de distribuci\u00f3n de ingresos fiscales, la cual considerar\u00e1 los criterios de distribuci\u00f3n \nestablecidos por la ley. \n \n",
    "197": "2",
    "198": "0",
    "199": "7.- Art\u00edculo 13.- Principios de autonom\u00eda y suficiencia. La autonom\u00eda financiera de las \nentidades territoriales implica la facultad de ordenar y gestionar sus finanzas p\u00fablicas en el marco \nde la Constituci\u00f3n y las leyes, en beneficio de sus habitantes, bajo los criterios de responsabilidad \ny sostenibilidad financiera. \n(Inciso tercero) La suficiencia financiera se determinar\u00e1 bajo criterios objetivos tales \ncomo correspondencia entre competencias y recursos necesarios para su cumplimiento, equilibrio \npresupuestario, coordinaci\u00f3n, no discriminaci\u00f3n arbitraria entre entidades territoriales, igualdad \nen las prestaciones sociales, desarrollo arm\u00f3nico de los territorios, unidad, objetividad, \nrazonabilidad, oportunidad y transparencia. \n \n",
    "200": "2",
    "201": "0",
    "202": "8.- Art\u00edculo 14.- Principio de coordinaci\u00f3n.  La actividad financiera de las entidades \nterritoriales se realizar\u00e1 coordinadamente entre ellas, el Estado y las autoridades competentes, las \ncuales deber\u00e1n cooperar y colaborar entre s\u00ed y evitar la duplicidad e interferencia de funciones, \nvelando en todo momento por la satisfacci\u00f3n del inter\u00e9s general. \nEste principio se aplicar\u00e1 tambi\u00e9n respecto de todas las competencias o potestades \nque se atribuyan a las entidades territoriales. \n \n \n",
    "203": "2",
    "204": "0",
    "205": "9.- Art\u00edculo 15.- Empr\u00e9stito. Los gobiernos regionales y locales podr\u00e1n emitir deuda en \nconformidad a lo que disponga la ley, general o especial, la que establecer\u00e1 al menos las \nsiguientes regulaciones: \na) La prohibici\u00f3n de destinar los fondos recaudados mediante emisi\u00f3n de deuda o \nempr\u00e9stitos al financiamiento de gasto corriente. \nb) Los mecanismos que garanticen que la deuda sea \u00edntegra y debidamente servida \npor el deudor. \nc) La prohibici\u00f3n del establecimiento de garant\u00edas o cauciones del fisco. \nd) El establecimiento de l\u00edmites m\u00e1ximos de endeudamiento como porcentaje del \npresupuesto anual del gobierno regional y municipal respectivo y la obligaci\u00f3n de mantener una \nclasificaci\u00f3n de riesgo actualizada. \ne) Restricciones en per\u00edodos electorales. \nf) Estos recursos no podr\u00e1n ser destinados a remuneraciones ni a gasto corriente. \n \n",
    "206": "2",
    "207": "1",
    "208": "0.- Art\u00edculo 6.- No discrecionalidad en la distribuci\u00f3n de ingresos fiscales. La ley definir\u00e1 \nel organismo encargado de recopilar y sistematizar la informaci\u00f3n necesaria para proponer al \nPoder Legislativo las f\u00f3rmulas de distribuci\u00f3n de los ingresos fiscales, de compensaci\u00f3n fiscal \nentre entidades territoriales y de los recursos a integrar en los diversos fondos. \nPara estos efectos se deber\u00e1 considerar la participaci\u00f3n y representaci\u00f3n de las \nentidades territoriales. \n \n",
    "209": "2",
    "210": "1",
    "211": "1.- Art\u00edculo 16.- Solidaridad interterritorial. El Estado y las entidades territoriales deben \nContribuir a la correcci\u00f3n de las desigualdades que existan entre ellas. \nLa ley establecer\u00e1 fondos de compensaci\u00f3n para las entidades territoriales con una \nmenor capacidad fiscal. El organismo competente, sobre la base de criterios objetivos, sugerir\u00e1 \nal legislador los recursos que deber\u00e1n ser integrados a estos fondos. \nEl Estado deber\u00e1 realizar transferencias directas incondicionales a las entidades \nterritoriales que cuenten con ingresos fiscales inferiores a la mitad del promedio ponderado de \nestas. \nLa ley establecer\u00e1 un fondo de contingencia y estabilizaci\u00f3n macroecon\u00f3mica para \ngarantizar los recursos de las entidades territoriales ante fluctuaciones de ingresos ordinarios. \n \n \n",
    "212": "2",
    "213": "1",
    "214": "2.- Art\u00edculo 16 bis.- Las regiones y comunas que cuenten con ingresos por sobre el promedio \nponderado de ingresos fiscales, transferir\u00e1n recursos a aquellas equivalentes con ingresos bajo el \npromedio. El organismo competente sugerir\u00e1 una f\u00f3rmula al legislador para realizar tales \ntransferencias. \n \n",
    "215": "2",
    "216": "1",
    "217": "3.- Art\u00edculo 20.- Sostenibilidad ambiental. Es deber del Estado y de las entidades \nterritoriales, en el \u00e1mbito de sus competencias financieras, establecer una pol\u00edtica permanente de \ndesarrollo sostenible y arm\u00f3nico con la naturaleza. \nCon el objeto de contar con recursos para el cuidado y la reparaci\u00f3n de los \necosistemas, la ley podr\u00e1 establecer tributos sobre actividades que afecten al medio ambiente. \nAsimismo, la ley podr\u00e1 establecer tributos sobre el uso de bienes comunes naturales, bienes \nnacionales de uso p\u00fablico o bienes fiscales. Cuando dichas actividades est\u00e9n territorialmente \ncircunscritas, la ley debe distribuir recursos a la entidad territorial que corresponda. \n \n",
    "218": "2",
    "219": "1",
    "220": "4.- Art\u00edculo 21.- Responsabilidad fiscal. Las entidades territoriales, sus representantes y sus \nautoridades que incumplan con sus obligaciones en materia financiera, deber\u00e1n asumir, en la \nparte que les sea imputable, las responsabilidades que de tal incumplimiento se deriven con \narreglo a la Constituci\u00f3n y las leyes. \nSin perjuicio de los distintos tipos de responsabilidad a que pueda dar lugar el \nincumplimiento de las obligaciones en materia financiera, la ley deber\u00e1 establecer mecanismos \npara un resarcimiento efectivo del patrimonio fiscal o de la entidad territorial respectiva. \n \n",
    "221": "2",
    "222": "1",
    "223": "5.- Art\u00edculo 22.- Eficiencia econ\u00f3mica. El principio de eficiencia econ\u00f3mica implica que las \nentidades territoriales deber\u00e1n usar sus recursos de forma econ\u00f3micamente razonable, \u00f3ptima y \neficaz, en beneficio de sus habitantes y en funci\u00f3n de los objetivos que la Constituci\u00f3n y las leyes \nles impongan. \n \n",
    "224": "2",
    "225": "1",
    "226": "6.- Art\u00edculo 25.- Transparencia tributaria. Anualmente la autoridad competente publicar\u00e1 \nlos ingresos afectos a impuestos y las cargas tributarias estatales, regionales y comunales, as\u00ed \ncomo los beneficios tributarios, subsidios, subvenciones o bonificaciones de fomento a la \n \nactividad empresarial, incluyendo personas naturales y jur\u00eddicas. Tambi\u00e9n deber\u00e1 estimarse \nanualmente en la Ley de Presupuestos y publicarse el costo de estos beneficios fiscales. \nLa ley determinar\u00e1 la informaci\u00f3n que deber\u00e1 ser publicada y la forma de llevarla a \ncabo. \n \n",
    "227": "2",
    "228": "1",
    "229": "7.- Art\u00edculo 26.- Mecanismos de participaci\u00f3n en las entidades territoriales. Las entidades \nterritoriales deber\u00e1n promover, fomentar y garantizar los mecanismos de participaci\u00f3n en las \npol\u00edticas p\u00fablicas, planes y programas que se implementen en cada nivel territorial, en los casos \nque esta Constituci\u00f3n, la ley y los estatutos regionales se\u00f1alen. \n \n",
    "230": "2",
    "231": "1",
    "232": "8.- Art\u00edculo 27.- Del ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica. En el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica se \ndeber\u00e1 observar una conducta funcionaria intachable y responsable, desempe\u00f1ando la funci\u00f3n o \nel cargo correspondiente en forma leal, honesta, objetiva e imparcial, sin incurrir en \ndiscriminaciones de ning\u00fan tipo, con preeminencia del inter\u00e9s general por sobre el particular. \nLa funci\u00f3n p\u00fablica se deber\u00e1 brindar con pertinencia territorial, cultural y ling\u00fc\u00edstica. \n \n",
    "233": "2",
    "234": "1",
    "235": "9.- Art\u00edculo 28.- De los servicios p\u00fablicos. Es deber del Estado proveer de servicios p\u00fablicos \nuniversales y de calidad a todas las personas que habiten en su territorio, los cuales contar\u00e1n con \nun financiamiento suficiente. \nEl Estado planificar\u00e1 y coordinar\u00e1 de manera intersectorial la provisi\u00f3n, prestaci\u00f3n y \ncobertura de estos servicios, bajo los principios de generalidad, uniformidad, regularidad y \npertinencia territorial. \n \n",
    "236": "2",
    "237": "2",
    "238": "0.- Art\u00edculo 29.- La Administraci\u00f3n P\u00fablica. Los \u00f3rganos de la Administraci\u00f3n tienen por \nobjeto satisfacer las necesidades de las personas y las comunidades. La Administraci\u00f3n P\u00fablica \nejecutar\u00e1 pol\u00edticas p\u00fablicas, planes y programas, y proveer\u00e1 o garantizar\u00e1, en su caso, la \nprestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos en forma continua y permanente. \nLa Administraci\u00f3n P\u00fablica se somete en su organizaci\u00f3n y funcionamiento a los \nprincipios de juridicidad, publicidad, celeridad, objetividad, participaci\u00f3n, control, jerarqu\u00eda, \neficiencia, eficacia, rendici\u00f3n de cuentas, buen trato, primac\u00eda del inter\u00e9s general y los dem\u00e1s \nprincipios que se\u00f1ale la Constituci\u00f3n y la ley. \n \nCualquier persona que hubiere sido vulnerada en sus derechos por la Administraci\u00f3n \nP\u00fablica podr\u00e1 reclamar ante las instancias administrativas y jurisdiccionales que establezcan esta \nConstituci\u00f3n y la ley. \n \n",
    "239": "2",
    "240": "2",
    "241": "1.- Art\u00edculo 31.- Organizaci\u00f3n Administrativa. La ley establecer\u00e1 la organizaci\u00f3n b\u00e1sica de \nla Administraci\u00f3n P\u00fablica en el Estado y en las entidades territoriales. Cada autoridad y jefatura, \ndentro del \u00e1mbito de su competencia, podr\u00e1 dictar normas, resoluciones e instrucciones para el \nmejor y m\u00e1s eficaz desarrollo de sus funciones. \nLa ley podr\u00e1 conferir, a lo menos, potestades fiscalizadoras, instructoras, normativas, \ninterpretativas y sancionatorias a los \u00f3rganos de la Administraci\u00f3n P\u00fablica. En ning\u00fan caso estas \npotestades implicar\u00e1n ejercicio de jurisdicci\u00f3n. \n \n",
    "242": "2",
    "243": "2",
    "244": "2.- Art\u00edculo 32.- Empleo p\u00fablico. La Administraci\u00f3n P\u00fablica desarrolla sus funciones propias \ny habituales a trav\u00e9s de funcionarias y funcionarios p\u00fablicos. \nEl ingreso a estas funciones se realizar\u00e1 mediante un sistema abierto, transparente, \nimparcial, \u00e1gil y que privilegie el m\u00e9rito, la especialidad e idoneidad para el cargo, observando \nen todo momento criterios objetivos y predeterminados.  \nEl desarrollo, evaluaci\u00f3n de desempe\u00f1o y cese en estas funciones deber\u00e1 respetar su \ncar\u00e1cter t\u00e9cnico y profesional. La ley regular\u00e1 las bases de la carrera funcionaria, permitiendo la \nmovilidad de los funcionarios dentro de toda la Administraci\u00f3n P\u00fablica y la capacitaci\u00f3n \nfuncionaria, teniendo en cuenta la pertinencia territorial y cultural del lugar en el que se presta el \nservicio. \nLa ley establecer\u00e1 un sistema de formaci\u00f3n, capacitaci\u00f3n y perfeccionamiento de las \nfuncionarias y funcionarios p\u00fablicos. \nLos cargos que esta Constituci\u00f3n o la ley califiquen como de exclusiva confianza, \natendiendo a la naturaleza de sus funciones, son parte del gobierno y tendr\u00e1n el r\u00e9gimen de \ningreso, desempe\u00f1o y cesaci\u00f3n que establezca la ley. \nLas personas que tengan la calidad de c\u00f3nyuge, conviviente civil o parientes hasta el \ncuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, no podr\u00e1n ser nombrados en \ncargos de la administraci\u00f3n p\u00fablica respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos \n \ndel organismo del Estado al que postulan. Se except\u00faan los nombramientos que se hagan en \naplicaci\u00f3n de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por m\u00e9ritos en cargos de carrera. \n \n",
    "245": "2",
    "246": "2",
    "247": "3.- Art\u00edculo 33.- Sobre la modernizaci\u00f3n del Estado.  Es deber del Estado definir \nmecanismos de modernizaci\u00f3n de sus procesos y organizaci\u00f3n, ajustando su funcionamiento a \nlas condiciones sociales, ambientales y culturales de cada localidad.  \nEl Estado deber\u00e1 destinar recursos para que sus \u00f3rganos adopten las medidas que \nresulten necesarias para la incorporaci\u00f3n de avances tecnol\u00f3gicos, innovaci\u00f3n y el mejor uso de \nlos recursos que permitan optimizar la provisi\u00f3n de bienes y servicios p\u00fablicos.  \nEl Estado deber\u00e1 fomentar los mecanismos de participaci\u00f3n, la relaci\u00f3n con las \npersonas y promover la gesti\u00f3n eficiente y moderna, acorde a las necesidades de las personas y \ncomunidades. \n \n",
    "248": "2",
    "249": "2",
    "250": "4.- Art\u00edculo 34.- La ley encomendar\u00e1 a un organismo la elaboraci\u00f3n de planes para promover \nla modernizaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n del Estado, monitorear su implementaci\u00f3n, elaborar \ndiagn\u00f3sticos peri\u00f3dicos sobre el funcionamiento de los servicios p\u00fablicos y las dem\u00e1s funciones \nque establezca la ley. \nEste organismo contar\u00e1 con un consejo consultivo cuya integraci\u00f3n considerar\u00e1, \nentre otros, a las y los usuarios y funcionarios de los servicios p\u00fablicos y las entidades \nterritoriales. \n \n",
    "251": "2",
    "252": "2",
    "253": "5.- Art\u00edculo 35.-  El Estado reconoce la ruralidad como una expresi\u00f3n territorial donde las \nformas de vida y producci\u00f3n se desarrollan en torno a la relaci\u00f3n directa de las personas y \ncomunidades con la tierra, el agua y el mar. \nEl Estado promover\u00e1 el desarrollo integral de los territorios rurales. \n \n",
    "254": "2",
    "255": "2",
    "256": "6.-Art\u00edculo 36.- El Estado y las entidades territoriales facilitar\u00e1n la participaci\u00f3n de las \ncomunidades rurales a nivel local y regional en el dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de programas y \npol\u00edticas p\u00fablicas que les afectan o conciernen. \n \n \n",
    "257": "2",
    "258": "2",
    "259": "7.- Art\u00edculo 37.- El Estado fomentar\u00e1 los mercados locales, ferias libres y circuitos cortos de \ncomercializaci\u00f3n e intercambio de bienes y productos relacionados a la ruralidad. \n \n",
    "260": "2",
    "261": "2",
    "262": "8.- Art\u00edculo 39.- El Estado proteger\u00e1 la funci\u00f3n ecol\u00f3gica y social de la tierra. \n \n",
    "263": "2",
    "264": "2",
    "265": "9.- Art\u00edculo 41.- El Estado reconoce y apoya la agricultura campesina e ind\u00edgena, la \nrecolecci\u00f3n y la pesca artesanal, entre otros, como actividades fundamentales de la producci\u00f3n \nde alimentos. \n \n",
    "266": "2",
    "267": "3",
    "268": "0.- Art\u00edculo 45.- El Estado tomar\u00e1 las medidas necesarias para prevenir la violencia y superar \nlas desigualdades que afrontan mujeres y ni\u00f1as rurales, promoviendo la implementaci\u00f3n de \npol\u00edticas p\u00fablicas para garantizar su acceso igualitario a los derechos que esta Constituci\u00f3n \nconsagra. \n \n",
    "269": "2",
    "270": "3",
    "271": "1.-Art\u00edculo 46.- El Estado es garante de la conectividad del pa\u00eds en coordinaci\u00f3n con los \ngobiernos regionales. \nSe fomentar\u00e1 la conectividad regional con especial atenci\u00f3n a territorios aislados, \nrurales y de dif\u00edcil acceso. \n \n",
    "272": "2",
    "273": "3",
    "274": "2.-Art\u00edculo 47.- La designaci\u00f3n de las y los representantes de los Ministerios y Servicios \nP\u00fablicos con presencia en la Regi\u00f3n Aut\u00f3noma ser\u00e1 decisi\u00f3n de la Presidencia de la Rep\u00fablica. \n \n",
    "275": "2",
    "276": "3",
    "277": "3.- Art\u00edculo 48.- Las regiones aut\u00f3nomas, para el cumplimiento de sus funciones, podr\u00e1n \nestablecer sus plantas de personal y las unidades de su estructura interna, en conformidad a la \nConstituci\u00f3n y la ley. \nEstas facultades ser\u00e1n ejercidas por el Gobernador o Gobernadora Regional, previo \nacuerdo de la Asamblea Regional, cautelando la carrera funcionaria, su debido financiamiento y \nel car\u00e1cter t\u00e9cnico y profesional de dichos empleos. \n \n",
    "278": "2",
    "279": "3",
    "280": "4.-Art\u00edculo 50.- Atribuciones de la Asamblea Regional. Son atribuciones de la Asamblea \nRegional, en conformidad a la Constituci\u00f3n, la ley y el Estatuto Regional:  \n \n1. Pronunciarse sobre la convocatoria a consultas o plebiscitos regionales.  \n2. Administrar sus bienes y patrimonio propio. \n3. Aprobar, rechazar o modificar la inversi\u00f3n de los recursos de los fondos solidarios \nque se creen y otros recursos p\u00fablicos que disponga la ley. \n4. Pronunciarse en conjunto con los \u00f3rganos competentes respecto de los \nprocedimientos de evaluaci\u00f3n ambiental. \n \n",
    "281": "2",
    "282": "3",
    "283": "5.- Art\u00edculo 51.- Ordenamiento Territorial. El Estado y las entidades territoriales tienen el \ndeber de ordenar y planificar el territorio nacional. Para esto utilizar\u00e1n unidades de ordenaci\u00f3n \nque consideren las cuencas hidrogr\u00e1ficas. \nEste deber tendr\u00e1 como fin asegurar una adecuada localizaci\u00f3n de los asentamientos \ny las actividades productivas, que permitan tanto un manejo responsable de los ecosistemas como \nde las actividades humanas, con criterios de equidad y justicia territorial para el bienestar \nintergeneracional. \nLa ordenaci\u00f3n y planificaci\u00f3n de los territorios ser\u00e1 vinculante en las materias que la \nley determine y realizada de manera coordinada, integrada y enfocada en el inter\u00e9s p\u00fablico, \nconsiderando procesos participativos en sus diferentes etapas. \nLos planes de ordenamiento y planificaci\u00f3n contemplar\u00e1n los impactos que los usos \nde suelos causen en la disponibilidad y calidad de las aguas. Estos podr\u00e1n definir \u00e1reas de \nprotecci\u00f3n ambiental o cultural. \n \n",
    "284": "2",
    "285": "3",
    "286": "6.- Art\u00edculo 55.- De las instituciones estatales de educaci\u00f3n superior. En cada regi\u00f3n existir\u00e1, \nal menos, una universidad estatal y una instituci\u00f3n de formaci\u00f3n t\u00e9cnico profesional de nivel \nsuperior estatal. Estas se relacionar\u00e1n de manera coordinada y preferente con las entidades \nterritoriales y servicios p\u00fablicos con presencia regional, de acuerdo a las necesidades locales. \n \n",
    "287": "2",
    "288": "3",
    "289": "7.-Art\u00edculo 56.- Los Cuerpos de Bomberos de Chile son una instituci\u00f3n perteneciente al \nsistema de protecci\u00f3n civil, cuyo objeto es atender las emergencias causadas por la naturaleza o \nel ser humano, sin perjuicio de la competencia espec\u00edfica que tengan otros organismos p\u00fablicos \ny/o privados. \n \nSer\u00e1 deber del Estado dar cobertura financiera para cubrir la totalidad de sus gastos \noperacionales, capacitaci\u00f3n y equipos, como tambi\u00e9n otorgar cobertura m\u00e9dica a su personal por \naccidentes o enfermedades contra\u00eddas por actos de servicio. \nLa ley regular\u00e1 el r\u00e9gimen de financiamiento y prestaciones sociales en \u00e9poca de \nvejez e invalidez. \nLos Cuerpos de Bomberos de Chile se sujetar\u00e1n en todas sus actuaciones a los \nprincipios de probidad, transparencia y rendici\u00f3n de cuentas. \n \n********* \n \n"
  },
  "5": {
    "1": "CAP\u00cdTULO (COM 4) \nDERECHOS FUNDAMENTALES \n \n",
    "2": "2",
    "3": "3",
    "4": "8.- Art\u00edculo 1.- Sobre los Derechos Fundamentales. Los derechos fundamentales son \ninherentes a la persona humana, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. \nEl pleno ejercicio de estos derechos es esencial para la vida digna de las personas y \nlos pueblos, la democracia, la paz y el equilibrio de la Naturaleza. \n \n",
    "5": "2",
    "6": "3",
    "7": "9.- Art\u00edculo 2.- Cl\u00e1usula de obligaciones generales y sujetos obligados. El Estado debe \nrespetar, proteger, garantizar y promover la plena satisfacci\u00f3n y ejercicio de los derechos \nfundamentales, as\u00ed como adoptar las medidas necesarias para eliminar todos los obst\u00e1culos que \npudieran limitar o entorpecer su realizaci\u00f3n. \nToda persona, instituci\u00f3n, asociaci\u00f3n o grupo deber\u00e1 respetar los derechos \nfundamentales, conforme a la Constituci\u00f3n y las leyes. \n \n",
    "8": "2",
    "9": "4",
    "10": "0.- Art\u00edculo 3.- Principio de progresividad y no regresi\u00f3n de los derechos fundamentales. El \nEstado debe adoptar todas las medidas necesarias para lograr de manera progresiva la plena \nsatisfacci\u00f3n de los derechos fundamentales. Ninguna medida podr\u00e1 tener un car\u00e1cter regresivo \nque disminuya, menoscabe o impida injustificadamente su ejercicio. \n \n \n",
    "11": "2",
    "12": "4",
    "13": "1.- Art\u00edculo 4.- Financiamiento de los derechos fundamentales. El financiamiento de las \nprestaciones estatales vinculadas al ejercicio de los derechos fundamentales propender\u00e1 a la \nprogresividad. \n \n",
    "14": "2",
    "15": "4",
    "16": "2.- Art\u00edculo 6.- Titularidad de los derechos. Las personas naturales son titulares de derechos \nfundamentales. Los derechos podr\u00e1n ser ejercidos y exigidos individual o colectivamente. \nLos Pueblos y Naciones Ind\u00edgenas son titulares de derechos fundamentales \ncolectivos. \nLa Naturaleza ser\u00e1 titular de los derechos reconocidos en esta Constituci\u00f3n que le \nsean aplicables. \n \n",
    "17": "2",
    "18": "4",
    "19": "3.- Art\u00edculo 7.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de \nreligi\u00f3n y cosmovisi\u00f3n; este derecho incluye la libertad de profesar y cambiar de religi\u00f3n o \ncreencias. Ninguna religi\u00f3n, ni creencia es la oficial del Estado, sin perjuicio de su \nreconocimiento y libre ejercicio en el espacio p\u00fablico o privado, mediante el culto, la celebraci\u00f3n \nde los ritos, las pr\u00e1cticas espirituales y la ense\u00f1anza. \nPodr\u00e1n erigir templos, dependencias y lugares para el culto; mantener, proteger y \nacceder a los lugares sagrados y aquellos de relevancia espiritual, rescatar y preservar los objetos \nde culto o que tengan un significado sagrado. \nEl Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. \nLas agrupaciones religiosas y espirituales podr\u00e1n organizarse como personas \njur\u00eddicas de conformidad a la ley. Respetando los derechos, deberes y principios que esta \nConstituci\u00f3n establece. \u00c9stas no podr\u00e1n perseguir fines de lucro y sus bienes deber\u00e1n gestionarse \nde forma transparente de acuerdo con lo que establezca la ley. \n \n",
    "20": "2",
    "21": "4",
    "22": "4.- Art\u00edculo 8.- Libertad de expresi\u00f3n. Toda persona, natural o jur\u00eddica, tiene derecho a la \nlibertad de expresi\u00f3n y opini\u00f3n, en cualquier forma y por cualquier medio. Este derecho \ncomprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda \u00edndole. \nNo existir\u00e1 censura previa sino \u00fanicamente las responsabilidades ulteriores que \ndetermine la ley. \n \n \n",
    "23": "2",
    "24": "4",
    "25": "5.- Art\u00edculo 9.- El derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Es deber del \nEstado proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho a todas las personas, a trav\u00e9s de \nuna pol\u00edtica de prevenci\u00f3n de la violencia y el delito que considerar\u00e1 especialmente las \ncondiciones materiales, ambientales, sociales y el fortalecimiento comunitario de los territorios. \nLas acciones de prevenci\u00f3n, persecuci\u00f3n y sanci\u00f3n de los delitos, as\u00ed como la \nreinserci\u00f3n social de las personas condenadas, ser\u00e1n desarrolladas por los organismos p\u00fablicos \nque se\u00f1ale esta Constituci\u00f3n y la ley, en forma coordinada y con irrestricto respeto a los derechos \nhumanos. \n \nLibertad personal ambulatoria \n \n",
    "26": "2",
    "27": "4",
    "28": "6.- Art\u00edculo 10.- Ninguna persona puede ser privado de su libertad arbitrariamente ni \u00e9sta ser \nrestringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constituci\u00f3n y las leyes. \nNinguna persona puede ser arrestada o detenida sino por orden judicial, salvo que \nfuera sorprendida en delito flagrante. \n(Inciso tercero) La persona arrestada o detenida deber\u00e1 ser puesta a disposici\u00f3n del \ntribunal competente en un plazo m\u00e1ximo de veinticuatro horas. Se le deber\u00e1n informar de manera \ninmediata y comprensible sus derechos y los motivos de la privaci\u00f3n de su libertad. Adem\u00e1s, \ntendr\u00e1 derecho a comunicarse con su abogado o quien estime pertinente. \n(Inciso cuarto) Ninguna persona puede ser arrestada o detenida, sujeta a prisi\u00f3n \npreventiva o presa, sino en su domicilio o en los lugares p\u00fablicos destinados a este objeto. Su \ningreso deber\u00e1 constar en un registro p\u00fablico. \n(Inciso sexto) No existir\u00e1 la detenci\u00f3n por deudas, salvo en caso de incumplimiento \nde deberes alimentarios. \n \n",
    "29": "2",
    "30": "4",
    "31": "7.- Art\u00edculo 11.- Derecho a la libertad ambulatoria. Toda persona tiene derecho a \ntrasladarse, residir y permanecer en cualquier lugar del territorio nacional, as\u00ed como a entrar y \nsalir de \u00e9ste. La ley regular\u00e1 el ejercicio de este derecho. \n \n \n",
    "32": "2",
    "33": "4",
    "34": "8.- Art\u00edculo 11 bis.- Prohibici\u00f3n de desplazamiento forzado. Ninguna persona ser\u00e1 \nsometida a desplazamiento forzado dentro del territorio nacional, salvo en las excepciones que \nestablezca la ley. \n \n",
    "35": "2",
    "36": "4",
    "37": "9.- Art\u00edculo 12.- Derecho a la identidad. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo y \npleno reconocimiento de su identidad, en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo \nlas caracter\u00edsticas sexuales, identidades y expresiones de g\u00e9nero, nombre y orientaciones \nsexoafectivas. \nEl Estado garantizar\u00e1 el pleno ejercicio de este derecho a trav\u00e9s de acciones \nafirmativas, procedimientos y leyes correspondientes. \n \n",
    "38": "2",
    "39": "5",
    "40": "0.- Art\u00edculo 13.- Derecho a la autonom\u00eda y al libre desarrollo de la personalidad. Toda \npersona tiene derecho a su autonom\u00eda personal, al libre desarrollo de la personalidad, identidad \ny de sus proyectos de vida. \nSe proh\u00edbe la esclavitud, el trabajo forzado, la servidumbre y la trata de personas en \ncualquiera de sus formas. El Estado adoptar\u00e1 las medidas de prevenci\u00f3n, sanci\u00f3n y erradicaci\u00f3n \nde la esclavitud, el trabajo forzado, la servidumbre y la trata de personas, y de protecci\u00f3n, plena \nrestauraci\u00f3n de derechos, remediaci\u00f3n y reinserci\u00f3n social de las v\u00edctimas. \n \n",
    "41": "2",
    "42": "5",
    "43": "1.- Art\u00edculo 14.- Libertad de emprender y de desarrollar actividades econ\u00f3micas. Toda \npersona, natural o jur\u00eddica, tiene libertad de emprender y desarrollar actividades econ\u00f3micas. Su \nejercicio deber\u00e1 ser compatible con los derechos consagrados en esta Constituci\u00f3n y con la \nprotecci\u00f3n de la naturaleza. \nEl contenido y los l\u00edmites de este derecho ser\u00e1n determinados por las leyes que \nregulen su ejercicio, las que deber\u00e1n promover el desarrollo de las empresas de menor tama\u00f1o y \nasegurar\u00e1n la protecci\u00f3n de los consumidores. \nLas pr\u00e1cticas de colusi\u00f3n entre empresas y abusos de posici\u00f3n monop\u00f3lica, as\u00ed como \nlas concentraciones empresariales que afecten el funcionamiento eficiente, justo y leal de los \nmercados, se entender\u00e1n como conductas contrarias al inter\u00e9s social. La ley establecer\u00e1 las \nsanciones a los responsables. \n \n \n",
    "44": "2",
    "45": "5",
    "46": "2.- Art\u00edculo 15.- La protecci\u00f3n, promoci\u00f3n y respeto del derecho a la privacidad de las \npersonas, sus familias y comunidades. Ninguna persona ni autoridad podr\u00e1 afectar, restringir o \nimpedir el ejercicio del derecho a la privacidad salvo en los casos y formas que determine la ley. \nLos recintos privados son inviolables. La entrada, registro o allanamiento s\u00f3lo se \npodr\u00e1n realizar con orden judicial previa dictada en los casos espec\u00edficos y en la forma que \ndetermine la ley, salvo las hip\u00f3tesis de flagrancia. \nToda forma de documentaci\u00f3n y comunicaci\u00f3n privada es inviolable, incluyendo sus \nmetadatos. La interceptaci\u00f3n, captura, apertura, registro o revisi\u00f3n s\u00f3lo se podr\u00e1 realizar con \norden judicial previa dictada en la forma y para los casos espec\u00edficos que determine la ley. \n \nDerechos sexuales y reproductivos \n \n",
    "47": "2",
    "48": "5",
    "49": "3.- Art\u00edculo 16.- Todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos \nreproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, aut\u00f3noma e \ninformada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducci\u00f3n, el placer \ny la anticoncepci\u00f3n.  \nEl Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin \ndiscriminaci\u00f3n, con enfoque de g\u00e9nero, inclusi\u00f3n y pertinencia cultural, as\u00ed como el acceso a la \ninformaci\u00f3n, educaci\u00f3n, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando \na todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una \ninterrupci\u00f3n voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, \ngarantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean \nindividuos o instituciones. \nEl Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso \ncient\u00edfico para ejercer de manera libre, aut\u00f3noma y no discriminatoria, sus derechos sexuales y \nreproductivos. La ley regular\u00e1 el ejercicio de estos derechos. \n \n",
    "50": "2",
    "51": "5",
    "52": "4.- Art\u00edculo 17.- Educaci\u00f3n sexual integral. Todas las personas tienen derecho a recibir una \nEducaci\u00f3n Sexual Integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad; la \nresponsabilidad sexo-afectiva; la autonom\u00eda, el autocuidado y el consentimiento; el \n \nreconocimiento de las diversas identidades y expresiones del g\u00e9nero y la sexualidad; que \nerradique los estereotipos de g\u00e9nero y prevenga la violencia de g\u00e9nero y sexual. \n \n",
    "53": "2",
    "54": "5",
    "55": "5.- Art\u00edculo 18.- Derecho de propiedad. Toda persona, natural o jur\u00eddica, tiene derecho de \npropiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha \nhecho comunes a todas las personas y los que la Constituci\u00f3n o la ley declaren inapropiables. \n(Inciso cuarto) Corresponder\u00e1 a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, \nsu contenido, l\u00edmites y deberes, conforme con su funci\u00f3n social y ecol\u00f3gica. \n \n",
    "56": "2",
    "57": "5",
    "58": "6.- Art\u00edculo 20.- Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una \nley que autorice la expropiaci\u00f3n por causa de utilidad p\u00fablica o inter\u00e9s general declarado por el \nlegislador. \nEl propietario siempre tendr\u00e1 derecho a que se le indemnice por el justo precio del \nbien expropiado. \nEl pago deber\u00e1 efectuarse de forma previa a la toma de posesi\u00f3n material del bien \nexpropiado y la persona expropiada siempre podr\u00e1 reclamar de la legalidad del acto \nexpropiatorio, as\u00ed como del monto y modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley. \nCualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiaci\u00f3n siempre deber\u00e1 \nestar debidamente fundada. \n \n",
    "59": "2",
    "60": "5",
    "61": "7.- Art\u00edculo 21. Derecho a las tierras, territorios y recursos. El Estado reconoce y garantiza \nconforme a la Constituci\u00f3n, el derecho de los pueblos y naciones ind\u00edgenas a sus tierras, \nterritorios y recursos. \nLa propiedad de las tierras ind\u00edgenas goza de especial protecci\u00f3n. El Estado \nestablecer\u00e1 instrumentos jur\u00eddicos eficaces para su catastro, regularizaci\u00f3n, demarcaci\u00f3n, \ntitulaci\u00f3n, reparaci\u00f3n y restituci\u00f3n.  \nLa restituci\u00f3n constituye un mecanismo preferente de reparaci\u00f3n, de utilidad p\u00fablica \ne inter\u00e9s general. \nConforme a la constituci\u00f3n y la ley, los pueblos y naciones ind\u00edgenas tienen derecho \na utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus \nterritorios y sean indispensables para su existencia colectiva. \n \n \nDerecho a la vida y a la integridad f\u00edsica y ps\u00edquica \n \n",
    "62": "2",
    "63": "5",
    "64": "8.- Art\u00edculo 23.- Derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida. Ninguna persona \npodr\u00e1 ser condenada a muerte ni ejecutada. \n \n",
    "65": "2",
    "66": "5",
    "67": "9.- Art\u00edculo 24.- Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a la \nintegridad f\u00edsica, psicosocial, sexual y afectiva. Ninguna persona podr\u00e1 ser sometida a torturas, \nni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. \n \n",
    "68": "2",
    "69": "6",
    "70": "0.- Art\u00edculo 25.- Prohibici\u00f3n de la desaparici\u00f3n forzada. Ninguna persona ser\u00e1 sometida a \ndesaparici\u00f3n forzada.  \nToda persona v\u00edctima de desaparici\u00f3n forzada tiene derecho a ser buscada. El Estado \ngarantizar\u00e1 el ejercicio de este derecho, disponiendo de todos los medios necesarios. \n \n",
    "71": "2",
    "72": "6",
    "73": "1.- Art\u00edculo 26.- Imprescriptibilidad y prohibici\u00f3n de la amnist\u00eda. Los cr\u00edmenes de guerra, \nlos delitos de lesa humanidad, la desaparici\u00f3n forzada y la tortura, el genocidio y el crimen de \nagresi\u00f3n y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes son imprescriptibles, \ninamnistiables y no ser\u00e1n susceptibles de ning\u00fan impedimento a la investigaci\u00f3n.  \n \n",
    "74": "2",
    "75": "6",
    "76": "2.- Art\u00edculo 27.- Deberes de prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n. Son obligaciones del \nEstado prevenir, investigar, sancionar e impedir la impunidad de los hechos establecidos en el \nart\u00edculo 26. Tales cr\u00edmenes deber\u00e1n ser investigados de oficio, con la debida diligencia, seriedad, \nrapidez, independencia, imparcialidad y en conformidad con los est\u00e1ndares establecidos en los \ntratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. \n \n",
    "77": "2",
    "78": "6",
    "79": "3.- Art\u00edculo 44.- Derecho a reunirse y manifestarse pac\u00edficamente. Todas las personas \ntienen derecho a reunirse y manifestarse en lugares privados y p\u00fablicos, sin permiso previo. \nLas reuniones en lugares de acceso p\u00fablico s\u00f3lo podr\u00e1n restringirse en conformidad \na la ley. \n \n \nLibertad de asociaci\u00f3n \n \n",
    "80": "2",
    "81": "6",
    "82": "4.- Art\u00edculo 45.- Derecho de asociaci\u00f3n. Todas las personas tienen derecho a asociarse, sin \npermiso previo. \nEl derecho de asociaci\u00f3n comprende la protecci\u00f3n de la autonom\u00eda de las \nasociaciones para el cumplimiento de sus fines espec\u00edficos y el establecimiento de su regulaci\u00f3n \ninterna, organizaci\u00f3n y dem\u00e1s elementos definitorios. \nPara gozar de personalidad jur\u00eddica, las asociaciones deber\u00e1n constituirse en \nconformidad a la ley. \nLa ley podr\u00e1 imponer restricciones espec\u00edficas al ejercicio de este derecho respecto \nde las polic\u00edas y fuerzas armadas. \n \n",
    "83": "2",
    "84": "6",
    "85": "5.- Art\u00edculo 46.- El Estado reconoce la funci\u00f3n social, econ\u00f3mica y productiva de las \ncooperativas, conforme al principio de ayuda mutua, y fomentar\u00e1 su desarrollo. La ley regular\u00e1 \nla creaci\u00f3n y funcionamiento de las cooperativas, garantizar\u00e1 su autonom\u00eda, y preservar\u00e1, \nmediante los instrumentos correspondientes, su naturaleza y finalidades. Las cooperativas podr\u00e1n \nagruparse en federaciones, confederaciones, o en otras formas de organizaci\u00f3n que determine la \nley. \n \nDerechos de las personas chilenas residentes en el extranjero \n \n",
    "86": "2",
    "87": "6",
    "88": "6.- Art\u00edculo 47.- Derechos de las personas chilenas en el exterior. Las personas chilenas \nque se encuentren en el exterior forman parte de la comunidad pol\u00edtica del pa\u00eds. \nSe garantiza el derecho a votar en las elecciones de car\u00e1cter nacional, presidenciales, \nparlamentarias, plebiscitos y consultas, de conformidad a esta Constituci\u00f3n y las leyes. \nEn caso de crisis humanitaria y dem\u00e1s situaciones que determine la ley, el Estado \nasegurar\u00e1 la reunificaci\u00f3n familiar y el retorno voluntario al territorio nacional. \n \n",
    "89": "2",
    "90": "6",
    "91": "7.- Art\u00edculo 50.-Derecho de petici\u00f3n. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones, \nexposiciones o reclamaciones ante cualquier autoridad del Estado. \n \nLa ley regular\u00e1 los plazos y la forma en que la autoridad deber\u00e1 dar respuesta a lo \nsolicitado, adem\u00e1s de la manera en que se garantizar\u00e1 el principio de pluriling\u00fcismo en el \nejercicio de este derecho. \n \n********* \n \n",
    "92": "2",
    "93": "6",
    "94": "8.- Art\u00edculo 1.- Las v\u00edctimas de graves violaciones a los derechos humanos tienen derecho a \nla reparaci\u00f3n integral. \n \n",
    "95": "2",
    "96": "6",
    "97": "9.- Art\u00edculo 2.- Las v\u00edctimas y la comunidad tienen el derecho al esclarecimiento y \nconocimiento de la verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos, \nespecialmente, cuando constituyan cr\u00edmenes de lesa humanidad, cr\u00edmenes de guerra, genocidio \no despojo territorial. \n \n",
    "98": "2",
    "99": "7",
    "100": "0.- Art\u00edculo 3.- El Estado garantiza el derecho a la memoria desde un enfoque que considere \nsu relaci\u00f3n con las garant\u00edas de no repetici\u00f3n y los derechos a la verdad, justicia y reparaci\u00f3n \nintegral. \n \n",
    "101": "2",
    "102": "7",
    "103": "1.- Art\u00edculo 4.- Derecho a la vivienda. \n1.- Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el \nlibre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. \n2.- El Estado deber\u00e1 tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce \nuniversal y oportuno de este derecho, contemplando, a lo menos la habitabilidad, el espacio y \nequipamiento suficiente, dom\u00e9stico y comunitario, para la producci\u00f3n y reproducci\u00f3n de la vida, \nla disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicaci\u00f3n apropiada, la \nseguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas, de conformidad a la ley. \n3.- El Estado podr\u00e1 participar en el dise\u00f1o, construcci\u00f3n, rehabilitaci\u00f3n, conservaci\u00f3n \ne innovaci\u00f3n de la vivienda. \n4.- El Estado considerar\u00e1 particularmente en el dise\u00f1o de las pol\u00edticas de vivienda a \npersonas con bajos ingresos econ\u00f3micos o pertenecientes a grupos especialmente vulnerados en \nsus derechos. \n \nEl Estado garantizar\u00e1 la creaci\u00f3n de viviendas de acogida en casos de violencia de \ng\u00e9nero y otras formas de vulneraci\u00f3n de derechos, seg\u00fan determine la ley. \nEl Estado administrar\u00e1 un Sistema Integrado de Suelos P\u00fablicos. Este tendr\u00e1 las \nfacultades de dar prioridad de uso, gesti\u00f3n y disposici\u00f3n de terrenos fiscales para fines de inter\u00e9s \nsocial, as\u00ed como adquirir terrenos privados, conforme a la ley. \nEl Estado garantizar\u00e1 la disponibilidad del suelo necesario para la provisi\u00f3n de \nvivienda digna y adecuada. Adem\u00e1s, deber\u00e1 establecer mecanismos para impedir la especulaci\u00f3n \nen materia de suelo y vivienda que vaya en desmedro del inter\u00e9s p\u00fablico, de conformidad a la \nley. \n \n \n",
    "104": "2",
    "105": "7",
    "106": "2.- Art\u00edculo 7.- Derecho a la ciudad y al territorio. Todas las personas tienen derecho a \nhabitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y \nen condiciones apropiadas para una vida digna. \nEl derecho a la ciudad es un derecho colectivo orientado al bien com\u00fan y se basa en \nel ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, en su gesti\u00f3n democr\u00e1tica y en la \nfunci\u00f3n social y ecol\u00f3gica de la propiedad. \nEs deber del Estado ordenar, planificar y gestionar los territorios, ciudades y \nasentamientos humanos; as\u00ed como establecer reglas de uso y transformaci\u00f3n del suelo, de acuerdo \nal inter\u00e9s general, la equidad territorial, sostenibilidad y accesibilidad universal. \nEl Estado garantizar\u00e1 la protecci\u00f3n y acceso equitativo a servicios b\u00e1sicos, bienes y \nespacios p\u00fablicos; movilidad segura y sustentable; conectividad y seguridad vial. Asimismo, \npromover\u00e1 la integraci\u00f3n socioespacial y participar\u00e1 en la plusval\u00eda que genere su acci\u00f3n \nurban\u00edstica o regulatoria. \nEl Estado garantiza la participaci\u00f3n de la comunidad en los procesos de planificaci\u00f3n \nterritorial y pol\u00edticas habitacionales. Asimismo, promueve y apoya la gesti\u00f3n comunitaria del \nh\u00e1bitat. \n \n",
    "107": "2",
    "108": "7",
    "109": "3.- Art\u00edculo 8.- Derecho al trabajo decente. Toda persona tiene derecho al trabajo y su libre \nelecci\u00f3n. El Estado garantiza el trabajo decente y su protecci\u00f3n. Este comprende el derecho a \ncondiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del \n \ntiempo libre, a su desconexi\u00f3n digital, a la garant\u00eda de indemnidad, y el pleno respeto de los \nderechos fundamentales en el contexto del trabajo. \nLos trabajadores y trabajadoras tendr\u00e1n derecho a una remuneraci\u00f3n equitativa, justa \ny suficiente, que le asegure su sustento y el de su familia. Toda persona tiene derecho a igual \nremuneraci\u00f3n por igual trabajo. \nSe proh\u00edbe cualquier discriminaci\u00f3n entre trabajadoras y trabajadores que no se base \nen las competencias laborales o idoneidad personal, as\u00ed como el despido arbitrario. \nEl Estado generar\u00e1 pol\u00edticas p\u00fablicas que permitan la conciliaci\u00f3n laboral, la vida \nfamiliar y comunitaria, y el trabajo de cuidados.  \nEl Estado garantizar\u00e1 el respeto a los derechos reproductivos de las personas \ntrabajadoras, eliminando riesgos que afecten la salud reproductiva y resguardando los derechos \nde la paternidad y maternidad. \nEn el \u00e1mbito rural y agr\u00edcola el Estado debe garantizar condiciones justas y dignas \nen el trabajo de temporada, resguardando el ejercicio de sus derechos laborales y de seguridad \nsocial. \nSe reconoce la funci\u00f3n social del trabajo y se deber\u00e1 asegurar la protecci\u00f3n eficaz de \nlos trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales, mediante un \u00f3rgano aut\u00f3nomo a cargo \nde su fiscalizaci\u00f3n. \nSe proh\u00edbe toda forma de precarizaci\u00f3n laboral, as\u00ed como el trabajo forzoso, \nhumillante o denigrante. \n \n",
    "110": "2",
    "111": "7",
    "112": "4.- Art\u00edculo 9.- Participaci\u00f3n de los trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores y \ntrabajadoras, a trav\u00e9s de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar en las \ndecisiones de la empresa. La ley regular\u00e1 los mecanismos por medio de los cuales se ejercer\u00e1 \neste derecho. \n \n",
    "113": "2",
    "114": "7",
    "115": "5.- Art\u00edculo 10.- Derecho al cuidado. Todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser \ncuidadas y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los \nmedios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y \ncorresponsabilidad. \n \nEl Estado garantizar\u00e1 este derecho a trav\u00e9s de un Sistema Integral de Cuidados y \notras normativas y pol\u00edticas p\u00fablicas que incorporen el enfoque de derechos humanos, de g\u00e9nero \ny la promoci\u00f3n de la autonom\u00eda personal. El Sistema tendr\u00e1 un car\u00e1cter estatal, paritario, \nsolidario, universal, con pertinencia cultural y perspectiva de g\u00e9nero e interseccionalidad. Su \nfinanciamiento ser\u00e1 progresivo, suficiente y permanente. \nEl sistema prestar\u00e1 especial atenci\u00f3n a lactantes, ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, \npersonas mayores, personas en situaci\u00f3n de discapacidad, personas en situaci\u00f3n de dependencia \ny personas con enfermedades graves o terminales. Asimismo, velar\u00e1 por el resguardo de los \nderechos de quienes ejercen trabajos de cuidados. \n \n",
    "116": "2",
    "117": "7",
    "118": "6.- Art\u00edculo 11.- Reconocimiento del trabajo dom\u00e9stico y de cuidados. El Estado reconoce \nque los trabajos dom\u00e9sticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables \npara la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, que son una actividad econ\u00f3mica \nque contribuye a las cuentas nacionales y que deben ser considerados en la formulaci\u00f3n y \nejecuci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas. \nEl Estado promover\u00e1 la corresponsabilidad social y de g\u00e9nero e implementar\u00e1 \nmecanismos para la redistribuci\u00f3n del trabajo dom\u00e9stico y de cuidados. \n \n",
    "119": "2",
    "120": "7",
    "121": "7.- Art\u00edculo 12.- Derecho a la libertad sindical. La Constituci\u00f3n asegura a trabajadoras y \ntrabajadores, tanto del sector p\u00fablico como del privado, el derecho a la libertad sindical. Este \nderecho comprende el derecho a la sindicalizaci\u00f3n, a la negociaci\u00f3n colectiva y a la huelga. \nLas organizaciones sindicales son titulares exclusivas del derecho a la negociaci\u00f3n \ncolectiva, en tanto \u00fanicas representantes de trabajadores y trabajadoras ante el o los empleadores. \nEl derecho de sindicalizaci\u00f3n comprende la facultad de constituir las organizaciones \nsindicales que estimen conveniente, en cualquier nivel, de car\u00e1cter nacional e internacional, a \nafiliarse y desafiliarse de ellas, a darse su propia normativa, trazar sus propios fines y realizar su \nactividad sin intervenci\u00f3n de terceros. \nLas organizaciones sindicales gozar\u00e1n de personalidad jur\u00eddica por el s\u00f3lo hecho de \nregistrar sus estatutos en la forma que se\u00f1ale la ley. \nLa Constituci\u00f3n asegura el derecho a la negociaci\u00f3n colectiva. Corresponder\u00e1 a los \ntrabajadores y trabajadoras elegir el nivel en que se desarrollar\u00e1 dicha negociaci\u00f3n, incluyendo \n \nla negociaci\u00f3n ramal, sectorial y territorial. Las \u00fanicas limitaciones a las materias susceptibles \nde negociaci\u00f3n ser\u00e1n aquellas concernientes a los m\u00ednimos irrenunciables fijados por la ley a \nfavor de los trabajadores y trabajadoras. \nLa Constituci\u00f3n garantiza el derecho a huelga de trabajadores, trabajadoras y \norganizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales decidir\u00e1n el \u00e1mbito de intereses que se \ndefender\u00e1n a trav\u00e9s de ella, los que no podr\u00e1n ser limitados por la ley. \nEl legislador no podr\u00e1 prohibir la huelga. \nLa ley s\u00f3lo podr\u00e1 establecer limitaciones excepcionales a la huelga para atender \nservicios esenciales que pudieren afectar la vida, salud o seguridad de la poblaci\u00f3n. \nNo podr\u00e1n declararse en huelga los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y \nSeguridad P\u00fablica. \n \n",
    "122": "2",
    "123": "7",
    "124": "8.- Art\u00edculo 13.- Derecho a la seguridad social. La Constituci\u00f3n garantiza a toda persona el \nderecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, \nintegralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participaci\u00f3n, sostenibilidad y oportunidad. \nLa ley establecer\u00e1 un Sistema de Seguridad Social p\u00fablico, que otorgue protecci\u00f3n \nen caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, \naccidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en las dem\u00e1s contingencias sociales de \nfalta o disminuci\u00f3n de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, este \nsistema asegurar\u00e1 la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos dom\u00e9sticos y \nde cuidados. \nLe corresponder\u00e1 al Estado definir la pol\u00edtica de seguridad social. \u00c9sta se financiar\u00e1 \npor trabajadores y empleadores, a trav\u00e9s de cotizaciones obligatorias, y por rentas generales de \nla naci\u00f3n. Los recursos con que se financie la seguridad social no podr\u00e1n ser destinados a fines \ndistintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. \nLas organizaciones sindicales y de empleadores tendr\u00e1n derecho a participar en la \ndirecci\u00f3n del sistema de seguridad social, en las formas que se\u00f1ale la ley. \n \n",
    "125": "2",
    "126": "7",
    "127": "9.- Art\u00edculo 14.- Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud y bienestar \nintegral, incluyendo su dimensi\u00f3n f\u00edsica y mental. \n \nEl Estado deber\u00e1 proveer las condiciones necesarias para alcanzar el m\u00e1s alto nivel \nposible de la salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales \ny ambientales sobre la salud de la poblaci\u00f3n. \nEl Sistema Nacional de Salud ser\u00e1 de car\u00e1cter universal, p\u00fablico e integrado. Se \nregir\u00e1 por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, \ndesconcentraci\u00f3n, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de g\u00e9nero, progresividad y no \ndiscriminaci\u00f3n. \nEl Sistema Nacional de Salud incorporar\u00e1 acciones de promoci\u00f3n, prevenci\u00f3n, \ndiagn\u00f3stico, tratamiento, habilitaci\u00f3n, rehabilitaci\u00f3n e inclusi\u00f3n. La atenci\u00f3n primaria constituir\u00e1 \nla base de este sistema y se promover\u00e1 la participaci\u00f3n de las comunidades en las pol\u00edticas de \nsalud y las condiciones para su ejercicio efectivo. \nEl Sistema Nacional de Salud podr\u00e1 estar integrado por prestadores p\u00fablicos y \nprivados. La ley determinar\u00e1 los requisitos y procedimientos para que prestadores privados \npuedan integrarse al Sistema Nacional de Salud. \nEs deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones \np\u00fablicas de salud. \nEl Estado generar\u00e1 pol\u00edticas y programas de salud mental destinados a la atenci\u00f3n y \nprevenci\u00f3n con enfoque comunitario y aumentar\u00e1 progresivamente su financiamiento. \nLos pueblos y naciones ind\u00edgenas tienen derecho a sus propias medicinas \ntradicionales, a mantener sus pr\u00e1cticas de salud y a conservar los componentes naturales que las \nsustentan. El Sistema Nacional de Salud reconoce, protege e integra estas pr\u00e1cticas y \nconocimientos como tambi\u00e9n a quienes las imparten, en conformidad a esta Constituci\u00f3n y la \nley. \nCorresponder\u00e1 exclusivamente al Estado la funci\u00f3n de rector\u00eda del sistema de salud, \nincluyendo la regulaci\u00f3n, supervisi\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n de las instituciones p\u00fablicas y privadas. \nEl Sistema Nacional de Salud ser\u00e1 financiado a trav\u00e9s de las rentas generales de la \nnaci\u00f3n. Adicionalmente, la ley podr\u00e1 establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a \nempleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar \nsolidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinar\u00e1 el \u00f3rgano p\u00fablico encargado \nde la administraci\u00f3n del conjunto de los fondos de este sistema. \n \n \n",
    "128": "2",
    "129": "8",
    "130": "0.- Art\u00edculo 15.- El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educaci\u00f3n. \n \n",
    "131": "2",
    "132": "8",
    "133": "1.- Art\u00edculo 16.- Todas las personas tienen derecho a la educaci\u00f3n. La educaci\u00f3n es un deber \nprimordial e ineludible del Estado. \nLa educaci\u00f3n es un proceso de formaci\u00f3n y aprendizaje permanente a lo largo de la \nvida, indispensable para el ejercicio de los dem\u00e1s derechos y para la actividad cient\u00edfica, \ntecnol\u00f3gica, econ\u00f3mica y cultural del pa\u00eds. Sus fines son la construcci\u00f3n del bien com\u00fan, la \njusticia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecol\u00f3gica, la \nconvivencia democr\u00e1tica entre los pueblos, la prevenci\u00f3n de la violencia y discriminaci\u00f3n, as\u00ed \ncomo, la adquisici\u00f3n de conocimientos, el pensamiento cr\u00edtico y el desarrollo integral de las \npersonas, considerando su dimensi\u00f3n cognitiva, f\u00edsica, social y emocional. \nLa educaci\u00f3n se regir\u00e1\u0301 por los principios de cooperaci\u00f3n, no discriminaci\u00f3n, \ninclusi\u00f3n, justicia, participaci\u00f3n, solidaridad, interculturalidad, enfoque de g\u00e9nero, pluralismo y \nlos dem\u00e1s principios consagrados en esta Constituci\u00f3n. Tendr\u00e1 un car\u00e1cter no sexista y se \ndesarrollar\u00e1 de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y \nling\u00fc\u00edstica. \nLa educaci\u00f3n deber\u00e1 orientarse hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de \nlos fines y principios establecidos de la educaci\u00f3n. \nLa ley establecer\u00e1 la forma en que estos fines y principios deber\u00e1n materializarse, en \ncondiciones de equidad en las instituciones educativas y los procesos de ense\u00f1anza. \n \n",
    "134": "2",
    "135": "8",
    "136": "2.- Art\u00edculo 17.- La educaci\u00f3n ser\u00e1 de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria \ndesde el nivel b\u00e1sico hasta la educaci\u00f3n media. \nEl Sistema Nacional de Educaci\u00f3n estar\u00e1 integrado por los establecimientos e \ninstituciones de educaci\u00f3n parvularia, b\u00e1sica, media y superior, creadas o reconocidas por el \nEstado. Se articular\u00e1 bajo el principio de colaboraci\u00f3n y tendr\u00e1 como centro la experiencia de \naprendizaje de los estudiantes. El Estado ejercer\u00e1 labores de coordinaci\u00f3n, regulaci\u00f3n, \nmejoramiento y supervigilancia del Sistema. La ley establecer\u00e1 los requisitos para el \nreconocimiento oficial de los establecimientos educacionales. \n \nLas instituciones que lo conforman estar\u00e1n sujetas al r\u00e9gimen com\u00fan que fije la ley, \nser\u00e1n de car\u00e1cter democr\u00e1tico, no podr\u00e1n discriminar en su acceso, se regir\u00e1n por los fines y \nprincipios de este derecho, y tendr\u00e1n prohibida toda forma de lucro. \nEste Sistema promover\u00e1 la diversidad de saberes art\u00edsticos, ecol\u00f3gicos, culturales y \nfilos\u00f3ficos que conviven en el pa\u00eds. \nEl Estado deber\u00e1 brindar oportunidades y apoyos adicionales a quienes est\u00e1n en \nsituaci\u00f3n de discapacidad y en riesgo de exclusi\u00f3n. \nEl Estado deber\u00e1 articular, gestionar y financiar un Sistema de Educaci\u00f3n P\u00fablica, \nde car\u00e1cter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los \nniveles y modalidades educativas. La educaci\u00f3n p\u00fablica constituye el eje estrat\u00e9gico del Sistema \nNacional de Educaci\u00f3n; su ampliaci\u00f3n y fortalecimiento es un deber primordial del Estado. \nEl Estado deber\u00e1 financiar este Sistema de forma permanente, directa, pertinente y \nsuficiente, a trav\u00e9s de aportes basales, a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y \nprincipios de la educaci\u00f3n. \nEs deber del Estado promover el derecho a la educaci\u00f3n permanente a trav\u00e9s de \noportunidades formativas m\u00faltiples, dentro y fuera del Sistema Nacional de Educaci\u00f3n, \nfomentando diversos espacios de desarrollo y aprendizaje integral para todas las personas. \n \n",
    "137": "2",
    "138": "8",
    "139": "3.- Art\u00edculo 18.- La Constituci\u00f3n reconoce el derecho de las y los integrantes de cada \ncomunidad educativa a participar en las definiciones del proyecto educativo y en las decisiones \nde cada establecimiento, as\u00ed como en el dise\u00f1o, implementaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de la pol\u00edtica \neducacional local y nacional para el ejercicio del derecho a la educaci\u00f3n. La ley especificar\u00e1 las \ncondiciones, \u00f3rganos y procedimientos que permitan asegurar la participaci\u00f3n vinculante de las \ny los integrantes de la comunidad educativa. \n \n",
    "140": "2",
    "141": "8",
    "142": "4.- Art\u00edculo 19.- La Constituci\u00f3n garantiza la libertad de ense\u00f1anza y es deber del Estado \nrespetarla. \n\u00c9sta comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el \ntipo de educaci\u00f3n de las personas a su cargo, respetando el inter\u00e9s superior y la autonom\u00eda \nprogresiva de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. \n \nLas y los profesores y educadores son titulares de la libertad de c\u00e1tedra en el ejercicio \nde sus funciones, en el marco de los fines y principios de la educaci\u00f3n. \n \n",
    "143": "2",
    "144": "8",
    "145": "5.- Art\u00edculo 20.- La Constituci\u00f3n reconoce el rol fundamental de las profesoras y profesores, \ncomo profesionales en el Sistema Nacional de Educaci\u00f3n. Asimismo, valora y fomenta la \ncontribuci\u00f3n de las y los educadores y asistentes de la educaci\u00f3n, incluyendo a las y los \neducadores tradicionales. Las y los trabajadores de la educaci\u00f3n son agentes claves para la \ngarant\u00eda del derecho a la educaci\u00f3n. \nEl Estado garantiza el desarrollo del quehacer pedag\u00f3gico y educativo de quienes \ntrabajen en establecimientos que reciban fondos p\u00fablicos, incluyendo su formaci\u00f3n inicial y \ncontinua, su ejercicio reflexivo y colaborativo y la investigaci\u00f3n pedag\u00f3gica, en coherencia con \nlos principios y fines de la educaci\u00f3n. Para esto, otorgar\u00e1 estabilidad en el ejercicio de sus \nfunciones; asegurando condiciones laborales \u00f3ptimas y resguardando su autonom\u00eda profesional. \nLas y los trabajadores de educaci\u00f3n parvularia, b\u00e1sica y media que se desempe\u00f1en \nen establecimientos que reciban recursos del Estado, gozar\u00e1n de los mismos derechos que la ley \ncontemple para su respectiva funci\u00f3n. \n \n",
    "146": "2",
    "147": "8",
    "148": "6.- Art\u00edculo 20 bis.- El ingreso, permanencia y promoci\u00f3n de quienes estudien en la educaci\u00f3n \nsuperior se regir\u00e1 por los principios de equidad e inclusi\u00f3n, con especial atenci\u00f3n a los grupos \nhist\u00f3ricamente excluidos, excluyendo cualquier tipo de discriminaci\u00f3n arbitraria. Los estudios \nde educaci\u00f3n superior, conducentes a t\u00edtulos y grados acad\u00e9micos iniciales, ser\u00e1n gratuitos en las \ninstituciones p\u00fablicas y en aquellas privadas que determine la ley. \n \n",
    "149": "2",
    "150": "8",
    "151": "7.- Art\u00edculo 20 quater.- El Sistema de Educaci\u00f3n Superior estar\u00e1 conformado por las \nUniversidades, Institutos Profesionales, Centros de Formaci\u00f3n T\u00e9cnica, escuelas de formaci\u00f3n \nde las Fuerzas Armadas y Seguridad, adem\u00e1s de las Academias creadas o reconocidas por el \nEstado. Estas instituciones se regir\u00e1n por los principios de la educaci\u00f3n y considerar\u00e1n las \nnecesidades locales, regionales y nacionales. Tendr\u00e1n prohibida toda forma de lucro. \nLas instituciones de educaci\u00f3n superior tienen la misi\u00f3n de ense\u00f1ar, producir y \nsocializar el conocimiento. La Constituci\u00f3n protege la libertad de c\u00e1tedra, la investigaci\u00f3n y la \nlibre discusi\u00f3n de las ideas de los acad\u00e9micos y las acad\u00e9micas de las universidades creadas o \n \nreconocidas por ley. La formaci\u00f3n tendr\u00e1 un enfoque coherente con los fines y principios de la \nEducaci\u00f3n. \nLas instituciones de educaci\u00f3n superior del Estado forman parte del Sistema de \nEducaci\u00f3n P\u00fablica y su financiamiento se sujetar\u00e1 a lo dispuesto por esta Constituci\u00f3n, debiendo \ngarantizar el cumplimiento \u00edntegro de sus funciones de docencia, investigaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n \ncon la sociedad. \nEl Estado velar\u00e1 por el acceso a la educaci\u00f3n superior de todas las personas que \ncumplan los requisitos establecidos por la ley. \n \n",
    "152": "2",
    "153": "8",
    "154": "8.- Art\u00edculo 20 quinquies.- La Constituci\u00f3n reconoce la autonom\u00eda de los pueblos originarios \npara desarrollar sus propios establecimientos e instituciones de conformidad a sus costumbres y \ncultura, respetando los fines y principios de la educaci\u00f3n, y dentro de los marcos del Sistema \nNacional de Educaci\u00f3n establecidos por la ley. \n \n",
    "155": "2",
    "156": "8",
    "157": "9.- Art\u00edculo 21.- Derecho a la alimentaci\u00f3n adecuada. Toda persona tiene derecho a una \nalimentaci\u00f3n saludable, suficiente, nutricionalmente completa, pertinente culturalmente y \nadecuada. Este derecho comprende la garant\u00eda de alimentos especiales para quienes lo requieran \npor motivos de salud. \nEl Estado garantizar\u00e1 en forma continua y permanente la disponibilidad y el acceso \na los alimentos que satisfagan este derecho, especialmente en zonas aisladas geogr\u00e1ficamente. \nAdicionalmente, \nfomentar\u00e1 \nuna \nproducci\u00f3n \nagropecuaria \necol\u00f3gicamente \nsustentable, la agricultura campesina, la pesca artesanal, y promover\u00e1 el patrimonio culinario y \ngastron\u00f3mico del pa\u00eds. \n \n",
    "158": "2",
    "159": "9",
    "160": "0.- Art\u00edculo 22.- Derecho al deporte, la actividad f\u00edsica y las pr\u00e1cticas corporales. Todas \nlas personas tienen derecho al deporte, a la actividad f\u00edsica y a las pr\u00e1cticas corporales. El Estado \ngarantizar\u00e1 el ejercicio de este derecho en sus distintas dimensiones y disciplinas, ya sean \nrecreacionales, educativas, competitivas o de alto rendimiento. Para lograr estos objetivos, se \npodr\u00e1n considerar pol\u00edticas diferenciadas seg\u00fan lo disponga la ley. \nEl Estado reconoce la funci\u00f3n social del deporte, en tanto permite la participaci\u00f3n \ncolectiva, la asociatividad, la integraci\u00f3n e inserci\u00f3n social, as\u00ed como el mantenimiento y mejora \n \nde la salud. La ley asegurar\u00e1 el involucramiento de las personas y comunidades con la pr\u00e1ctica \ndel deporte, incluido el de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en los establecimientos educacionales, as\u00ed \ncomo la participaci\u00f3n en la direcci\u00f3n de las diferentes formas de instituciones deportivas. \nLa ley regular\u00e1 y establecer\u00e1 los principios aplicables a las instituciones p\u00fablicas o \nprivadas que tengan por objeto la gesti\u00f3n del deporte profesional como actividad social, cultural \ny econ\u00f3mica, debiendo garantizar siempre la democracia y participaci\u00f3n vinculante de sus \norganizaciones. \n \n",
    "161": "2",
    "162": "9",
    "163": "1.- Art\u00edculo 23.- Derecho a la igualdad y no discriminaci\u00f3n. La Constituci\u00f3n asegura el \nderecho a la igualdad. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Queda prohibida toda \nforma de esclavitud. \nSe asegura el derecho a la protecci\u00f3n contra toda forma de discriminaci\u00f3n, en \nespecial cuando se funde en uno o m\u00e1s motivos tales como nacionalidad o apatridia, edad, sexo, \norientaci\u00f3n sexual o afectiva, identidad y expresi\u00f3n de g\u00e9nero, diversidad corporal, religi\u00f3n o \ncreencia, etnia, pertenencia a un pueblo y naci\u00f3n ind\u00edgena o tribal, opiniones pol\u00edticas o de \ncualquier otra naturaleza, clase social, ruralidad, situaci\u00f3n migratoria o de refugio, discapacidad, \ncondici\u00f3n de salud mental o f\u00edsica, estado civil, filiaci\u00f3n o cualquier otra condici\u00f3n social. \nSe proh\u00edbe y sanciona toda forma de discriminaci\u00f3n especialmente aquella basada en \nalguna de las categor\u00edas mencionadas anteriormente u otras que tengan por objeto o resultado \nanular o menoscabar la dignidad humana, el goce y ejercicio de los derechos de toda persona. \nEl Estado deber\u00e1 respetar, proteger, promover y garantizar los derechos \nfundamentales, sin discriminaci\u00f3n. \nLa ley determinar\u00e1 las medidas de prevenci\u00f3n, prohibici\u00f3n, sanci\u00f3n y reparaci\u00f3n de \ntodas las formas de discriminaci\u00f3n, en los \u00e1mbitos p\u00fablico y privado, as\u00ed como los mecanismos \npara garantizar la igualdad material y sustantiva entre todas las personas. \nEl Estado deber\u00e1 adoptar todas las medidas necesarias, incluidos los ajustes \nrazonables, para corregir y superar la desventaja o el sometimiento de una persona o grupo. \nLos \u00f3rganos del Estado deber\u00e1n tener especialmente en consideraci\u00f3n los casos en \nque confluyan, respecto de una persona, m\u00e1s de una categor\u00eda, condici\u00f3n o criterio de los \nse\u00f1alados en el inciso segundo. \nLa Constituci\u00f3n asegura a todas las personas la igualdad ante la ley. \n \n",
    "164": "2",
    "165": "9",
    "166": "2.- Art\u00edculo 24.-Toda persona y pueblo tiene el derecho a comunicarse en su propia lengua en \ntodo espacio. Todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a usar las lenguas. \nNinguna persona o grupo podr\u00e1 ser discriminado por razones ling\u00fc\u00edsticas. \n \n",
    "167": "2",
    "168": "9",
    "169": "3.- Art\u00edculo 25.- Derecho a la consulta de los pueblos y naciones ind\u00edgenas. Los pueblos y \nnaciones ind\u00edgenas tienen el derecho a ser consultados previamente a la adopci\u00f3n de medidas \nadministrativas y legislativas que les afectasen. El Estado garantiza los medios para la efectiva \nparticipaci\u00f3n de \u00e9stos, a trav\u00e9s de sus instituciones representativas, de forma previa y libre, \nmediante procedimientos apropiados, informados y de buena fe. \n \n",
    "170": "2",
    "171": "9",
    "172": "4.- Art\u00edculo 26.- Derecho humano al agua y al saneamiento. La Constituci\u00f3n garantiza a \ntodas las personas el derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible \ny accesible. Es deber del Estado garantizar estos derechos para las actuales y futuras \ngeneraciones. \nEl Estado velar\u00e1 por la satisfacci\u00f3n de este derecho atendiendo las necesidades de las \npersonas en sus distintos contextos. \n \n",
    "173": "2",
    "174": "9",
    "175": "5.- Art\u00edculo 27.- Derecho a la autodeterminaci\u00f3n informativa. Toda persona tiene derecho \na la protecci\u00f3n de los datos personales. Este derecho comprende la facultad de acceder a los datos \nrecogidos que le conciernen, ser informada y oponerse al tratamiento de sus datos y a obtener su \nrectificaci\u00f3n, cancelaci\u00f3n y portabilidad, sin perjuicio de otros que establezca la ley. \nEl tratamiento de datos personales s\u00f3lo podr\u00e1 efectuarse en los casos que establezca \nla ley, sujet\u00e1ndose a los principios de licitud, lealtad, calidad, transparencia, seguridad, limitaci\u00f3n \nde la finalidad y minimizaci\u00f3n de datos. \n \n \n \n \n********* \n \n"
  },
  "6": {
    "1": "CAP\u00cdTULO (COM 5) \nMEDIO AMBIENTE \n\u00a7CRISIS CLIM\u00c1TICA \n \n",
    "2": "2",
    "3": "9",
    "4": "6.- Art\u00edculo 1. Crisis clim\u00e1tica y ecol\u00f3gica. Es deber del Estado adoptar acciones de \nprevenci\u00f3n, adaptaci\u00f3n, y mitigaci\u00f3n de los riesgos, vulnerabilidades y efectos provocados por \nla crisis clim\u00e1tica y ecol\u00f3gica. \nEl Estado promover\u00e1 el di\u00e1logo, cooperaci\u00f3n y solidaridad internacional para \nadaptarse, mitigar y afrontar la crisis clim\u00e1tica y ecol\u00f3gica y proteger la Naturaleza. \n \n",
    "5": "2",
    "6": "9",
    "7": "7.- Art\u00edculo 4.- De los derechos de la Naturaleza. La Naturaleza tiene derecho a que se \nrespete y proteja su existencia, a la regeneraci\u00f3n, a la mantenci\u00f3n y a la restauraci\u00f3n de sus \nfunciones y equilibrios din\u00e1micos, que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la \nbiodiversidad. \nEl Estado a trav\u00e9s de sus instituciones debe garantizar y promover los derechos de la \nNaturaleza seg\u00fan lo determine la Constituci\u00f3n y las Leyes. \n \n",
    "8": "2",
    "9": "9",
    "10": "8.- Art\u00edculo 9.- La Ley podr\u00e1 establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos o \nlibertades para proteger el medio ambiente y la Naturaleza. \n \n",
    "11": "2",
    "12": "9",
    "13": "9.- Art\u00edculo 12 A.- Son bienes comunes naturales el mar territorial y su fondo marino; las \nplayas; las aguas, glaciares y humedales; los campos geot\u00e9rmicos; el aire y la atm\u00f3sfera; la alta \nmonta\u00f1a, las \u00e1reas protegidas y los bosques nativos; el subsuelo, y los dem\u00e1s que declaren la \nConstituci\u00f3n y la ley. \nEntre estos bienes son inapropiables el agua en todos sus estados y el aire, los \nreconocidos por el derecho internacional y los que la Constituci\u00f3n o las leyes declaren como \ntales. \n \n \n",
    "14": "3",
    "15": "0",
    "16": "0.- Art\u00edculo 12 B.- Trat\u00e1ndose de los bienes comunes naturales que sean inapropiables, el \nEstado deber\u00e1 preservarlos, conservarlos y, en su caso, restaurarlos. Deber\u00e1, asimismo, \nadministrarlos de forma democr\u00e1tica, solidaria, participativa y equitativa. \nRespecto de aquellos bienes comunes naturales que se encuentren en el dominio \nprivado, el deber de custodia del Estado implica la facultad de regular su uso y goce, con las \nfinalidades establecidas en el art\u00edculo primero. \n \n",
    "17": "3",
    "18": "0",
    "19": "1.- Art\u00edculo 12 C.- Cualquier persona podr\u00e1 exigir el cumplimiento de los deberes \nconstitucionales de custodia de los bienes comunes naturales. La ley determinar\u00e1 el \nprocedimiento y los requisitos de esta acci\u00f3n. \n \n",
    "20": "3",
    "21": "0",
    "22": "2.- Art\u00edculo 12 D.- El Estado podr\u00e1 otorgar autorizaciones administrativas para el uso de los \nbienes comunes naturales inapropiables, conforme a la ley, de manera temporal, sujeto a causales \nde caducidad, extinci\u00f3n y revocaci\u00f3n, con obligaciones espec\u00edficas de conservaci\u00f3n, justificadas \nen el inter\u00e9s p\u00fablico, la protecci\u00f3n de la naturaleza y el beneficio colectivo. Estas autorizaciones, \nya sean individuales o colectivas, no generan derechos de propiedad. \n \n",
    "23": "3",
    "24": "0",
    "25": "3.- Art\u00edculo 19.- Acceso responsable a la Naturaleza. Se reconoce a todas las personas el \nderecho de acceso responsable y universal a las monta\u00f1as, riberas de r\u00edos, mar, playas, lagos, \nlagunas y humedales, entre otros que defina la ley. \n(Inciso tercero) La ley regular\u00e1 el ejercicio de este derecho, las obligaciones de los \npropietarios aleda\u00f1os y el r\u00e9gimen de responsabilidad aplicable, entre otros. \n \n",
    "26": "3",
    "27": "0",
    "28": "4.- Art\u00edculo 20.- De la gesti\u00f3n de residuos. Es deber del Estado normar y fomentar la gesti\u00f3n, \nreducci\u00f3n y valorizaci\u00f3n de residuos, en la forma que determine la Ley. \n \n",
    "29": "3",
    "30": "0",
    "31": "5.- Art\u00edculo 23. De los animales. Los animales son sujetos de especial protecci\u00f3n. El Estado \nlos proteger\u00e1, reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. \nEl Estado y sus organismos promover\u00e1n una educaci\u00f3n basada en la empat\u00eda y en el \nrespeto hacia los animales. \n \n \n",
    "32": "3",
    "33": "0",
    "34": "6.- Art\u00edculo 23B.- El Estado protege la biodiversidad, debiendo preservar, conservar y \nrestaurar el h\u00e1bitat de las especies nativas silvestres, en tal cantidad y distribuci\u00f3n que sostenga \nadecuadamente la viabilidad de sus poblaciones y asegure las condiciones para su supervivencia \ny no extinci\u00f3n. \n \n",
    "35": "3",
    "36": "0",
    "37": "7.- Art\u00edculo 26. - Principios ambientales. Son principios para la protecci\u00f3n de la Naturaleza \ny el medio ambiente, a lo menos, los principios de progresividad, precautorio, preventivo, justicia \nambiental, solidaridad intergeneracional, responsabilidad y acci\u00f3n clim\u00e1tica justa. \n \n",
    "38": "3",
    "39": "0",
    "40": "8.- Art\u00edculo 33. Democracia ambiental. Se reconoce el derecho de participaci\u00f3n informada \nen materias ambientales. Los mecanismos de participaci\u00f3n ser\u00e1n determinados por ley. \nTodas las personas tienen derecho a acceder a la informaci\u00f3n ambiental que conste \nen poder o custodia del Estado. Los particulares deber\u00e1n entregar la informaci\u00f3n ambiental \nrelacionada con su actividad, en los t\u00e9rminos que establezca la ley. \n \n********* \n \n\u201c\u00a7 Estatuto constitucional de las aguas \n \n",
    "41": "3",
    "42": "0",
    "43": "9.- Art\u00edculo 1.- El Estado debe proteger las aguas, en todos sus estados y fases, y su ciclo \nhidrol\u00f3gico. El agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la \nNaturaleza. \nSiempre prevalecer\u00e1 el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el \nequilibrio de los ecosistemas. La ley determinar\u00e1 los dem\u00e1s usos. \n \n",
    "44": "3",
    "45": "1",
    "46": "0.- Art\u00edculo 2.- El Estado velar\u00e1 por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso \nde agua ser\u00e1n otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas, de car\u00e1cter incomerciable, \nconcedidas bas\u00e1ndose en la disponibilidad efectiva de las aguas, y obligar\u00e1n al titular al uso que \njustifica su otorgamiento. \n \n \n",
    "47": "3",
    "48": "1",
    "49": "1.- Art\u00edculo 3.- El Estado asegurar\u00e1 un sistema de gobernanza de las aguas participativo y \ndescentralizado, a trav\u00e9s del manejo integrado de cuencas, y siendo la cuenca hidrogr\u00e1fica la \nunidad m\u00ednima de gesti\u00f3n. \nLos Consejos de Cuenca ser\u00e1n los responsables de la administraci\u00f3n de las aguas, sin \nperjuicio de la supervigilancia y dem\u00e1s atribuciones de la Agencia Nacional de las Aguas y otras \ninstituciones competentes. \nLa ley regular\u00e1 las atribuciones, funcionamiento y composici\u00f3n de los Consejos. Esta \ndeber\u00e1 considerar, a lo menos, la presencia de los titulares de autorizaciones de aguas, la sociedad \ncivil y las entidades territoriales con presencia en la respectiva cuenca, velando que ning\u00fan actor \npueda alcanzar el control por s\u00ed solo. \nLos Consejos podr\u00e1n coordinarse y asociarse cuando sea pertinente. En aquellos \ncasos en que no se constituya un Consejo, la administraci\u00f3n ser\u00e1 determinada por la Agencia \nNacional de Agua. \n \n",
    "50": "3",
    "51": "1",
    "52": "2.- Art\u00edculo 4.- La Constituci\u00f3n reconoce a los pueblos y naciones ind\u00edgenas el uso tradicional \nde las aguas situadas en autonom\u00edas territoriales ind\u00edgenas o territorios ind\u00edgenas. Es deber del \nEstado garantizar su protecci\u00f3n, integridad y abastecimiento, en conformidad a la Constituci\u00f3n \ny la ley. \n \n",
    "53": "3",
    "54": "1",
    "55": "3.- Art\u00edculo 5.- El Estado deber\u00e1 promover y proteger la gesti\u00f3n comunitaria de agua potable \ny saneamiento, especialmente en \u00e1reas y territorios rurales y extremos, en conformidad a la ley. \n \n",
    "56": "3",
    "57": "1",
    "58": "4.- Art\u00edculo 9.- El mar territorial y las playas son bienes comunes naturales inapropiables. \n \n",
    "59": "3",
    "60": "1",
    "61": "5.- Art\u00edculo 11.- El Estado garantiza la protecci\u00f3n de los glaciares y del entorno glaciar, \nincluyendo los suelos congelados y sus funciones ecosist\u00e9micas. \n \n",
    "62": "3",
    "63": "1",
    "64": "6.- Art\u00edculo 12.- El territorio chileno ant\u00e1rtico, incluyendo sus espacios mar\u00edtimos, es un \nterritorio especial y zona fronteriza en el cual Chile ejerce respectivamente soberan\u00eda y derechos \nsoberanos, con pleno respeto a los tratados ratificados y vigentes. El Estado deber\u00e1 conservar, \n \nproteger y cuidar la Ant\u00e1rtica, mediante una pol\u00edtica fundada en el conocimiento y orientada a la \ninvestigaci\u00f3n cient\u00edfica, la colaboraci\u00f3n internacional y la paz. \n \n",
    "65": "3",
    "66": "1",
    "67": "7.- Art\u00edculo Nuevo.- Los bienes comunes naturales son elementos o componentes de la \nNaturaleza sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia con el fin de asegurar \nlos derechos de la Naturaleza y el inter\u00e9s de las generaciones presentes y futuras. \n \n",
    "68": "3",
    "69": "1",
    "70": "8.- Art\u00edculo 13.- De los humedales, bosques nativos y suelos. El Estado, como custodio de \nlos humedales, bosques nativos y suelos, asegurar\u00e1 la integridad de estos ecosistemas, sus \nfunciones, procesos y conectividad h\u00eddrica. \n \n",
    "71": "3",
    "72": "1",
    "73": "9.- Art\u00edculo 14.- De las \u00c1reas Protegidas. El Estado, a trav\u00e9s de un sistema nacional de \u00e1reas \nprotegidas, \u00fanico, integral y de car\u00e1cter t\u00e9cnico deber\u00e1 garantizar la preservaci\u00f3n, restauraci\u00f3n y \nla conservaci\u00f3n de espacios naturales. Asimismo, deber\u00e1 monitorear y mantener informaci\u00f3n \nactualizada relativa a los atributos de dichas \u00e1reas, y garantizar la participaci\u00f3n de las \ncomunidades locales y entidades territoriales. \n \n",
    "74": "3",
    "75": "2",
    "76": "0.- Art\u00edculo 15.- Los planes de ordenamiento y planificaci\u00f3n ecol\u00f3gica del territorio \npriorizar\u00e1n la protecci\u00f3n de las partes altas de las cuencas, glaciares, zonas de recarga natural de \nacu\u00edferos y ecosistemas. Estos podr\u00e1n crear zonas de amortiguamiento para las \u00e1reas de \nprotecci\u00f3n ambiental. \n \n",
    "77": "3",
    "78": "2",
    "79": "1.- Art\u00edculo 17.- Es deber del Estado asegurar la soberan\u00eda y seguridad alimentaria. Para esto \npromover\u00e1 la producci\u00f3n, distribuci\u00f3n y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la \nalimentaci\u00f3n sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecol\u00f3gicamente \nresponsables. \n \n",
    "80": "3",
    "81": "2",
    "82": "2.- Art\u00edculo 18.- El Estado garantiza el derecho de campesinas, campesinos y pueblos \noriginarios al libre uso e intercambio de semillas tradicionales \n \n",
    "83": "3",
    "84": "2",
    "85": "3.- Art\u00edculo 21.- Toda persona tiene derecho a un m\u00ednimo vital de energ\u00eda asequible y segura. \n \nEs deber del Estado garantizar el acceso equitativo y no discriminatorio a la energ\u00eda \nque permita a las personas satisfacer sus necesidades, velando por la continuidad de los servicios \nenerg\u00e9ticos. \nEl Estado deber\u00e1 regular y fomentar una matriz energ\u00e9tica distribuida, \ndescentralizada y diversificada, basada en energ\u00edas renovables y de bajo impacto ambiental. \nLa infraestructura energ\u00e9tica es de inter\u00e9s p\u00fablico. \nEl Estado fomentar\u00e1 y proteger\u00e1 las empresas cooperativas de energ\u00eda y el \nautoconsumo. \n \n\u00a7 Estatuto constitucional de los minerales \n \n",
    "86": "3",
    "87": "2",
    "88": "4.- Art\u00edculo 22.- El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible \nde todas las minas y las sustancias minerales, met\u00e1licas, no met\u00e1licas, y los dep\u00f3sitos de \nsustancias f\u00f3siles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad \nsobre los terrenos en que estuvieren situadas. \nLa exploraci\u00f3n, explotaci\u00f3n y aprovechamiento de estas sustancias se sujetar\u00e1 a una \nregulaci\u00f3n que considere su car\u00e1cter finito, no renovable, de inter\u00e9s p\u00fablico intergeneracional y \nla protecci\u00f3n ambiental. \n \n",
    "89": "3",
    "90": "2",
    "91": "5.- Art\u00edculo 23.- El Estado establecer\u00e1 una pol\u00edtica para la actividad minera y su \nencadenamiento productivo, la que considerar\u00e1, a lo menos, la protecci\u00f3n ambiental y social, la \ninnovaci\u00f3n, la generaci\u00f3n de valor agregado, el acceso y uso de tecnolog\u00eda y la protecci\u00f3n de la \npeque\u00f1a miner\u00eda y pirquineros. \n \n",
    "92": "3",
    "93": "2",
    "94": "6.- Art\u00edculo 24.- Quedar\u00e1n excluidos de toda actividad minera los glaciares, las \u00e1reas \nprotegidas, las que por razones de protecci\u00f3n hidrogr\u00e1fica establezca la ley, y las dem\u00e1s que ella \ndeclare. \n \n",
    "95": "3",
    "96": "2",
    "97": "7.- Art\u00edculo Nuevo. Lo dispuesto en el inciso primero del art\u00edculo 22 no se aplicar\u00e1 a las \narcillas superficiales. \n \n \n",
    "98": "3",
    "99": "2",
    "100": "8.- Art\u00edculo 25.- El Estado deber\u00e1 regular los impactos y efectos sin\u00e9rgicos generados en las \ndistintas etapas de la actividad minera, incluyendo su encadenamiento productivo, cierre o \nparalizaci\u00f3n, en la forma que establezca la ley. Ser\u00e1 obligaci\u00f3n de quien realice la actividad \nminera destinar recursos para reparar los da\u00f1os causados, los pasivos ambientales y mitigar sus \nefectos nocivos en los territorios en que \u00e9sta se desarrolla, de acuerdo a la ley. La ley especificar\u00e1 \nel modo en que esta obligaci\u00f3n se aplicar\u00e1 a la peque\u00f1a miner\u00eda y pirquineros. \n \n",
    "101": "3",
    "102": "2",
    "103": "9.- Art\u00edculo 28 A bis. El Estado adoptar\u00e1 las medidas necesarias para proteger la peque\u00f1a \nminer\u00eda y pirquineros, las fomentar\u00e1 y facilitar\u00e1 el acceso y uso de las herramientas, tecnolog\u00edas \ny recursos para el ejercicio tradicional y sustentable de la actividad. \n \n",
    "104": "3",
    "105": "3",
    "106": "0.- Art\u00edculo 30.- Es deber del Estado contribuir y cooperar internacionalmente en la \ninvestigaci\u00f3n del espacio con fines pac\u00edficos y cient\u00edficos. \nEl Estado impulsar\u00e1 medidas para conservar la atm\u00f3sfera y el cielo nocturno, seg\u00fan \nlas necesidades territoriales. \n \n",
    "107": "3",
    "108": "3",
    "109": "1.- Art\u00edculo 32.- El Estado participa en la econom\u00eda para cumplir con los objetivos \nestablecidos en esta Constituci\u00f3n. \nEl rol econ\u00f3mico del Estado se fundar\u00e1, de manera coordinada y coherente, en los \nprincipios y objetivos econ\u00f3micos de solidaridad, diversificaci\u00f3n productiva, econom\u00eda social y \nsolidaria y pluralismo econ\u00f3mico. \nEl Estado regula, fiscaliza, fomenta y desarrolla actividades econ\u00f3micas, \ndisponiendo de sus potestades p\u00fablicas, en el marco de sus atribuciones y competencias, en \nconformidad a lo establecido en esta Constituci\u00f3n y la ley. \nEl Estado fomentar\u00e1 la innovaci\u00f3n, los mercados locales, los circuitos cortos y la \neconom\u00eda circular. \n \n",
    "110": "3",
    "111": "3",
    "112": "2.- Art\u00edculo 34.- El Estado tendr\u00e1 iniciativa p\u00fablica en la actividad econ\u00f3mica. Para ello, podr\u00e1 \ndesarrollar actividades empresariales, las que podr\u00e1n adoptar diversas formas de propiedad, \ngesti\u00f3n y organizaci\u00f3n seg\u00fan determine la normativa respectiva. \n \nLas empresas p\u00fablicas se deber\u00e1n crear por ley y se regir\u00e1n por el r\u00e9gimen jur\u00eddico \nque \u00e9sta determine. \nSin perjuicio de esto, en lo pertinente, ser\u00e1n aplicables las normas de derecho p\u00fablico \nsobre probidad y rendici\u00f3n de cuentas. \n \n",
    "113": "3",
    "114": "3",
    "115": "3.- Art\u00edculo nuevo. El Estado tendr\u00e1 el deber de fijar una Pol\u00edtica Nacional Portuaria, la cual \nse organizar\u00e1 en torno a los principios de eficiencia en el uso del borde costero; responsabilidad \nambiental, poniendo especial \u00e9nfasis en el cuidado de la naturaleza y bienes comunes naturales; \nla participaci\u00f3n p\u00fablica de los recursos que genere la actividad; la vinculaci\u00f3n con territorios y \ncomunidades donde se emplacen los recintos portuarios; establecimiento de la carrera profesional \nportuaria, reconoci\u00e9ndose como trabajo de alto riesgo; y la colaboraci\u00f3n entre recintos e \ninfraestructura portuaria para asegurar el oportuno abastecimiento de las comunidades. \n \n",
    "116": "3",
    "117": "3",
    "118": "4.- Art\u00edculo 43.- El Estado debe prevenir y sancionar los abusos en los mercados. \n \n",
    "119": "3",
    "120": "3",
    "121": "5.- Art\u00edculo 47.- Todas las personas tienen el derecho a un ambiente sano y ecol\u00f3gicamente \nequilibrado. El Estado debe garantizar este derecho. \n \n",
    "122": "3",
    "123": "3",
    "124": "6.- Art\u00edculo 48.- El Estado garantiza el acceso a la justicia ambiental. \n \n",
    "125": "3",
    "126": "3",
    "127": "7.- Art\u00edculo 49.- Todas las personas tienen el derecho al aire limpio durante todo el ciclo de \nvida, en la forma que determine la ley. \n \n",
    "128": "3",
    "129": "3",
    "130": "8.- Art\u00edculo 51.- Es deber del Estado garantizar una educaci\u00f3n ambiental que fortalezca la \npreservaci\u00f3n, conservaci\u00f3n y cuidados requeridos respecto al medio ambiente y la Naturaleza, y \nque permita formar conciencia ecol\u00f3gica. \n \n********* \n \n \n \n \n \n"
  },
  "7": {
    "1": "CAP\u00cdTULO (COM 6) \nSISTEMAS DE JUSTICIA \n \n",
    "2": "3",
    "3": "3",
    "4": "9.- Art\u00edculo 1.- La funci\u00f3n jurisdiccional. La jurisdicci\u00f3n es una funci\u00f3n p\u00fablica que se \nejerce en nombre de los pueblos y que consiste en conocer y juzgar, por medio de un debido \nproceso los conflictos de relevancia jur\u00eddica y hacer ejecutar lo resuelto, de conformidad a la \nConstituci\u00f3n y las leyes, as\u00ed como los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos \nhumanos de los que Chile es parte. \nSe ejerce exclusivamente por los tribunales de justicia y las autoridades de los \npueblos ind\u00edgenas reconocidos por la Constituci\u00f3n o las leyes dictadas conforme a ella. \nAl ejercer la jurisdicci\u00f3n se debe velar por la tutela y promoci\u00f3n de los derechos \nhumanos y de la naturaleza, del sistema democr\u00e1tico y el principio de juridicidad. \n \n",
    "5": "3",
    "6": "4",
    "7": "0.- Art\u00edculo 2.- Pluralismo jur\u00eddico. El Estado reconoce los sistemas jur\u00eddicos de los Pueblos \nInd\u00edgenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinaci\u00f3n coexisten coordinados en un \nplano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deber\u00e1n respetar los derechos \nfundamentales que establece esta Constituci\u00f3n y los tratados e instrumentos internacionales sobre \nderechos humanos de los que Chile es parte. La ley determinar\u00e1 los mecanismos de coordinaci\u00f3n, \ncooperaci\u00f3n y de resoluci\u00f3n de conflictos de competencia entre los sistemas jur\u00eddicos ind\u00edgenas \ny las entidades estatales. \n \n",
    "8": "3",
    "9": "4",
    "10": "1.- Art\u00edculo 3.- Independencia jurisdiccional, imparcialidad y exclusividad. Las juezas y \njueces que ejercen jurisdicci\u00f3n son independientes entre s\u00ed y de todo otro poder o autoridad, \ndebiendo actuar y resolver de forma imparcial. En sus providencias, s\u00f3lo est\u00e1n sometidos al \nimperio de la ley. \nLa funci\u00f3n jurisdiccional la ejercen exclusivamente los tribunales establecidos por \nley. Ning\u00fan otro \u00f3rgano del Estado, persona o grupo de personas, podr\u00e1n ejercer la funci\u00f3n \njurisdiccional, conocer causas pendientes, modificar los fundamentos o el contenido de las \nresoluciones judiciales o reabrir procesos concluidos. \nLas juezas y jueces no podr\u00e1n desempe\u00f1ar ninguna otra funci\u00f3n o empleo, salvo \nactividades acad\u00e9micas en los t\u00e9rminos que establezca la ley. \n \nLas juezas y jueces s\u00f3lo ejercer\u00e1n la funci\u00f3n jurisdiccional, no pudiendo desempe\u00f1ar \nfunci\u00f3n administrativa ni legislativa alguna. \nLas juezas y jueces no podr\u00e1n militar en partidos pol\u00edticos. \n \n",
    "11": "3",
    "12": "4",
    "13": "2.- Art\u00edculo 4.- De la inamovilidad. Las juezas y jueces son inamovibles. No pueden ser \nsuspendidos, trasladados o removidos sino conforme a las causales y procedimientos establecidos \npor la Constituci\u00f3n y las leyes. \n \n\u00a7 Principios generales \n \n",
    "14": "3",
    "15": "4",
    "16": "3.- Art\u00edculo 5.- Derecho de acceso a la justicia. La Constituci\u00f3n garantiza el pleno acceso a \nla justicia a todas las personas y colectivos. Es deber del Estado remover los obst\u00e1culos sociales, \nculturales y econ\u00f3micos que impidan o limiten la posibilidad de acudir a los \u00f3rganos \njurisdiccionales para la tutela y el ejercicio de sus derechos. \nLos tribunales deben brindar una atenci\u00f3n adecuada a quienes presenten peticiones o \nconsultas ante ellos, otorgando siempre un trato digno y respetuoso. Una ley establecer\u00e1 sus \nderechos y deberes. \n \n",
    "17": "3",
    "18": "4",
    "19": "4.- Art\u00edculo 6.- Tutela jurisdiccional efectiva. Todas las personas tienen derecho a requerir \nde los tribunales de justicia la tutela efectiva de sus derechos e intereses leg\u00edtimos, de manera \noportuna y eficaz conforme a los principios y est\u00e1ndares reconocidos en la Constituci\u00f3n y las \nleyes. \n \n",
    "20": "3",
    "21": "4",
    "22": "5.- Art\u00edculo 7.- Inexcusabilidad e indelegabilidad. Reclamada su intervenci\u00f3n en la forma \nlegal y sobre materias de su competencia, los tribunales no podr\u00e1n excusarse de ejercer su funci\u00f3n \nen un tiempo razonable ni a\u00fan a falta de norma jur\u00eddica expresa que resuelva el asunto sometido \na su decisi\u00f3n. \nEl ejercicio de la jurisdicci\u00f3n es indelegable. \n \n",
    "23": "3",
    "24": "4",
    "25": "6.- Art\u00edculo 8.- Ejecuci\u00f3n de las resoluciones. Para hacer ejecutar las resoluciones y practicar \no hacer practicar las actuaciones que determine la ley, los tribunales de justicia podr\u00e1n impartir \n \n\u00f3rdenes o instrucciones directas a la fuerza p\u00fablica, debiendo cumplir lo mandatado de forma \nr\u00e1pida y expedita, sin poder calificar su fundamento, oportunidad o legalidad. \nLas sentencias dictadas contra el Estado de Chile por tribunales internacionales de \nderechos humanos, cuya jurisdicci\u00f3n ha sido reconocida por \u00e9ste, ser\u00e1n cumplidas por los \ntribunales de justicia conforme al procedimiento establecido por la ley, aun si contraviniere una \nsentencia firme pronunciada por estos. \n \n",
    "26": "3",
    "27": "4",
    "28": "7.- Art\u00edculo 9.- Fundamentaci\u00f3n y lenguaje claro. Las sentencias deber\u00e1n ser siempre \nfundadas y redactadas en un lenguaje claro e inclusivo. La ley podr\u00e1 establecer excepciones al \ndeber de fundamentaci\u00f3n de las resoluciones judiciales. \n \n",
    "29": "3",
    "30": "4",
    "31": "8.- Art\u00edculo 10.- Gratuidad. El acceso a la funci\u00f3n jurisdiccional ser\u00e1 gratuito, sin perjuicio \nde las actuaciones judiciales y sanciones procesales establecidas por la ley. \nLa justicia arbitral ser\u00e1 siempre voluntaria. La ley no podr\u00e1 establecer arbitrajes \nforzosos. \n \n",
    "32": "3",
    "33": "4",
    "34": "9.- Art\u00edculo 11.- Principio de responsabilidad jurisdiccional. Las juezas y jueces son \npersonalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial \nde las leyes que reglan el procedimiento, y, en general, por toda prevaricaci\u00f3n, denegaci\u00f3n o \ntorcida administraci\u00f3n de justicia. La ley determinar\u00e1 los casos y el modo de hacer efectiva esta \nresponsabilidad. \nLos perjuicios por error judicial otorgar\u00e1n el derecho a una indemnizaci\u00f3n por el \nEstado, conforme al procedimiento establecido en la Constituci\u00f3n y las leyes. \n \n",
    "35": "3",
    "36": "5",
    "37": "0.- Art\u00edculo 12.- En los procesos en que intervengan ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes, se deber\u00e1 \nprocurar el resguardo de su identidad. \nLos principios de probidad y de transparencia ser\u00e1n aplicables a todas las personas \nque ejercen jurisdicci\u00f3n en el pa\u00eds. La ley establecer\u00e1 las responsabilidades correspondientes en \ncaso de infracci\u00f3n a esta disposici\u00f3n. \n \n \n",
    "38": "3",
    "39": "5",
    "40": "1.- Art\u00edculo 13.- Principio de Justicia Abierta. La funci\u00f3n jurisdiccional se basa en los \nprincipios rectores de la Justicia Abierta, que se manifiesta en la transparencia, participaci\u00f3n y \ncolaboraci\u00f3n, con el fin de garantizar el Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer \nla democracia. \n \n",
    "41": "3",
    "42": "5",
    "43": "2.- Art\u00edculo 14.- Paridad y perspectiva de g\u00e9nero. La funci\u00f3n jurisdiccional se regir\u00e1 por \nlos principios de paridad y perspectiva de g\u00e9nero. Todos los \u00f3rganos y personas que intervienen \nen la funci\u00f3n jurisdiccional deben garantizar la igualdad sustantiva. \nEl Estado garantiza que los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia \nrespeten el principio de paridad en todos los \u00f3rganos de la jurisdicci\u00f3n, incluyendo la designaci\u00f3n \nde las presidencias. \nLos tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de g\u00e9nero. \n \n",
    "44": "3",
    "45": "5",
    "46": "3.- Art\u00edculo 15.- Plurinacionalidad, pluralismo jur\u00eddico e interculturalidad. La funci\u00f3n \njurisdiccional se define en su estructura, integraci\u00f3n y procedimientos conforme a los principios \nde plurinacionalidad, pluralismo jur\u00eddico e interculturalidad. \nCuando se trate de personas ind\u00edgenas, los tribunales y sus funcionarios deber\u00e1n \nadoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resoluci\u00f3n de las materias de su \ncompetencia, tomando debidamente en consideraci\u00f3n las costumbres, tradiciones, protocolos y \nlos sistemas normativos de los pueblos ind\u00edgenas, conforme a los tratados e instrumentos \ninternacionales de derechos humanos de los que Chile es parte. \n \n",
    "47": "3",
    "48": "5",
    "49": "4.- Art\u00edculo 16.- Mecanismos Colaborativos de Resoluci\u00f3n de Conflictos. Es deber del \nEstado promover e implementar mecanismos colaborativos de resoluci\u00f3n de conflictos que \ngaranticen la participaci\u00f3n activa y el di\u00e1logo. \nS\u00f3lo la ley podr\u00e1 determinar los requisitos y efectos de los mecanismos alternativos \nde resoluci\u00f3n de conflictos. \n \n********* \n \n \n \n \n\u201c\u00a7 De los Tribunales del Sistema Nacional de Justicia \n \n",
    "50": "3",
    "51": "5",
    "52": "5.- Art\u00edculo 1.- Principio de unidad jurisdiccional. Los tribunales de justicia se estructuran \nconforme al principio de unidad jurisdiccional como base de su organizaci\u00f3n y funcionamiento, \nestando sujetos al mismo estatuto jur\u00eddico y principios. \n \n",
    "53": "3",
    "54": "5",
    "55": "6.- Art\u00edculo 2.- Diferenciaci\u00f3n funcional y estatuto com\u00fan de los tribunales. Las y los \nintegrantes de los \u00f3rganos jurisdiccionales, unipersonales o colegiados, se denominar\u00e1n juezas o \njueces. No existir\u00e1 jerarqu\u00eda entre quienes ejercen jurisdicci\u00f3n y s\u00f3lo se diferenciar\u00e1n por la \nfunci\u00f3n que desempe\u00f1en. Las juezas o jueces no recibir\u00e1n tratamiento honor\u00edfico alguno. \nS\u00f3lo la ley podr\u00e1 establecer cargos de jueces y juezas. La Corte Suprema y las Cortes \nde Apelaciones no podr\u00e1n ser integradas por personas que no tengan la calidad de juezas o jueces \ntitulares, interinos, suplentes o subrogantes. \nLa planta de personal y organizaci\u00f3n administrativa interna de los tribunales ser\u00e1 \nestablecida por la ley. \n \n",
    "56": "3",
    "57": "5",
    "58": "7.- Art\u00edculo 3.- Cesaci\u00f3n de juezas y jueces. Las juezas y jueces cesan en sus cargos por \nalcanzar los setenta a\u00f1os de edad, por renuncia, por constatarse una incapacidad legal \nsobreviniente o por remoci\u00f3n. \n \n",
    "59": "3",
    "60": "5",
    "61": "8.- Art\u00edculo 4.- Fuero. Las juezas y los jueces no podr\u00e1n ser acusados o privados de libertad, \nsalvo el caso de delito flagrante, si la Corte de Apelaciones correspondiente no declara admisible \nuno o m\u00e1s cap\u00edtulos de la acusaci\u00f3n respectiva. La resoluci\u00f3n que se pronuncie sobre la querella \nde cap\u00edtulos ser\u00e1 apelable para ante la Corte Suprema. Encontr\u00e1ndose firme la resoluci\u00f3n que \nacoge la querella, el procedimiento penal continuar\u00e1 de acuerdo a las reglas generales y la jueza \no el juez quedar\u00e1 suspendido del ejercicio de sus funciones. \n \n",
    "62": "3",
    "63": "5",
    "64": "9.- Art\u00edculo 5.- Autonom\u00eda financiera. El Sistema Nacional de Justicia gozar\u00e1 de autonom\u00eda \nfinanciera. Anualmente, se destinar\u00e1n en la Ley de Presupuestos del Estado los fondos necesarios \npara su adecuado funcionamiento. \n \n \n",
    "65": "3",
    "66": "6",
    "67": "0.- Art\u00edculo 6.- Publicidad. Todas las etapas de los procedimientos y las resoluciones \njudiciales son p\u00fablicas. Excepcionalmente, la ley podr\u00e1 establecer su reserva o secreto en casos \ncalificados. \n \n",
    "68": "3",
    "69": "6",
    "70": "1.- Art\u00edculo 7.- Principio de proximidad e itinerancia. Los tribunales, con la finalidad de \ngarantizar el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, podr\u00e1n funcionar en localidades \nsituadas fuera de su lugar de asiento, siempre dentro de su territorio jurisdiccional. \n \n",
    "71": "3",
    "72": "6",
    "73": "2.- Art\u00edculo 8.- De los tribunales. El Sistema Nacional de Justicia est\u00e1 integrado por la justicia \nvecinal, los tribunales de instancia, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. \nTodos los tribunales estar\u00e1n sometidos, a lo menos cada cinco a\u00f1os, a una revisi\u00f3n \nintegral de la gesti\u00f3n por el Consejo de la Justicia, que incluir\u00e1 audiencias p\u00fablicas, para \ndeterminar su correcto funcionamiento, en conformidad a lo establecido en la Constituci\u00f3n y la \nley. Esta revisi\u00f3n, en ning\u00fan caso, incluir\u00e1 las resoluciones judiciales. \n \n",
    "74": "3",
    "75": "6",
    "76": "3.- Art\u00edculo 9.- Acceso a la justicia intercultural. Es deber del Estado garantizar que los \n\u00f3rganos que intervienen en el proceso respeten y promuevan el derecho a acceder a una justicia \ncon perspectiva intercultural. \nLas personas tienen derecho a una asistencia jur\u00eddica especializada, int\u00e9rpretes, \nfacilitadores interculturales y peritajes consultivos, cuando as\u00ed lo requieran y no puedan \nprove\u00e9rselas por s\u00ed mismas. \n \n",
    "77": "3",
    "78": "6",
    "79": "4.- Art\u00edculo 12.- De la Corte Suprema. La Corte Suprema es un \u00f3rgano colegiado con \njurisdicci\u00f3n en todo el pa\u00eds, que tiene como funci\u00f3n velar por la correcta aplicaci\u00f3n del derecho \ny uniformar su interpretaci\u00f3n, as\u00ed como las dem\u00e1s atribuciones que establezca esta Constituci\u00f3n \ny la ley. \nSe compondr\u00e1 de veinti\u00fan juezas y jueces y funcionar\u00e1 en pleno o salas \nespecializadas. \nSus juezas y jueces durar\u00e1n en sus cargos un m\u00e1ximo de catorce a\u00f1os, sin posibilidad \nde reelecci\u00f3n. \n \nLa presidencia de la Corte Suprema ser\u00e1 ejercida por una persona elegida por sus \npares. Durar\u00e1 en sus funciones dos a\u00f1os sin posibilidad de ejercer nuevamente el cargo. Quien \nejerza la Presidencia no podr\u00e1 integrar alguna de las salas. \n \n",
    "80": "3",
    "81": "6",
    "82": "5.- Art\u00edculo 13.- De las Cortes de Apelaciones. Las Cortes de Apelaciones son \u00f3rganos \ncolegiados con jurisdicci\u00f3n sobre una regi\u00f3n o parte de ella, cuya funci\u00f3n principal es resolver \nlas impugnaciones que se interpongan contra resoluciones de los tribunales de instancia, as\u00ed como \nlas dem\u00e1s competencias que establezca la Constituci\u00f3n y la ley. \nFuncionar\u00e1n en pleno o en salas preferentemente especializadas. \nLa presidencia de cada Corte de Apelaciones ser\u00e1\u0301 ejercida por una persona elegida \npor sus pares. Durar\u00e1\u0301 en sus funciones dos a\u00f1os \n \n",
    "83": "3",
    "84": "6",
    "85": "6.- Art\u00edculo 14.- De los Tribunales de Instancia. Son tribunales de instancia los civiles, \npenales, de ejecuci\u00f3n de penas, de familia, laborales, administrativos, ambientales, de \ncompetencia com\u00fan o mixtos, vecinales y dem\u00e1s que establezca la ley. \nLa competencia de estos tribunales y el n\u00famero de juezas o jueces que los integrar\u00e1n \nser\u00e1n determinados por la ley. \n \n",
    "86": "3",
    "87": "6",
    "88": "7.- Art\u00edculo 15.- Tribunales administrativos. Los Tribunales Administrativos conocen y \nresuelven las acciones dirigidas en contra de la Administraci\u00f3n del Estado o promovidas por \u00e9sta \ny de las dem\u00e1s materias que establezca la ley. \nHabr\u00e1 al menos un Tribunal Administrativo en cada regi\u00f3n del pa\u00eds, los que podr\u00e1n \nfuncionar en salas especializadas. \nLos asuntos de competencia de estos tribunales no podr\u00e1n ser sometidos a arbitraje. \nLa ley establecer\u00e1 un procedimiento unificado, simple y expedito para conocer y \nresolver tales asuntos. \n \n \n \n \n\u00a7 Sistema penitenciario \n \n",
    "89": "3",
    "90": "6",
    "91": "8.- Art\u00edculo 16.- Establecimientos penitenciarios. S\u00f3lo el Estado puede ejecutar el \ncumplimiento de penas y medidas privativas de libertad, a trav\u00e9s de instituciones p\u00fablicas \nespecialmente establecidas para estos fines. \nLa funci\u00f3n establecida en este art\u00edculo no podr\u00e1 ser ejercida por privados. \nPara la inserci\u00f3n, integraci\u00f3n y reparaci\u00f3n de las personas privadas de libertad, los \nestablecimientos penitenciarios deben contar con espacios para el estudio, trabajo, deporte, las \nartes y culturas. \nEn el caso de mujeres embarazadas y madres de lactantes, el Estado adoptar\u00e1 las \nmedidas necesarias tales como infraestructura y equipamiento tanto en el r\u00e9gimen de control \ncerrado, abierto y post penitenciario. \n \n",
    "92": "3",
    "93": "6",
    "94": "9.- Art\u00edculo 17.- Principios y deberes. El sistema de cumplimiento de las sanciones penales \ny de las medidas de seguridad se organizar\u00e1 sobre la base del respeto a los derechos humanos y \ntendr\u00e1 como objetivos el cumplimiento de la pena y la integraci\u00f3n e inserci\u00f3n social de la persona \nque cumpla una condena judicial. \nEs deber del Estado, en su especial posici\u00f3n de garante frente a las personas privadas \nde libertad, velar por la protecci\u00f3n y ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales \nconsagrados en esta Constituci\u00f3n y en los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos \nhumanos. \n \n",
    "95": "3",
    "96": "7",
    "97": "0.- Art\u00edculo 18.- Tribunales de ejecuci\u00f3n de penas. Habr\u00e1 tribunales de ejecuci\u00f3n de penas \nque velar\u00e1n por los derechos fundamentales de las personas condenadas o sujetas a medidas de \nseguridad, conforme a lo reconocido en esta Constituci\u00f3n y los tratados e instrumentos \ninternacionales de derechos humanos, procurando su integraci\u00f3n e inserci\u00f3n social. \nEjercer\u00e1n funciones jurisdiccionales en materia de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de \nseguridad, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, \nprotecci\u00f3n de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y \ndem\u00e1s que se\u00f1ale la ley. \n \n \n\u00a7 Justicia Vecinal \n \n",
    "98": "3",
    "99": "7",
    "100": "1.- Art\u00edculo 19.- De la justicia vecinal y los juzgados vecinales. La justicia vecinal se \ncompone por los juzgados vecinales y los centros de justicia vecinal. \nEn cada comuna del pa\u00eds que sea asiento de una municipalidad habr\u00e1, a lo menos, un \njuzgado vecinal que ejerce la funci\u00f3n jurisdiccional respecto de todas aquellas controversias \njur\u00eddicas que se susciten a nivel comunal que no sean competencia de otro tribunal y de los dem\u00e1s \nasuntos que la ley les encomiende, conforme a un procedimiento breve, oral, simple y expedito. \n \n",
    "101": "3",
    "102": "7",
    "103": "2.- Art\u00edculo 20.- Centros de justicia vecinal. Los centros de justicia vecinal son \u00f3rganos \nencargados de promover la soluci\u00f3n de conflictos vecinales y de peque\u00f1a cuant\u00eda dentro de una \ncomunidad determinada por ley, en base al di\u00e1logo social, la paz y la participaci\u00f3n de las partes \ninvolucradas, debiendo priorizar su instalaci\u00f3n en zonas rurales y lugares alejados de \u00e1reas \nurbanas. \nLos centros de justicia vecinal deber\u00e1n orientar e informar al p\u00fablico en materias \njur\u00eddicas, haciendo las derivaciones que fuesen necesarias, as\u00ed como ejercer las dem\u00e1s funciones \nque la ley les encomiende. \nLa organizaci\u00f3n, atribuciones, materias y procedimientos que correspondan a los \ncentros de justicia vecinal se regir\u00e1n por la ley respectiva. \n \n",
    "104": "3",
    "105": "7",
    "106": "3.- Art\u00edculo 21.- El Sistema de Justicia deber\u00e1 adoptar todas las medidas para prevenir, \nsancionar y erradicar la violencia contra mujeres, disidencias y diversidades sexo gen\u00e9ricas, en \ntodas sus manifestaciones y \u00e1mbitos. \nEl Consejo de la Justicia deber\u00e1 asegurar la formaci\u00f3n inicial y capacitaci\u00f3n \nconstante de la totalidad de funcionarias y funcionarios y auxiliares de la administraci\u00f3n de \njusticia, con el fin de eliminar estereotipos de g\u00e9nero y garantizar la incorporaci\u00f3n de la \nperspectiva de g\u00e9nero, el enfoque interseccional y de derechos humanos, sin discriminaci\u00f3n en \nla administraci\u00f3n de justicia. \n \n \n",
    "107": "3",
    "108": "7",
    "109": "4.- Art\u00edculo 22.- Perspectiva interseccional. La funci\u00f3n jurisdiccional debe ejercerse bajo un \nenfoque interseccional, debiendo garantizar la igualdad sustantiva y el cumplimiento de las \nobligaciones internacionales de derechos humanos en la materia. \nEste deber resulta extensivo a todo \u00f3rgano jurisdiccional y auxiliar, funcionarias y \nfuncionarios del Sistema de Justicia, durante todo el curso del proceso y en todas las actuaciones \nque realicen. Asimismo, los tribunales, cualquiera sea su competencia. \n \n",
    "110": "3",
    "111": "7",
    "112": "5.- Art\u00edculo 26.- Impugnaciones contra las decisiones de la jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena. La Corte \nSuprema conocer\u00e1 y resolver\u00e1 de las impugnaciones deducidas en contra de la decisiones de la \njurisdicci\u00f3n ind\u00edgena, en sala especializada y asistida por una consejer\u00eda t\u00e9cnica integrada por \nexpertos en su cultura y derecho propio, en la forma que establezca la ley. \n \n\u00a7 Consejo de la Justicia \n \n",
    "113": "3",
    "114": "7",
    "115": "6.- Art\u00edculo 27.- Consejo de la Justicia. El Consejo de la Justicia es un \u00f3rgano aut\u00f3nomo, \nt\u00e9cnico, paritario y plurinacional, con personalidad jur\u00eddica y patrimonio propio, cuya finalidad \nes fortalecer la independencia judicial. Est\u00e1 encargado del nombramiento, gobierno, gesti\u00f3n, \nformaci\u00f3n y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia. \nEn el ejercicio de sus atribuciones debe considerar el principio de no discriminaci\u00f3n, \nla inclusi\u00f3n, paridad de g\u00e9nero, equidad territorial y plurinacionalidad. \n \n",
    "116": "3",
    "117": "7",
    "118": "7.- Art\u00edculo 28.- Atribuciones del Consejo de la Justicia. Son atribuciones del Consejo de \nla Justicia: \na) Nombrar, previo concurso p\u00fablico y por resoluci\u00f3n motivada, todas las juezas, \njueces, funcionarias y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia. \nb) Adoptar las medidas disciplinarias de juezas, jueces, funcionarias y funcionarios \ndel Sistema Nacional de Justicia, incluida su remoci\u00f3n, conforme a lo dispuesto en esta \nConstituci\u00f3n y la ley. \nc) Efectuar una revisi\u00f3n integral de la gesti\u00f3n de todos los tribunales del sistema \nnacional de justicia. En ning\u00fan caso incluir\u00e1 las resoluciones judiciales. \n \nd) Evaluar y calificar, peri\u00f3dicamente, el desempe\u00f1o de juezas, jueces, funcionarias \ny funcionarios del Sistema Nacional de Justicia. \ne) Decidir sobre promociones, traslados, permutas y cese de funciones de integrantes \ndel sistema nacional de justicia. \nf) Definir las necesidades presupuestarias, ejecutar y gestionar los recursos para el \nadecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Justicia. \ng) Pronunciarse sobre cualquier modificaci\u00f3n legal en la organizaci\u00f3n y atribuciones \ndel sistema nacional de justicia. El Congreso deber\u00e1 oficiar al Consejo, el que deber\u00e1 responder \ndentro treinta d\u00edas contados desde su recepci\u00f3n. \nh) Proponer la creaci\u00f3n, modificaci\u00f3n o supresi\u00f3n de tribunales a la autoridad \ncompetente. \ni) Velar por la habilitaci\u00f3n, formaci\u00f3n y continuo perfeccionamiento de quienes \nintegran el sistema nacional de justicia. Para estos efectos, la Academia Judicial estar\u00e1 sometida \na la direcci\u00f3n del Consejo. \nj) Dictar instrucciones relativas a la organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n administrativa de los \ntribunales. Estas instrucciones podr\u00e1n tener un alcance nacional, regional o local. \nk) Las dem\u00e1s que encomiende esta Constituci\u00f3n y las leyes. \n \n",
    "119": "3",
    "120": "7",
    "121": "8.- Art\u00edculo 29.- Composici\u00f3n del Consejo de la Justicia. El Consejo de la Justicia se \ncompone por diecisiete integrantes, conforme a la siguiente integraci\u00f3n: \na) Ocho integrantes ser\u00e1n juezas o jueces titulares elegidos por sus pares. \nb) Dos integrantes ser\u00e1n funcionarios o profesionales del Sistema Nacional de \nJusticia elegidos por sus pares. \nc) Dos integrantes elegidos por los pueblos ind\u00edgenas en la forma que determine la \nConstituci\u00f3n y la ley. \nd) Cinco integrantes elegidos por el Congreso, previa determinaci\u00f3n de las ternas \ncorrespondientes por concurso p\u00fablico, a cargo del Consejo de Alta Direcci\u00f3n P\u00fablica. \nLas y los integrantes se\u00f1alados en la letra c) deber\u00e1n ser personas de comprobada \nidoneidad para el ejercicio del cargo y que se hayan destacado en la funci\u00f3n p\u00fablica o social. \n \nEn el caso de la letra d) deber\u00e1n ser profesionales con a lo menos diez a\u00f1os del t\u00edtulo \ncorrespondiente, que se hubieren destacado en la actividad profesional, acad\u00e9mica o en la funci\u00f3n \np\u00fablica. \nLas y los integrantes durar\u00e1n seis a\u00f1os en sus cargos y no podr\u00e1n ser reelegidos, \ndebiendo renovarse por parcialidades cada tres a\u00f1os de conformidad a lo establecido por la ley. \nSus integrantes ser\u00e1n elegidos de acuerdo a criterios de paridad de g\u00e9nero, \nplurinacionalidad y equidad territorial. \n \n",
    "122": "3",
    "123": "7",
    "124": "9.- Art\u00edculo 30.- Funcionamiento del Consejo de la Justicia. El Consejo de la Justicia podr\u00e1 \nfuncionar en pleno o en comisiones. En ambos casos, tomar\u00e1 sus decisiones por la mayor\u00eda de \nsus integrantes en ejercicio, con las excepciones que establezca esta Constituci\u00f3n. \nEl Consejo se organizar\u00e1 desconcentradamente, en conformidad a lo que establezca \nla ley. \nLa ley determinar\u00e1 la organizaci\u00f3n, funcionamiento, procedimientos de elecci\u00f3n de \nintegrantes del Consejo y fijar\u00e1 la planta, r\u00e9gimen de remuneraciones y estatuto de su personal. \n \n",
    "125": "3",
    "126": "8",
    "127": "0.- Art\u00edculo 31.- Inhabilidades e incompatibilidades. Las y los consejeros no podr\u00e1n ejercer \notra funci\u00f3n o empleo, sea o no remunerado, con exclusi\u00f3n de las actividades acad\u00e9micas. \nTampoco podr\u00e1n concursar para ser designados en cargos judiciales hasta transcurrido un a\u00f1o \ndesde que cesen en sus funciones. La ley podr\u00e1 establecer otras incompatibilidades en el ejercicio \ndel cargo. \nLas y los consejeros indicados en las letras a y b del art\u00edculo sobre Composici\u00f3n del \nConsejo de la Justicia se entender\u00e1n suspendidos del ejercicio de su funci\u00f3n mientras dure su \ncometido en el Consejo. \n \n",
    "128": "3",
    "129": "8",
    "130": "1.- Art\u00edculo 32.- Sobre las causales de cesaci\u00f3n de quienes integran el Consejo de la \nJusticia. Las y los integrantes del Consejo cesar\u00e1n en su cargo al t\u00e9rmino de su per\u00edodo, por \ncumplir setenta a\u00f1os de edad, por remoci\u00f3n, renuncia, incapacidad f\u00edsica o mental sobreviniente \no condena por delito que merezca pena aflictiva. \nTanto la renuncia como la incapacidad sobreviniente deber\u00e1 ser aceptada por el \nConsejo. \n \nEl proceso de remoci\u00f3n ser\u00e1 determinado por la ley, respetando todas las garant\u00edas \nde un debido proceso. \n \n",
    "131": "3",
    "132": "8",
    "133": "2.- Art\u00edculo 33.- De los nombramientos judiciales. El Consejo efectuar\u00e1 los nombramientos \nmediante concursos p\u00fablicos regulados por la ley, los que incluir\u00e1n audiencias p\u00fablicas. \nPara acceder a un cargo de juez o jueza dentro del Sistema Nacional de Justicia se \nrequerir\u00e1 haber aprobado el curso de habilitaci\u00f3n de la Academia Judicial para el ejercicio de la \nfunci\u00f3n jurisdiccional, contar con tres a\u00f1os de ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado o abogada \npara el caso de tribunales de instancia, cinco a\u00f1os para el caso de las Cortes de Apelaciones y \nveinte a\u00f1os para el caso de la Corte Suprema y los dem\u00e1s requisitos que establezca la \nConstituci\u00f3n y la ley. \n \n",
    "134": "3",
    "135": "8",
    "136": "3.- Art\u00edculo 34.- Potestad disciplinaria. Los procedimientos disciplinarios ser\u00e1n conocidos \ny resueltos por una comisi\u00f3n compuesta por cinco integrantes del Consejo elegidos por sorteo, \ndecisi\u00f3n que ser\u00e1 revisable por su Pleno a petici\u00f3n del afectado. \nLa resoluci\u00f3n del Consejo que ponga t\u00e9rmino al procedimiento ser\u00e1 impugnable ante \nel \u00f3rgano que establezca la Constituci\u00f3n. \nLas decisiones adoptadas conforme a los incisos anteriores, no podr\u00e1n ser revisadas \nni impugnadas ante otros \u00f3rganos del Sistema Nacional de Justicia. \n********* \n \n\u00a7 Justicia Ambiental \n \n",
    "137": "3",
    "138": "8",
    "139": "4.- Art\u00edculo 1.- Tribunales ambientales. Los Tribunales Ambientales conocer\u00e1n y resolver\u00e1n \nsobre la legalidad de los actos administrativos en materia ambiental, de la acci\u00f3n de tutela de \nderechos fundamentales ambientales y de los derechos de la Naturaleza, la reparaci\u00f3n por da\u00f1o \nambiental y las dem\u00e1s que se\u00f1ale la Constituci\u00f3n y la ley. \nLas acciones para impugnar la legalidad de los actos administrativos que se \npronuncien sobre materia ambiental, podr\u00e1n interponerse directamente a los Tribunales \nAmbientales, sin que pueda exigirse el agotamiento previo de la v\u00eda administrativa. \nHabr\u00e1 al menos un Tribunal Ambiental en cada regi\u00f3n del pa\u00eds. \n \nLa ley regular\u00e1 la integraci\u00f3n, competencia y dem\u00e1s aspectos que sean necesarios \npara su adecuado funcionamiento. \nEn el caso de actos de la administraci\u00f3n que decidan un proceso de evaluaci\u00f3n \nambiental y de la solicitud de medidas cautelares no se podr\u00e1 exigir el agotamiento de la v\u00eda \nadministrativa para acceder a la justicia ambiental. \n \n",
    "140": "3",
    "141": "8",
    "142": "5.- Art\u00edculo 2.- Principio de paridad en \u00f3rganos aut\u00f3nomos. Todos los \u00f3rganos aut\u00f3nomos \nse rigen por el principio de paridad. Se promueve la implementaci\u00f3n de medidas de acci\u00f3n \nafirmativa, asegurando que, al menos, el cincuenta por ciento de su integraci\u00f3n sean mujeres. \n \nCap\u00edtulo.- Ministerio P\u00fablico \n \n",
    "143": "3",
    "144": "8",
    "145": "6.- Art\u00edculo 3.- Del Ministerio P\u00fablico. El Ministerio P\u00fablico es un organismo aut\u00f3nomo y \njerarquizado, con personalidad jur\u00eddica y patrimonio propio que tiene como funci\u00f3n dirigir en \nforma exclusiva la investigaci\u00f3n de los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, los que \ndeterminen la participaci\u00f3n punible y los que acrediten la inocencia del imputado. Ejercer\u00e1 la \nacci\u00f3n penal p\u00fablica en representaci\u00f3n exclusiva de la sociedad, en la forma prevista por la ley.  \nEn dichas funciones deber\u00e1 velar por el respeto y promoci\u00f3n de los derechos \nhumanos, considerando tambi\u00e9n los intereses de la v\u00edctima, respecto de quienes deber\u00e1 adoptar \ntodas aquellas medidas que sean necesarias para protegerlas, al igual que a los testigos.  \nLa facultad exclusiva de ciertos \u00f3rganos de la administraci\u00f3n para presentar \ndenuncias y querellas, no impedir\u00e1 que el Ministerio P\u00fablico investigue y ejerza la acci\u00f3n penal \np\u00fablica, en el caso de delitos que atenten en contra de la probidad, el patrimonio p\u00fablico o \nlesionen bienes jur\u00eddicos colectivos. \nEn caso alguno podr\u00e1 ejercer funciones jurisdiccionales.   \nLa v\u00edctima del delito y las dem\u00e1s personas que determine la ley podr\u00e1n ejercer \nigualmente la acci\u00f3n penal. \nEl Ministerio P\u00fablico podr\u00e1 impartir \u00f3rdenes directas a las Fuerzas de Orden y \nSeguridad P\u00fablica para el ejercicio de sus funciones, en cuyo caso podr\u00e1 adem\u00e1s participar, tanto \nen la fijaci\u00f3n de metas y objetivos, como en la evaluaci\u00f3n del cumplimiento de estas \u00f3rdenes, \nmetas y objetivos. La autoridad policial requerida deber\u00e1 cumplir sin m\u00e1s tr\u00e1mite dichas \u00f3rdenes \n \ny no podr\u00e1 calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibici\u00f3n, \na menos que \u00e9sta sea verbal, de la autorizaci\u00f3n judicial. \nLas actuaciones que amenacen, priven o perturben al imputado o a terceros del \nejercicio de los derechos que esta Constituci\u00f3n asegura, requerir\u00e1n siempre de autorizaci\u00f3n \njudicial previa y motivada. \n \n",
    "146": "3",
    "147": "8",
    "148": "7.- Art\u00edculo 4.- De la organizaci\u00f3n y atribuciones del Ministerio P\u00fablico. Una ley \ndeterminar\u00e1 la organizaci\u00f3n y atribuciones del Ministerio P\u00fablico, se\u00f1alar\u00e1 las calidades y \nrequisitos que deber\u00e1n tener y cumplir las y los fiscales para su nombramiento y las causales de \nsu remoci\u00f3n. Los fiscales cesar\u00e1n en su cargo al cumplir los 70 a\u00f1os. \nLas autoridades superiores de la instituci\u00f3n deber\u00e1n siempre fundar aquellas \u00f3rdenes \ne instrucciones dirigidas a los fiscales que puedan afectar una investigaci\u00f3n o el ejercicio de la \nacci\u00f3n penal. \nLas y los fiscales y funcionarios tendr\u00e1n un sistema de promoci\u00f3n y ascenso que \ngarantice una carrera que permita fomentar la excelencia t\u00e9cnica y la acumulaci\u00f3n de experiencia \nen las funciones que \u00e9stos desempe\u00f1an. \n \n",
    "149": "3",
    "150": "8",
    "151": "8.- Art\u00edculo 5.- De las Fiscal\u00edas Regionales. Existir\u00e1 una Fiscal\u00eda Regional en cada regi\u00f3n \ndel pa\u00eds, sin perjuicio que la ley podr\u00e1 establecer m\u00e1s de una por regi\u00f3n.  \nLas y los fiscales regionales deber\u00e1n haberse desempe\u00f1ado como fiscales adjuntos \ndurante cinco o m\u00e1s a\u00f1os, no haber ejercido como fiscal regional, haber aprobado cursos de \nformaci\u00f3n especializada y poseer las dem\u00e1s calidades que establezca la ley.   \nDurar\u00e1n cuatro a\u00f1os y una vez concluida su labor, podr\u00e1n retornar a la funci\u00f3n que \nejerc\u00edan en el Ministerio P\u00fablico. No podr\u00e1n ser reelectos ni postular nuevamente al cargo de \nfiscal regional. \n \n",
    "152": "3",
    "153": "8",
    "154": "9.- Art\u00edculo 6.- Direcci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico. La direcci\u00f3n superior del Ministerio \nP\u00fablico reside en la o el Fiscal Nacional, quien durar\u00e1 seis a\u00f1os en el cargo, sin reelecci\u00f3n. \nLa o el Fiscal Nacional ser\u00e1 nombrado por la mayor\u00eda de las y los integrantes del \nCongreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones en sesi\u00f3n conjunta, a partir de \n \nuna terna propuesta por la o el Presidente de la Rep\u00fablica, quien contar\u00e1 con la asistencia t\u00e9cnica \ndel Consejo de la Alta Direcci\u00f3n P\u00fablica, conforme al procedimiento que determine la ley. \nCorresponder\u00e1 al Fiscal Nacional: \na) Dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comit\u00e9 del Ministerio P\u00fablico. \nb) Representar a la instituci\u00f3n ante los dem\u00e1s \u00f3rganos del Estado. \nc) Impulsar la ejecuci\u00f3n de la pol\u00edtica de persecuci\u00f3n penal en el pa\u00eds. \nd) Determinar la pol\u00edtica de gesti\u00f3n profesional de las y los funcionarios del \nMinisterio P\u00fablico. \ne) Presidir el Comit\u00e9 del Ministerio P\u00fablico.   \nf) Designar a los fiscales regionales, a partir de una terna elaborada por la Asamblea \nRegional respectiva. \ng) Designar a los fiscales adjuntos, a partir de una terna elaborada por el Comit\u00e9 del \nMinisterio P\u00fablico. \nh) Las dem\u00e1s atribuciones que establezca la Constituci\u00f3n y la ley. \n \n",
    "155": "3",
    "156": "9",
    "157": "0.- Art\u00edculo 7\u00b0.- De los requisitos para el cargo de Fiscal Nacional. La o el Fiscal Nacional \ndebe tener a lo menos quince a\u00f1os de t\u00edtulo de abogado, tener ciudadan\u00eda con derecho a sufragio \ny contar con comprobadas competencias para el cargo. \n \n",
    "158": "3",
    "159": "9",
    "160": "1.- Art\u00edculo 8.- Atribuciones del Comit\u00e9 del Ministerio P\u00fablico. Son atribuciones del \nComit\u00e9 del Ministerio P\u00fablico las siguientes:  \na) Asesorar al Fiscal Nacional en la direcci\u00f3n del organismo, velando por el \ncumplimiento de sus objetivos. \nb) Evaluar y calificar permanentemente el desempe\u00f1o de las y los funcionarios del \nMinisterio P\u00fablico. \nc) Ejercer la potestad disciplinaria respecto de las y los funcionarios del Ministerio \nP\u00fablico, en conformidad a la ley. \nd) Designar al Director Ejecutivo Nacional.  \ne) Proponer al Fiscal Nacional las ternas para el nombramiento de los fiscales \nadjuntos.  \nf) Las dem\u00e1s atribuciones que establezca la Constituci\u00f3n y la ley. \n \n \n",
    "161": "3",
    "162": "9",
    "163": "2.-Art\u00edculo 10.- Del Comit\u00e9 del Ministerio P\u00fablico. Existir\u00e1 un Comit\u00e9 del Ministerio \nP\u00fablico, integrado por las y los fiscales regionales y la o el Fiscal Nacional, quien lo presidir\u00e1.  \nEl Comit\u00e9 deber\u00e1 fijar la pol\u00edtica de persecuci\u00f3n penal y los criterios de actuaci\u00f3n \npara el cumplimiento de dichos objetivos, debiendo siempre velar por la transparencia y \nobjetividad, resguardando los intereses de la sociedad y el respeto de los derechos humanos. \n \n",
    "164": "3",
    "165": "9",
    "166": "3.- Art\u00edculo 11.- Fiscales adjuntos del Ministerio P\u00fablico. Existir\u00e1n fiscales adjuntos del \nMinisterio P\u00fablico quienes ejercer\u00e1n su labor en los casos espec\u00edficos que se les asignen, \nconforme a lo establecido en la Constituci\u00f3n y las leyes. \n \n",
    "167": "3",
    "168": "9",
    "169": "4.- Art\u00edculo 12.- De la rendici\u00f3n de cuentas. La o el Fiscal Nacional y las y los fiscales \nregionales deber\u00e1n rendir, anualmente, una cuenta p\u00fablica de su gesti\u00f3n. En el caso de la o el \nFiscal Nacional se rendir\u00e1 la cuenta ante el Congreso, y en el caso de las y los fiscales regionales \nante la Asamblea Regional respectiva. \n \n",
    "170": "3",
    "171": "9",
    "172": "5.- Art\u00edculo 12 bis.- Remoci\u00f3n. El Fiscal Nacional y los fiscales regionales ser\u00e1n removidos \npor la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la Rep\u00fablica, del Congreso de Diputadas \ny Diputados, o de diez de sus miembros, por incapacidad, falta grave a la probidad o negligencia \nmanifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocer\u00e1 del asunto en pleno especialmente \nconvocado al efecto y para acordar la remoci\u00f3n deber\u00e1 reunir el voto conforme de la mayor\u00eda de \nsus miembros en ejercicio. \nLa remoci\u00f3n de los fiscales regionales tambi\u00e9n podr\u00e1 ser solicitada por el o la Fiscal \nNacional. \n \n\u00a7 Derecho a un proceso con las debidas garant\u00edas \n \n",
    "173": "3",
    "174": "9",
    "175": "6.- Art\u00edculo 13.- Derecho a un proceso con las debidas garant\u00edas. Toda persona tiene \nderecho a un proceso razonable y justo, en que se salvaguarden las garant\u00edas que se se\u00f1alan en \nesta Constituci\u00f3n, sin perjuicio de las que se establezcan en la ley y en los tratados internacionales \nque se encuentren vigentes y hayan sido ratificados por Chile. \n \nDicho proceso se realizar\u00e1 ante el tribunal competente, independiente e imparcial, \nestablecido con anterioridad por la ley.  \nToda persona tiene derecho a ser o\u00edda y juzgada en igualdad de condiciones y dentro \nde un plazo razonable.  \nLas sentencias ser\u00e1n fundadas, asegurando la existencia de un recurso adecuado y \nefectivo ante el tribunal que determine la ley. \nToda persona tiene derecho a defensa jur\u00eddica y ninguna autoridad o individuo podr\u00e1 \nimpedir, restringir o perturbar la debida intervenci\u00f3n del letrado. \n \n",
    "176": "3",
    "177": "9",
    "178": "7.- Art\u00edculo 13 bis.- Del principio de legalidad de los procedimientos. Los procedimientos \njudiciales ser\u00e1n establecidos por ley. \n \n",
    "179": "3",
    "180": "9",
    "181": "8.- Art\u00edculo 13 ter.- La Constituci\u00f3n asegura la asistencia y ajustes de procedimientos \nnecesarios y adecuados a la edad o discapacidad de las personas, seg\u00fan corresponda, a fin de \npoder de que ellas puedan intervenir debidamente en el proceso. \n \n",
    "182": "3",
    "183": "9",
    "184": "9.- Art\u00edculo 14.- Garant\u00edas procesales penales. Toda persona tiene derecho a las siguientes \ngarant\u00edas procesales penales m\u00ednimas:  \na) A que toda actuaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n o procedimiento que le prive, restrinja o \nperturbe el ejercicio de los derechos que asegura la Constituci\u00f3n, requiere previa autorizaci\u00f3n \njudicial. \nb) A conocer los antecedentes de la investigaci\u00f3n seguida en su contra, salvo las \nexcepciones que la ley se\u00f1ale. \nc) A que se presuma su inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme \ndictada en su contra.  \nd) A que no se presuma de derecho la responsabilidad penal.  \ne) A ser informada, sin demora y en forma detallada, de sus derechos y causa de la \ninvestigaci\u00f3n seguida en su contra.  \nf) A guardar silencio ni a ser obligada a declarar contra s\u00ed misma o reconocer su \nresponsabilidad. No podr\u00e1n ser obligados a declarar en contra del imputado sus ascendientes, \ndescendientes, c\u00f3nyuge, conviviente civil y dem\u00e1s personas que se\u00f1ale la ley.  \n \ng) A que su libertad sea la regla general. Las medidas cautelares personales son \nexcepcionales, temporales y proporcionales, debiendo la ley regular los casos de procedencia y \nrequisitos.  \nh) A no ser sometida a un nuevo procedimiento, investigaci\u00f3n o persecuci\u00f3n penal \npor el mismo hecho respecto del cual haya sido condenada, absuelta o sobrese\u00edda definitivamente \npor sentencia ejecutoriada. \ni) A ser sancionada de forma proporcional a la infracci\u00f3n cometida. \nj) A que no se le imponga la pena de confiscaci\u00f3n de bienes, sin perjuicio del comiso \nen los casos establecidos por las leyes.  \nk) A que no se le imponga como pena la p\u00e9rdida de los derechos previsionales. \nl) A que la detenci\u00f3n o la internaci\u00f3n de una o un adolescente se utilice s\u00f3lo de forma \nexcepcional, durante el per\u00edodo m\u00e1s breve que proceda y conforme a lo establecido en esta \nConstituci\u00f3n, la ley y los tratados internacionales de derechos humanos. \n \n",
    "185": "4",
    "186": "0",
    "187": "0.- Art\u00edculo 16.- Del principio de legalidad de los delitos y las penas. Ninguna persona \npodr\u00e1 ser condenada por acciones u omisiones que al producirse no constituyan delito, seg\u00fan la \nlegislaci\u00f3n vigente en aquel momento. \nNing\u00fan delito se castigar\u00e1 con otra pena que la se\u00f1alada por una ley que haya entrado \nen vigencia con anterioridad a su perpetraci\u00f3n, a menos que una nueva ley favorezca al imputado. \nNinguna ley podr\u00e1 establecer penas sin que la conducta que se sanciona est\u00e9 descrita \nde manera clara y precisa en ella. \nLo establecido en este art\u00edculo tambi\u00e9n ser\u00e1 aplicable a las medidas de seguridad. \n \n\u00a7 Derecho a asesor\u00eda jur\u00eddica gratuita \n \n",
    "188": "4",
    "189": "0",
    "190": "1.- Art\u00edculo 17.- Derecho a la asesor\u00eda jur\u00eddica gratuita. Toda persona tiene derecho a la \nasesor\u00eda jur\u00eddica gratuita en los casos y en la forma que establezca la Constituci\u00f3n y la ley. \nEl Estado asegura la asesor\u00eda jur\u00eddica gratuita e integra por parte de abogadas y \nabogados habilitados para el ejercicio de la profesi\u00f3n, a toda persona que no pueda obtenerla por \nsi\u0301 misma. \n \n \n",
    "191": "4",
    "192": "0",
    "193": "2.- Art\u00edculo 18.- Es deber del Estado otorgar asistencia jur\u00eddica especializada para la \nprotecci\u00f3n del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, especialmente cuando estos \nhan sido sujetos de medidas de protecci\u00f3n, procurando crear todas las condiciones necesarias \npara el resguardo de sus derechos. \n \n",
    "194": "4",
    "195": "0",
    "196": "3.- Art\u00edculo 19.- Servicio Integral de Acceso a la Justicia. Un organismo desconcentrado de \ncar\u00e1cter t\u00e9cnico, denominado Servicio Integral de Acceso a la Justicia, tendr\u00e1 por funci\u00f3n prestar \nasesor\u00eda, defensa y representaci\u00f3n letrada de calidad a las personas, as\u00ed como tambi\u00e9n brindar \napoyo profesional de tipo psicol\u00f3gico y social en los casos que corresponda. \nLa ley determinar\u00e1 la organizaci\u00f3n, \u00e1reas de atenci\u00f3n, composici\u00f3n y planta de \npersonal del Servicio Integral de Acceso a la Justicia, considerando un despliegue \nterritorialmente desconcentrado. \n \nCap\u00edtulo.- Defensor\u00eda Penal P\u00fablica \n \n",
    "197": "4",
    "198": "0",
    "199": "4.- Art\u00edculo 20.- De la Defensor\u00eda Penal P\u00fablica. La Defensor\u00eda Penal P\u00fablica es un \norganismo aut\u00f3nomo, con personalidad jur\u00eddica y patrimonio propio, que tiene por funci\u00f3n \nproporcionar defensa penal a los imputados por hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, \nque deban ser conocidos por los tribunales con competencia en lo penal, desde la primera \nactuaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n dirigida en su contra y hasta la completa ejecuci\u00f3n de la pena que \nle haya sido impuesta, y que carezcan de defensa letrada. \nEn las causas en que intervenga la Defensor\u00eda Penal P\u00fablica, podr\u00e1 concurrir ante los \norganismos internacionales de derechos humanos. \nLa ley determinar\u00e1 la organizaci\u00f3n y atribuciones de la Defensor\u00eda Penal P\u00fablica, \ndebiendo garantizarse su independencia externa. \n \n",
    "200": "4",
    "201": "0",
    "202": "5.- Art\u00edculo 21.- De la defensa penal p\u00fablica. La funci\u00f3n de defensa penal p\u00fablica ser\u00e1 \nejercida por defensoras y defensores penales p\u00fablicos.  \nLos servicios de defensa jur\u00eddica que preste la Defensor\u00eda Penal P\u00fablica no podr\u00e1n \nser licitados o delegados en abogados particulares, sin perjuicio de la contrataci\u00f3n excepcional \nque pueda realizar en los casos y forma que establezca la ley. \n \n \n",
    "203": "4",
    "204": "0",
    "205": "6.- Art\u00edculo 22.- Direcci\u00f3n de la Defensor\u00eda Penal P\u00fablica. La direcci\u00f3n superior de la \nDefensor\u00eda Penal P\u00fablica ser\u00e1 ejercida por la o el Defensor Nacional, quien durar\u00e1 seis a\u00f1os en \nsu cargo, sin reelecci\u00f3n. \nLa Defensora o Defensor Nacional ser\u00e1 nombrado por la mayor\u00eda de las y los \nintegrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones en sesi\u00f3n \nconjunta, a partir de una terna propuesta por la o el Presidente de la Rep\u00fablica, conforme al \nprocedimiento que determine la ley. \n \nCap\u00edtulo.- Defensor\u00eda del Pueblo. \n \n",
    "206": "4",
    "207": "0",
    "208": "7.- Art\u00edculo 26.- De la Defensor\u00eda del Pueblo. Un organismo aut\u00f3nomo, con personalidad \njur\u00eddica y patrimonio propio, denominada Defensor\u00eda del Pueblo, tendr\u00e1 por finalidad la \npromoci\u00f3n y protecci\u00f3n de los derechos humanos asegurados en esta Constituci\u00f3n, en los tratados \ninternacionales de derechos humanos ratificados por Chile, as\u00ed como los emanados de los \nprincipios generales del derecho y de las normas imperativas reconocidas por el derecho \ninternacional, ante los actos u omisiones de los \u00f3rganos de la administraci\u00f3n del Estado y de \nentidades privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad p\u00fablica, en la forma que \nestablezca la ley. \nLa Defensor\u00eda del Pueblo tendr\u00e1 defensor\u00edas regionales, que funcionar\u00e1n en forma \ndesconcentrada, en conformidad a lo que establezca su ley. \nLa ley determinar\u00e1 las atribuciones, organizaci\u00f3n, funcionamiento y procedimientos \nde la Defensor\u00eda del Pueblo. \n \n",
    "209": "4",
    "210": "0",
    "211": "8.- Art\u00edculo 27.- (Inciso primero) Atribuciones de la Defensor\u00eda del Pueblo. La Defensor\u00eda \ndel Pueblo tendr\u00e1 las siguientes atribuciones: \n1. Fiscalizar a los \u00f3rganos del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en \nmateria de derechos humanos. \n2. Formular recomendaciones en las materias de su competencia. \n \n3. Realizar acciones de seguimiento y monitoreo respecto de las recomendaciones \nformuladas por los organismos internacionales en materia de derechos humanos y de las \nsentencias dictadas contra el Estado de Chile por tribunales internacionales de derechos humanos. \n4. Tramitar y hacer seguimiento de los reclamos sobre vulneraciones de derechos \nhumanos, y derivar en su caso. \n5. Deducir acciones y recursos que esta Constituci\u00f3n y las leyes establecen, cuando \nse identifiquen patrones de violaci\u00f3n de derechos humanos. \n6. Interponer acciones constitucionales y legales ante los tribunales de justicia \nrespecto de hechos que revistan car\u00e1cter de cr\u00edmenes de genocidio, de lesa humanidad o de \nguerra, tortura, desaparici\u00f3n forzada de personas, trata de personas y dem\u00e1s que establezca la ley. \n7. Custodiar y preservar los antecedentes reunidos por comisiones de verdad, justicia, \nreparaci\u00f3n y garant\u00edas de no repetici\u00f3n. \n8. Recomendar la presentaci\u00f3n de proyectos de ley en materias de su competencia. \n9. Las dem\u00e1s que le encomiende la Constituci\u00f3n y la ley. \nTodo \u00f3rgano deber\u00e1 colaborar con los requerimientos de la Defensor\u00eda del Pueblo, \npudiendo acceder a la informaci\u00f3n necesaria, y constituirse en dependencias de los \u00f3rganos \nobjeto de fiscalizaci\u00f3n, en conformidad a la ley. \nDurante los estados de excepci\u00f3n constitucional la Defensor\u00eda del Pueblo ejercer\u00e1 \nplenamente sus atribuciones. \n \n",
    "212": "4",
    "213": "0",
    "214": "9.- Art\u00edculo 28.- Organizaci\u00f3n de la Defensor\u00eda del Pueblo. La direcci\u00f3n de la Defensor\u00eda \ndel Pueblo estar\u00e1 a cargo de una Defensora o Defensor del Pueblo, quien ser\u00e1 designado por la \nmayor\u00eda de las y los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y de la C\u00e1mara de las \nRegiones, en sesi\u00f3n conjunta, a partir de una terna elaborada por las organizaciones sociales y de \nderechos humanos, en la forma que determine la ley. \nExistir\u00e1 un Consejo de la Defensor\u00eda del Pueblo, cuya composici\u00f3n, funcionamiento \ny atribuciones ser\u00e1 determinado por la ley. \nLas personas propuestas por las organizaciones deber\u00e1n cumplir los requisitos de \ncomprobada idoneidad y trayectoria en la defensa de los derechos humanos. \nLa Defensora o el Defensor del Pueblo durar\u00e1 un per\u00edodo de seis a\u00f1os en el ejercicio \ndel cargo, sin posibilidad de reelecci\u00f3n. Al cesar su mandato y durante los dieciocho meses \n \nsiguientes, no podr\u00e1 optar a ning\u00fan cargo de elecci\u00f3n popular ni de exclusiva confianza de alguna \nautoridad. \nGozar\u00e1 de inamovilidad en su cargo y ser\u00e1 inviolable en el ejercicio de sus \natribuciones. Cesar\u00e1 en su cargo por cumplimento de su periodo, por condena por crimen o \nsimple delito, renuncia, enfermedad incompatible con el ejercicio de la funci\u00f3n y por remoci\u00f3n. \nPodr\u00e1 ser removido por la Corte Suprema, por notable abandono de deberes, en la forma que \nestablezca la ley. \n \n",
    "215": "4",
    "216": "1",
    "217": "0.- Art\u00edculo 29.- Existir\u00e1 un organismo aut\u00f3nomo, con personalidad jur\u00eddica y patrimonio \npropio, denominado Defensor\u00eda de los Derechos de la Ni\u00f1ez, que tendr\u00e1 por objeto la difusi\u00f3n, \npromoci\u00f3n y protecci\u00f3n de los derechos de que son titulares los ni\u00f1os, en conformidad a la \nConstituci\u00f3n Pol\u00edtica de la Rep\u00fablica, a la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o y a los dem\u00e1s \ntratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, as\u00ed como a la \nlegislaci\u00f3n nacional, velando por su inter\u00e9s superior. La ley determinar\u00e1 la organizaci\u00f3n, \nfunciones, financiamiento y atribuciones de la Defensor\u00eda de los Derechos de la Ni\u00f1ez. \n \nCap\u00edtulo.- Defensor\u00eda de la Naturaleza \n \n",
    "218": "4",
    "219": "1",
    "220": "1.- Art\u00edculo 30.- La Defensor\u00eda de la Naturaleza. Un organismo aut\u00f3nomo, con personalidad \njur\u00eddica y patrimonio propio, denominada Defensor\u00eda de la Naturaleza, tendr\u00e1 por finalidad la \npromoci\u00f3n y protecci\u00f3n de los derechos de la naturaleza y de los derechos ambientales \nasegurados en esta Constituci\u00f3n, en los tratados internacionales ambientales ratificados por \nChile, frente los actos u omisiones de los \u00f3rganos de la administraci\u00f3n del Estado y de entidades \nprivadas. \nLa Defensor\u00eda de la Naturaleza tendr\u00e1 defensor\u00edas regionales, que funcionar\u00e1n en \nforma desconcentrada, en conformidad a lo que establezca su ley. \nLa ley determinar\u00e1 las atribuciones, organizaci\u00f3n, funcionamiento y procedimientos \nde la Defensor\u00eda de la Naturaleza. \n \n",
    "221": "4",
    "222": "1",
    "223": "2.- Art\u00edculo 31.- Atribuciones de la Defensor\u00eda de Naturaleza. La Defensor\u00eda de la \nNaturaleza tendr\u00e1 las siguientes atribuciones: Fiscalizar a los \u00f3rganos del Estado en el \n \ncumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos ambientales y derechos de la \nNaturaleza; formular recomendaciones en las materias de su competencia; tramitar y hacer \nseguimiento de los reclamos sobre vulneraciones de derechos ambientales y derivar en su caso; \ndeducir acciones constitucionales y legales, cuando se vulneren derechos ambientales y de la \nnaturaleza, y las dem\u00e1s que le encomiende la Constituci\u00f3n y la ley. \n \n",
    "224": "4",
    "225": "1",
    "226": "3.- Art\u00edculo 32.- Direcci\u00f3n de la Defensor\u00eda de la Naturaleza. La direcci\u00f3n de la Defensor\u00eda \nde la Naturaleza estar\u00e1 a cargo de una Defensora o Defensor de la Naturaleza, quien ser\u00e1 \ndesignado por la mayor\u00eda de las y los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y de la \nC\u00e1mara de las Regiones, en sesi\u00f3n conjunta, a partir de una terna elaborada por las \norganizaciones ambientales de la sociedad civil, en la forma que determine la ley. \n \n",
    "227": "4",
    "228": "1",
    "229": "4.- Art\u00edculo 35.- Agencia Nacional del Agua. La Agencia Nacional del Agua es un \u00f3rgano \naut\u00f3nomo, \ncon \npersonalidad \njur\u00eddica \ny \npatrimonio \npropio, \nque \nse \norganizar\u00e1 \ndesconcentradamente, cuya finalidad es asegurar el uso sostenible del agua, para las generaciones \npresentes y futuras, el acceso al derecho humano al agua y al saneamiento y la conservaci\u00f3n y \npreservaci\u00f3n de sus ecosistemas asociados. Para ello, se encargar\u00e1 de recopilar informaci\u00f3n, \ncoordinar, dirigir y fiscalizar la actuaci\u00f3n de los \u00f3rganos del Estado con competencias en materia \nh\u00eddrica y de los particulares en su caso. \nEntre las dem\u00e1s funciones que determine la ley, la Agencia Nacional del Agua deber\u00e1 \nliderar y coordinar a los organismos con competencia en materia h\u00eddrica; velar por el \ncumplimiento de la Pol\u00edtica H\u00eddrica Nacional que establezca la autoridad respectiva; otorgar, \nrevisar, modificar, caducar o revocar autorizaciones administrativas sobre las aguas; implementar \ny monitorear los instrumentos de gesti\u00f3n y protecci\u00f3n ambiental establecidos en ella; coordinar \ny elaborar un sistema unificado de informaci\u00f3n de car\u00e1cter p\u00fablico; e impulsar la constituci\u00f3n de \norganismos a nivel de cuencas, a quienes prestar\u00e1 asistencia, para que realicen la gesti\u00f3n \nintegrada, gobernanza participativa y planificaci\u00f3n de las intervenciones en los cuerpos de agua \ny los ecosistemas asociados a la o las respectivas cuencas. \nDeber\u00e1 fiscalizar el uso responsable y sostenible del agua y aplicar las sanciones \nadministrativas que correspondan. Podr\u00e1 determinar la calidad de los servicios sanitarios, as\u00ed \ncomo las dem\u00e1s que se\u00f1ale la ley.   \n \nLas sanciones impuestas por la agencia podr\u00e1n ser reclamadas ante los tribunales de \njusticia. \n \n",
    "230": "4",
    "231": "1",
    "232": "5.- Art\u00edculo 35 bis.- De la coordinaci\u00f3n de la Autoridad Nacional del Agua. La ley regular\u00e1 \nlas instancias de coordinaci\u00f3n entre la Autoridad Nacional del Agua y el Ejecutivo, \nespecialmente respecto de la Pol\u00edtica Nacional H\u00eddrica, as\u00ed tambi\u00e9n la organizaci\u00f3n, designaci\u00f3n, \nestructura, funcionamiento, y dem\u00e1s funciones y competencias de la Autoridad Nacional, como \nde los organismos de cuenca. \n \nCap\u00edtulo.- Banco Central. \n \n",
    "233": "4",
    "234": "1",
    "235": "6.- Art\u00edculo 37.- Del Banco Central. El Banco Central es un \u00f3rgano aut\u00f3nomo con \npersonalidad jur\u00eddica y patrimonio propio, de car\u00e1cter t\u00e9cnico, encargado de formular y conducir \nla pol\u00edtica monetaria.  \nLa ley regular\u00e1 su organizaci\u00f3n, atribuciones y sistemas de control, as\u00ed como la \ndeterminaci\u00f3n de instancias de coordinaci\u00f3n entre el Banco y el Gobierno. \n \n",
    "236": "4",
    "237": "1",
    "238": "7.- Art\u00edculo 38.- Objeto del Banco Central. Le corresponder\u00e1 en especial al Banco Central, \npara contribuir al bienestar de la poblaci\u00f3n, velar por la estabilidad de los precios y el normal \nfuncionamiento de los pagos internos y externos. \nPara el cumplimiento de sus objetivos, el Banco Central deber\u00e1 considerar la \nestabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protecci\u00f3n del empleo, el cuidado del \nmedioambiente y patrimonio natural y los principios que se\u00f1ale la Constituci\u00f3n y la ley. \nEl Banco, al adoptar sus decisiones, deber\u00e1 tener presente la orientaci\u00f3n general de \nla pol\u00edtica econ\u00f3mica del gobierno. \n \n",
    "239": "4",
    "240": "1",
    "241": "8.- Art\u00edculo 39.- Atribuciones del Banco Central. Son atribuciones del Banco Central la \nregulaci\u00f3n de la cantidad de dinero y de cr\u00e9dito en circulaci\u00f3n, la ejecuci\u00f3n de operaciones de \ncr\u00e9dito y cambios internacionales, como, asimismo, la dictaci\u00f3n de normas en materia monetaria, \ncrediticia, financiera y de cambios internacionales, y las dem\u00e1s que establezca la ley. \n \n \n",
    "242": "4",
    "243": "1",
    "244": "9.- Art\u00edculo 40.- De las limitaciones. El Banco Central s\u00f3lo podr\u00e1 efectuar operaciones con \ninstituciones financieras, sean \u00e9stas p\u00fablicas o privadas. De ninguna manera podr\u00e1 otorgar a ellas \nsu garant\u00eda, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.  \nNing\u00fan gasto p\u00fablico o pr\u00e9stamo podr\u00e1 financiarse con cr\u00e9ditos directos e indirectos \ndel Banco Central.  \nSin perjuicio de lo anterior, en situaciones excepcionales y transitorias en las que as\u00ed \nlo requiera la preservaci\u00f3n del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, el Banco \nCentral podr\u00e1 comprar durante un per\u00edodo determinado y vender en el mercado secundario \nabierto, instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, en conformidad a la ley. \n \n",
    "245": "4",
    "246": "2",
    "247": "0.- Art\u00edculo 41.- Rendici\u00f3n de cuentas. El Banco rendir\u00e1 cuenta peri\u00f3dicamente al Congreso \nsobre la ejecuci\u00f3n de las pol\u00edticas a su cargo, respecto de las medidas y normas generales que \nadopte en el ejercicio de sus funciones y atribuciones y sobre los dem\u00e1s asuntos que se le soliciten \nmediante informes u otros mecanismos que determine la ley. \n \n",
    "248": "4",
    "249": "2",
    "250": "1.- Art\u00edculo 42.- Del Consejo del Banco Central. La direcci\u00f3n y administraci\u00f3n superior del \nBanco estar\u00e1 a cargo de un Consejo, al que le corresponder\u00e1 cumplir las funciones y ejercer las \natribuciones que se\u00f1ale la Constituci\u00f3n y la ley. \nEl Consejo estar\u00e1 integrado por siete consejeras y consejeros designados por la o el \nPresidente de la Rep\u00fablica, con acuerdo de la mayor\u00eda de las y los integrantes del Congreso de \nlas Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones, en sesi\u00f3n conjunta.  \nDurar\u00e1n en el cargo por un per\u00edodo de diez a\u00f1os, no reelegibles, renov\u00e1ndose por \nparcialidades en conformidad a la ley. \nLas y los consejeros del Banco Central deben ser profesionales de comprobada \nidoneidad y trayectoria en materias relacionadas con las competencias de la instituci\u00f3n. \nLa o el Presidente del Consejo, que lo ser\u00e1 tambi\u00e9n del Banco, ser\u00e1 designado por la \no el Presidente de la Rep\u00fablica de entre las y los integrantes del Consejo, y durar\u00e1 cinco a\u00f1os en \neste cargo o el tiempo menor que le reste como consejero, pudiendo ser reelegido para un nuevo \nperiodo. \nLa \nley \ndeterminar\u00e1 \nlos \nrequisitos, \nresponsabilidades, \ninhabilidades \ne \nincompatibilidades para las y los consejeros del Banco. \n \n \n",
    "251": "4",
    "252": "2",
    "253": "2.- Art\u00edculo 43.- Responsabilidad de las y los consejeros del Banco Central. Las y los \nintegrantes del Consejo podr\u00e1n ser destituidos de sus cargos por resoluci\u00f3n de la mayor\u00eda de los \nintegrantes del pleno de la Corte Suprema, previo requerimiento de la mayor\u00eda de quienes ejerzan \ncomo consejeros, de la o el Presidente de la Rep\u00fablica, de la mayor\u00eda de los integrantes del \nCongreso de Diputadas y Diputados o de la C\u00e1mara de las Regiones, conforme al procedimiento \nque establezca la ley.  \nLa remoci\u00f3n s\u00f3lo podr\u00e1 fundarse en la circunstancia de que el consejero afectado \nhubiere realizado actos graves en contra de la probidad p\u00fablica, o haber incurrido en alguna de \nlas prohibiciones o incompatibilidades establecidas en la Constituci\u00f3n o la ley, o haya concurrido \ncon su voto a decisiones que afectan gravemente la consecuci\u00f3n del objeto del Banco.   \nLa persona destituida no podr\u00e1 ser designada nuevamente como integrante del \nConsejo, ni ser funcionaria o funcionario del Banco Central o prestarle servicios, sin perjuicio de \nlas dem\u00e1s sanciones que establezca la ley. \n \n",
    "254": "4",
    "255": "2",
    "256": "3.- Art\u00edculo 44.- Inhabilidades e incompatibilidades de consejeras y consejeros. No podr\u00e1n \nintegrar el Consejo quienes en los doce meses anteriores a su designaci\u00f3n hayan participado en \nla propiedad o ejercido como director, gerente o ejecutivo principal de una empresa bancaria, \nadministradora de fondos, o cualquiera otra que preste servicios de intermediaci\u00f3n financiera, sin \nperjuicio de las dem\u00e1s inhabilidades que establezca la ley.  \nUna vez que hayan cesado en sus cargos, los integrantes del Consejo tendr\u00e1n la \nmisma incompatibilidad por un periodo de doce meses. \n \nCap\u00edtulo.- Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica. \n \n",
    "257": "4",
    "258": "2",
    "259": "4.- Art\u00edculo 45.- De la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica. La Contralor\u00eda General de la \nRep\u00fablica es un \u00f3rgano t\u00e9cnico, aut\u00f3nomo, con personalidad jur\u00eddica y patrimonio propio, \nencargada de velar por el cumplimiento del principio de probidad en la funci\u00f3n p\u00fablica, ejercer \nel control de constitucionalidad y legalidad de los actos de la Administraci\u00f3n del Estado, \nincluidos los gobiernos regionales, locales y dem\u00e1s entidades, organismos y servicios que \ndetermine la ley.  \n \nEstar\u00e1 encargado de fiscalizar y auditar el ingreso, cuentas y gastos de los fondos \np\u00fablicos.  \nEn el ejercicio de sus funciones, no podr\u00e1 evaluar los aspectos de m\u00e9rito o \nconveniencia de las decisiones pol\u00edticas o administrativas.  \nLa ley establecer\u00e1 la organizaci\u00f3n, funcionamiento, planta, procedimientos y dem\u00e1s \natribuciones de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica. \n \n",
    "260": "4",
    "261": "2",
    "262": "5.- Art\u00edculo 46.- De la direcci\u00f3n de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica. La direcci\u00f3n \nde la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica estar\u00e1 a cargo de una Contralora o Contralor General, \nquien ser\u00e1 designado por la o el Presidente de la Rep\u00fablica, con acuerdo de la mayor\u00eda de las y \nlos integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones, en sesi\u00f3n \nconjunta. \nLa Contralora o Contralor General durar\u00e1 en su cargo por un plazo de ocho a\u00f1os, sin \nposibilidad de reelecci\u00f3n. \nUn Consejo de la Contralor\u00eda, cuya conformaci\u00f3n y funcionamiento determinar\u00e1 la \nley, aprobar\u00e1 anualmente el programa de fiscalizaci\u00f3n y auditor\u00eda de servicios p\u00fablicos, \ndeterminando servicios o programas que, a su juicio, deben necesariamente ser incluidos en el \nprograma referido. \nLos dict\u00e1menes que modifican la jurisprudencia administrativa de la Contralor\u00eda, \ndeber\u00e1n ser consultados ante el Consejo. \n \n",
    "263": "4",
    "264": "2",
    "265": "6.- Art\u00edculo 47.- Del control de constitucionalidad y legalidad de la Contralor\u00eda. En el \nejercicio del control de constitucionalidad y legalidad, la Contralor\u00eda General tomar\u00e1 raz\u00f3n de \nlos decretos, resoluciones y otros actos administrativos o representar\u00e1 su ilegalidad. Sin embargo, \ndeber\u00e1 darles curso cuando la o el Presidente de la Rep\u00fablica insista con la firma de todos sus \nMinistros, debiendo enviar copia de los respectivos decretos al Congreso.   \nEn ning\u00fan caso dar\u00e1 curso a los decretos de gastos que excedan el l\u00edmite se\u00f1alado en \nla Constituci\u00f3n o la ley y remitir\u00e1 copia \u00edntegra de los antecedentes al Congreso. \nTrat\u00e1ndose de la representaci\u00f3n por inconstitucionalidad no proceder\u00e1 insistencia y \nel pronunciamiento de la Contralor\u00eda ser\u00e1 reclamable ante la Corte Constitucional. \n \nAdem\u00e1s, le corresponder\u00e1 tomar raz\u00f3n de los decretos con fuerza de ley, debiendo \nrepresentarlos, cuando ellos excedan o contravengan la respectiva ley delegatoria.  \nRespecto de los decretos, resoluciones y otros actos administrativos de entidades \nterritoriales que, de acuerdo a la ley, deban tramitarse por la Contralor\u00eda, la toma de raz\u00f3n \ncorresponder\u00e1 a la respectiva contralor\u00eda regional. Los antecedentes que debieran remitirse, en \nsu caso, lo ser\u00e1n a la correspondiente asamblea regional. \n \n",
    "266": "4",
    "267": "2",
    "268": "7.- Art\u00edculo 48.- De la potestad para emitir dict\u00e1menes y la facultad fiscalizadora de la \nContralor\u00eda General de la Rep\u00fablica. La Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica podr\u00e1 emitir \ndict\u00e1menes obligatorios para toda autoridad, funcionario o trabajador de cualquier \u00f3rgano \nintegrante de la Administraci\u00f3n del Estado, de las regiones y de las comunas, incluyendo los \ndirectivos de empresas p\u00fablicas o sociedades en las que tenga participaci\u00f3n una entidad estatal o \ncualquier otra entidad territorial.  \nLos \u00f3rganos de la Administraci\u00f3n del Estado, los Gobiernos Regionales y locales, \n\u00f3rganos aut\u00f3nomos, empresas p\u00fablicas, sociedades en que el Estado tenga participaci\u00f3n, \npersonas jur\u00eddicas que dispongan de recursos fiscales o administren bienes p\u00fablicos, y los dem\u00e1s \nque defina la ley, estar\u00e1n sujetos a la fiscalizaci\u00f3n y auditor\u00edas de la Contralor\u00eda General de la \nRep\u00fablica. La ley regular\u00e1 el ejercicio de estas potestades fiscalizadoras y auditoras. \n \n",
    "269": "4",
    "270": "2",
    "271": "8.- Art\u00edculo 49.- De las Contralor\u00edas Regionales. La Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica \nfuncionar\u00e1 desconcentradamente en cada una de las regiones del pa\u00eds mediante Contralor\u00edas \nRegionales.  \nLa direcci\u00f3n de cada contralor\u00eda regional estar\u00e1 a cargo de una o un Contralor \nRegional, designado por la o el Contralor General de la Rep\u00fablica.  \nEn el ejercicio de sus funciones deber\u00e1n mantener la unidad de acci\u00f3n, con el fin de \naplicar un criterio uniforme en todo el territorio del pa\u00eds.   \nLa ley determinar\u00e1 las dem\u00e1s atribuciones de las Contralor\u00edas Regionales y regular\u00e1 \nsu organizaci\u00f3n y funcionamiento. \nRespecto de las entidades territoriales, a trav\u00e9s de las Contralor\u00edas Regionales, \ncontrolar\u00e1 la legalidad de su actividad financiera, la gesti\u00f3n y los resultados de la administraci\u00f3n \nde los recursos p\u00fablicos. \n \n \n",
    "272": "4",
    "273": "2",
    "274": "9.- Art\u00edculo 50.- Condici\u00f3n para el pago de las Tesorer\u00edas del Estado. Las Tesorer\u00edas del \nEstado no podr\u00e1n efectuar ning\u00fan pago sino en virtud de un decreto o resoluci\u00f3n expedido por \nautoridad competente, en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto. \nLos pagos se efectuar\u00e1n considerando, adem\u00e1s, el orden cronol\u00f3gico establecido en ella y previa \nrefrendaci\u00f3n presupuestaria del documento que ordene el pago. \n \nCap\u00edtulo.- Tribunales Electorales y Servicio Electoral. \n \n\u00a7 Servicio Electoral. \n \n",
    "275": "4",
    "276": "3",
    "277": "0.- Art\u00edculo 52.- Del Servicio Electoral. Un organismo aut\u00f3nomo, con personalidad jur\u00eddica \ny patrimonio propio, denominado Servicio Electoral, ejercer\u00e1 la administraci\u00f3n, supervigilancia \ny fiscalizaci\u00f3n de los procesos electorales y plebiscitarios, del cumplimiento de las normas sobre \ntransparencia, l\u00edmite y control del gasto electoral, de las normas sobre organizaciones pol\u00edticas, \nde las normas relativas a mecanismos de democracia directa y participaci\u00f3n ciudadana, as\u00ed como \nlas dem\u00e1s funciones que se\u00f1ale la Constituci\u00f3n y la ley. \nEn lo referente a la democracia participativa y los mecanismos consagrados en esta \nConstituci\u00f3n, ser\u00e1 funci\u00f3n del Servicio Electoral promover la informaci\u00f3n, educaci\u00f3n y \nparticipaci\u00f3n ciudadana y/o electoral en relaci\u00f3n a tales procesos, en colaboraci\u00f3n con otros \norganismos del Estado y la sociedad civil. As\u00ed tambi\u00e9n deber\u00e1 velar por la implementaci\u00f3n y la \nrecta ejecuci\u00f3n de estos mecanismos. \nLa direcci\u00f3n superior del Servicio Electoral corresponder\u00e1 a un Consejo Directivo, \nel que ejercer\u00e1 de forma exclusiva las atribuciones que le encomienden la Constituci\u00f3n y las \nleyes.  \nDicho Consejo estar\u00e1 integrado por cinco consejeras y consejeros designados por la \no el Presidente de la Rep\u00fablica, con acuerdo de la mayor\u00eda de las y los integrantes del Congreso \nde Diputadas y Diputados y de la C\u00e1mara de las Regiones en sesi\u00f3n conjunta.  \nLas y los consejeros durar\u00e1n ocho a\u00f1os en sus cargos, no podr\u00e1n ser reelegidos y se \nrenovar\u00e1n por parcialidades cada cuatro a\u00f1os.  \n \nLas y los consejeros s\u00f3lo podr\u00e1n ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento \nde la o el Presidente de la Rep\u00fablica, de la mayor\u00eda absoluta de los miembros en ejercicio del \nCongreso de Diputadas y Diputados o de la C\u00e1mara de las Regiones, por infracci\u00f3n grave a la \nConstituci\u00f3n o a las leyes, incapacidad legal sobreviniente, mal comportamiento o negligencia \nmanifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocer\u00e1 del asunto en pleno especialmente \nconvocado al efecto y, para acordar la remoci\u00f3n deber\u00e1 reunir el voto conforme de la mayor\u00eda de \nsus juezas y jueces. \n \n\u00a7 Tribunales Electorales \n \n",
    "278": "4",
    "279": "3",
    "280": "1.- Art\u00edculo 53.- Del Tribunal Calificador de Elecciones. El Tribunal Calificador de \nElecciones conocer\u00e1 del escrutinio general y de la calificaci\u00f3n de las elecciones de las autoridades \nelectas por votaci\u00f3n popular a nivel nacional, resolver\u00e1 las reclamaciones que se suscitaren y \nproclamar\u00e1 a los que resulten elegidas y elegidos. \nAdem\u00e1s, conocer\u00e1 y resolver\u00e1 los reclamos administrativos que se entablen contra \nactos del Servicio Electoral y las decisiones emanadas de tribunales supremos u \u00f3rganos \nequivalentes de las organizaciones pol\u00edticas.  \nTambi\u00e9n conocer\u00e1 y resolver\u00e1 sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales \nde cesaci\u00f3n en el cargo de diputadas y diputados del Congreso o los representantes regionales. \nDe igual manera, calificar\u00e1 la renuncia de \u00e9stos, cuando les afecte una enfermedad grave, \ndebidamente acreditada, que les impida desempe\u00f1ar el cargo. \nDicho Tribunal conocer\u00e1, asimismo, de los plebiscitos nacionales, y tendr\u00e1 las dem\u00e1s \natribuciones que determine la ley.  \nEl Tribunal valorar\u00e1 la prueba conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica. \nEstar\u00e1 constituido por cinco juezas y jueces, designados por el Consejo de la Justicia, \nlos cuales deber\u00e1n postular en la forma y oportunidad que determine la ley respectiva.  \nLas juezas y los jueces del Tribunal Calificador de Elecciones durar\u00e1n seis a\u00f1os en \nsus funciones.  \nUna ley regular\u00e1 la organizaci\u00f3n y funcionamiento del Tribunal Calificador de \nElecciones, planta, remuneraciones y estatuto del personal. \n \n \n",
    "281": "4",
    "282": "3",
    "283": "2.- Art\u00edculo 54.- De los tribunales electorales regionales. Habr\u00e1 tribunales electorales \nregionales encargados de conocer el escrutinio general y la calificaci\u00f3n de las elecciones de nivel \nregional, comunal y de organismos de la sociedad civil y dem\u00e1s organizaciones reconocidas por \nesta Constituci\u00f3n o por la ley, as\u00ed como resolver las reclamaciones a que dieren lugar y proclamar \nlas candidaturas que resultaren electas.  \nConocer\u00e1n, asimismo, de los plebiscitos regionales y comunales, sin perjuicio de las \ndem\u00e1s atribuciones que determine la ley.  \nSus resoluciones ser\u00e1n apelables y su conocimiento corresponder\u00e1 al Tribunal \nCalificador de Elecciones en la forma que determine la ley. Igualmente, les corresponder\u00e1 \nconocer de la calificaci\u00f3n de las elecciones de car\u00e1cter gremial y de las que tengan lugar en \naquellas organizaciones que la ley se\u00f1ale.  \nLos tribunales electorales regionales estar\u00e1n constituidos por tres juezas y jueces, \ndesignados por el Consejo de la Justicia, los cuales deber\u00e1n postular en la forma y oportunidad \nque determine la ley respectiva.  \nLas juezas y los jueces de los tribunales electorales regionales durar\u00e1n seis a\u00f1os en \nsus funciones.  \nEstos tribunales valorar\u00e1n la prueba conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica. \nUna ley regular\u00e1 la organizaci\u00f3n y funcionamiento de los tribunales electorales \nregionales, plantas, remuneraciones y estatuto del personal. \n \n",
    "284": "4",
    "285": "3",
    "286": "3.- Art\u00edculo 55.- De la gesti\u00f3n y superintendencia. La gesti\u00f3n administrativa y la \nsuperintendencia directiva y correccional del Tribunal Calificador de Elecciones y de los \ntribunales electorales regionales corresponder\u00e1 al Consejo de la Justicia. \n \nCap\u00edtulo.- Servicio Civil. \n \n",
    "287": "4",
    "288": "3",
    "289": "4.- Art\u00edculo 56. La Direcci\u00f3n del Servicio Civil. La Direcci\u00f3n del Servicio Civil ser\u00e1 un \norganismo aut\u00f3nomo, con personalidad jur\u00eddica y patrimonio propio, encargado del \nfortalecimiento de la funci\u00f3n p\u00fablica y de los procedimientos de selecci\u00f3n de cargos en la \nAdministraci\u00f3n P\u00fablica y dem\u00e1s entidades que establezca la Constituci\u00f3n y la ley, resguardando \nlos principios de transparencia, objetividad, no discriminaci\u00f3n y m\u00e9rito. \n \nEl Servicio Civil est\u00e1 integrado por las funcionarias y funcionarios p\u00fablicos que, bajo \nla direcci\u00f3n del Gobierno, los Gobiernos Regionales o las Municipalidades, desarrollan las \nfunciones de la Administraci\u00f3n P\u00fablica. \nSe excluyen del Servicio Civil los cargos de exclusiva confianza del gobierno central, \nregional y municipal. \nLa Direcci\u00f3n del Servicio Civil estar\u00e1 encargada de regular los procesos de selecci\u00f3n \nde candidatas y candidatos a cargos del Sistema de Alta Direcci\u00f3n P\u00fablica, o de aquellos que \ndeben seleccionarse con su participaci\u00f3n y conducir los concursos destinados a proveer cargos \nde jefaturas superiores de servicios, a trav\u00e9s de un Consejo de Alta Direcci\u00f3n P\u00fablica. \nLas atribuciones de la Direcci\u00f3n del Servicio Civil no afectar\u00e1n las competencias \nque, en el \u00e1mbito de la gesti\u00f3n, correspondan a las autoridades y jefaturas de los servicios \np\u00fablicos. \nLas funciones de la Direcci\u00f3n del Servicio Civil respecto de los procesos de selecci\u00f3n \nde la Administraci\u00f3n P\u00fablica en los distintos niveles ser\u00e1 determinado por ley. \nLa ley regular\u00e1 la organizaci\u00f3n y dem\u00e1s atribuciones de la Direcci\u00f3n del Servicio \nCivil. \n \n",
    "290": "4",
    "291": "3",
    "292": "5.- Art\u00edculo 62.- \u00d3rgano de protecci\u00f3n de consumidores. Existir\u00e1 un \u00f3rgano encargado de \nla protecci\u00f3n de las personas en su rol de consumidoras y usuarias de bienes y servicios, el cual \ncontar\u00e1 con facultades interpretativas, fiscalizadoras, sancionadoras y las dem\u00e1s que le otorgue \nla ley. \n \nCap\u00edtulo.- Justicia Constitucional. \n \n",
    "293": "4",
    "294": "3",
    "295": "6.- Art\u00edculo 65.- De la justicia constitucional. La Corte Constitucional es un \u00f3rgano \naut\u00f3nomo, t\u00e9cnico y profesional, encargado de ejercer la justicia constitucional con la finalidad \nde garantizar la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n, de acuerdo a los principios de deferencia al \u00f3rgano \nlegislativo, presunci\u00f3n de constitucionalidad de la ley y b\u00fasqueda de una interpretaci\u00f3n conforme \ncon la Constituci\u00f3n. Sus resoluciones se fundar\u00e1n \u00fanicamente en razones de derecho. \n \n \n \n \n\u00a7 Corte Constitucional \n \n",
    "296": "4",
    "297": "3",
    "298": "7.- Art\u00edculo 66.- Integraci\u00f3n. Estar\u00e1 conformada por once integrantes, uno de los cuales ser\u00e1 \nsu presidenta o presidente elegido por sus pares y que ejercer\u00e1 sus funciones durante dos a\u00f1os.  \nLas juezas y jueces de la Corte Constitucional durar\u00e1n nueve a\u00f1os en sus cargos, no \nreelegibles, y se renovar\u00e1n por parcialidades cada tres a\u00f1os en la forma que establezca la ley. \nSu designaci\u00f3n se efectuar\u00e1 en base a criterios t\u00e9cnicos y de m\u00e9rito profesional de la \nsiguiente manera: \na) Cuatro integrantes elegidos por la mayor\u00eda de las y los integrantes del Congreso \nde Diputadas y Diputados y de la C\u00e1mara de las Regiones en sesi\u00f3n conjunta. \nb) Tres integrantes elegidos por la o el Presidente de la Rep\u00fablica. \nc) Cuatro integrantes elegidos por el Consejo de la Justicia, a partir de concursos \np\u00fablicos. En caso de ser designados juezas o jueces del Sistema Nacional de Justicia, quedar\u00e1n \nsuspendidos de sus cargos judiciales de origen en tanto se extienda su funci\u00f3n en la Corte \nConstitucional. \nLas y los postulantes al cargo de jueza o juez de la Corte Constitucional deber\u00e1n ser \nabogadas o abogados, con m\u00e1s de quince a\u00f1os de ejercicio profesional, con reconocida y \ncomprobada competencia e idoneidad profesional o acad\u00e9mica y, preferentemente, de distintas \nespecialidades del Derecho. \nNo podr\u00e1n ser juezas o jueces de la Corte Constitucional quienes se hubiesen \ndesempe\u00f1ado en cargos de elecci\u00f3n popular, quienes hayan desempe\u00f1ado el cargo de Ministra o \nMinistro de Estado u otros cargos de exclusiva confianza del gobierno, durante los dos a\u00f1os \nanteriores a la elecci\u00f3n.  \nDe igual manera, las juezas o jueces de la Corte Constitucional no podr\u00e1n tener \nimpedimento que los inhabilite para desempe\u00f1ar el cargo de jueza o juez del Sistema Nacional \nde Justicia. \nUna ley determinar\u00e1 la organizaci\u00f3n, funcionamiento, procedimientos y fijar\u00e1 la \nplanta, r\u00e9gimen de remuneraciones y estatuto del personal de la Corte Constitucional. \n \n",
    "299": "4",
    "300": "3",
    "301": "8.- Art\u00edculo 67.- Inamovilidad e independencia. Las juezas y jueces de la Corte \nConstitucional son independientes de todo otro poder y gozan de inamovilidad. Cesar\u00e1n en sus \n \ncargos por haber cumplido su periodo, por incapacidad legal sobreviniente, por renuncia, por \nsentencia penal condenatoria, por remoci\u00f3n, enfermedad incompatible con el ejercicio de la \nfunci\u00f3n u otra causa establecida en la ley. \n \n",
    "302": "4",
    "303": "3",
    "304": "9.- Art\u00edculo 68.- De las incompatibilidades e inhabilidades. El ejercicio del cargo de jueza \no juez de la Corte Constitucional es de dedicaci\u00f3n exclusiva. La ley determinar\u00e1 las dem\u00e1s \nincompatibilidades e inhabilidades para el desempe\u00f1o de este cargo. \nAl terminar su periodo, y durante los dieciocho meses siguientes, no podr\u00e1n optar a \nning\u00fan cargo de elecci\u00f3n popular ni de exclusiva confianza de alguna autoridad. \n \n",
    "305": "4",
    "306": "4",
    "307": "0.- Art\u00edculo 68 bis.- La Corte Constitucional resolver\u00e1 los conflictos de competencia entre el \nCongreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones, o entre \u00e9stas y el Presidente \nde la Rep\u00fablica. \n \n",
    "308": "4",
    "309": "4",
    "310": "1.- Art\u00edculo 69.- Atribuciones de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tendr\u00e1 las \nsiguientes atribuciones, ejerci\u00e9ndolas conforme a los principios referidos en el art\u00edculo [65]: \n1. Conocer y resolver la inaplicabilidad de un precepto legal cuyos efectos sean \ncontrarios a la Constituci\u00f3n. \n2. Conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de un precepto legal. \n3. Conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de uno o m\u00e1s preceptos de \nestatutos regionales, de autonom\u00edas territoriales ind\u00edgenas y de cualquier otra entidad territorial. \n4. Conocer y resolver los reclamos en caso que la Presidenta o el Presidente de la \nRep\u00fablica no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que \nconstitucionalmente corresponda. Igual atribuci\u00f3n tendr\u00e1 respecto de la promulgaci\u00f3n de la \nnormativa regional. \n5. Conocer y resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resoluci\u00f3n de la o \nel Presidente de la Rep\u00fablica que la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica haya representado por \nestimarlo inconstitucional, cuando sea requerido por la o el Presidente en conformidad al art\u00edculo \n[47]. \n \n5 bis. Conocer y resolver sobre la constitucionalidad de los reglamentos y decretos \nde la o el Presidente de la Rep\u00fablica, dictados en ejercicio de la potestad reglamentaria en \naquellas materias que no est\u00e1n comprendidas en el art\u00edculo [22]. \n6. Resolver los conflictos de competencia o de atribuciones que se susciten entre las \nentidades territoriales aut\u00f3nomas, con cualquier otro \u00f3rgano del Estado, o entre \u00e9stos, a solicitud \nde cualquiera de los antes mencionados. \n7. Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades \npol\u00edticas o administrativas y los tribunales de justicia. \n9. Las dem\u00e1s previstas en esta Constituci\u00f3n. \nTrat\u00e1ndose del n\u00famero 1, el tribunal de una gesti\u00f3n pendiente, de oficio o previa \npetici\u00f3n de parte, podr\u00e1 plantear una cuesti\u00f3n de constitucionalidad respecto de un precepto legal \ndecisorio para la resoluci\u00f3n de dicho asunto. El pronunciamiento del juez en esta materia no lo \ninhabilitar\u00e1 para seguir conociendo el caso concreto. No proceder\u00e1 esta solicitud si el asunto est\u00e1 \nsometido al conocimiento de la Corte Suprema. La Corte Constitucional decidir\u00e1 la cuesti\u00f3n de \ninaplicabilidad por mayor\u00eda de sus integrantes. \nTrat\u00e1ndose del n\u00famero 2, existiendo dos o m\u00e1s declaraciones de inaplicabilidad de \nun precepto legal conforme al n\u00famero 1 de este art\u00edculo, habr\u00e1 acci\u00f3n p\u00fablica para requerir a la \nCorte la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la facultad de \u00e9sta para declararla \nde oficio. Esta declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad se efectuar\u00e1 con el voto conforme de los tres \nquintos de las y los integrantes en ejercicio de la Corte Constitucional. \nAsimismo, trat\u00e1ndose del n\u00famero 2, la Corte Constitucional podr\u00e1 declarar la \ninconstitucionalidad de un precepto legal, que hubiera sido declarado inaplicable previamente \nconforme al n\u00famero 1 de este art\u00edculo, a petici\u00f3n de la o el Presidente de la Rep\u00fablica, de un \ntercio de las y los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados o de la C\u00e1mara de las \nRegiones, de una o un Gobernador Regional, o de a lo menos la mitad de los integrantes de una \nAsamblea Regional. Esta inconstitucionalidad ser\u00e1 declarada por un qu\u00f3rum de cuatro quintos \nde sus integrantes en ejercicio. \nEn el caso del n\u00famero 3, la cuesti\u00f3n podr\u00e1 ser planteada por la Presidenta o el \nPresidente de la Rep\u00fablica, o un tercio de las o los integrantes de la C\u00e1mara de las Regiones. \nEn el caso del n\u00famero 4, la cuesti\u00f3n podr\u00e1 promoverse por cualquiera de los \u00f3rganos \nlegislativos o por una cuarta parte de sus integrantes en ejercicio, dentro de los treinta d\u00edas \n \nsiguientes a la publicaci\u00f3n del texto impugnado o dentro de los sesenta d\u00edas siguientes a la fecha \nen que la Presidenta o el Presidente de la Rep\u00fablica debi\u00f3 efectuar la promulgaci\u00f3n de la ley. Si \nla Corte acogiera el reclamo, promulgar\u00e1 en su sentencia la ley que no lo haya sido o rectificar\u00e1 \nla promulgaci\u00f3n incorrecta. \nEn el caso del n\u00famero 5 bis, la Corte podr\u00e1 conocer de la materia a requerimiento de \ncualquiera del Congreso de Diputadas y Diputados o de la C\u00e1mara de las Regiones, o un tercio \nde sus integrantes, dentro de los treinta d\u00edas siguientes a la publicaci\u00f3n o notificaci\u00f3n del texto \nimpugnado. \nEn el caso de los conflictos de competencia contemplados en los n\u00fameros 6 y 7, \npodr\u00e1n ser deducidas por cualquiera de las autoridades o tribunales en conflicto. \nEn lo dem\u00e1s, el procedimiento, el qu\u00f3rum y la legitimaci\u00f3n activa para el ejercicio \nde cada atribuci\u00f3n se determinar\u00e1 por la ley. \n \n",
    "311": "4",
    "312": "4",
    "313": "2.- Art\u00edculo 71.- (Inciso primero) De las sentencias de la Corte Constitucional y sus \nefectos. Las sentencias de la Corte Constitucional se adoptar\u00e1n, en sala o en pleno, por la mayor\u00eda \nde sus integrantes, sin perjuicio de las excepciones que establezca la Constituci\u00f3n o la ley. Tienen \ncar\u00e1cter vinculante, de cumplimiento obligatorio para toda instituci\u00f3n, persona o grupo y contra \nellas no cabe recurso ulterior alguno. \nLa Corte Constitucional s\u00f3lo podr\u00e1 acoger la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad \nde un precepto, cuando no sea posible interpretarlo de modo de evitar efectos inconstitucionales. \nDeclarada la inaplicabilidad de un precepto legal, \u00e9ste no podr\u00e1 ser aplicado en la \ngesti\u00f3n judicial en la que se origin\u00f3 la cuesti\u00f3n de constitucionalidad. \nCuando la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de un precepto, la \nsentencia provocar\u00e1 su invalidaci\u00f3n, excluy\u00e9ndolo del ordenamiento jur\u00eddico a partir del d\u00eda \nsiguiente de su publicaci\u00f3n en el Diario Oficial. \n \n\u00a7 Acciones constitucionales de tutela. \n \n",
    "314": "4",
    "315": "4",
    "316": "3.- Art\u00edculo 72.- Acci\u00f3n de tutela de derechos fundamentales. Toda persona que por causa \nde un acto u omisi\u00f3n sufra una amenaza, perturbaci\u00f3n o privaci\u00f3n en el leg\u00edtimo ejercicio de sus \nderechos fundamentales, podr\u00e1 concurrir por s\u00ed o por cualquiera a su nombre ante el tribunal de \n \ninstancia que determine la ley, el que adoptar\u00e1 de inmediato todas las providencias que juzgue \nnecesarias para restablecer el imperio del derecho. Esta acci\u00f3n se podr\u00e1 deducir mientras la \nvulneraci\u00f3n persista. La acci\u00f3n se tramitar\u00e1 sumariamente y con preferencia a toda otra causa \nque conozca el tribunal. \nEsta acci\u00f3n cautelar ser\u00e1 procedente cuando la persona afectada no disponga de otra \nacci\u00f3n, recurso o medio procesal para reclamar de su derecho, salvo aquellos casos en que, por \nsu urgencia y gravedad, pueda provocarle un da\u00f1o grave inminente o irreparable.  \nAl acoger o rechazar la acci\u00f3n, se deber\u00e1 se\u00f1alar el procedimiento judicial que en \nderecho corresponda y que permita la resoluci\u00f3n del asunto. \nEl tribunal competente podr\u00e1 en cualquier momento del procedimiento, de oficio o a \npetici\u00f3n de parte, decretar cualquier medida provisional que estime necesaria, y alzarlas o \ndejarlas sin efecto  cuando lo estime conveniente.  \nNo podr\u00e1 deducirse esta acci\u00f3n contra resoluciones judiciales, salvo respecto de \naquellas personas que no hayan intervenido en el proceso respectivo y a quienes afecten sus \nresultados. \nLa apelaci\u00f3n en contra de la sentencia definitiva ser\u00e1 conocida por la Corte de \nApelaciones respectiva. El recurso ser\u00e1 conocido por la Corte Suprema si respecto a la materia \nde derecho objeto de la acci\u00f3n existen interpretaciones contradictorias sostenidas en dos o m\u00e1s \nsentencias firmes emanadas de los tribunales del Sistema Nacional de Justicia. De estimarse en \nel examen de admisibilidad que no existe tal contradicci\u00f3n, se ordenar\u00e1 que sea remitido junto \ncon sus antecedentes a la Corte de Apelaciones correspondiente para que, si lo estima admisible, \nlo conozca y resuelva. \nEsta acci\u00f3n tambi\u00e9n proceder\u00e1 cuando por acto o resoluci\u00f3n administrativa se prive \no desconozca la nacionalidad chilena. La interposici\u00f3n de la acci\u00f3n suspender\u00e1 los efectos del \nacto o resoluci\u00f3n recurrida. \nTrat\u00e1ndose de los derechos de la naturaleza y derechos ambientales, podr\u00e1n ejercer \nesta acci\u00f3n tanto la Defensor\u00eda de la Naturaleza como cualquier persona o grupo. \nEn el caso de los derechos de los pueblos ind\u00edgenas y tribales, esta acci\u00f3n podr\u00e1 ser \ndeducida por las instituciones representativas de los pueblos ind\u00edgenas, sus miembros, o la \nDefensor\u00eda del Pueblo. \n \n \n",
    "317": "4",
    "318": "4",
    "319": "4.- Art\u00edculo 73.- Acci\u00f3n de amparo. Toda persona que sea arrestada, detenida o presa con \ninfracci\u00f3n a lo dispuesto en esta Constituci\u00f3n o las leyes, podr\u00e1 concurrir por s\u00ed o por cualquiera \npersona a su nombre, sin formalidades, ante la magistratura que se\u00f1ale la ley, a fin de que esta \nadopte de inmediato las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho \ny asegurar la debida protecci\u00f3n de la persona afectada, pudiendo inclusive decretar su libertad \ninmediata. \nEsa magistratura podr\u00e1 ordenar que el individuo sea tra\u00eddo a su presencia y su decreto \nser\u00e1 precisamente obedecido por todos los encargados de las c\u00e1rceles o lugares de detenci\u00f3n. \nInstruida de los antecedentes, decretar\u00e1 su libertad inmediata o har\u00e1 que se reparen los defectos \nlegales o pondr\u00e1 al individuo a disposici\u00f3n del tribunal competente, procediendo en todo breve \ny sumariamente, y corrigiendo por s\u00ed esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que \nlos corrija. Sin perjuicio de lo se\u00f1alado, el tribunal deber\u00e1 agotar todas las medidas conducentes \na determinar la existencia y condiciones de la persona que se encontrare privada de libertad.   \nEsta acci\u00f3n tambi\u00e9n proceder\u00e1 respecto de toda persona que ilegalmente sufra una \nprivaci\u00f3n, perturbaci\u00f3n o amenaza a su derecho a la libertad personal, ambulatoria o seguridad \nindividual, debiendo en tal caso adoptarse todas las medidas que sean conducentes para \nrestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protecci\u00f3n del afectado. \n \n",
    "320": "4",
    "321": "4",
    "322": "5.- Art\u00edculo 74.- Compensaci\u00f3n por privaci\u00f3n de libertad sin condena. Toda persona que \nsea absuelta, sobrese\u00edda definitivamente o que no resulte condenada, ser\u00e1 compensada por cada \nd\u00eda que haya permanecido privada de libertad. El monto diario de compensaci\u00f3n ser\u00e1 fijado por \nla ley y su pago se realizar\u00e1 mediante un procedimiento simple y expedito. \nLa compensaci\u00f3n no proceder\u00e1 cuando la privaci\u00f3n de libertad se haya decretado por \nuna causal fundada en una conducta efectiva del imputado. \n \n",
    "323": "4",
    "324": "4",
    "325": "6.- Art\u00edculo 75.- Acci\u00f3n de indemnizaci\u00f3n por error judicial. Toda persona que haya sido \ncondenada por sentencia dictada con error injustificado o falta de servicio judicial, tendr\u00e1 derecho \na ser indemnizada de todos los perjuicios que el proceso y la decisi\u00f3n condenatoria le hubieren \ncausado.   \nSi todo o parte del da\u00f1o deriva de la privaci\u00f3n de libertad, la compensaci\u00f3n, que \nsiempre se podr\u00e1 exigir en conformidad al art\u00edculo anterior, ser\u00e1 imputada a la presente \n \nindemnizaci\u00f3n. La misma indemnizaci\u00f3n proceder\u00e1 por las actuaciones o decisiones \nadministrativas derivadas del funcionamiento judicial que, con falta de servicio, generen da\u00f1o. \n \nCap\u00edtulo.- Reforma y Reemplazo de la Constituci\u00f3n. \n \nT\u00edtulo I. Reforma constitucional \n \n",
    "326": "4",
    "327": "4",
    "328": "7.- Art\u00edculo 76.- Los proyectos de reforma a la Constituci\u00f3n podr\u00e1n ser iniciados por mensaje \npresidencial, moci\u00f3n de diputadas y diputados o representantes regionales, o por iniciativa \npopular. \nLos proyectos de reforma constitucional iniciados por las y los ciudadanos deber\u00e1n \ncontar con  el patrocinio en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en esta Constituci\u00f3n. \nTodo proyecto de reforma constitucional deber\u00e1 se\u00f1alar expresamente de qu\u00e9 forma \nse agrega, modifica, reemplaza o deroga una norma de la Constituci\u00f3n. \nEn lo no previsto en este T\u00edtulo, ser\u00e1n aplicables a la tramitaci\u00f3n de los proyectos de \nreforma constitucional, las disposiciones que regulan el procedimiento de formaci\u00f3n de la ley, \ndebiendo respetarse siempre el qu\u00f3rum se\u00f1alado en los incisos anteriores. \n \n",
    "329": "4",
    "330": "4",
    "331": "8.- Art\u00edculo 78.- Convocatoria a refer\u00e9ndum. El Congreso de Diputadas y Diputados deber\u00e1 \nconvocar a refer\u00e9ndum ratificatorio trat\u00e1ndose de proyectos de reforma constitucional aprobados \npor este y la C\u00e1mara de las Regiones, que alteren sustancialmente el r\u00e9gimen pol\u00edtico y el periodo \npresidencial; el dise\u00f1o del Congreso de Diputadas y Diputados o la C\u00e1mara de las Regiones y la \nduraci\u00f3n de sus integrantes; la forma de Estado Regional; los principios y los derechos \nfundamentales; y el cap\u00edtulo de reforma y reemplazo de la Constituci\u00f3n. Si el proyecto de reforma \nconstitucional es aprobado por dos tercios de las y los integrantes del Congreso de Diputadas y \nDiputados y de la C\u00e1mara de las Regiones, no ser\u00e1 sometido a refer\u00e9ndum ratificatorio. \nEl refer\u00e9ndum se realizar\u00e1 en la forma que establezca la Constituci\u00f3n y la ley.  \nAprobado que sea el proyecto de reforma constitucional por el Congreso de \nDiputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones, el Congreso lo enviar\u00e1 a la o el Presidente \nde la Rep\u00fablica quien, dentro del plazo de treinta d\u00edas corridos, deber\u00e1 someterlo a refer\u00e9ndum \nratificatorio. \n \nLa reforma constitucional aprobada por el Congreso de Diputadas y Diputados y la \nC\u00e1mara de las Regiones se entender\u00e1 ratificada si alcanza la mayor\u00eda de los votos v\u00e1lidamente \nemitidos en el refer\u00e9ndum. \nEs deber del Estado dar adecuada publicidad a la propuesta de reforma que se \nsometer\u00e1 a refer\u00e9ndum, de acuerdo a la Constituci\u00f3n y la ley. \n \n",
    "332": "4",
    "333": "4",
    "334": "9.- Art\u00edculo 79.- (Inciso primero) Refer\u00e9ndum popular de reforma constitucional. Un \nm\u00ednimo equivalente al diez por ciento de la ciudadan\u00eda correspondiente al \u00faltimo padr\u00f3n \nelectoral, podr\u00e1 presentar una propuesta de reforma constitucional para ser votada mediante \nrefer\u00e9ndum nacional conjuntamente con la pr\u00f3xima elecci\u00f3n parlamentaria.  \n(Inciso segundo) Existir\u00e1 un plazo de ciento ochenta d\u00edas desde su registro para que \nla propuesta sea conocida por la ciudadan\u00eda y pueda reunir los patrocinios exigidos.  \n(Inciso cuarto) La propuesta de reforma constitucional se entender\u00e1 aprobada si la \nalternativa de modificaci\u00f3n ganadora alcanza la mayor\u00eda en la votaci\u00f3n respectiva. \n(Inciso quinto) Es deber del Congreso y de los \u00f3rganos del Estado descentralizados \ndar adecuada publicidad a  la o las propuestas de reforma que se someter\u00e1n a refer\u00e9ndum. \n \nT\u00edtulo II. Procedimiento para elaborar una nueva Constituci\u00f3n. \n \n",
    "335": "4",
    "336": "5",
    "337": "0.- Art\u00edculo 81.- Procedimiento para el reemplazo de la Constituci\u00f3n. El reemplazo total \nde la Constituci\u00f3n s\u00f3lo podr\u00e1 realizarse a trav\u00e9s de una Asamblea Constituyente convocada por \nmedio de un refer\u00e9ndum. \nLa convocatoria a refer\u00e9ndum constituyente podr\u00e1 ser convocada por iniciativa \npopular. Un grupo de ciudadanas y ciudadanos con derecho a sufragio deber\u00e1 patrocinar la \nconvocatoria con, a lo menos, firmas correspondientes al veinticinco por ciento del padr\u00f3n \nelectoral que hubiere sido establecido para la \u00faltima elecci\u00f3n parlamentaria. \nTambi\u00e9n corresponder\u00e1 a la o el Presidente de la Rep\u00fablica, por medio de un decreto, \nconvocar al refer\u00e9ndum, el que deber\u00e1 contar con la aprobaci\u00f3n de los tres quintos de las y los \nintegrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y de la C\u00e1mara de las Regiones, que deber\u00e1n \nsesionar de manera conjunta en pleno para estos efectos. \n \nAsimismo, la convocatoria corresponder\u00e1 al Congreso de Diputadas y Diputados y \nla C\u00e1mara de las Regiones, quienes deber\u00e1n sesionar de manera conjunta en pleno para estos \nefectos, por medio de una ley aprobada por los dos tercios de sus integrantes. \nLa convocatoria para la instalaci\u00f3n de la Asamblea Constituyente ser\u00e1 aprobada si \nen el referendo es votada favorablemente por la mayor\u00eda de los votos v\u00e1lidamente emitidos. El \nsufragio en este referendo ser\u00e1 obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile. \n \n",
    "338": "4",
    "339": "5",
    "340": "1.- Art\u00edculo 82.- De la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente tendr\u00e1 como \n\u00fanica funci\u00f3n la redacci\u00f3n de una propuesta de Nueva Constituci\u00f3n. Estar\u00e1 integrada \nparitariamente y con equidad territorial, con  participaci\u00f3n en igualdad de condiciones entre \nindependientes e integrantes de partidos pol\u00edticos, y con  esca\u00f1os reservados para pueblos \noriginarios. \nUna ley regular\u00e1 su integraci\u00f3n, el sistema de elecci\u00f3n, su duraci\u00f3n, que no ser\u00e1 \ninferior a dieciocho meses, su organizaci\u00f3n m\u00ednima, los mecanismos de participaci\u00f3n popular y \nconsulta ind\u00edgena del proceso y dem\u00e1s aspectos generales que permitan su  instalaci\u00f3n y \nfuncionamiento regular.  \nUna vez redactada y entregada la propuesta de nueva constituci\u00f3n a la autoridad \ncompetente, la Asamblea Constituyente se disolver\u00e1 de pleno derecho. \n \n",
    "341": "4",
    "342": "5",
    "343": "2.- Art\u00edculo 83.- Del plebiscito ratificatorio de una Nueva Constituci\u00f3n. Entregada la \npropuesta de Nueva Constituci\u00f3n, deber\u00e1 convocarse a un refer\u00e9ndum para su aprobaci\u00f3n o \nrechazo. El sufragio ser\u00e1 obligatorio para quienes tengan domicilio electoral dentro de Chile y \nvoluntario para los votantes radicados fuera del pa\u00eds. \nPara que la propuesta sea aprobada deber\u00e1 obtener el voto favorable de m\u00e1s de la \nmitad de los sufragios v\u00e1lidamente emitidos.  \nSi la propuesta de Nueva Constituci\u00f3n fuera aprobada en el plebiscito, se proceder\u00e1 \na su promulgaci\u00f3n y correspondiente publicaci\u00f3n. \n \n \n \n \n\u00a7 Derechos de personas privadas de libertad \n \n",
    "344": "4",
    "345": "5",
    "346": "3.- Art\u00edculo 85.- De los derechos de las personas privadas de libertad y las obligaciones \ngenerales del Estado. Toda persona sometida a cualquier forma de privaci\u00f3n de libertad no \npodr\u00e1 sufrir limitaciones a otros derechos que aquellos estrictamente necesarios para la ejecuci\u00f3n \nde la pena. \nEl Estado deber\u00e1 asegurar un trato digno y con pleno respeto a los derechos humanos \nde las personas privadas de libertad y de sus visitas. \nLas mujeres y personas gestantes embarazadas tendr\u00e1n derecho, antes, durante y \ndespu\u00e9s del parto, a acceder a los servicios de salud que requieran, a la lactancia y al v\u00ednculo \ndirecto y permanente con su hijo o hija, teniendo en consideraci\u00f3n el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, \nni\u00f1a o adolescente. \n \n",
    "347": "4",
    "348": "5",
    "349": "4.- Art\u00edculo 87.- Prohibici\u00f3n de la tortura, aislamiento e incomunicaci\u00f3n. Ninguna persona \nprivada de libertad podr\u00e1 ser sometida a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o \ndegradantes, ni a trabajos forzosos. Asimismo, no podr\u00e1 ser sometida a aislamiento o \nincomunicaci\u00f3n como sanci\u00f3n disciplinaria. \n \n",
    "350": "4",
    "351": "5",
    "352": "5.- Art\u00edculo 88.- Derecho a petici\u00f3n. Las personas privadas de libertad tienen el derecho a \nhacer peticiones a la autoridad penitenciaria y al tribunal de ejecuci\u00f3n de la pena para el resguardo \nde sus derechos y a recibir una respuesta oportuna. Asimismo, tienen derecho a mantener la \ncomunicaci\u00f3n y el contacto personal, directo y peri\u00f3dico con sus redes de apoyo y siempre con \nlas personas encargadas de su asesor\u00eda jur\u00eddica. \n \n",
    "353": "4",
    "354": "5",
    "355": "6.- Art\u00edculo 89.- Derecho a la inserci\u00f3n e integraci\u00f3n social de las personas privadas de \nlibertad. Es deber del Estado garantizar un sistema penitenciario orientado a la inserci\u00f3n e \nintegraci\u00f3n de las personas privadas de libertad. \nEl Estado crear\u00e1 los organismos, de personal civil y t\u00e9cnico, que garanticen la \ninserci\u00f3n e integraci\u00f3n penitenciaria y postpenitenciaria de las personas privadas de libertad. La \nseguridad y administraci\u00f3n de estos recintos estar\u00e1 regulado por ley. \n \n \n",
    "356": "4",
    "357": "5",
    "358": "7.- Art\u00edculo 90.- Las leyes que regulen a la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, la Defensor\u00eda \ndel Pueblo, la Defensor\u00eda de la Naturaleza, el Servicio Electoral, la Corte Constitucional y al \nBanco Central, se adoptar\u00e1n por la mayor\u00eda de las y los integrantes del Congreso de Diputadas y \nDiputados y de la C\u00e1mara de las Regiones. \n \n********* \n \n"
  },
  "8": {
    "1": "CAP\u00cdTULO (COM 7) \nSISTEMAS DE CONOCIMIENTOS \n \n",
    "2": "4",
    "3": "5",
    "4": "8.- Art\u00edculo 1.- Derecho a la comunicaci\u00f3n social. Toda persona, individual o \ncolectivamente, tiene derecho a producir informaci\u00f3n y a participar equitativamente en la \ncomunicaci\u00f3n social. Se reconoce el derecho a fundar y mantener medios de comunicaci\u00f3n e \ninformaci\u00f3n. \n \n",
    "5": "4",
    "6": "5",
    "7": "9.- Art\u00edculo 2.- El Estado debe respetar la libertad de prensa, promover el pluralismo de los \nmedios de comunicaci\u00f3n y la diversidad de informaci\u00f3n. Se proh\u00edbe la censura previa. \n \n",
    "8": "4",
    "9": "6",
    "10": "0.- Art\u00edculo 3.- Concentraci\u00f3n de la propiedad de medios. El Estado impedir\u00e1 la \nconcentraci\u00f3n de la propiedad de los medios de comunicaci\u00f3n e informaci\u00f3n. En ning\u00fan caso se \npodr\u00e1 establecer el monopolio estatal sobre ellos. Corresponder\u00e1 a la ley el resguardo de este \nprecepto. \n \n",
    "11": "4",
    "12": "6",
    "13": "1.- Art\u00edculo 4.- Promoci\u00f3n de medios de comunicaci\u00f3n e informaci\u00f3n. El Estado fomenta \nla creaci\u00f3n de medios de comunicaci\u00f3n e informaci\u00f3n y su desarrollo a nivel regional, local y \ncomunitario. \n \n",
    "14": "4",
    "15": "6",
    "16": "2.- Art\u00edculo 8.- Toda persona ofendida o injustamente aludida por un medio de comunicaci\u00f3n \ne informaci\u00f3n tiene derecho a que su aclaraci\u00f3n o rectificaci\u00f3n sea difundida gratuitamente por \nel mismo medio en que hubiese sido emitida. \nLa ley regular\u00e1 el ejercicio de este derecho, con pleno respeto a la libertad de \nexpresi\u00f3n. \n \n \n",
    "17": "4",
    "18": "6",
    "19": "3.- Art\u00edculo 9.- Derechos culturales. La Constituci\u00f3n asegura a todas las personas y \ncomunidades: \n1\u00b0. El derecho a participar libremente en la vida cultural y art\u00edstica y a gozar de sus \ndiversas expresiones, bienes, servicios e institucionalidad. \n2\u00b0. El derecho a la identidad cultural, a conocer y educarse en las diversas culturas, \nas\u00ed como a expresarse en el idioma o lengua propios. \n3\u00b0. La libertad de crear y difundir las culturas y las artes, as\u00ed como el derecho a \ndisfrutar de sus beneficios. Se proh\u00edbe toda forma de censura previa. \n4\u00b0. El derecho al uso de espacios p\u00fablicos para desarrollar expresiones y \nmanifestaciones culturales y art\u00edsticas, sin m\u00e1s limitaciones que las establecidas en esta \nConstituci\u00f3n y las leyes. \n5\u00b0: La igualdad ante la ley y no discriminaci\u00f3n arbitraria de las diversas \ncosmovisiones que componen la interculturalidad del pa\u00eds, promoviendo su interrelaci\u00f3n \narm\u00f3nica y el respeto de todas las expresiones simb\u00f3licas, culturales y patrimoniales, sean estas \ntangibles o intangibles. \nEstos derechos deben ejercerse con pleno respeto a la diversidad cultural, los \nderechos humanos y de la naturaleza. \n \n",
    "20": "4",
    "21": "6",
    "22": "4.- Art\u00edculo 12.- El Estado promueve, fomenta y garantiza el acceso, desarrollo y difusi\u00f3n de \nlas culturas, las artes y los conocimientos, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus \nmanifestaciones y contribuciones, bajo los principios de colaboraci\u00f3n e interculturalidad. \nEl Estado debe generar las instancias para que la sociedad contribuya al desarrollo \nde la creatividad cultural y art\u00edstica, en sus m\u00e1s diversas expresiones. \nEl Estado promueve las condiciones para el libre desarrollo de la identidad cultural \nde las comunidades y personas, as\u00ed como de sus procesos culturales. \nEsto se realizar\u00e1 con pleno respeto a los derechos, libertades y las autonom\u00edas que \nconsagra esta Constituci\u00f3n. \n \n",
    "23": "4",
    "24": "6",
    "25": "5.- Art\u00edculo 13.- Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a obtener la repatriaci\u00f3n \nde objetos de cultura y de restos humanos pertenecientes a los pueblos. El Estado adoptar\u00e1 \n \nmecanismos eficaces en materia de restituci\u00f3n y repatriaci\u00f3n de objetos de culto y restos humanos \nque fueron confiscados sin consentimiento de los pueblos y garantizar\u00e1 el acceso de los pueblos \na su propio patrimonio, incluyendo objetos, restos humanos y sitios culturalmente significativos \npara su desarrollo. \n \n",
    "26": "4",
    "27": "6",
    "28": "6.- Art\u00edculo 18.- Todas las personas, individual y colectivamente, tienen derecho al acceso \nuniversal, a la conectividad digital y a las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y comunicaci\u00f3n, con \npleno respeto de los derechos y garant\u00edas que establecen esta Constituci\u00f3n y las leyes. \n \n",
    "29": "4",
    "30": "6",
    "31": "7.- Art\u00edculo 19.- El Estado tiene la obligaci\u00f3n de superar las brechas de acceso, uso y \nparticipaci\u00f3n en el espacio digital, sus dispositivos e infraestructuras. \nEs deber del Estado promover y participar del desarrollo de las telecomunicaciones, \nservicios de conectividad y tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y comunicaci\u00f3n. La ley regular\u00e1 la \nforma en que el Estado cumplir\u00e1 este deber, as\u00ed como su participaci\u00f3n y la de otros actores en la \nmateria. \n \n",
    "32": "4",
    "33": "6",
    "34": "8.- Art\u00edculo 20.- El Estado garantiza el cumplimiento del principio de neutralidad en la red. \nLas obligaciones, condiciones y l\u00edmites en esta materia ser\u00e1n determinados por la ley. \n \n",
    "35": "4",
    "36": "6",
    "37": "9.- Art\u00edculo 21.- El Estado garantiza el acceso libre, equitativo y descentralizado, con \ncondiciones de calidad y velocidad adecuadas y efectivas a los servicios b\u00e1sicos de \ncomunicaci\u00f3n. \n \n",
    "38": "4",
    "39": "7",
    "40": "0.- Art\u00edculo 22.- Toda persona tiene el derecho a la educaci\u00f3n digital, al desarrollo del \nconocimiento, pensamiento y lenguaje tecnol\u00f3gico, as\u00ed como a gozar de sus beneficios. El Estado \nasegurar\u00e1 que todas las personas tengan la posibilidad de ejercer sus derechos en los espacios \ndigitales, para lo cual crear\u00e1 pol\u00edticas p\u00fablicas y financiar\u00e1 planes y programas gratuitos con tal \nobjeto. \n \n",
    "41": "4",
    "42": "7",
    "43": "1.- Art\u00edculo 23.- Todas las personas tienen el derecho a participar de un espacio digital libre \nde violencia. El Estado desarrollar\u00e1 acciones de prevenci\u00f3n, promoci\u00f3n, reparaci\u00f3n y garant\u00eda de \n \neste derecho, otorgando especial protecci\u00f3n a mujeres, ni\u00f1as, ni\u00f1os, j\u00f3venes y disidencias \nsexogen\u00e9ricas. \nLas obligaciones, condiciones y l\u00edmites en esta materia ser\u00e1n determinados por la ley. \n \n",
    "44": "4",
    "45": "7",
    "46": "2.- Art\u00edculo 24.- Derecho al ocio. Todas las personas tienen derecho al descanso, al ocio y a \ndisfrutar el tiempo libre. \n \n",
    "47": "4",
    "48": "7",
    "49": "3.- Art\u00edculo 26.- El Estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas \nneurodivergentes su derecho a una vida aut\u00f3noma, a desarrollar libremente su personalidad e \nidentidad, a ejercer su capacidad jur\u00eddica y los derechos, individuales y colectivos, reconocidos \nen esta Constituci\u00f3n y los tratados e instrumentos internacionales de Derechos Humanos \nratificados por Chile y que se encuentren vigentes. \n \n",
    "50": "4",
    "51": "7",
    "52": "4.- Art\u00edculo 28.- Principios de la Bio\u00e9tica. Las ciencias y tecnolog\u00edas, sus aplicaciones y \nprocesos investigativos, deben desarrollarse seg\u00fan los principios de solidaridad, cooperaci\u00f3n, \nresponsabilidad y con pleno respeto a la dignidad humana, a la sintiencia de los animales, los \nderechos de la naturaleza y los dem\u00e1s derechos establecidos en esta Constituci\u00f3n y en tratados \ninternacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. \n \n********* \n \n",
    "53": "4",
    "54": "7",
    "55": "5.- Art\u00edculo 1.- Derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos. Toda persona, \nindividual o colectivamente, tiene derecho a participar libremente de la creaci\u00f3n, desarrollo, \nconservaci\u00f3n e innovaci\u00f3n de los diversos sistemas de conocimientos y a la transferencia de sus \naplicaciones, as\u00ed como a gozar de sus beneficios. \nEl Estado reconoce el derecho de los pueblos y naciones ind\u00edgenas a preservar, \nrevitalizar, desarrollar y transmitir los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales y debe, \nen conjunto con ellos, adoptar medidas eficaces para garantizar su ejercicio. \nAsimismo, la Constituci\u00f3n garantiza la libertad de investigaci\u00f3n. \n \n \n",
    "56": "4",
    "57": "7",
    "58": "6.- Art\u00edculo 2.- Deberes del Estado. El Estado reconoce y fomenta el desarrollo de los \ndiversos sistemas de conocimientos en el pa\u00eds, considerando sus diferentes contextos culturales, \nsociales y territoriales. \nAsimismo, fomenta su acceso equitativo y abierto, lo que comprende el intercambio \ny comunicaci\u00f3n de conocimientos a la sociedad de la forma m\u00e1s amplia posible, con pleno \nrespeto a los derechos establecidos en esta Constituci\u00f3n. \nEl Estado promover\u00e1 en todas sus etapas, un sistema educativo integral donde se \nfomenten interdisciplinariamente el pensamiento cr\u00edtico y las habilidades basadas en la capacidad \ncreadora del ser humano a trav\u00e9s de las diversas \u00e1reas del conocimiento. \n \n",
    "59": "4",
    "60": "7",
    "61": "7.- Art\u00edculo nuevo.- De la asimilaci\u00f3n forzada. Se proh\u00edbe la asimilaci\u00f3n forzada o \ndestrucci\u00f3n de las culturas de los pueblos y naciones ind\u00edgenas. \n \n",
    "62": "4",
    "63": "7",
    "64": "8.- Art\u00edculo 6.- Derechos de autor. La Constituci\u00f3n asegura a todas las personas la protecci\u00f3n \nde los derechos de autor sobre sus obras intelectuales, cient\u00edficas y art\u00edsticas, comprendiendo los \nderechos morales y patrimoniales sobre ellas, en conformidad y por el tiempo que se\u00f1ale la ley, \nque no ser\u00e1 inferior a la vida del autor. \nAsimismo, la Constituci\u00f3n asegura la protecci\u00f3n a los derechos de int\u00e9rpretes o \nejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, de conformidad a la ley. \n \n",
    "65": "4",
    "66": "7",
    "67": "9.- Art\u00edculo 8.- Rol del Estado en el patrimonio cultural ind\u00edgena. El Estado, en conjunto \ncon los pueblos y naciones ind\u00edgenas preexistentes, adoptar\u00e1 medidas positivas para la \nrecuperaci\u00f3n, revitalizaci\u00f3n y fortalecimiento del patrimonio cultural ind\u00edgena. \n \n",
    "68": "4",
    "69": "8",
    "70": "0.- Art\u00edculo 9.- Derecho a la Protecci\u00f3n de Datos Personales (s\u00f3lo inciso primero). Todas \nlas personas tienen derecho a la protecci\u00f3n de los datos de car\u00e1cter personal, a conocer, decidir \ny controlar el uso de las informaciones que les conciernen. \n \n",
    "71": "4",
    "72": "8",
    "73": "1.- Art\u00edculo 10.- Derecho a la seguridad inform\u00e1tica. Todas las personas, individual y \ncolectivamente, tienen el derecho a la protecci\u00f3n y promoci\u00f3n de la seguridad inform\u00e1tica. El \nEstado y los particulares deber\u00e1n adoptar las medidas id\u00f3neas y necesarias que garanticen la \n \nintegridad, confidencialidad, disponibilidad y resiliencia de la informaci\u00f3n que contengan los \nsistemas inform\u00e1ticos que administren, salvo los casos expresamente se\u00f1alados por la ley. \n \n",
    "74": "4",
    "75": "8",
    "76": "2.- Art\u00edculo 11.- El acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica ser\u00e1 garantizado con la sola excepci\u00f3n de \naquellas materias que la ley determine reservada o secreta. \n \n",
    "77": "4",
    "78": "8",
    "79": "3.- Art\u00edculo nuevo- La Constituci\u00f3n reconoce los derechos culturales del Pueblo Tribal \nAfrodescendiente chileno, y asegura su ejercicio, desarrollo, promoci\u00f3n, conservaci\u00f3n y \nprotecci\u00f3n, con pleno respeto a los instrumentos internacionales pertinentes. \n \n",
    "80": "4",
    "81": "8",
    "82": "4.- Art\u00edculo 16.- Deber del Estado. Es deber del Estado preservar la memoria y garantizar \nel acceso a los archivos y documentos, en sus distintos soportes y contenidos.  \nLos sitios de memoria y memoriales ser\u00e1n objeto de especial protecci\u00f3n, asegurando \nsu preservaci\u00f3n y sostenibilidad. \n \n",
    "83": "4",
    "84": "8",
    "85": "5.- Art\u00edculo 17.- Patrimonios naturales y culturales (s\u00f3lo inciso primero). El Estado \nreconoce y protege los patrimonios naturales y culturales, materiales e inmateriales, y garantiza \nsu conservaci\u00f3n, revitalizaci\u00f3n, aumento, salvaguardia y transmisi\u00f3n a las generaciones futuras, \ncualquiera sea el r\u00e9gimen jur\u00eddico y titularidad de dichos bienes. \n \n",
    "86": "4",
    "87": "8",
    "88": "6.- Art\u00edculo 20.- Difusi\u00f3n y educaci\u00f3n sobre patrimonios. El Estado fomentar\u00e1 la difusi\u00f3n \ny educaci\u00f3n sobre los patrimonios naturales y culturales, materiales e inmateriales.\u201d \n \n********* \n \n",
    "89": "4",
    "90": "8",
    "91": "7.- Art\u00edculo 1.- Infraestructura y gesti\u00f3n de redes y servicios de conectividad. La \ninfraestructura de telecomunicaciones es de inter\u00e9s p\u00fablico, independientemente de su r\u00e9gimen \npatrimonial. \n \n",
    "92": "4",
    "93": "8",
    "94": "8.- Art\u00edculo 2.- Corresponder\u00e1 a la ley determinar la utilizaci\u00f3n y aprovechamiento del \nespectro radioel\u00e9ctrico. \n \n \n",
    "95": "4",
    "96": "8",
    "97": "9.- Art\u00edculo 5.- Medios de comunicaci\u00f3n p\u00fablicos. Existir\u00e1n medios de comunicaci\u00f3n \np\u00fablicos en distintos soportes tecnol\u00f3gicos, que respondan a las necesidades informativas, \neducativas, culturales y de entretenimiento de los diversos grupos de la poblaci\u00f3n. \nEstos medios de comunicaci\u00f3n ser\u00e1n pluralistas, descentralizados, y estar\u00e1n \ncoordinados entre s\u00ed. Asimismo, gozar\u00e1n de independencia respecto del gobierno y contar\u00e1n \ncon financiamiento p\u00fablico para su funcionamiento.  \nLa ley regular\u00e1 su organizaci\u00f3n y la composici\u00f3n de sus directorios, la que estar\u00e1 \norientada por criterios de idoneidad y t\u00e9cnicos. \n \n",
    "98": "4",
    "99": "9",
    "100": "0.- Art\u00edculo 7.- Consejo Nacional de Bio\u00e9tica. El Consejo Nacional de Bio\u00e9tica ser\u00e1 un \n\u00f3rgano independiente, t\u00e9cnico, de car\u00e1cter consultivo, pluralista y transdisciplinario, que tendr\u00e1, \nentre sus funciones, asesorar a los organismos del Estado en los asuntos bio\u00e9ticos que puedan \nafectar a la vida humana, animal, la naturaleza y la biodiversidad, recomendando la dictaci\u00f3n, \nmodificaci\u00f3n y supresi\u00f3n de normas que regulen dichas materias.  \nLa ley regular\u00e1 la composici\u00f3n, funciones, organizaci\u00f3n y dem\u00e1s aspectos de este \n\u00f3rgano. \n \n",
    "101": "4",
    "102": "9",
    "103": "1.- Art\u00edculo 9.- Rol del Estado en el desarrollo de la Investigaci\u00f3n. Es deber del Estado \nestimular, promover y fortalecer el desarrollo de la investigaci\u00f3n cient\u00edfica y tecnol\u00f3gica en todas \nlas \u00e1reas del conocimiento, contribuyendo as\u00ed al enriquecimiento sociocultural del pa\u00eds y al \nmejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. \nEl Estado generar\u00e1 las condiciones necesarias para el desarrollo de la investigaci\u00f3n \ncient\u00edfica transdisciplinaria en materias relevantes para el resguardo de la calidad de vida de \nla poblaci\u00f3n y el equilibrio ecosist\u00e9mico, adem\u00e1s del monitoreo permanente de los riesgos \nmedioambientales y sanitarios que afecten la salud de las comunidades y ecosistemas del pa\u00eds, \nrealiz\u00e1ndose, en ambos casos, de forma independiente y descentralizada. \nLa creaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n de entidades que cumplan los objetivos establecidos en el \ninciso anterior, su colaboraci\u00f3n con centros de investigaci\u00f3n p\u00fablicos y privados con \npertinencia territorial, adem\u00e1s de sus caracter\u00edsticas, funcionamiento y otros aspectos ser\u00e1n \ndeterminados por ley. \n \n \n",
    "104": "4",
    "105": "9",
    "106": "2.- Art\u00edculo 11.- Agencia Nacional de Protecci\u00f3n de Datos. Existir\u00e1 un \u00f3rgano aut\u00f3nomo \nque velar\u00e1 por la promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de los datos personales, con facultades de investigar, \nnormar, fiscalizar y sancionar respecto de entidades p\u00fablicas y privadas, el que contar\u00e1 con las \natribuciones, composici\u00f3n, funciones que determine la ley. \n \n",
    "107": "4",
    "108": "9",
    "109": "3.- Art\u00edculo 15. Patrimonio Ling\u00fc\u00edstico. El Estado reconoce el car\u00e1cter patrimonial \nconstituido por las diferentes lenguas ind\u00edgenas del territorio nacional, las que ser\u00e1n objeto de \nrevitalizaci\u00f3n y protecci\u00f3n, especialmente aquellas que tienen el car\u00e1cter de vulnerables. \n \n",
    "110": "4",
    "111": "9",
    "112": "4.- Art\u00edculo 17.- Sobre el libro y la lectura. El Estado fomenta el acceso y goce de la lectura \na trav\u00e9s de planes, pol\u00edticas p\u00fablicas y programas. Asimismo, incentivar\u00e1 la creaci\u00f3n y \nfortalecimiento de bibliotecas p\u00fablicas y comunitarias. \n \n",
    "113": "4",
    "114": "9",
    "115": "5.- Art\u00edculo 22.- Innovaci\u00f3n en el Estado. Es deber del Estado utilizar los mejores avances \nde las ciencias, tecnolog\u00eda, conocimientos e innovaci\u00f3n para promover la mejora continua de los \nservicios p\u00fablicos. \n \n",
    "116": "4",
    "117": "9",
    "118": "6.- Art\u00edculo 23. Derechos de los consumidores. Toda persona tiene derechos, individual y \ncolectivamente, en su condici\u00f3n de consumidor. Para ello el Estado proteger\u00e1, mediante \nprocedimientos eficaces, sus derechos a la libre elecci\u00f3n, a la informaci\u00f3n veraz, a no ser \ndiscriminados, a la seguridad, a la protecci\u00f3n de la salud y el medio ambiente, a la reparaci\u00f3n e \nindemnizaci\u00f3n adecuada y a la educaci\u00f3n para el consumo responsable. \n \n",
    "119": "4",
    "120": "9",
    "121": "7.- Art\u00edculo 25.- Es deber del Estado promover la publicaci\u00f3n y utilizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n \np\u00fablica, de manera oportuna, peri\u00f3dica, proactiva, legible y en formatos abiertos. \n \n",
    "122": "4",
    "123": "9",
    "124": "8.- Art\u00edculo 29. Derecho a la muerte digna. Todas las personas tienen derecho a una \nmuerte digna. \nLa Constituci\u00f3n asegura el derecho a las personas a tomar decisiones libres e \ninformadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida. \n \nEl Estado garantiza el acceso a los cuidados paliativos a todas las personas portadoras \nde enfermedades cr\u00f3nicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida, en especial a grupos \nvulnerables y en riesgo social. \nLa ley regular\u00e1 las condiciones para garantizar el ejercicio de este derecho, incluyendo \nel acceso a la informaci\u00f3n y el acompa\u00f1amiento adecuado. \n \n"
  },
  "9": {
    "1": "CAP\u00cdTULO (COM 8) \nDERECHOS DE LOS PUEBLOS IND\u00cdGENAS \n \n",
    "2": "4",
    "3": "9",
    "4": "9.- Art\u00edculo 4.- Identidad e integridad cultural. Los pueblos y naciones ind\u00edgenas y sus \nmiembros tienen derecho a la identidad e integridad cultural, y a que se reconozcan y respeten \nsus cosmovisiones, formas de vida e instituciones propias. \n"
  }
 }
diff --git a/per_chapter.json b/per_chapter.json
 {
  "1": " \n\u2022 Este documento es un consolidado que re\u00fane las normas aprobadas por el Pleno de \nla Convenci\u00f3n Constitucional, ordenadas por comisi\u00f3n. La relaci\u00f3n de n\u00fameros de \nlos art\u00edculos obedece a lo dispuesto en los respectivos informes y no es el orden \ndefinitivo, ya que ese proceso deber\u00e1 ser realizado por la Comisi\u00f3n de Armonizaci\u00f3n \n(Actualizado el 14.05.22). \n \n \nCONSOLIDADO NORMAS APROBADAS PARA LA PROPUESTA \nCONSTITUCIONAL POR EL PLENO DE LA CONVENCI\u00d3N \n \n",
  "2": "CAP\u00cdTULO (COM 1) \nDE LA DEMOCRACIA \n \n1.- Art\u00edculo 2\u00b0.- Democracia paritaria. El Estado reconoce y promueve una sociedad en la que \nmujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogen\u00e9ricas participen en condiciones de \nigualdad sustantiva, reconociendo que su representaci\u00f3n efectiva en el conjunto del proceso \ndemocr\u00e1tico es un principio y condici\u00f3n m\u00ednima para el ejercicio pleno y sustantivo de la \ndemocracia y la ciudadan\u00eda.  \nTodos los \u00f3rganos colegiados del Estado, los \u00f3rganos aut\u00f3nomos constitucionales y \nlos \u00f3rganos superiores y directivos de la Administraci\u00f3n, as\u00ed como los directorios de las empresas \np\u00fablicas y semip\u00fablicas, deber\u00e1n tener una composici\u00f3n paritaria que asegure que, al menos, el \ncincuenta por ciento de sus integrantes sean mujeres.  \nAsimismo, el Estado adoptar\u00e1 medidas para la representaci\u00f3n de diversidades y \ndisidencias de g\u00e9nero a trav\u00e9s del mecanismo que establezca la ley. \nEl Estado promover\u00e1 la integraci\u00f3n paritaria en sus instituciones y en todos los \nespacios p\u00fablicos y privados. \n \n2.- Art\u00edculo 3\u00b0.- Corresponder\u00e1 al Estado, en sus diferentes \u00e1mbitos y funciones, garantizar la \nparticipaci\u00f3n democr\u00e1tica e incidencia pol\u00edtica de todas las personas, especialmente la de los \ngrupos hist\u00f3ricamente excluidos y de especial protecci\u00f3n. \nEl Estado deber\u00e1 garantizar la inclusi\u00f3n de estos grupos en las pol\u00edticas p\u00fablicas y en \nel proceso de formaci\u00f3n de las leyes, mediante mecanismos de participaci\u00f3n popular y \ndeliberaci\u00f3n pol\u00edtica, asegurando medidas afirmativas que posibiliten su participaci\u00f3n efectiva. \n \n \n3.- Art\u00edculo X.- Los poderes p\u00fablicos adoptar\u00e1n las medidas necesarias para adecuar e impulsar \nla legislaci\u00f3n, instituciones, marcos normativos y prestaci\u00f3n de servicios, con el fin de alcanzar \nla igualdad sustantiva y la paridad. Con ese objetivo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y \nlos Sistemas de Justicia, as\u00ed como los \u00f3rganos de la Administraci\u00f3n del Estado y los \u00f3rganos \naut\u00f3nomos, deber\u00e1n incorporar el enfoque de g\u00e9nero en su dise\u00f1o institucional y en el ejercicio \nde sus funciones. \nLa pol\u00edtica fiscal y el dise\u00f1o de los presupuestos p\u00fablicos se adecuar\u00e1n al \ncumplimiento de un enfoque transversal de igualdad sustantiva de g\u00e9nero en las pol\u00edticas \np\u00fablicas. \n \n4.- Art\u00edculo 3\u00b0 bis.- La ley deber\u00e1 establecer las medidas afirmativas necesarias para garantizar \nla participaci\u00f3n y representaci\u00f3n pol\u00edtica de las personas en situaci\u00f3n de discapacidad. \n \n \nCAP\u00cdTULO \nDEL ESTADO PLURINACIONAL Y LIBRE DETERMINACI\u00d3N DE LOS PUEBLOS \n \n5.- Art\u00edculo 4.- Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de \ndiversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. \nSon pueblos y naciones ind\u00edgenas preexistentes los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, \nLickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk'nam y otros que \npuedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. \n \n6.- Art\u00edculo 5.- Los pueblos y naciones ind\u00edgenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su \nlibre determinaci\u00f3n, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. \nEn especial, tienen derecho a la autonom\u00eda y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad \ny cosmovisi\u00f3n, al patrimonio y la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, la \nprotecci\u00f3n del territorio mar\u00edtimo, de la naturaleza en su dimensi\u00f3n material e inmaterial y al \nespecial v\u00ednculo que mantienen con estos, a la cooperaci\u00f3n e integraci\u00f3n, al reconocimiento de \nsus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales y a participar plenamente, \nsi as\u00ed lo desean, en la vida pol\u00edtica, econ\u00f3mica, social y cultural del Estado. \n \nEs deber del Estado Plurinacional, respetar, garantizar y promover con participaci\u00f3n \nde los pueblos y naciones ind\u00edgenas, el ejercicio de la libre determinaci\u00f3n y de los derechos \ncolectivos e individuales de que son titulares. \nEn cumplimiento de lo anterior, el Estado debe garantizar la efectiva participaci\u00f3n \nde los pueblos ind\u00edgenas en el ejercicio y distribuci\u00f3n del poder, incorporando su representaci\u00f3n \nen la estructura del Estado, sus \u00f3rganos e instituciones, as\u00ed como su representaci\u00f3n pol\u00edtica en \n\u00f3rganos de elecci\u00f3n popular a nivel local, regional y nacional. Junto con ello, garantizar\u00e1 el \ndi\u00e1logo intercultural en el ejercicio de las funciones p\u00fablicas, creando institucionalidad y \npromoviendo pol\u00edticas p\u00fablicas que favorezcan el reconocimiento y comprensi\u00f3n de la diversidad \n\u00e9tnica y cultural de los pueblos y naciones ind\u00edgenas preexistentes al Estado. \n \n\u00a7 DEL PODER LEGISLATIVO \n \n7.- Art\u00edculo 5\u00ba bis.- Del Poder Legislativo. El poder legislativo se compone del Congreso de \nDiputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones. \n \n\u00a7 Del Congreso de Diputadas y Diputados \n8.- Art\u00edculo 5\u00b0 ter.- El Congreso de Diputadas y Diputados es un \u00f3rgano deliberativo, paritario \ny plurinacional que representa al pueblo. Concurre a la formaci\u00f3n de las leyes y ejerce las dem\u00e1s \nfacultades encomendadas por la Constituci\u00f3n. \nEl Congreso est\u00e1 integrado por un n\u00famero no inferior a 155 miembros electos en \nvotaci\u00f3n directa por distritos electorales. Una ley de acuerdo regional determinar\u00e1 el n\u00famero de \nintegrantes, los distritos electorales y la forma de su elecci\u00f3n, atendiendo el criterio de \nproporcionalidad. \n \n9.- Art\u00edculo 7\u00b0.- Son atribuciones exclusivas del Congreso de Diputadas y Diputados:  \na) Fiscalizar los actos del Gobierno. El Congreso tendr\u00e1 la facultad de solicitar \ninformaci\u00f3n relativa al contenido y fundamentos de los actos de gobierno; \nc) Declarar, cuando la Presidenta o Presidente presente la renuncia a su cargo, si los \nmotivos que la originan son o no fundados y, en consecuencia, admitirla o desecharla; \n \nd) Otorgar su acuerdo para que la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica pueda \nausentarse del pa\u00eds por m\u00e1s de treinta d\u00edas o a contar desde el tercer domingo de noviembre del \na\u00f1o anterior a aquel en que deba cesar en el cargo el que est\u00e9 en funciones, y \ne) Las otras que establezca la Constituci\u00f3n. \n \n10.- Art\u00edculo 8.- El Congreso de Diputadas y Diputados tendr\u00e1 por funci\u00f3n fiscalizar los actos \ndel Gobierno. Para ejercer esta atribuci\u00f3n puede: \na) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, los que se transmitir\u00e1n por escrito a la \no el Presidente de la Rep\u00fablica. Dentro de los treinta d\u00edas contados desde su comunicaci\u00f3n, la o \nel Presidente deber\u00e1 dar respuesta fundada por medio de la o el Ministro de Estado que \ncorresponda. \nb) Solicitar antecedentes a la o el Presidente de la Rep\u00fablica, con el patrocinio de un \ncuarto de sus miembros. La o el Presidente deber\u00e1 contestar fundadamente por medio del \nMinistro o Ministra de Estado que corresponda dentro de los tres d\u00edas desde su comunicaci\u00f3n.  \nEn ning\u00fan caso estos actos afectar\u00e1n la responsabilidad pol\u00edtica de las y los Ministros \nde Estado. \nc) Crear comisiones especiales investigadoras a petici\u00f3n de a lo menos dos quintos \nde las diputadas y diputados en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones relativas a \ndeterminados actos del Gobierno. Las comisiones investigadoras, a petici\u00f3n de un tercio de sus \nmiembros, podr\u00e1n despachar citaciones y solicitar antecedentes. Toda persona que sea citada por \nestas comisiones estar\u00e1 obligada a comparecer y a suministrar los antecedentes y las \ninformaciones que se le soliciten. No obstante, una misma comisi\u00f3n investigadora no podr\u00e1 citar \nm\u00e1s de tres veces a la misma persona, sin previo acuerdo de la mayor\u00eda de sus integrantes. \n \nDe la C\u00e1mara de las Regiones \n \n11.- Art\u00edculo 9\u00b0.- La C\u00e1mara de las Regiones es un \u00f3rgano deliberativo, paritario y plurinacional \nde representaci\u00f3n regional encargado de concurrir a la formaci\u00f3n de las leyes de acuerdo regional \ny de ejercer las dem\u00e1s facultades encomendadas por esta Constituci\u00f3n.  \nSus integrantes se denominar\u00e1n representantes regionales. \n \n \n12.- Art\u00edculo 11.- La ley determinar\u00e1 el n\u00famero de representantes regionales a ser elegidas y \nelegidos por regi\u00f3n, el que deber\u00e1 ser el mismo para cada una y en ning\u00fan caso inferior a tres, \nasegurando que la integraci\u00f3n final del \u00f3rgano respete el principio de paridad. \nLas y los miembros de la C\u00e1mara de las Regiones se elegir\u00e1n en votaci\u00f3n popular \nconjuntamente con las autoridades comunales y regionales, tres a\u00f1os despu\u00e9s de la elecci\u00f3n \npresidencial y del Congreso. \nLa ley especificar\u00e1 sus derechos y obligaciones especiales, las que en todo caso \ndeber\u00e1n incluir la obligaci\u00f3n de rendir cuenta peri\u00f3dicamente ante la Asamblea Regional que \nrepresenta. Tambi\u00e9n podr\u00e1n ser especialmente convocadas y convocados al efecto. \nLa C\u00e1mara de las Regiones no podr\u00e1 fiscalizar los actos del Gobierno ni de las \nentidades que de \u00e9l dependan. \n \n13.- Art\u00edculo 11 bis.- Es atribuci\u00f3n exclusiva del Congreso de las Diputadas y Diputados \ndeclarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni m\u00e1s de veinte de sus integrantes \nformulen en contra de: \na) La Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica, por actos de su administraci\u00f3n que \nhayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Naci\u00f3n, o infringido abiertamente \nla Constituci\u00f3n o las leyes. Esta acusaci\u00f3n podr\u00e1 interponerse mientras la Presidenta o Presidente \nest\u00e9 en funciones y en los seis meses siguientes a su expiraci\u00f3n en el cargo. Durante este \u00faltimo \ntiempo no podr\u00e1 ausentarse de la Rep\u00fablica sin acuerdo del Congreso de las Diputadas y \nDiputados; \nb) Las Ministras y Ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor \no la seguridad de la Naci\u00f3n, por infringir la Constituci\u00f3n o las leyes o haber dejado \u00e9stas sin \nejecuci\u00f3n, y por los delitos de traici\u00f3n, concusi\u00f3n, malversaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos y soborno; \nc) Las juezas y jueces de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, y de la o el \nContralor General de la Rep\u00fablica, por notable abandono de sus deberes; \nd) Las y los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas \nArmadas, del General Director de Carabineros de Chile y del Director General de la Polic\u00eda de \nInvestigaciones de Chile, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la \nNaci\u00f3n; \n \ne) Las y los gobernadores regionales y de la autoridad en los territorios especiales e \nind\u00edgenas, por infracci\u00f3n de la Constituci\u00f3n y por los delitos de traici\u00f3n, sedici\u00f3n, malversaci\u00f3n \nde fondos p\u00fablicos y concusi\u00f3n. \nLa acusaci\u00f3n se tramitar\u00e1 en conformidad a la Ley de Organizaci\u00f3n, Funcionamiento \ny Procedimientos del Poder Legislativo. \nLas acusaciones referidas en las letras b), c), d) y e) podr\u00e1n interponerse mientras la \no el afectado est\u00e9 en funciones o en los tres meses siguientes a la expiraci\u00f3n en su cargo. \nInterpuesta la acusaci\u00f3n, la o el afectado no podr\u00e1 ausentarse del pa\u00eds sin permiso del Congreso \nde Diputadas y Diputados y no podr\u00e1 hacerlo en caso alguno si la acusaci\u00f3n ya estuviere aprobada \npor \u00e9ste. \nPara declarar que ha lugar la acusaci\u00f3n en contra del Presidente o Presidenta de la \nRep\u00fablica o de un gobernador regional se necesitar\u00e1 el voto de la mayor\u00eda de los diputados y \ndiputadas en ejercicio. \nEn los dem\u00e1s casos se requerir\u00e1 el de la mayor\u00eda de los diputados y diputadas \npresentes y la o el acusado quedar\u00e1 suspendido en sus funciones desde el momento en que el \nCongreso de Diputadas y Diputados declare que ha lugar la acusaci\u00f3n. La suspensi\u00f3n cesar\u00e1 si \nla C\u00e1mara de las Regiones desestimare la acusaci\u00f3n o si no se pronunciare dentro de los treinta \nd\u00edas siguientes. \n \n14.- Art\u00edculo 11 ter.- Es atribuci\u00f3n exclusiva de la C\u00e1mara de las Regiones conocer de las \nacusaciones que el Congreso de Diputadas y Diputados entable con arreglo a lo establecido en el \nart\u00edculo 11 bis.  \nLa C\u00e1mara de las Regiones resolver\u00e1 como jurado y se limitar\u00e1 a declarar si la o el \nacusado es o no culpable. \nLa declaraci\u00f3n de culpabilidad deber\u00e1 ser pronunciada por los dos tercios de las y los \nrepresentantes regionales en ejercicio cuando se trate de una acusaci\u00f3n en contra de la Presidenta \no Presidente de la Rep\u00fablica o de un gobernador regional, y por la mayor\u00eda de los representantes \nregionales en ejercicio en los dem\u00e1s casos. \nPor la declaraci\u00f3n de culpabilidad queda la o el acusado destituido de su cargo. \n \nLa persona destituida no podr\u00e1 desempe\u00f1ar ning\u00fan otro cargo de exclusiva confianza \nde la o el Presidente durante el tiempo que reste de su mandato o presentarse al cargo de elecci\u00f3n \npopular del cual fue destituido en el per\u00edodo siguiente, seg\u00fan corresponda. \nLa o el funcionario declarado culpable ser\u00e1 juzgado de acuerdo a las leyes por el \ntribunal competente, tanto para la aplicaci\u00f3n de la pena se\u00f1alada al delito, si lo hubiere, como \npara hacer efectiva la responsabilidad civil por los da\u00f1os y perjuicios causados al Estado o a \nparticulares. \n \n\u00a7 De las sesiones conjuntas del Congreso de Diputadas y Diputados y de la C\u00e1mara de las \nRegiones \n \n15.- Art\u00edculo 12.- El Congreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones se reunir\u00e1n \nen sesi\u00f3n conjunta para tomar el juramento o promesa de la Presidenta o Presidente de la \nRep\u00fablica al momento de asumir el cargo, para recibir la cuenta p\u00fablica anual y para inaugurar \nel a\u00f1o legislativo. \n \n16.- Art\u00edculo 12 bis.- El Congreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones se \nreunir\u00e1n en sesi\u00f3n conjunta para decidir los nombramientos que conforme a esta Constituci\u00f3n \ncorresponda, garantizando un estricto escrutinio de la idoneidad de las y los candidatos para el \ncargo correspondiente. \n \n17.- Art\u00edculo 13.- Para ser elegida diputada, diputado o representante regional se requiere ser \nciudadana o ciudadano con derecho a sufragio, haber cumplido dieciocho a\u00f1os de edad al d\u00eda de \nla elecci\u00f3n y tener avecindamiento en el territorio correspondiente durante un plazo no inferior a \ndos a\u00f1os, en el caso de las diputadas o diputados, y de cuatro a\u00f1os en el caso de las y los \nrepresentantes regionales, contados hacia atr\u00e1s desde el d\u00eda de la elecci\u00f3n.  \nSe entender\u00e1 que una diputada, diputado o representante regional tiene su residencia \nen el territorio correspondiente mientras ejerza su cargo. \n \n18.- Art\u00edculo 14.- No pueden ser candidatos a diputadas o diputados ni a representante regional: \n \n1. La Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica o quien lo sustituya en el ejercicio de \nla Presidencia al tiempo de la elecci\u00f3n; \n2. Las y los Ministros de Estado y las y los Subsecretarios; \n3. Las autoridades regionales y comunales de elecci\u00f3n popular; \n4. Las y los Consejeros del Banco Central y del Consejo Electoral; \n5. Las y los directivos de los \u00f3rganos aut\u00f3nomos; \n6. Las y los que ejerzan jurisdicci\u00f3n en los Sistemas de Justicia; \n7. Las y los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales \nelectorales; \n8. La o el Contralor General de la Rep\u00fablica; \n9. La o el Fiscal Nacional, fiscales regionales o fiscales adjuntos del Ministerio \nP\u00fablico; \n10. Los funcionarios o funcionarias en servicio activo de las polic\u00edas; \n11. Las personas naturales o administradores de personas jur\u00eddicas que celebren o \ncaucionen contratos con el Estado, y \n12.  Las y los militares en servicio activo. \n \nLas inhabilidades establecidas en este art\u00edculo ser\u00e1n aplicables a quienes hubieren \ntenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del a\u00f1o inmediatamente anterior a la \nelecci\u00f3n, excepto respecto de las personas mencionadas en el n\u00famero 11, las que no deber\u00e1n \nreunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura y de las indicadas en el n\u00famero \n9, 10 y 12, respecto de las cuales el plazo de la inhabilidad ser\u00e1 de los dos a\u00f1os inmediatamente \nanteriores a la elecci\u00f3n. \n \n19.- Art\u00edculo 15.- Los cargos de diputadas o diputados y de representante regional son \nincompatibles entre s\u00ed y con otros cargos de representaci\u00f3n y con todo empleo, funci\u00f3n, comisi\u00f3n \no cargo de car\u00e1cter p\u00fablico o privado. \nSon tambi\u00e9n incompatibles con las funciones de directores o consejeros, aun cuando \nsean ad honorem, de entidades fiscales aut\u00f3nomas, semifiscales, y de empresas estatales o en las \nque el Estado tenga participaci\u00f3n por aporte de capital. \n \nPor el solo hecho de su proclamaci\u00f3n por el Tribunal Calificador de Elecciones, la \ndiputada o diputado o representante regional cesar\u00e1 en el otro cargo, empleo, funci\u00f3n o comisi\u00f3n \nincompatible que desempe\u00f1e. \n \n20.- Art\u00edculo 16.- Las diputadas y diputados y las y los representantes regionales podr\u00e1n ser \nreelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un per\u00edodo. Para estos efectos se entender\u00e1 que \nhan ejercido su cargo durante un per\u00edodo cuando han cumplido m\u00e1s de la mitad de su mandato. \n \n21.- Art\u00edculo 17.- El Congreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones se \nrenovar\u00e1n en su totalidad cada cuatro a\u00f1os. \nLa ley establecer\u00e1 sus reglas de organizaci\u00f3n, funcionamiento y tramitaci\u00f3n, la que \npodr\u00e1 ser complementada con los reglamentos de funcionamiento que estos \u00f3rganos dicten. \nEl Congreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones tomar\u00e1n sus \ndecisiones por la mayor\u00eda de sus miembros presentes, salvo que esta Constituci\u00f3n disponga un \nquorum diferente. \n \n22.- Art\u00edculo 18.- El Congreso de Diputadas y Diputados no podr\u00e1 entrar en sesi\u00f3n ni adoptar \nacuerdos sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio. \n \n23.- Art\u00edculo 19.- La o el reemplazante deber\u00e1 reunir los requisitos establecidos por esta \nConstituci\u00f3n para ser elegido en el cargo respectivo y le alcanzar\u00e1n las inhabilidades establecidas \nen el art\u00edculo 14 y las incompatibilidades del art\u00edculo 15. Se asegurar\u00e1 a todo evento la \ncomposici\u00f3n paritaria del \u00f3rgano. \n \n24.- Art\u00edculo 20.-Las diputadas, diputados y representantes regionales son inviolables por las \nopiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempe\u00f1o de sus cargos. \nDesde el d\u00eda de su elecci\u00f3n o investidura, ning\u00fan diputado, diputada o representante \nregional puede ser acusado o privado de libertad, salvo el caso de delito flagrante, si la Corte de \nApelaciones de la jurisdicci\u00f3n respectiva, en pleno, no declara previamente haber lugar a la \nformaci\u00f3n de causa. En contra de las resoluciones que al respecto dictaren estas Cortes podr\u00e1 \napelarse ante la Corte Suprema. \n \nEn caso de que un diputado, diputada o representante regional sea detenido por delito \nflagrante, ser\u00e1 puesto inmediatamente a disposici\u00f3n de la Corte de Apelaciones respectiva, con \nla informaci\u00f3n sumaria correspondiente. La Corte proceder\u00e1 conforme a lo dispuesto en el inciso \nanterior.  \nDesde el momento en que se declare, por resoluci\u00f3n firme, haber lugar a formaci\u00f3n \nde causa, el diputado, diputada o representante regional quedar\u00e1 suspendido de su cargo y sujeto \nal juez competente. \n \n25.- Art\u00edculo 21.- Cesar\u00e1 en el cargo la diputada, diputado o representante regional: \nb) Que se ausentare del pa\u00eds por m\u00e1s de treinta d\u00edas sin permiso de la corporaci\u00f3n \nrespectiva o, en receso de \u00e9sta, de su Mesa Directiva; \nc) Que, durante su ejercicio, celebrare o caucionare contratos con el Estado, o actuare \ncomo procuradora o procurador o agente en gestiones particulares de car\u00e1cter administrativo, en \nla provisi\u00f3n de empleos p\u00fablicos, consejer\u00edas, funciones o comisiones de similar naturaleza. Esta \ninhabilidad tendr\u00e1 lugar sea que la diputada, diputado o representante regional act\u00fae por s\u00ed o por \ninterp\u00f3sita persona, natural o jur\u00eddica; \nd) Que, durante su ejercicio, act\u00fae como abogada o abogado o mandataria o \nmandatario en cualquier clase de juicio, que ejercite cualquier influencia ante las autoridades \nadministrativas o judiciales en favor o representaci\u00f3n del empleador o de las y los trabajadores \nen negociaciones o conflictos laborales, sean del sector p\u00fablico o privado, o que intervenga en \nellos ante cualquiera de las partes; \ne) Que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, l\u00edmites y control \ndel gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de \nElecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Una ley se\u00f1alar\u00e1 los \ncasos en que existe una infracci\u00f3n grave. \nf) Que, durante su ejercicio, pierda alg\u00fan requisito general de elegibilidad, o incurra \nen una inhabilidad de las establecidas en el art\u00edculo 14. \nLas diputadas, diputados y representantes regionales podr\u00e1n renunciar a sus cargos \ncuando les afecte una enfermedad grave, debidamente acreditada, que les impida desempe\u00f1arlos, \ny as\u00ed lo califique el tribunal que realice el control de constitucionalidad. \n \n \nDe la legislaci\u00f3n y la potestad reglamentaria \n \n26.- Art\u00edculo 22.- S\u00f3lo en virtud de una ley se puede:  \na. Crear, modificar y suprimir tributos de cualquier clase o naturaleza y los beneficios \ntributarios aplicables a \u00e9stos, determinar su progresi\u00f3n, exenciones y proporcionalidad, sin \nperjuicio de las excepciones que establezca esta Constituci\u00f3n; \nb. Autorizar la contrataci\u00f3n de empr\u00e9stitos y otras operaciones que puedan \ncomprometer el cr\u00e9dito y la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos y \nmunicipalidades, sin perjuicio de lo consagrado respecto de las entidades territoriales y de lo \nestablecido en la letra siguiente. Esta disposici\u00f3n no se aplicar\u00e1 al Banco Central;  \nc. Establecer las condiciones y reglas conforme a las cuales las universidades y las \nempresas del Estado y aquellas en que \u00e9ste tenga participaci\u00f3n puedan contratar empr\u00e9stitos, los \nque en ning\u00fan caso podr\u00e1n efectuarse con el Estado, sus organismos y empresas; \n d. Instituir las normas sobre enajenaci\u00f3n de bienes del Estado, los gobiernos \nregionales o de las municipalidades y sobre su arrendamiento, t\u00edtulos habilitantes para su uso o \nexplotaci\u00f3n, y concesi\u00f3n; \ne. Disponer, organizar y distribuir las Fuerzas Armadas para su desarrollo y empleo \nconjunto, as\u00ed como permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la Rep\u00fablica, como, \nasimismo, la salida de tropas nacionales fuera de \u00e9l;  \nf. Establecer o modificar la divisi\u00f3n pol\u00edtico o administrativa del pa\u00eds;  \ng. Se\u00f1alar el valor, tipo y denominaci\u00f3n de las monedas, y el sistema de pesos y \nmedidas;  \nh. Conceder indultos generales y amnist\u00edas, salvo en cr\u00edmenes de lesa humanidad;  \ni. Establecer el sistema de determinaci\u00f3n de las remuneraciones de la Presidenta o \nPresidente de la Rep\u00fablica y las Ministras o Ministros de Estado, de las diputadas y diputados, \nlas gobernadoras y gobernadores y de las y los representantes regionales; \nk. Singularizar la ciudad en que debe residir la Presidenta o el Presidente de la \nRep\u00fablica, celebrar sus sesiones el Congreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las \nRegiones y funcionar la Corte Suprema;  \nl. Autorizar la declaraci\u00f3n de guerra, a propuesta de la Presidenta o Presidente de la \nRep\u00fablica;  \n \nm. Fijar las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administraci\u00f3n \np\u00fablica; \nn. Establecer la creaci\u00f3n y modificaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos y empleos p\u00fablicos, \nsean fiscales, semifiscales, aut\u00f3nomos o de las empresas del Estado, y determinar sus funciones \ny atribuciones; \n\u00f1. Establecer el r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable en materia laboral, sindical, de la huelga \ny la negociaci\u00f3n colectiva en sus diversas manifestaciones, previsional y de seguridad social;  \no. Crear loter\u00edas y apuestas; \np. Regular aquellas materias que la Constituci\u00f3n se\u00f1ale como leyes de concurrencia \npresidencial necesaria, y \nq. Regular las dem\u00e1s materias que la Constituci\u00f3n exija que sean establecidas por \nuna ley. \n \n27.- Art\u00edculo 23.- La Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica tendr\u00e1 la potestad de dictar aquellos \nreglamentos, decretos e instrucciones que crea necesarios para la ejecuci\u00f3n de las leyes. \n \n28.- Art\u00edculo 24.- La Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica podr\u00e1 ejercer la potestad \nreglamentaria en todas aquellas materias que no est\u00e9n comprendidas en el art\u00edculo 22. \nCuando sobre una materia no comprendida en los literales del art\u00edculo 22 sean aplicables reglas \nde rango legal y reglamentario, primar\u00e1 la ley. \nLa Presidenta o Presidente deber\u00e1 informar mensualmente al Congreso sobre los \nreglamentos, decretos e instrucciones que se hayan dictado en virtud de este art\u00edculo. \n \n29.- Art\u00edculo 25.- La Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica podr\u00e1 solicitar autorizaci\u00f3n al \nCongreso de Diputadas y Diputados para dictar decretos con fuerza de ley durante un plazo no \nsuperior a un a\u00f1o sobre materias que correspondan al dominio de la ley. \nEsta autorizaci\u00f3n no podr\u00e1 extenderse a derechos fundamentales, nacionalidad, \nciudadan\u00eda, elecciones y plebiscitos. \nLa autorizaci\u00f3n nunca podr\u00e1 comprender facultades que afecten a la organizaci\u00f3n, \natribuciones y r\u00e9gimen de los funcionarios del Sistema de Justicia, del Congreso de Diputadas y \n \nDiputados, de la C\u00e1mara de las Regiones, de la Corte Constitucional, ni de la Contralor\u00eda General \nde la Rep\u00fablica. \nLa ley que otorgue la referida autorizaci\u00f3n se\u00f1alar\u00e1 las materias precisas sobre las \nque recaer\u00e1 la delegaci\u00f3n y podr\u00e1 establecer o determinar las limitaciones, restricciones y \nformalidades que se estimen convenientes. \nSin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la Presidenta o Presidente de \nla Rep\u00fablica queda autorizado para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las \nleyes cuando sea conveniente para su mejor ejecuci\u00f3n. En ejercicio de esta facultad, podr\u00e1 \nintroducirle los cambios de forma que sean indispensables, sin alterar, en caso alguno, su \nverdadero sentido y alcance. \nA la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica corresponder\u00e1 tomar raz\u00f3n de estos decretos \ncon fuerza de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorizaci\u00f3n \nreferida. \nLos decretos con fuerza de ley estar\u00e1n sometidos en cuanto a su publicaci\u00f3n, vigencia \ny efectos, a las mismas normas que rigen para la ley. \nLa ley delegatoria de potestades que corresponda a leyes de acuerdo regional es ley \nde acuerdo regional. \n \n30.- Art\u00edculo 26.- Son leyes de concurrencia presidencial necesaria: \na. Las que irroguen directamente gastos al Estado; \nb. Las leyes relacionadas con la administraci\u00f3n presupuestaria del Estado, incluyendo \nlas modificaciones de la Ley de Presupuestos; \nc. Las que alteren la divisi\u00f3n pol\u00edtica o administrativa del pa\u00eds; \nd. Las que impongan, supriman, reduzcan o condonen tributos de cualquier clase o \nnaturaleza, establezcan exenciones o modifiquen las existentes, y determinen su forma, \nproporcionalidad o progresi\u00f3n; \ne. Las que contraten o autoricen a contratar empr\u00e9stitos o celebrar cualquier otra clase \nde operaciones que puedan comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, de las \nentidades semifiscales, aut\u00f3nomas y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras \ncargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del Fisco o de los organismos o \nentidades referidos, sin perjuicio de lo dispuesto en el art\u00edculo 22, letra c, y \n \nf. Las que dispongan, organicen y distribuyan las Fuerzas Armadas para su desarrollo \ny empleo conjunto. \n \n31.- Art\u00edculo 27.- Las leyes de concurrencia presidencial necesaria pueden tener su origen en un \nmensaje presidencial o en una moci\u00f3n parlamentaria. \nLa moci\u00f3n parlamentaria deber\u00e1 ser patrocinada por no menos de un cuarto y no m\u00e1s \nde un tercio de las diputadas y diputados o, en su caso, de los representantes regionales en \nejercicio, y deber\u00e1 declarar que se trata de un proyecto de ley de concurrencia necesaria de la \nPresidencia. \nLas mociones de concurrencia presidencial necesaria deber\u00e1n presentarse \nacompa\u00f1adas de un informe t\u00e9cnico financiero de la Secretar\u00eda de Presupuestos. \nLas leyes de concurrencia presidencial necesaria s\u00f3lo podr\u00e1n ser aprobadas si la \nPresidenta o Presidente de la Rep\u00fablica entrega su patrocinio durante la tramitaci\u00f3n del proyecto. \nLa Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica podr\u00e1 patrocinar el proyecto de ley en cualquier \nmomento hasta transcurridos quince d\u00edas desde que haya sido despachado por la Comisi\u00f3n \nrespectiva. Transcurrido ese plazo sin el patrocinio correspondiente, el proyecto se entender\u00e1 \ndesechado y no se podr\u00e1 insistir en su tramitaci\u00f3n. \nLa Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica siempre podr\u00e1 retirar su patrocinio. En \ndicho caso, la tramitaci\u00f3n del proyecto no podr\u00e1 continuar. \nLas mociones parlamentarias que correspondan a materias de concurrencia \npresidencial necesaria deber\u00e1n presentarse con una estimaci\u00f3n de gastos y origen del \nfinanciamiento. \n \n32.- Art\u00edculo 28.- S\u00f3lo son leyes de acuerdo regional las que reformen la Constituci\u00f3n; las que \nregulen la organizaci\u00f3n, atribuciones y funcionamiento de los Sistemas de Justicia, del Poder \nLegislativo y de los \u00f3rganos aut\u00f3nomos constitucionales; las que regulen los estados de \nexcepci\u00f3n constitucional; las que creen, modifiquen o supriman tributos o exenciones y \ndeterminen su progresi\u00f3n y proporcionalidad; las que directamente irroguen al Estado gastos \ncuya ejecuci\u00f3n corresponda a las entidades territoriales; las que implementen el derecho a la \nsalud, derecho a la educaci\u00f3n y derecho a la vivienda; la de Presupuestos; las que aprueben el \nEstatuto Regional; las que regulen la elecci\u00f3n, designaci\u00f3n, competencias, atribuciones y \n \nprocedimientos de los \u00f3rganos y autoridades de las entidades territoriales; las que establezcan o \nalteren la divisi\u00f3n pol\u00edtico-administrativa del pa\u00eds; las que establezcan los mecanismos de \ndistribuci\u00f3n fiscal y presupuestaria, y otros mecanismos de compensaci\u00f3n econ\u00f3mica entre las \ndistintas entidades territoriales; las que autoricen la celebraci\u00f3n de operaciones que comprometan \nla responsabilidad patrimonial de las entidades territoriales; las que autoricen a las entidades \nterritoriales la creaci\u00f3n de empresas p\u00fablicas; las que deleguen potestades legislativas en \nconformidad al art\u00edculo 31 N\u00ba12 de esta Constituci\u00f3n; las que regulen la planificaci\u00f3n territorial \ny urban\u00edstica y su ejecuci\u00f3n; las que regulen la protecci\u00f3n del medio ambiente; las que regulen \nlas votaciones populares y escrutinios; las que regulen las organizaciones pol\u00edticas, y las dem\u00e1s \nque esta Constituci\u00f3n califique como de acuerdo regional. \nSi se generare un conflicto de competencia entre la C\u00e1mara de las Regiones y el \nCongreso de Diputadas y Diputados con relaci\u00f3n a si una o m\u00e1s materias dispuestas en este \nart\u00edculo deben ser revisadas por la C\u00e1mara de las Regiones, esta aprobar\u00e1 su competencia por \nmayor\u00eda simple de sus miembros y el Congreso lo ratificar\u00e1 por mayor\u00eda simple. En caso que el \nCongreso rechace la revisi\u00f3n aprobada por la C\u00e1mara de las Regiones, \u00e9sta podr\u00e1 recurrir a la \nCorte Constitucional por acuerdo de mayor\u00eda simple. \n \n33.- Art\u00edculo 28 bis.- La C\u00e1mara de las Regiones conocer\u00e1 de los estatutos regionales aprobados \npor una Asamblea Regional, de las propuestas de creaci\u00f3n de empresas regionales efectuadas por \nuna o m\u00e1s Asambleas Regionales de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 31 n\u00famero 7 de \nesta Constituci\u00f3n y de las solicitudes de delegaci\u00f3n de potestades legislativas realizadas por \u00e9stas. \nPara el conocimiento del Estatuto Regional, el Congreso y la C\u00e1mara contar\u00e1n con un plazo de \nseis meses. \nRecibida una propuesta, la C\u00e1mara podr\u00e1 aprobar el proyecto o efectuar las \nenmiendas que estime necesarias. De aceptarse las enmiendas por la Asamblea respectiva, el \nproyecto quedar\u00e1 en estado de ser despachado al Congreso de Diputadas y Diputados para su \ntramitaci\u00f3n como ley de acuerdo regional. \nTrat\u00e1ndose de las delegaciones, estas no podr\u00e1n extenderse a \u00e1mbitos de \nconcurrencia presidencial necesaria, a la nacionalidad, la ciudadan\u00eda y las elecciones, a los \n\u00e1mbitos que sean objeto de codificaci\u00f3n general, ni a la organizaci\u00f3n, atribuciones y r\u00e9gimen de \nlos \u00f3rganos nacionales o de los Sistemas de Justicia. \n \nLa ley que delegue potestades se\u00f1alar\u00e1 las materias precisas sobre las que recaer\u00e1 la \ndelegaci\u00f3n y podr\u00e1 establecer o determinar las limitaciones, restricciones y formalidades que se \nestimen convenientes. \nLa Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica deber\u00e1 tomar raz\u00f3n de las leyes regionales \ndictadas de conformidad con este art\u00edculo, debiendo rechazarlas cuando ellas excedan o \ncontravengan la autorizaci\u00f3n referida. \n \nDel procedimiento legislativo \n \n34.- Art\u00edculo 29.- Las leyes pueden iniciarse por mensaje de la Presidenta o Presidente de la \nRep\u00fablica o por moci\u00f3n de no menos del diez por ciento ni m\u00e1s del quince por ciento de las \ndiputadas y diputados o representantes regionales. Adicionalmente, podr\u00e1n tener su origen en \niniciativa popular o iniciativa ind\u00edgena de ley. \nUna o m\u00e1s Asambleas Regionales podr\u00e1n presentar iniciativas a la C\u00e1mara de las \nRegiones en materias de inter\u00e9s regional. Si \u00e9sta las patrocina, ser\u00e1n ingresadas como moci\u00f3n \nparlamentaria ordinaria en el Congreso. \nTodos los proyectos de ley, cualquiera sea la forma de su iniciativa, comenzar\u00e1n su \ntramitaci\u00f3n en el Congreso de Diputadas y Diputados. \nTodo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los tr\u00e1mites que \ncorresponda, tanto en el Congreso de Diputadas y Diputados como en la C\u00e1mara de las Regiones \nsi \u00e9sta interviene en conformidad con lo establecido en esta Constituci\u00f3n, pero en ning\u00fan caso se \nadmitir\u00e1n las que no tengan relaci\u00f3n directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. \n \n35.- Art\u00edculo 30.- Las leyes deber\u00e1n ser aprobadas, modificadas o derogadas por la mayor\u00eda de \nlos miembros presentes en el Congreso de Diputadas y Diputados al momento de su votaci\u00f3n. \nEn caso de tratarse de una ley de acuerdo regional, la Presidencia del Congreso \nenviar\u00e1 el proyecto aprobado a la C\u00e1mara de las Regiones para continuar con su tramitaci\u00f3n. \nTerminada la tramitaci\u00f3n del proyecto en el Congreso de Diputadas y Diputados, ser\u00e1 \ndespachado a la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica para efectos de lo establecido en el \nart\u00edculo 32. \n \n36.- Art\u00edculo 30 bis.- Las leyes referidas a la organizaci\u00f3n, funcionamiento y procedimientos \ndel Poder Legislativo y de los Sistemas de Justicia; a los procesos electorales y plebiscitarios; a \nla regulaci\u00f3n de los estados de excepci\u00f3n constitucional, y a la regulaci\u00f3n de las organizaciones \npol\u00edticas, deber\u00e1n ser aprobadas por el voto favorable de la mayor\u00eda en ejercicio de los miembros \ndel Congreso de Diputadas y Diputados y de la C\u00e1mara de las Regiones. \n \n37.- Art\u00edculo 31.- Recibido por la C\u00e1mara de las Regiones un proyecto de ley de acuerdo regional \naprobado por el Congreso de Diputadas y Diputados, la C\u00e1mara de las Regiones se pronunciar\u00e1, \naprob\u00e1ndolo o rechaz\u00e1ndolo. Si lo aprobare, el proyecto ser\u00e1 enviado al Congreso para que lo \ndespache a la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica para su promulgaci\u00f3n como ley. Si lo \nrechazare, lo tramitar\u00e1 y propondr\u00e1 al Congreso las enmiendas que considere pertinentes. \nSi el Congreso rechazare una o m\u00e1s de esas enmiendas u observaciones, se convocar\u00e1 \na una comisi\u00f3n mixta que propondr\u00e1 nuevas enmiendas para resolver la discrepancia. Estas \nenmiendas ser\u00e1n votadas por la C\u00e1mara y luego por el Congreso. Si todas ellas fueren aprobadas, \nel proyecto ser\u00e1 despachado para su promulgaci\u00f3n. \nLa comisi\u00f3n mixta estar\u00e1 conformada por igual n\u00famero de diputadas y diputados y \nde representantes regionales. La ley fijar\u00e1 el mecanismo para designar a los integrantes de la \ncomisi\u00f3n y establecer\u00e1 el plazo en que deber\u00e1 informar. De no evacuar su informe dentro de \nplazo, se entender\u00e1 que la comisi\u00f3n mixta mantiene las observaciones originalmente formuladas \npor la C\u00e1mara y rechazadas por el Congreso y se aplicar\u00e1 lo dispuesto en el inciso anterior. \n \n38.- Art\u00edculo 31 bis.- En la sesi\u00f3n siguiente a su despacho por el Congreso de Diputadas y \nDiputados y con el voto favorable de la mayor\u00eda, la C\u00e1mara de las Regiones podr\u00e1 requerir \nconocer de un proyecto de ley que no sea de acuerdo regional.  \nLa C\u00e1mara contar\u00e1 con sesenta d\u00edas desde que recibe el proyecto para formularle \nenmiendas y remitirlas al Congreso. \u00c9ste podr\u00e1 aprobarlas o insistir en el proyecto original con \nel voto favorable de la mayor\u00eda. Si dentro del plazo se\u00f1alado la C\u00e1mara no evac\u00faa su informe, el \nproyecto quedar\u00e1 en condiciones de ser despachado por el Congreso. \n \n39.- Art\u00edculo 32.- Si la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica aprobare el proyecto despachado \npor el Congreso de Diputadas y Diputados, dispondr\u00e1 su promulgaci\u00f3n como ley. En caso \n \ncontrario, lo devolver\u00e1 dentro de treinta d\u00edas con las observaciones que estime pertinentes o \ncomunicando su rechazo total al proyecto. \nEn ning\u00fan caso se admitir\u00e1n las observaciones que no tengan relaci\u00f3n directa con las \nideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el \nmensaje respectivo. \nLas observaciones parciales podr\u00e1n ser aprobadas por mayor\u00eda. Con el mismo \nqu\u00f3rum, el Congreso podr\u00e1 insistir en el proyecto original.  \nSi el Presidente hubiere rechazado totalmente el proyecto, el Congreso deber\u00e1 \ndesecharlo, salvo que insista por tres quintos de sus integrantes.  \nSi la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica no devolviere el proyecto dentro de \ntreinta d\u00edas, contados desde la fecha de su remisi\u00f3n, se entender\u00e1\u0301 que lo aprueba y se promulgar\u00e1 \ncomo ley. La promulgaci\u00f3n deber\u00e1\u0301 hacerse siempre dentro del plazo de diez d\u00edas, contados desde \nque ella sea procedente. La publicaci\u00f3n se har\u00e1\u0301 dentro de los cinco d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la \nfecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio. \n \n40.- Art\u00edculo 33.- El proyecto que fuere desechado en general por el Congreso de Diputadas y \nDiputados, no podr\u00e1 renovarse sino despu\u00e9s de un a\u00f1o. \n \n41.- Art\u00edculo 34.- La ley que regule el funcionamiento del Congreso de Diputadas y Diputados \ndeber\u00e1 establecer los mecanismos para determinar el orden en que se conocer\u00e1n los proyectos de \nley, debiendo distinguir entre urgencia simple, suma urgencia y discusi\u00f3n inmediata. \nLa ley especificar\u00e1 los casos en que la urgencia ser\u00e1 fijada por la Presidenta o \nPresidente de la Rep\u00fablica y por el Congreso. La ley especificar\u00e1 los casos y condiciones de la \nurgencia popular.  \nS\u00f3lo la Presidenta o Presidente contar\u00e1 con la facultad de determinar la discusi\u00f3n \ninmediata de un proyecto de ley. \n \n42.- Art\u00edculo 35.- El proyecto de Ley de Presupuestos deber\u00e1 ser presentado por la Presidenta o \nPresidente de la Rep\u00fablica a lo menos con tres meses de anterioridad a la fecha en que debe \nempezar a regir.  \n \nSi el proyecto no fuera despachado dentro de los 90 d\u00edas de presentado, regir\u00e1 el \nproyecto inicialmente enviado por la o el Presidente.  \nEl proyecto de ley comenzar\u00e1 su tramitaci\u00f3n en una comisi\u00f3n especial de \npresupuestos compuesta por igual n\u00famero de diputados y representantes regionales. La comisi\u00f3n \nespecial no podr\u00e1 aumentar ni disminuir la estimaci\u00f3n de los ingresos, pero podr\u00e1 reducir los \ngastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que est\u00e9n establecidos por ley \npermanente.  \nAprobado el proyecto por la comisi\u00f3n especial de presupuestos, ser\u00e1 enviado al \nCongreso de Diputadas y Diputados para su tramitaci\u00f3n como ley de acuerdo regional.  \nLa estimaci\u00f3n del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de Presupuestos y \nde los nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa de ley, corresponder\u00e1 a la Presidenta o \nPresidente de la Rep\u00fablica, previo informe de los organismos t\u00e9cnicos respectivos, sin perjuicio \nde lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 38. \nNo se podr\u00e1 aprobar ning\u00fan nuevo gasto con cargo al erario p\u00fablico sin que se \nindiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto. \nSi la fuente de recursos otorgada por el Congreso de Diputadas y Diputados fuere \ninsuficiente para financiar cualquier nuevo gasto que se apruebe, la Presidenta o Presidente de la \nRep\u00fablica, al promulgar la ley, previo informe favorable del servicio o instituci\u00f3n a trav\u00e9s del \ncual se recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, deber\u00e1 \nreducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza. \n \n43.- Art\u00edculo 36.- El Gobierno deber\u00e1 dar acceso al Congreso de Diputadas y Diputados a toda \nla informaci\u00f3n disponible para la toma de decisiones presupuestarias. Deber\u00e1 tambi\u00e9n rendir \ncuentas y fiscalizar la ejecuci\u00f3n del presupuesto nacional, haciendo p\u00fablico asimismo la \ninformaci\u00f3n sobre el desempe\u00f1o de los programas ejecutados en base a \u00e9ste. \n \n44.- Art\u00edculo 37.- En la tramitaci\u00f3n de la Ley de Presupuestos, as\u00ed como respecto de los \npresupuestos regionales y comunales, se deber\u00e1n garantizar espacios de participaci\u00f3n popular. \n \n45.- Art\u00edculo 38.- El Congreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones contar\u00e1n \ncon una Unidad T\u00e9cnica dependiente administrativamente del Congreso.  \n \nSu Secretar\u00eda Legislativa estar\u00e1 encargada de asesorar en los aspectos jur\u00eddicos de \nlas leyes que tramiten. Podr\u00e1 asimismo emitir informes sobre \u00e1mbitos de la legislaci\u00f3n que hayan \nca\u00eddo en desuso o que presenten problemas t\u00e9cnicos. \nSu Secretar\u00eda de Presupuestos estar\u00e1 encargada de estudiar el efecto presupuestario \ny fiscal de los proyectos de ley y de asesorar a las diputadas, diputados y representantes \nregionales durante la tramitaci\u00f3n de la Ley de Presupuestos. \n \n46.- Art\u00edculo 39.- El gobierno y la administraci\u00f3n del Estado corresponden a la Presidenta o \nPresidente de la Rep\u00fablica, quien ejerce la jefatura de Estado y la jefatura de Gobierno. \nEl 5 de julio de cada a\u00f1o, la Presidenta o el Presidente dar\u00e1 cuenta al pa\u00eds del estado \nadministrativo y pol\u00edtico de la Rep\u00fablica ante el Congreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara \nde las Regiones, en sesi\u00f3n conjunta. \n \n47.- Art\u00edculo 40.- Para ser elegida Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica se requiere tener \nnacionalidad chilena, ser ciudadana o ciudadano con derecho a sufragio y haber cumplido treinta \na\u00f1os de edad. \nAsimismo, deber\u00e1 tener residencia efectiva en el territorio nacional los cuatro a\u00f1os \nanteriores a la elecci\u00f3n. No se exigir\u00e1 este requisito cuando la ausencia del pa\u00eds se deba a que \nella o \u00e9l, su c\u00f3nyuge o su conviviente civil cumplan misi\u00f3n diplom\u00e1tica, trabajen en organismos \ninternacionales o existan otras circunstancias que la justifiquen fundadamente. Tales \ncircunstancias deber\u00e1n ser calificadas por los tribunales electorales. \n \n48.- Art\u00edculo 41.- La Presidenta o Presidente se elegir\u00e1 mediante sufragio universal, directo, \nlibre y secreto. \n \n49.- Art\u00edculo 42.- La Presidenta o Presidente ser\u00e1 elegido por la mayor\u00eda absoluta de los votos \nv\u00e1lidamente emitidos. La elecci\u00f3n se efectuar\u00e1 el tercer domingo de noviembre del a\u00f1o anterior \na aquel en que deba cesar en el cargo el que est\u00e9 en funciones.  \nSi a la elecci\u00f3n se presentaren m\u00e1s de dos candidaturas y ninguna de ellas obtuviere \nm\u00e1s de la mitad de los sufragios v\u00e1lidamente emitidos, se proceder\u00e1 a una segunda votaci\u00f3n entre \nlas candidaturas que hubieren obtenido las dos m\u00e1s altas mayor\u00edas. Esta votaci\u00f3n se realizar\u00e1 el \n \ncuarto domingo despu\u00e9s de la primera. Ser\u00e1 electa la candidatura que obtenga la mayor\u00eda de los \nsufragios v\u00e1lidamente emitidos. En el caso de proceder la segunda votaci\u00f3n, las candidatas y \ncandidatos podr\u00e1n efectuar modificaciones a su programa hasta una semana antes de ella. \nEl d\u00eda de la elecci\u00f3n presidencial ser\u00e1 feriado irrenunciable. \nEn caso de muerte de uno o de ambos candidatos o candidatas presidenciales a que \nse refiere el inciso segundo, la o el Presidente de la Rep\u00fablica convocar\u00e1 a una nueva elecci\u00f3n \ndentro del plazo de diez d\u00edas, contado desde la fecha del deceso. La elecci\u00f3n se celebrar\u00e1 noventa \nd\u00edas despu\u00e9s de la convocatoria si ese d\u00eda correspondiere a un domingo. En caso contrario, se \nrealizar\u00e1 el domingo siguiente. \n \n50.- Art\u00edculo 43.- El proceso de calificaci\u00f3n de la elecci\u00f3n de la o el Presidente deber\u00e1\u0301 quedar \nconcluido dentro de los quince d\u00edas siguientes a la primera votaci\u00f3n y dentro de los treinta \nsiguientes a la segunda. \nEl Tribunal Calificador de Elecciones comunicar\u00e1 de inmediato al Congreso de \nDiputadas y Diputados y a la C\u00e1mara de las Regiones la proclamaci\u00f3n de la Presidenta o \nPresidente electo. \nEl Congreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones, reunidos en \nsesi\u00f3n conjunta el d\u00eda en que deba cesar en su cargo el o la Presidenta en funciones, y con las y \nlos miembros que asistan, tomar\u00e1 conocimiento de esa resoluci\u00f3n del Tribunal Calificador de \nElecciones y proclamar\u00e1 a el o la electa. \nEn este mismo acto, la Presidenta o Presidente prestar\u00e1 promesa o juramento de \ndesempe\u00f1ar fielmente su cargo, conservar la independencia de la Rep\u00fablica, guardar y hacer \nguardar la Constituci\u00f3n y las leyes, y de inmediato asumir\u00e1\u0301 sus funciones. \n \n51.- Art\u00edculo 44.- Si la o el Presidente electo se hallare impedido para tomar posesi\u00f3n del cargo, \nasumir\u00e1, provisoriamente y con el t\u00edtulo de Vicepresidente o Vicepresidenta de la Rep\u00fablica, la \no el Presidente del Congreso de Diputadas y Diputados, de la C\u00e1mara de las Regiones o de la \nCorte Suprema, en ese orden. \nSi el impedimento fuese absoluto o durase indefinidamente, la Vicepresidenta o \nVicepresidente, en los diez d\u00edas siguientes al acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados, \nconvocar\u00e1 a una nueva elecci\u00f3n presidencial que se celebrar\u00e1 noventa d\u00edas despu\u00e9s si ese d\u00eda \n \ncorrespondiere a un domingo, o el domingo inmediatamente siguiente. La o el Presidente as\u00ed \nelegido asumir\u00e1 sus funciones en la oportunidad que se\u00f1ale la ley y durar\u00e1 en ellas el resto del \nper\u00edodo ya iniciado. \n \n52.- Art\u00edculo 45.- La o el Presidente durar\u00e1 cuatro a\u00f1os en el ejercicio de sus funciones, tras los \ncuales podr\u00e1 ser reelegido, de forma inmediata o posterior, solo una vez.  \n \n53.- Art\u00edculo 45 bis.- En el caso que la Presidenta o Presidente postulare a la reelecci\u00f3n \ninmediata, y desde el d\u00eda de la inscripci\u00f3n de su candidatura, no podr\u00e1 ejecutar gasto que no sea \nde mera administraci\u00f3n ni realizar actividades p\u00fablicas que conlleven propaganda a su campa\u00f1a \npara la reelecci\u00f3n. La Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica deber\u00e1 dictar un instructivo que regule \nlas situaciones descritas en este art\u00edculo. \n \n54.- Art\u00edculo 46.- Cuando por enfermedad, ausencia del territorio de la Rep\u00fablica u otro grave \nmotivo, la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica no pudiere ejercer su cargo, le subrogar\u00e1, con \nel t\u00edtulo de Vicepresidenta o Vicepresidente de la Rep\u00fablica, la o el Ministro de Estado que \ncorresponda, seg\u00fan el orden de precedencia que se\u00f1ale la ley. \n \n55.- Art\u00edculo 47.- Son impedimentos definitivos para el ejercicio del cargo de Presidenta o \nPresidente de la Rep\u00fablica y causan su vacancia: la muerte, la dimisi\u00f3n debidamente aceptada \npor el Congreso de Diputadas y Diputados y la condena por acusaci\u00f3n constitucional, conforme \na las reglas establecidas en esta Constituci\u00f3n.  \nEn caso de impedimento definitivo, asumir\u00e1 como subrogante la o el Ministro de \nEstado indicado en el art\u00edculo anterior y se proceder\u00e1 conforme a los incisos siguientes. \nSi la vacancia se produjere faltando menos de dos a\u00f1os para la pr\u00f3xima elecci\u00f3n \npresidencial, la Presidenta o Presidente ser\u00e1 nombrado en sesi\u00f3n conjunta del Congreso de \nDiputadas y Diputados y de la C\u00e1mara de las Regiones. El nombramiento se realizar\u00e1 dentro de \nlos diez d\u00edas siguientes a la fecha de la vacancia y la o el nombrado asumir\u00e1 su cargo dentro de \nlos treinta d\u00edas siguientes. Para los efectos del art\u00edculo 45, este per\u00edodo presidencial se considerar\u00e1 \ncomo uno completo. \n \nLa o el Vicepresidente que subrogue y la o el Presidente nombrado conforme a lo \ndispuesto en el inciso anterior, tendr\u00e1n todas las atribuciones que esta Constituci\u00f3n confiere al \nPresidente o Presidenta de la Rep\u00fablica. \nSi la vacancia se produjere faltando dos a\u00f1os o m\u00e1s para la siguiente elecci\u00f3n \npresidencial, el Vicepresidente o Vicepresidenta, dentro de los diez primeros d\u00edas de su \nsubrogancia, convocar\u00e1 a una elecci\u00f3n presidencial para ciento veinte d\u00edas despu\u00e9s de la \nconvocatoria, si ese d\u00eda correspondiere a un domingo, o el domingo siguiente. La Presidenta o \nPresidente que resulte elegido asumir\u00e1 su cargo el d\u00e9cimo d\u00eda despu\u00e9s de su proclamaci\u00f3n, y \nhasta completar el per\u00edodo que restaba a quien se reemplaza. \n \n56.- Art\u00edculo 48.- Ser\u00e1n atribuciones de la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica: \n1. Cumplir y hacer cumplir esta Constituci\u00f3n, las leyes y los tratados internacionales, \nde acuerdo con sus competencias y atribuciones; \n2. Dirigir la administraci\u00f3n del Estado; \n3. Nombrar y remover a las Ministras y Ministros de Estado, a las Subsecretarias y \nSubsecretarios y a las dem\u00e1s funcionarias y funcionarios que corresponda, de acuerdo con esta \nConstituci\u00f3n y la ley. Estos funcionarios ser\u00e1n de exclusiva confianza del Presidente de la \nRep\u00fablica y se mantendr\u00e1n en sus puestos mientras cuenten con ella; \n4. Conducir las relaciones exteriores, suscribir y ratificar los tratados, convenios o \nacuerdos internacionales, nombrar y remover a Embajadoras y Embajadores y jefas y jefes de \nmisiones diplom\u00e1ticas; \n5. Declarar los estados de excepci\u00f3n constitucional en los casos y formas que se \nse\u00f1alan en esta Constituci\u00f3n y la ley; \n6. Concurrir a la formaci\u00f3n de las leyes, conforme a lo que establece esta \nConstituci\u00f3n, y promulgarlas; \n7. Dictar decretos con fuerza de ley, previa delegaci\u00f3n del Congreso de Diputadas y \nDiputados, conforme a lo que se establece en esta Constituci\u00f3n; \n8. Ejercer la potestad reglamentaria de conformidad con esta Constituci\u00f3n y la ley; \n9. Ejercer permanentemente la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, disponerlas, \norganizarlas y distribuirlas para su desarrollo y empleo conjunto; \n \n10. Designar al Jefe del Estado Mayor Conjunto, a los Comandantes en Jefe de las \nFuerzas Armadas y disponer los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas \nArmadas; \n11. Remover al Jefe del Estado Mayor Conjunto y a los Comandantes en Jefe de las \nFuerzas Armadas; \n12.  Ejercer la jefatura m\u00e1xima de las fuerzas de seguridad p\u00fablica y designar y \nremover a los integrantes del alto mando policial; \n13. Nombrar a la Contralora o Contralor General conforme a lo dispuesto en esta \nConstituci\u00f3n; \n14. Participar en los nombramientos de las dem\u00e1s autoridades en conformidad con lo \nestablecido en esta Constituci\u00f3n; \n15. Designar y remover funcionarias y funcionarios de su exclusiva confianza, de \nconformidad con lo que establece la ley; \n16. Conceder indultos particulares, salvo en cr\u00edmenes de guerra y de lesa humanidad; \n17. Velar por la recaudaci\u00f3n de las rentas p\u00fablicas y decretar su inversi\u00f3n con arreglo \na la ley. \nLa Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica, con la firma de todas las y los Ministros \nde Estado, podr\u00e1 decretar pagos no autorizados por ley, para atender necesidades impostergables \nderivadas de calamidades p\u00fablicas, agresi\u00f3n exterior, conmoci\u00f3n interior, grave da\u00f1o o peligro \npara la seguridad del pa\u00eds o el agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que \nno puedan paralizarse sin serio perjuicio para el pa\u00eds. El total de los giros que se hagan con estos \nobjetos no podr\u00e1 exceder anualmente del dos por ciento (2%) del monto de los gastos que autorice \nla Ley de Presupuestos. Se podr\u00e1 contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que \nel \u00edtem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Las y los Ministros \nde Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en \neste numeral ser\u00e1n responsables, solidaria y personalmente de su reintegro, y culpables del delito \nde malversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos; \n18. Convocar referendos, plebiscitos y consultas en los casos previstos en esta \nConstituci\u00f3n; \n19. Presentar anualmente al Congreso de Diputadas y Diputados el proyecto de ley \nde presupuestos, y \n \n20. Pedir, indicando los motivos, que se cite a sesi\u00f3n especial al Congreso de \nDiputadas y Diputados y a la C\u00e1mara de las Regiones. En tal caso, la sesi\u00f3n deber\u00e1 celebrarse a \nla brevedad posible. \n \n57.- Art\u00edculo 49.- Las y los Ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos de \nla Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica en el gobierno y administraci\u00f3n del Estado. \nLa ley determinar\u00e1 el n\u00famero y organizaci\u00f3n de los ministerios, as\u00ed como el orden de \nprecedencia de los Ministros titulares. \nLa Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica podr\u00e1 encomendar a uno o m\u00e1s Ministros \nla coordinaci\u00f3n de la labor que corresponde a los secretarios de Estado y las relaciones del \nGobierno con el Congreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones. \n \n58.- Art\u00edculo 50.- Para ser nombrada Ministra o Ministro de Estado se requiere ser ciudadana o \nciudadano con derecho a sufragio y cumplir con los requisitos generales para el ingreso a la \nAdministraci\u00f3n P\u00fablica. \nLos Ministros y Ministras de Estado se reemplazar\u00e1n en caso de ausencia, \nimpedimento, renuncia o cuando por otra causa se produzca la vacancia del cargo, de acuerdo a \nlo que establece la ley. \n \n59.- Art\u00edculo 51.- Los reglamentos y decretos de la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica \ndeber\u00e1n firmarse por la Ministra o el Ministro de Estado respectivo y no ser\u00e1n obedecidos sin \neste esencial requisito.  \nLos decretos e instrucciones podr\u00e1n expedirse con la sola firma de la Ministra o \nMinistro de Estado respectivo, por orden de la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica, en \nconformidad con las normas que establezca la ley. \n \n60.- Art\u00edculo 52.- Las Ministras y Ministros de Estado son responsables directamente de la \nconducci\u00f3n de sus carteras respectivas, de los actos que firmen y solidariamente de los que \nsuscriban o acuerden con otras y otros Ministros. \n \n \n61.- Art\u00edculo 53.- Las Ministras y Ministros podr\u00e1n asistir a las sesiones del Congreso de \nDiputadas y Diputados y de la C\u00e1mara de las Regiones y tomar parte en sus debates, con \npreferencia para hacer uso de la palabra. \nSin perjuicio de lo anterior, las Ministras y Ministros de Estado deber\u00e1n concurrir \npersonalmente a las sesiones especiales que convoque el Congreso o la C\u00e1mara para informarse \nsobre asuntos que, perteneciendo al \u00e1mbito de atribuciones de las correspondientes secretar\u00edas de \nEstado, acuerden tratar. \n \nDel Sistema Electoral \n \n62.- Art\u00edculo 54.- Para las elecciones populares, la ley crear\u00e1 un sistema electoral conforme a \nlos principios de igualdad sustantiva, paridad, alternabilidad de g\u00e9nero y los dem\u00e1s contemplados \nen esta Constituci\u00f3n y las leyes. Dicho sistema deber\u00e1 garantizar que los \u00f3rganos colegiados \ntengan una composici\u00f3n paritaria y promover\u00e1 la paridad en las candidaturas a cargos \nunipersonales. Asimismo, asegurar\u00e1 que las listas electorales sean encabezadas siempre por una \nmujer. \n \n63.- Art\u00edculo 55.- Las elecciones comunales, regionales y de representantes regionales se \nrealizar\u00e1n tres a\u00f1os despu\u00e9s de la elecci\u00f3n presidencial y del Congreso de Diputadas y Diputados. \nEstas autoridades s\u00f3lo podr\u00e1n ser electas de manera consecutiva por un per\u00edodo. \n \n64.- Art\u00edculo 56.- En las votaciones populares, el sufragio ser\u00e1 universal, igualitario, libre, \ndirecto, secreto y obligatorio para las personas que hayan cumplido dieciocho a\u00f1os. Su ejercicio \nconstituye un derecho y un deber c\u00edvico. \nEl sufragio ser\u00e1 facultativo para las personas de diecis\u00e9is y diecisiete a\u00f1os de edad. \nLas chilenas y chilenos en el exterior podr\u00e1n sufragar en los plebiscitos nacionales y \nelecciones presidenciales y de diputadas y diputados. Para esto se constituir\u00e1 un distrito especial \nexterior. \nLa ley establecer\u00e1 las condiciones para asegurar el ejercicio de este derecho. \nEl resguardo de la seguridad p\u00fablica durante las votaciones populares y plebiscitarias \ncorresponder\u00e1 a las instituciones que indique la ley. \n \n \n65.- Art\u00edculo 57.- Habr\u00e1 un registro electoral p\u00fablico al que se incorporar\u00e1n, por el solo \nministerio de la ley, quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constituci\u00f3n. La ley \ndeterminar\u00e1 su organizaci\u00f3n y funcionamiento. \n \n66.- Art\u00edculo 58.- Las personas extranjeras avecindadas en Chile por, al menos cinco a\u00f1os, \npodr\u00e1n ejercer el derecho a sufragio en los casos y formas que determine la Constituci\u00f3n y la ley. \n \nDe la elecci\u00f3n de esca\u00f1os reservados \n \n67.- Art\u00edculo 59.- Se establecer\u00e1n esca\u00f1os reservados para los pueblos y naciones ind\u00edgenas en \nlos \u00f3rganos colegiados de representaci\u00f3n popular a nivel nacional, regional y local, cuando \ncorresponda y en proporci\u00f3n a la poblaci\u00f3n ind\u00edgena dentro del territorio electoral respectivo, \naplicando criterios de paridad en sus resultados. \nUna ley determinar\u00e1 los requisitos, forma de postulaci\u00f3n y n\u00famero para cada caso, \nestableciendo mecanismos que aseguren su actualizaci\u00f3n. \n \n68.- Art\u00edculo 60.- Los esca\u00f1os reservados en el Congreso de Diputadas y Diputados para los \npueblos y naciones ind\u00edgenas ser\u00e1n elegidos en un distrito \u00fanico nacional. Su n\u00famero se definir\u00e1 \nen forma proporcional a la poblaci\u00f3n ind\u00edgena en relaci\u00f3n a la poblaci\u00f3n total del pa\u00eds. Se deber\u00e1n \nadicionar al n\u00famero total de integrantes del Congreso. \nLa ley regular\u00e1 los requisitos, procedimientos y distribuci\u00f3n de los esca\u00f1os \nreservados.  \nLa integraci\u00f3n de los esca\u00f1os reservados en la C\u00e1mara de las Regiones ser\u00e1 \ndeterminada por ley \n \n69.- Art\u00edculo 61.- Podr\u00e1n votar por los esca\u00f1os reservados para pueblos y naciones ind\u00edgenas \ns\u00f3lo los ciudadanos y ciudadanas que pertenezcan a dichos pueblos y naciones y que formen \nparte de un registro especial denominado Registro Electoral Ind\u00edgena, que administrar\u00e1 el \nServicio Electoral. \n \nDicho registro ser\u00e1 construido por el Servicio Electoral sobre la base de los archivos \nque administren los \u00f3rganos estatales, los que posean los pueblos y naciones ind\u00edgenas sobre sus \nmiembros y de las solicitudes de ciudadanos y ciudadanas que se autoidentifiquen como tales, en \nlos t\u00e9rminos que indique la ley. \nSe crear\u00e1 un registro del pueblo tribal afrodescendiente chileno bajo las mismas \nreglas del presente art\u00edculo. \n \n70.- Art\u00edculo 64.- Las organizaciones pol\u00edticas reconocidas legalmente implementar\u00e1n la paridad \nde g\u00e9nero en sus espacios de direcci\u00f3n, asegurando la igualdad sustantiva en sus dimensiones \norganizativa y electoral, y promoviendo la plena participaci\u00f3n pol\u00edtica de las mujeres. A su vez, \ndeber\u00e1n destinar un financiamiento electoral proporcional al n\u00famero de dichas candidaturas. \nEl Estado y las organizaciones pol\u00edticas deber\u00e1n tomar las medidas necesarias para \nerradicar la violencia de g\u00e9nero con el fin de asegurar que todas las personas ejerzan plenamente \nsus derechos pol\u00edticos. \nLa ley arbitrar\u00e1 los medios para incentivar la participaci\u00f3n de las personas de las \ndiversidades y disidencias sexuales y de g\u00e9nero en los procesos electorales. \n \n********* \n \n71.- Art\u00edculo 1.- Con la finalidad de garantizar la integridad p\u00fablica y erradicar la corrupci\u00f3n en \ntodas sus formas, los \u00f3rganos competentes en la materia deber\u00e1n coordinar su actuar a trav\u00e9s de \nla instancia o mecanismos que correspondan para el cumplimiento de estos fines, en la forma que \ndetermine la ley. \n \n72.- Art\u00edculo 2.- Principio de probidad. El principio de probidad consiste en observar una \nconducta intachable y un desempe\u00f1o honesto y leal de la funci\u00f3n o cargo, con preeminencia del \ninter\u00e9s general sobre el particular. \n \n73.- Art\u00edculo 3.- Principio de transparencia. Es p\u00fablica la informaci\u00f3n elaborada con \npresupuesto p\u00fablico y toda otra informaci\u00f3n que obre en poder del Estado, cualquiera sea su \nformato, soporte, fecha de creaci\u00f3n, origen, clasificaci\u00f3n o procesamiento, salvo cuando la \n \npublicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos \u00f3rganos, la protecci\u00f3n de \ndatos personales, los derechos de las personas, la seguridad del Estado o el inter\u00e9s nacional, \nconforme lo establezca la ley. El principio de transparencia exige a los \u00f3rganos del Estado que \nla informaci\u00f3n p\u00fablica sea puesta a disposici\u00f3n de toda persona que la requiera, independiente \ndel uso que se le d\u00e9, facilitando su acceso y procurando su oportuna entrega y accesibilidad. Toda \ninstituci\u00f3n que desarrolle una funci\u00f3n p\u00fablica, o que administre recursos p\u00fablicos, deber\u00e1 dar \nestricto cumplimiento al principio de transparencia. \n \n74.- Art\u00edculo 4.- Principio de rendici\u00f3n de cuentas. Los \u00f3rganos del Estado y quienes ejerzan \nuna funci\u00f3n p\u00fablica deber\u00e1n rendir cuenta en la forma y condiciones que establezca la ley. El \nprincipio de rendici\u00f3n de cuentas implica el deber de asumir la responsabilidad en el ejercicio de \nsu cargo. El Estado promover\u00e1 la participaci\u00f3n activa de las personas y la sociedad civil en la \nfiscalizaci\u00f3n del cumplimiento de este principio. \n \n75.- Art\u00edculo 5.- (inciso primero) Derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica. Todas las \npersonas tendr\u00e1n el derecho a buscar, solicitar, recibir y difundir informaci\u00f3n p\u00fablica de \ncualquier \u00f3rgano del Estado o de entidades que presten servicios de utilidad p\u00fablica, en la forma \ny condiciones que establezca la ley. \nEl derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica reconoce los principios establecidos \nen esta Constituci\u00f3n y las leyes. \n \n76.- Art\u00edculo 6.- Consejo para la Transparencia. El Consejo para la Transparencia es un \n\u00f3rgano aut\u00f3nomo, especializado e imparcial con personalidad jur\u00eddica y patrimonio propio, que \ntiene por funci\u00f3n promover la transparencia de la funci\u00f3n p\u00fablica, fiscalizar el cumplimiento de \nlas normas sobre transparencia y publicidad de la informaci\u00f3n de los \u00f3rganos del Estado y \ngarantizar el derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica.  \nLa composici\u00f3n, organizaci\u00f3n, el funcionamiento y las atribuciones del Consejo para \nla Transparencia ser\u00e1n materias de ley. \n \n77.- Art\u00edculo 7.- Sobre la corrupci\u00f3n. La corrupci\u00f3n es contraria al bien com\u00fan y atenta contra \nel sistema democr\u00e1tico. \n \nEl Estado tomar\u00e1 las medidas necesarias para su estudio, prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n, \npersecuci\u00f3n y sanci\u00f3n. \n \n78.- Art\u00edculo 8.- El Estado asegura a todas las personas la debida protecci\u00f3n, confidencialidad e \nindemnidad al denunciar infracciones en el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica, especialmente faltas \na la probidad, transparencia y hechos de corrupci\u00f3n. \n \n79.- Art\u00edculo 9.- El ejercicio de funciones p\u00fablicas se regir\u00e1 por los principios de probidad, \neficiencia, eficacia, responsabilidad, transparencia, publicidad, rendici\u00f3n de cuentas, buena fe, \ninterculturalidad, enfoque de g\u00e9nero, inclusi\u00f3n, no discriminaci\u00f3n y sustentabilidad. \nLas autoridades electas popularmente, y las dem\u00e1s autoridades y funcionarios que \ndetermine la ley, deber\u00e1n declarar sus intereses y patrimonio en forma p\u00fablica. \n \n80.- Art\u00edculo 10.- Respecto de las altas autoridades del Estado, la ley establecer\u00e1 mayores \nexigencias y est\u00e1ndares de responsabilidad para el cumplimiento de los principios de probidad, \ntransparencia y rendici\u00f3n de cuentas. \n \n81.- Art\u00edculo 11.- Una comisi\u00f3n fijar\u00e1 las remuneraciones de las autoridades de elecci\u00f3n popular, \nas\u00ed como de quienes sirvan de confianza exclusiva de ellas. Las remuneraciones ser\u00e1n fijadas \ncada cuatro a\u00f1os, con al menos dieciocho meses de anterioridad al t\u00e9rmino de un periodo \npresidencial. Los acuerdos de la comisi\u00f3n ser\u00e1n p\u00fablicos, se fundar\u00e1n en antecedentes t\u00e9cnicos \ny deber\u00e1n garantizar una retribuci\u00f3n adecuada a la responsabilidad del cargo.  \nUna ley establecer\u00e1 la integraci\u00f3n, funcionamiento y atribuciones de esta comisi\u00f3n. \n \n82.- Art\u00edculo 12.- Los colegios profesionales son corporaciones de derecho p\u00fablico, nacionales \ny aut\u00f3nomas, que colaboran con los prop\u00f3sitos y las responsabilidades del Estado. Sus labores \nconsisten en velar por el ejercicio \u00e9tico de sus miembros, promover la credibilidad de la disciplina \nque profesan sus afiliados, representar oficialmente a la profesi\u00f3n ante el Estado y las dem\u00e1s que \nestablezca la ley. \n \n \n83.- Art\u00edculo 13.- No podr\u00e1n optar a cargos p\u00fablicos ni de elecci\u00f3n popular las personas \ncondenadas por cr\u00edmenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, \naquellos vinculados a corrupci\u00f3n como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, \nmalversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos y los dem\u00e1s que as\u00ed establezca la ley. Los t\u00e9rminos y plazos \nde estas inhabilidades se determinar\u00e1n por ley. \n \n84.- Art\u00edculo 14.- Monopolio estatal de la fuerza. El Estado tiene el monopolio indelegable del \nuso leg\u00edtimo de la fuerza, la que ejerce a trav\u00e9s de las instituciones competentes, conforme a esta \nConstituci\u00f3n, las leyes y con pleno respeto a los derechos humanos. \nLa ley regular\u00e1 el uso de la fuerza y el armamento que pueda ser utilizado en el \nejercicio de las funciones de las instituciones autorizadas por esta Constituci\u00f3n. \nNinguna persona, grupo u organizaci\u00f3n podr\u00e1 poseer, tener o portar armas u otros \nelementos similares, salvo en los casos que se\u00f1ale la ley, la que fijar\u00e1 los requisitos, \nautorizaciones y controles del uso, porte y tenencia de armas. \n \n85.- Art\u00edculo 15.- Jefatura suprema de las Fuerzas Armadas y Pol\u00edtica de Defensa Nacional. \nA la o el Presidente de la Rep\u00fablica le corresponde la conducci\u00f3n de la defensa nacional y es el \njefe supremo de las Fuerzas Armadas. Ejercer\u00e1 el mando a trav\u00e9s del ministerio a cargo de la \ndefensa nacional. \nLa disposici\u00f3n, organizaci\u00f3n y criterios de distribuci\u00f3n de las Fuerzas Armadas se \nestablecer\u00e1n en la Pol\u00edtica de Defensa Nacional y la Pol\u00edtica Militar. La ley regular\u00e1 la vigencia, \nalcances y mecanismos de elaboraci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de dichas pol\u00edticas, las que deber\u00e1n \ncomprender los principios de cooperaci\u00f3n internacional, de igualdad de g\u00e9nero y de \ninterculturalidad, y el pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales. \n \n86.- Art\u00edculo 16.- Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas est\u00e1n integradas \u00fanica y \nexclusivamente por el Ej\u00e9rcito, la Armada y la Fuerza A\u00e9rea. Dependen del ministerio a cargo \nde la defensa nacional y son instituciones destinadas para el resguardo de la soberan\u00eda, \nindependencia e integridad territorial de la Rep\u00fablica, ante agresiones de car\u00e1cter externo, seg\u00fan \nlo establecido en la Carta de Naciones Unidas. Colaboran con la paz y seguridad internacional, \nconforme a la Pol\u00edtica de Defensa Nacional. \n \nLas Fuerzas Armadas deber\u00e1n incorporar la perspectiva de g\u00e9nero en el desempe\u00f1o \nde sus funciones, promover la paridad en espacios de toma de decisi\u00f3n y actuar con pleno respeto \nal derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados en esta Constituci\u00f3n. \nSon instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y por esencia obedientes \ny no deliberantes. \nLas instituciones militares y sus miembros estar\u00e1n sujetos a controles en materia de \nprobidad y transparencia. Sus integrantes no podr\u00e1n pertenecer a partidos pol\u00edticos, asociarse en \norganizaciones pol\u00edticas, gremiales o sindicales, ejercer el derecho a huelga, ni postularse a \ncargos de elecci\u00f3n popular. \nEl ingreso y la formaci\u00f3n en las Fuerzas Armadas ser\u00e1 gratuito y no discriminatorio, \nen el modo que establezca la ley. La educaci\u00f3n militar se funda en el respeto irrestricto a los \nderechos humanos. \nLa ley regular\u00e1 la organizaci\u00f3n de la defensa, su institucionalidad, su estructura y \nempleo conjunto, sus jefaturas, mando y la carrera militar. \n \n87.- Art\u00edculo 17.- El Congreso supervisar\u00e1 peri\u00f3dicamente la ejecuci\u00f3n del presupuesto asignado \na defensa, as\u00ed como la implementaci\u00f3n de la pol\u00edtica de defensa nacional y la pol\u00edtica militar. \n \n88.- Art\u00edculo 18.- Conducci\u00f3n de la Seguridad P\u00fablica y Pol\u00edtica Nacional de Seguridad \nP\u00fablica. A la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica le corresponde la conducci\u00f3n de la \nseguridad p\u00fablica a trav\u00e9s del ministerio correspondiente. \nLa disposici\u00f3n, organizaci\u00f3n y criterios de distribuci\u00f3n de las polic\u00edas se establecer\u00e1 \nen la Pol\u00edtica Nacional de Seguridad P\u00fablica. La ley regular\u00e1 la vigencia, alcances y mecanismos \nde elaboraci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de dicha pol\u00edtica, la que deber\u00e1 comprender la perspectiva de g\u00e9nero \ny de interculturalidad, y el pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales. \n \n89.- Art\u00edculo 19.- Polic\u00edas. Las polic\u00edas dependen del ministerio a cargo de la seguridad p\u00fablica \ny son instituciones policiales, no militares, de car\u00e1cter centralizado, con competencia en todo el \nterritorio de Chile, y est\u00e1n destinadas para garantizar la seguridad p\u00fablica, dar eficacia al derecho \ny resguardar los derechos fundamentales, en el marco de sus competencias. \n \nLas polic\u00edas deber\u00e1n incorporar la perspectiva de g\u00e9nero en el desempe\u00f1o de sus \nfunciones y promover la paridad en espacios de toma de decisi\u00f3n. Deber\u00e1n actuar respetando los \nprincipios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, con pleno respeto al derecho \ninternacional y los derechos fundamentales garantizados en esta Constituci\u00f3n. \nSon instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no \ndeliberantes.  \nLas polic\u00edas y sus miembros estar\u00e1n sujetos a controles en materia de probidad y \ntransparencia en la forma y condiciones que determine la Constituci\u00f3n y la ley. Sus integrantes \nno podr\u00e1n pertenecer a partidos pol\u00edticos, asociarse en organizaciones pol\u00edticas, gremiales o \nsindicales, ejercer el derecho a huelga, ni postularse a cargos de elecci\u00f3n popular. \nEl ingreso y la formaci\u00f3n en las polic\u00edas ser\u00e1 gratuito y no discriminatorio, del modo \nque establezca la ley. La educaci\u00f3n y formaci\u00f3n policial se funda en el respeto irrestricto a los \nDerechos Humanos. \n \n90.- Art\u00edculo 20.- Las relaciones internacionales de Chile, como expresi\u00f3n de su soberan\u00eda, se \nfundan en el respeto al derecho internacional, los principios de autodeterminaci\u00f3n de los pueblos, \nno intervenci\u00f3n en asuntos que son de la jurisdicci\u00f3n interna de los Estados, multilateralismo, \nsolidaridad, cooperaci\u00f3n, autonom\u00eda pol\u00edtica e igualdad jur\u00eddica entre los Estados. De igual \nforma, se compromete con la promoci\u00f3n y respeto de la democracia, el reconocimiento y \nprotecci\u00f3n de los Derechos Humanos, la inclusi\u00f3n e igualdad de g\u00e9nero, la justicia social, el \nrespeto a la naturaleza, la paz, convivencia y soluci\u00f3n pac\u00edfica de los conflictos, y con el \nreconocimiento, respeto y promoci\u00f3n de los derechos de los pueblos y naciones ind\u00edgenas y \ntribales conforme al derecho internacional de los Derechos Humanos. \nChile declara a Am\u00e9rica Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones \ninternacionales. Se compromete con el mantenimiento de la regi\u00f3n como una zona de paz y libre \nde violencia, impulsa la integraci\u00f3n regional, pol\u00edtica, social, cultural, econ\u00f3mica y productiva \nentre los Estados, y facilita el contacto y la cooperaci\u00f3n transfronteriza entre pueblos ind\u00edgenas. \n \n91.- Art\u00edculo 21.- Corresponde a la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica la atribuci\u00f3n de \nnegociar, concluir, firmar y ratificar los tratados internacionales. \n \nEn aquellos casos en que los tratados internacionales se refieran a materias de ley, \nellos deber\u00e1n ser aprobados por el Poder Legislativo. No requerir\u00e1n esta aprobaci\u00f3n los \ncelebrados en cumplimiento de una ley. \nSe informar\u00e1 al Poder Legislativo de la celebraci\u00f3n de los tratados internacionales \nque no requieran de su aprobaci\u00f3n. \nEl proceso de aprobaci\u00f3n de un tratado internacional se someter\u00e1, en lo pertinente, a \nlos tr\u00e1mites de una ley de acuerdo regional. \nLa Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica enviar\u00e1 el proyecto al Congreso de \nDiputadas y Diputados e informar\u00e1 sobre el proceso de negociaci\u00f3n, el contenido y el alcance \ndel tratado, as\u00ed como de las reservas que pretenda confirmar o formular. \nUna vez recibido, el Congreso de Diputadas y Diputados podr\u00e1 sugerir la formulaci\u00f3n \nde reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional, en el curso del tr\u00e1mite de \nsu aprobaci\u00f3n, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en \nlas normas generales de derecho internacional. \nAprobado el tratado por el Congreso de Diputadas y Diputados, \u00e9ste ser\u00e1 remitido a \nla C\u00e1mara de las Regiones para su tramitaci\u00f3n. \nLas medidas que el Ejecutivo adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento \nde un tratado en vigor, no requerir\u00e1n de nueva aprobaci\u00f3n del Poder Legislativo, a menos que se \ntrate de materias de ley. \nEl acuerdo aprobatorio de un tratado podr\u00e1 autorizar a la Presidenta o Presidente de \nla Rep\u00fablica a fin de que, durante la vigencia del tratado, dicte las disposiciones con fuerza de \nley que estime necesarias para su cabal cumplimiento, sujeto a las limitaciones previstas en el \ninciso segundo del art\u00edculo 25. \nSer\u00e1 necesario el acuerdo del Poder Legislativo para el retiro o denuncia de un tratado \nque haya aprobado y para el retiro de una reserva que haya considerado al aprobarlo. La ley fijar\u00e1 \nel plazo para su pronunciamiento. \nSer\u00e1n p\u00fablicos, conforme a las reglas generales, los hechos que digan relaci\u00f3n con el \ntratado internacional, incluidas las negociaciones del mismo, su entrada en vigor, la formulaci\u00f3n \ny retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, las objeciones a una reserva y su retiro, la \ndenuncia o retiro del tratado, la suspensi\u00f3n, la terminaci\u00f3n y la nulidad del mismo. \n \nAl negociar los tratados o instrumentos internacionales de inversi\u00f3n o similares, la o \nel Presidente de la Rep\u00fablica procurar\u00e1 que las instancias de resoluci\u00f3n de controversias sean, \npreferentemente, permanentes, imparciales e independientes. \nLas y los habitantes del territorio que hayan cumplido los diecis\u00e9is a\u00f1os de edad, en \nel porcentaje, y de acuerdo a los dem\u00e1s requisitos que defina la ley, tendr\u00e1n iniciativa para \nsolicitar al Presidente o Presidenta de la Rep\u00fablica la suscripci\u00f3n de tratados internacionales de \nderechos humanos. Asimismo, la ley definir\u00e1 el plazo dentro del cual la o el Presidente deber\u00e1 \ndar respuesta a la referida solicitud. \n \n92.- Art\u00edculo 22.- Estados de excepci\u00f3n constitucional. S\u00f3lo se podr\u00e1 suspender o limitar el \nejercicio de los derechos y garant\u00edas que la Constituci\u00f3n asegura a todas las personas bajo las \nsiguientes situaciones de excepci\u00f3n: conflicto armado internacional, conflicto armado interno \nseg\u00fan establece el derecho internacional o calamidad p\u00fablica. No podr\u00e1n restringirse o \nsuspenderse sino los derechos y garant\u00edas expresamente se\u00f1alados en esta Constituci\u00f3n. \nLa declaraci\u00f3n y renovaci\u00f3n de los estados de excepci\u00f3n constitucional respetar\u00e1 los \nprincipios de proporcionalidad y necesidad, y se limitar\u00e1n, tanto respecto de su duraci\u00f3n, \nextensi\u00f3n y medios empleados, a lo que sea estrictamente necesario para la m\u00e1s pronta \nrestauraci\u00f3n de la normalidad constitucional. \n \n93.- Art\u00edculo 23.- Estado de asamblea y estado de sitio. El estado de asamblea, en caso de \nconflicto armado internacional, y el estado de sitio, en caso de conflicto armado interno, ser\u00e1n \ndeclarados por la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica con la autorizaci\u00f3n del Congreso de \nDiputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones, en sesi\u00f3n conjunta. La declaraci\u00f3n deber\u00e1 \ndeterminar las zonas afectadas por el estado de excepci\u00f3n correspondiente. \nEl Congreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones, en sesi\u00f3n \nconjunta, dentro del plazo de veinticuatro horas contadas desde el momento en que la Presidenta \no Presidente de la Rep\u00fablica someta la declaraci\u00f3n de estado de asamblea o de sitio a su \nconsideraci\u00f3n, deber\u00e1 pronunciarse por la mayor\u00eda de sus miembros aceptando o rechazando la \nproposici\u00f3n. En su solicitud y posterior declaraci\u00f3n, se deber\u00e1n especificar los fundamentos que \njustifiquen la extrema necesidad de la declaraci\u00f3n, pudiendo el Congreso y la C\u00e1mara solamente \nintroducir modificaciones respecto de su extensi\u00f3n territorial. Si el Congreso y la C\u00e1mara no se \n \npronunciaran dentro de dicho plazo, ser\u00e1n citado por el s\u00f3lo ministerio de la Constituci\u00f3n a \nsesiones especiales diarias, hasta que se pronuncien sobre la declaraci\u00f3n.  \nSin embargo, la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica, en circunstancias de \nnecesidad impostergable, y s\u00f3lo con la firma de todas sus Ministras y Ministros, podr\u00e1 aplicar de \ninmediato el estado de asamblea o de sitio, mientras el Congreso de Diputadas y Diputados y la \nC\u00e1mara de las Regiones se pronuncien sobre la declaraci\u00f3n. \nEn este caso, s\u00f3lo podr\u00e1 restringir el ejercicio del derecho de reuni\u00f3n. \nLa declaraci\u00f3n de estado de sitio s\u00f3lo podr\u00e1 extenderse por un plazo de quince d\u00edas, \nsin perjuicio de que la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica solicite su pr\u00f3rroga, para lo cual \nrequerir\u00e1 el pronunciamiento conforme de cuatro s\u00e9ptimos de las diputadas, los diputados y \nrepresentantes regionales en ejercicio para la primera pr\u00f3rroga, de tres quintos para la segunda y \nde dos tercios para la tercera y siguientes. \nEl estado de asamblea mantendr\u00e1 su vigencia por el tiempo que se extienda la \nsituaci\u00f3n de conflicto armado internacional, salvo que la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica \ndisponga su t\u00e9rmino con anterioridad o el Congreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de \nlas Regiones retiren su autorizaci\u00f3n. \n \n94.- Art\u00edculo 24.- Estado de cat\u00e1strofe. El estado de cat\u00e1strofe, en caso de calamidad p\u00fablica, \nlo declarar\u00e1 la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica. La declaraci\u00f3n deber\u00e1 establecer el \n\u00e1mbito de aplicaci\u00f3n y el plazo de duraci\u00f3n, el que no podr\u00e1 ser mayor a treinta d\u00edas. \nLa Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica estar\u00e1 obligado a informar al Congreso \nde Diputadas y Diputados de las medidas adoptadas en virtud del estado de cat\u00e1strofe. La \nPresidenta o Presidente de la Rep\u00fablica s\u00f3lo podr\u00e1 declarar el estado de cat\u00e1strofe por un per\u00edodo \nsuperior a treinta d\u00edas con acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados. El referido acuerdo \nse tramitar\u00e1 en la forma establecida en el inciso segundo del art\u00edculo 23. \nDeclarado el estado de cat\u00e1strofe, las zonas respectivas quedar\u00e1n bajo la dependencia \ninmediata de la Jefa o Jefe de Estado de Excepci\u00f3n, quien deber\u00e1 ser una autoridad civil \ndesignada por la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica. \u00c9sta asumir\u00e1 la direcci\u00f3n y \nsupervigilancia de su jurisdicci\u00f3n con las atribuciones y deberes que la ley se\u00f1ale. \n \n \n95.- Art\u00edculo 24 bis.- La Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica podr\u00e1 solicitar la pr\u00f3rroga del \nestado de cat\u00e1strofe, para lo cual requerir\u00e1 la aprobaci\u00f3n de la mayor\u00eda de los integrantes del \nCongreso de Diputadas y Diputados y la C\u00e1mara de las Regiones, quienes resolver\u00e1n en sesi\u00f3n \nconjunta. \n \n96.- Art\u00edculo 25.- Limitaci\u00f3n y suspensi\u00f3n de derechos y garant\u00edas. Por la declaraci\u00f3n del \nestado de asamblea, la Presidenta o el Presidente de la Rep\u00fablica estar\u00e1 facultado para restringir \nla libertad personal, el derecho de reuni\u00f3n, la libertad de trabajo, el ejercicio del derecho de \nasociaci\u00f3n y para interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, \ndisponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad. \nPor la declaraci\u00f3n del estado de sitio, la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica podr\u00e1 \nrestringir la libertad de movimiento y la libertad de asociaci\u00f3n. Podr\u00e1, adem\u00e1s, suspender o \nrestringir el ejercicio del derecho de reuni\u00f3n. \nPor la declaraci\u00f3n del estado de cat\u00e1strofe, la Presidenta o Presidente de la Rep\u00fablica \npodr\u00e1 restringir las libertades de locomoci\u00f3n y de reuni\u00f3n. Podr\u00e1, asimismo, disponer \nrequisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar \ntodas las medidas extraordinarias de car\u00e1cter legal y administrativo que sean necesarias para el \npronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada. \n \n97.- Art\u00edculo 26.- Ejecuci\u00f3n de las medidas de excepci\u00f3n. Los actos de la Presidenta o \nPresidente de la Rep\u00fablica o la Jefa o Jefe de Estado de Excepci\u00f3n, que tengan por fundamento \nla declaraci\u00f3n del estado de excepci\u00f3n constitucional, deber\u00e1n se\u00f1alar expresamente los derechos \nconstitucionales que suspendan o restrinjan. El decreto de declaraci\u00f3n deber\u00e1 indicar \nespec\u00edficamente las medidas a adoptarse en raz\u00f3n de la excepci\u00f3n, las que deber\u00e1n ser \nproporcionales a los fines establecidos en la declaraci\u00f3n de excepci\u00f3n, y no limitar \nexcesivamente o impedir de manera total el leg\u00edtimo ejercicio de cualquier derecho establecido \nen esta Constituci\u00f3n. Las medidas que se adopten durante los estados de excepci\u00f3n no podr\u00e1n, \nbajo ninguna circunstancia, prolongarse m\u00e1s all\u00e1 de la vigencia de los mismos. \nLos estados de excepci\u00f3n constitucional permitir\u00e1n a la Presidenta o Presidente de la \nRep\u00fablica el ejercicio de potestades y competencias que ordinariamente estar\u00edan reservadas al \nnivel regional o comunal cuando el restablecimiento de la normalidad as\u00ed lo requiera. \n \nTodas las declaratorias de estado de excepci\u00f3n constitucional ser\u00e1n fundadas y \nespecificar\u00e1n los derechos, libertades y garant\u00edas que van a ser suspendidos, as\u00ed como su \nextensi\u00f3n territorial y temporal. \nLas fuerzas armadas y polic\u00edas deber\u00e1n cumplir estrictamente las \u00f3rdenes de la \nautoridad civil a cargo del estado de excepci\u00f3n. \n \n98.- Art\u00edculo 27.- Competencia legal. Una ley regular\u00e1 los estados de excepci\u00f3n, as\u00ed como su \ndeclaraci\u00f3n y la aplicaci\u00f3n de las medidas legales y administrativas que procediera adoptar bajo \naqu\u00e9llos, en todo lo no regulado por esta Constituci\u00f3n. Dicha ley no podr\u00e1 afectar las \ncompetencias y el funcionamiento de los \u00f3rganos constitucionales, ni los derechos e inmunidades \nde sus respectivos titulares. \nAsimismo, esta ley regular\u00e1 el modo en el que la Presidenta o Presidente de la \nRep\u00fablica y las autoridades que \u00e9ste encomendare rendir\u00e1n cuenta detallada, veraz y oportuna al \nCongreso de Diputadas y Diputados de las medidas extraordinarias adoptadas y de los planes \npara la superaci\u00f3n de la situaci\u00f3n de excepci\u00f3n, as\u00ed como de los hechos de gravedad que hubieran \nsurgido con ocasi\u00f3n del estado de excepci\u00f3n constitucional. La omisi\u00f3n de este deber de \nrendici\u00f3n de cuentas se considerar\u00e1 una infracci\u00f3n a la Constituci\u00f3n. \n \n99.- Art\u00edculo 28.- Comisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n. Una vez declarado el estado de excepci\u00f3n, se \nconstituir\u00e1 una Comisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n dependiente del Congreso de Diputadas y Diputados, \nde composici\u00f3n paritaria y plurinacional, integrada por diputadas y diputados, por representantes \nregionales y por representantes de la Defensor\u00eda de los Pueblos, en la forma que establezca la \nley. Dicho \u00f3rgano deber\u00e1 fiscalizar las medidas adoptadas bajo el estado de excepci\u00f3n, para lo \ncual emitir\u00e1 informes peri\u00f3dicos que contengan un an\u00e1lisis de ellas, su proporcionalidad y la \nobservancia de los derechos humanos y tendr\u00e1 las dem\u00e1s atribuciones que le encomiende la ley. \nLos \u00f3rganos del Estado deber\u00e1n colaborar y aportar todos los antecedentes requeridos \npor la comisi\u00f3n para el desempe\u00f1o de sus funciones. En caso de que tome conocimiento de \nvulneraciones a lo dispuesto en esta Constituci\u00f3n o la ley, la Comisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n deber\u00e1 \nefectuar las denuncias pertinentes, las cuales ser\u00e1n remitidas y conocidas por los \u00f3rganos \ncompetentes. La ley regular\u00e1 la integraci\u00f3n y funcionamiento de la Comisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n. \n \n \n100.- Art\u00edculo 29.- Control jurisdiccional. Las medidas adoptadas en ejercicio de las facultades \nconferidas en los estados de excepci\u00f3n constitucional, podr\u00e1n ser objeto de revisi\u00f3n por los \ntribunales de justicia tanto en su m\u00e9rito como en su forma. \nLas requisiciones que se practiquen dar\u00e1n lugar a indemnizaciones en conformidad a \nla ley. \n \n********* \n",
  "3": "CAP\u00cdTULO (COM 2) \nPRINCIPIOS CONSTITUCIONALES \n \n101.- Art\u00edculo 1.- Estado. Chile es un Estado social y democr\u00e1tico de derecho. Es \nplurinacional, intercultural y ecol\u00f3gico. \nSe constituye como una Rep\u00fablica solidaria, su democracia es paritaria y reconoce \ncomo valores intr\u00ednsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los \nseres humanos y su relaci\u00f3n indisoluble con la naturaleza. \nLa protecci\u00f3n y garant\u00eda de los derechos humanos individuales y colectivos son el \nfundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones \nnecesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la \nintegraci\u00f3n de las personas en la vida pol\u00edtica, econ\u00f3mica, social y cultural para su pleno \ndesarrollo. \n \n102.- Art\u00edculo 2.- Persona. En Chile, las personas nacen y permanecen libres, interdependientes \ne iguales en dignidad y derechos. \nEl Estado debe respetar, promover, proteger y garantizar los derechos fundamentales \nreconocidos en esta Constituci\u00f3n y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se \nencuentren vigentes. Para su protecci\u00f3n, las personas gozar\u00e1n de todas las garant\u00edas eficaces, \noportunas, pertinentes y universales, nacionales e internacionales. \n \n103.- Art\u00edculo 3.- Soberan\u00eda. La soberan\u00eda reside en el Pueblo de Chile, conformado por \ndiversas naciones. \nSe ejerce democr\u00e1ticamente, de manera directa y mediante representantes, de \nconformidad a lo dispuesto en esta Constituci\u00f3n y las leyes. \n \nNing\u00fan sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. \nEl ejercicio de la soberan\u00eda reconoce como limitaci\u00f3n los derechos humanos en \ncuanto atributo que deriva de la dignidad humana. \n \n104.- Art\u00edculo 5.- Democracia. En Chile, la democracia es inclusiva y paritaria. Se ejerce en \nforma directa, participativa, comunitaria y representativa. \nEs deber del Estado promover y garantizar la adopci\u00f3n de medidas para la \nparticipaci\u00f3n efectiva de toda la sociedad en el proceso pol\u00edtico y el pleno ejercicio de la \ndemocracia. \nEl Estado deber\u00e1 asegurar la prevalencia del inter\u00e9s general, y el car\u00e1cter electivo de \nlos cargos de representaci\u00f3n pol\u00edtica con responsabilidad de quienes ejercen el poder. \nLa actividad pol\u00edtica organizada contribuye a la expresi\u00f3n de la voluntad popular, y \nsu funcionamiento respetar\u00e1 los principios de independencia, probidad, transparencia financiera \ny democracia interna. \n \n105.- Art\u00edculo 6.- Igualdad Sustantiva. La Constituci\u00f3n asegura a todas las personas la igualdad \nsustantiva, en tanto garant\u00eda de igualdad de trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y \nejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con pleno respeto a la \ndiversidad, la inclusi\u00f3n social y la integraci\u00f3n de los grupos oprimidos e hist\u00f3ricamente \nexcluidos.  \nLa Constituci\u00f3n asegura la igualdad sustantiva de g\u00e9nero, oblig\u00e1ndose a garantizar \nel mismo trato y condiciones para las mujeres, ni\u00f1as y diversidades y disidencias sexogen\u00e9ricas \nante todos los \u00f3rganos estatales y espacios de organizaci\u00f3n de la sociedad civil. \n \n106.- Art\u00edculo 7.- Familias. El Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, \nexpresiones y modos de vida, no restringi\u00e9ndose a v\u00ednculos exclusivamente filiativos y \nconsangu\u00edneos. \nEl Estado debe garantizar a las familias una vida digna, procurando que los trabajos \nde cuidados no representen una desventaja para quienes los ejercen. \n \n \n107.- Art\u00edculo 9.- Naturaleza. Las personas y los pueblos son interdependientes con la \nnaturaleza y forman, con ella, un conjunto inseparable.  \nLa naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos \ny respetarlos. \nEl Estado debe adoptar una administraci\u00f3n ecol\u00f3gicamente responsable y promover \nla educaci\u00f3n ambiental y cient\u00edfica mediante procesos de formaci\u00f3n y aprendizaje permanentes. \n \n108.- Art\u00edculo 9 A.- Principio de Buen Vivir. El Estado reconoce y promueve una relaci\u00f3n \nde equilibrio arm\u00f3nico entre las personas, la naturaleza y la organizaci\u00f3n de la sociedad. \n \n109.- Art\u00edculo 9G. Principio de responsabilidad ambiental. Quien da\u00f1e el medio ambiente \ntendr\u00e1 el deber de repararlo, sin perjuicio de las sanciones administrativas, penales y civiles \nque correspondan en conformidad a la constituci\u00f3n y las leyes. \n \n110.- Art\u00edculo 9 M.- Chile es un pa\u00eds oce\u00e1nico. Es deber integral del Estado la conservaci\u00f3n, \npreservaci\u00f3n y cuidado de los ecosistemas marinos y costeros continentales, insulares y \nant\u00e1rticos. \n \n111.- Art\u00edculo 10 (G). Recepci\u00f3n e integraci\u00f3n del derecho internacional de los Derechos \nHumanos. Los derechos y obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos \nhumanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, los principios generales del derecho \ninternacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario de la misma \nmateria forman parte integral de esta constituci\u00f3n y gozan de rango constitucional. \n \nEl Estado tiene la obligaci\u00f3n de promover, respetar, proteger y garantizar los \nderechos humanos conforme a las disposiciones y principios del derecho internacional de los \nderechos humanos. Asimismo, debe prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las \nviolaciones a los derechos humanos. \n \n112.- Art\u00edculo 11.- Interculturalidad. El Estado es intercultural. Reconocer\u00e1, valorar\u00e1 y \npromover\u00e1 el di\u00e1logo horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y \n \nnaciones que conviven en el pa\u00eds con dignidad y respeto rec\u00edproco. El Estado deber\u00e1 garantizar \nlos mecanismos institucionales que permitan ese di\u00e1logo superando las asimetr\u00edas existentes en \nel acceso, distribuci\u00f3n y ejercicio del poder y en todos los \u00e1mbitos de la vida en sociedad. \n \n113.- Art\u00edculo 12.- Pluriling\u00fcismo. Chile es un Estado pluriling\u00fce, su idioma oficial es el \ncastellano y los idiomas de los pueblos ind\u00edgenas ser\u00e1n oficiales en sus territorios y en zonas de \nalta densidad poblacional de cada pueblo ind\u00edgena. El Estado promueve el conocimiento, \nrevitalizaci\u00f3n, valoraci\u00f3n y respeto de las lenguas ind\u00edgenas de todos los pueblos del Estado \nPlurinacional. \nEl Estado reconoce la lengua de se\u00f1as chilena como lengua natural y oficial de las \npersonas sordas, as\u00ed como sus derechos ling\u00fc\u00edsticos en todos los \u00e1mbitos de la vida social. \n \n114.- Art\u00edculo 13 E.- Estado Laico. Chile es un Estado Laico, donde se respeta y garantiza la \nlibertad de religi\u00f3n y de creencias espirituales. Ninguna religi\u00f3n, ni creencia en particular es la \noficial del Estado, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, el cual no tiene m\u00e1s \nlimitaci\u00f3n que lo dispuesto por esta Constituci\u00f3n. \n \n115.- Art\u00edculo 14.- Probidad y Transparencia. El ejercicio de las funciones p\u00fablicas obliga a \nsus titulares a dar estricto cumplimiento a los principios de probidad, transparencia y rendici\u00f3n \nde cuentas en todas sus actuaciones, con primac\u00eda del inter\u00e9s general por sobre el particular.  \nEs deber del Estado promover la integridad de la funci\u00f3n p\u00fablica y erradicar la \ncorrupci\u00f3n en todas sus formas, tanto en el sector p\u00fablico como privado. En cumplimiento de lo \nanterior, deber\u00e1 adoptar medidas eficaces para prevenir, detectar y sancionar los actos de \ncorrupci\u00f3n. Esta obligaci\u00f3n abarca el deber de perseguir administrativa y judicialmente la \naplicaci\u00f3n de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan, en la forma que \ndetermine la ley. \nUna ley regular\u00e1 los casos y las condiciones en las que los funcionarios, funcionarias \ny autoridades deleguen a terceros la administraci\u00f3n de aquellos bienes y obligaciones que \nsupongan un conflicto de inter\u00e9s en el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica. Asimismo, podr\u00e1 \nconsiderar otras medidas apropiadas para resolverlos. \n \nLa Constituci\u00f3n asegura a todas las personas la transparencia de la informaci\u00f3n \np\u00fablica en poder del Estado facilitando su acceso de manera comprensible y oportuna, en los \nplazos y condiciones que la ley establezca. Esta se\u00f1alar\u00e1\u0301 la forma en que podr\u00e1 ordenarse la \nreserva o secreto de dicha informaci\u00f3n, por razones de seguridad del Estado, protecci\u00f3n de los \nderechos de las personas o cuando su publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones \nde la respectiva instituci\u00f3n, conforme a sus fines. \n \n116.- Art\u00edculo 15.- Supremac\u00eda Constitucional y Legal. Chile es un Estado fundado en el \nprincipio de la supremac\u00eda constitucional y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Los \npreceptos de esta Constituci\u00f3n obligan igualmente a toda persona, instituci\u00f3n, autoridad o grupo. \nLos \u00f3rganos del Estado y sus titulares e integrantes, act\u00faan previa investidura regular \ny someten su actuar a la Constituci\u00f3n y a las normas dictadas conforme a esta, dentro de los \nl\u00edmites y competencias por ellas establecidos. \nNinguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni \naun a pretexto de circunstancias extraordinarias, autoridad, derechos o facultades distintas a las \nexpresamente conferidas en virtud de la Constituci\u00f3n o las leyes.  \nTodo acto en contravenci\u00f3n a este art\u00edculo es nulo y originar\u00e1 las responsabilidades \ny sanciones que la ley se\u00f1ale. La acci\u00f3n de nulidad se ejercer\u00e1 en los plazos y condiciones \nestablecidos por esta Constituci\u00f3n y la ley.  \nNinguna magistratura, persona ni grupo de personas, civiles o militares, pueden \natribuirse otra autoridad, competencia o derechos que los que expresamente se les haya conferido \nen virtud de la Constituci\u00f3n y las leyes, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias. \n \n117.- Art\u00edculo 17.- Son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional. \nEl Estado reconoce los s\u00edmbolos y emblemas de los distintos pueblos ind\u00edgenas. \n \n118.- Art\u00edculo 29.- Principio de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Las finanzas p\u00fablicas \nse conducir\u00e1n de conformidad a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que \nguiar\u00e1n el actuar del Estado en todas sus instituciones y en todos sus niveles. \n \n********* \n \n \n\u201c\u00a7 De la democracia participativa y sus caracter\u00edsticas \n119.- Art\u00edculo 1.- Democracia Participativa. La ciudadan\u00eda tiene el derecho a participar de \nmanera incidente o vinculante en los asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico. Es deber del Estado dar adecuada \npublicidad a los mecanismos de democracia, tendiendo a favorecer una amplia deliberaci\u00f3n de \nlas personas, en conformidad a esta Constituci\u00f3n y las leyes. \nLos poderes p\u00fablicos deber\u00e1n facilitar la participaci\u00f3n del pueblo en la vida pol\u00edtica, \necon\u00f3mica, cultural y social del pa\u00eds. Ser\u00e1 deber de cada \u00f3rgano del Estado disponer de los \nmecanismos para promover y asegurar la participaci\u00f3n y deliberaci\u00f3n ciudadana incidente en la \ngesti\u00f3n de asuntos p\u00fablicos, incluyendo medios digitales. \n \n120.- Art\u00edculo 2.- Garant\u00edas democr\u00e1ticas. El estado deber\u00e1 garantizar a toda la ciudadan\u00eda, \nsin discriminaci\u00f3n de ning\u00fan tipo, el ejercicio pleno de una democracia participativa, a trav\u00e9s de \nmecanismos de democracia directa. \n \n121.- Art\u00edculo 6.- De la participaci\u00f3n ciudadana digital. La ley regular\u00e1 la utilizaci\u00f3n de \nherramientas digitales en la implementaci\u00f3n de los mecanismos de participaci\u00f3n establecidos en \nesta Constituci\u00f3n y que sean distintos al sufragio, buscando que su uso promueva la m\u00e1s alta \nparticipaci\u00f3n posible en dichos procesos, al igual que la m\u00e1s amplia informaci\u00f3n, transparencia, \nseguridad y accesibilidad del proceso para todas las personas sin distinci\u00f3n. \n \n\u00a7 De los mecanismos de democracia directa y participaci\u00f3n popular \n \n122.- Art\u00edculo 8.- Iniciativa popular de ley. Un grupo ciudadanos habilitados para sufragar, \nequivalente al tres por ciento del \u00faltimo padr\u00f3n electoral, podr\u00e1 presentar una iniciativa popular \nde ley para su tramitaci\u00f3n legislativa. \nSe contar\u00e1 con un plazo de ciento ochenta d\u00edas desde su registro ante el Servicio \nElectoral para que la propuesta sea conocida por la ciudadan\u00eda y pueda reunir los patrocinios \nexigidos. \nEn caso de reunir el apoyo requerido, el Servicio Electoral remitir\u00e1 la propuesta al \nCongreso, para que \u00e9sta d\u00e9 inicio al proceso de formaci\u00f3n de ley. \n \nLas iniciativas populares de ley ingresar\u00e1n a la agenda legislativa con la urgencia \ndeterminada por la ley. El \u00f3rgano legislativo deber\u00e1 informar cada seis meses sobre el avance de \nla tramitaci\u00f3n de estas iniciativas. \nLa iniciativa popular de ley no podr\u00e1 referirse a tributos, alterar la administraci\u00f3n \npresupuestaria del Estado ni limitar derechos fundamentales de personas o pueblos reconocidos \nen esta Constituci\u00f3n y las leyes. \n \n123.- Art\u00edculo 9.- Iniciativa de derogaci\u00f3n de ley. Un grupo de ciudadanos habilitados para \nsufragar, equivalente al cinco por ciento del \u00faltimo padr\u00f3n electoral, podr\u00e1 presentar una \niniciativa de derogaci\u00f3n total o parcial de una o m\u00e1s leyes promulgadas bajo la vigencia de esta \nConstituci\u00f3n para que sea votada mediante refer\u00e9ndum nacional. \nNo ser\u00e1n admisibles las propuestas sobre materias que digan relaci\u00f3n con tributos y \nla administraci\u00f3n presupuestaria del Estado. \n \n124.- Art\u00edculo Nuevo.- Mecanismos de Democracia Directa Regional. El Estatuto Regional \ndeber\u00e1 considerar mecanismos de democracia directa o semidirecta, que aseguren la \nparticipaci\u00f3n incidente o vinculante de la poblaci\u00f3n, seg\u00fan corresponda. \nDeber\u00e1n considerar, al menos, la implementaci\u00f3n de iniciativas populares de normas \nlocales a nivel regional y municipal, de car\u00e1cter vinculante, as\u00ed como consultas ciudadanas \nincidentes. \nLa planificaci\u00f3n presupuestaria de las distintas entidades territoriales deber\u00e1 siempre \nconsiderar elementos de participaci\u00f3n incidente de la poblaci\u00f3n. \n \n125.- Art\u00edculo 10.- Plebiscitos regionales o comunales. Se podr\u00e1n someter a refer\u00e9ndum las \nmaterias de competencia de los gobiernos regionales y locales en conformidad a lo dispuesto en \nla ley y Estatuto Regional respectivo. \nUna ley deber\u00e1 se\u00f1alar los requisitos m\u00ednimos para solicitarlos o convocarlos, la \n\u00e9poca en que se podr\u00e1n llevar a cabo, los mecanismos de votaci\u00f3n, escrutinio y los casos y \ncondiciones en que sus resultados ser\u00e1n vinculantes. \n \n \n126.- Art\u00edculo 14.- Audiencias p\u00fablicas. En el Congreso y en los \u00f3rganos representativos a \nnivel regional y local se deber\u00e1n realizar audiencias p\u00fablicas en las oportunidades y formas que \nla ley disponga, en el que las personas y la sociedad civil puedan dar a conocer argumentos y \npropuestas. \n \n\u00a7 De la nacionalidad y la ciudadan\u00eda \n127.- Art\u00edculo 17.- Nacionalidad. Son chilenas y chilenos, aquellas personas que: \n1. Hayan nacido en el territorio de Chile, con excepci\u00f3n de las hijas e hijos de \npersonas extranjeras que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, quienes podr\u00e1n optar \npor la nacionalidad chilena. \n2. Sean hijas o hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. \n4. Obtuvieren especial gracia de nacionalizaci\u00f3n por ley. \nNo se exigir\u00e1 renuncia a la nacionalidad anterior para obtener la carta de \nnacionalizaci\u00f3n chilena. \nToda persona tiene derecho a la nacionalidad en la forma y condiciones que se\u00f1ala \neste art\u00edculo. La ley podr\u00e1 crear procedimientos m\u00e1s favorables para la nacionalizaci\u00f3n de \npersonas ap\u00e1tridas. \nToda persona podr\u00e1 exigir que en cualquier documento oficial de identificaci\u00f3n sea \nconsignada, adem\u00e1s de la nacionalidad chilena, su pertenencia a alguno de los pueblos originarios \ndel pa\u00eds. \n \n128.- Art\u00edculo 18.- La nacionalidad chilena confiere el derecho incondicional a residir en el \nterritorio chileno y a retornar a \u00e9l. Concede, adem\u00e1s, el derecho a la protecci\u00f3n diplom\u00e1tica por \nparte del Estado de Chile y todos los dem\u00e1s derechos que la Constituci\u00f3n y las leyes vinculen al \nestatuto de nacionalidad. \n \n \n \n \n \n\u201c\u00a7 De la ciudadan\u00eda\u201d \n \n129.- Art\u00edculo 20.- Ciudadan\u00eda. Todas las personas que tengan la nacionalidad chilena ser\u00e1n \nciudadanas y ciudadanos de Chile. Asimismo, ser\u00e1n ciudadanas y ciudadanos las personas \nextranjeras avecindadas en Chile por al menos cinco a\u00f1os. \nEl sufragio ser\u00e1 personal, igualitario, secreto y obligatorio. No ser\u00e1 obligatorio para \nlas y los chilenos que vivan en el extranjero y para las y los mayores de diecis\u00e9is y menores de \ndieciocho a\u00f1os. \nNinguna autoridad u \u00f3rgano podr\u00e1 impedir el efectivo ejercicio de este derecho, \ndebiendo a su vez proporcionar todos los medios necesarios para que las personas habilitadas \npara sufragar puedan ejercerlo. \nEl Estado promover\u00e1 el ejercicio activo y progresivo, a trav\u00e9s de los distintos \nmecanismos de participaci\u00f3n, de los derechos derivados de la ciudadan\u00eda, en especial en favor \nde ni\u00f1os, ni\u00f1as, adolescentes, personas privadas de libertad, personas con discapacidad, personas \nmayores y personas cuyas circunstancias o capacidades personales disminuyan sus posibilidades \nde ejercicio. \n \n130.- Art\u00edculo 21.- Calidad pol\u00edtica de extranjeros y de nacionalizados chilenos. Las y los \nextranjeros avecindados en Chile por m\u00e1s de cinco a\u00f1os, y que cumplan con los requisitos \nse\u00f1alados en el art\u00edculo 20, podr\u00e1n ejercer el derecho de sufragio activo en los casos y formas \nque determine la ley. \n \n131.- Art\u00edculo 22.- La nacionalidad chilena se pierde, exclusivamente: \n1. Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Esta \nrenuncia s\u00f3lo producir\u00e1 efectos si la persona, previamente, se ha nacionalizado en pa\u00eds extranjero; \n2. Por cancelaci\u00f3n de la carta de nacionalizaci\u00f3n, siempre que la persona no se \nconvirtiera en ap\u00e1trida, salvo que se hubiera obtenido por declaraci\u00f3n falsa o por fraude. Esto \n\u00faltimo no ser\u00e1 aplicable a ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes; \n3. Por ley que revoque la nacionalizaci\u00f3n concedida por gracia. \nEn el caso del n\u00famero 1, la nacionalidad podr\u00e1 recuperarse en conformidad al n\u00famero \n3 del art\u00edculo 1. En los restantes casos, s\u00f3lo podr\u00e1n ser rehabilitados por ley. \n \n \n132.- Art\u00edculo 23.- La p\u00e9rdida de la nacionalidad s\u00f3lo puede producirse por causales establecidas \nen esta Constituci\u00f3n, y siempre que la persona afectada no quede en condici\u00f3n de ap\u00e1trida. \n \n133.- Art\u00edculo 24.- La calidad de ciudadano se pierde: \n1\u00ba.- Por p\u00e9rdida de la nacionalidad chilena; \n \n134.- Art\u00edculo 25.- Reclamaci\u00f3n de nacionalidad. La persona afectada por acto o resoluci\u00f3n \nde autoridad administrativa que la prive o desconozca de su nacionalidad chilena, podr\u00e1 recurrir, \npor s\u00ed o por cualquiera a su nombre, ante cualquier Corte de Apelaciones, conforme al \nprocedimiento establecido en la ley. La interposici\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional suspender\u00e1 los \nefectos del acto o resoluci\u00f3n recurridos. \n \n135.- Art\u00edculo 27.- Ninguna persona que resida en Chile cumpliendo los requisitos que establece \nesta Constituci\u00f3n y las leyes puede ser desterrado, exiliado o relegado. \nLa ley establecer\u00e1 medidas para la recuperaci\u00f3n de la nacionalidad chilena en favor \nde quienes perdieron o tuvieron que renunciar a ella como consecuencia del exilio. Este derecho \ntambi\u00e9n se reconocer\u00e1 a hijas e hijos de dichas personas. \n \n********* \n \n136.- Art\u00edculo 1.- Derechos de las personas mayores. Las personas mayores son titulares y \nplenos sujetos de derecho. Tienen derecho a envejecer con dignidad y a ejercer todos los derechos \nconsagrados en esta Constituci\u00f3n y en los tratados internacionales de derechos humanos \nratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en igualdad de condiciones que el resto de la \npoblaci\u00f3n. \nEspecialmente, las personas mayores tienen derecho a obtener prestaciones de \nseguridad social suficientes para una vida digna; a la accesibilidad al entorno f\u00edsico, social, \necon\u00f3mico, cultural y digital; a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y social; a una vida libre de maltrato por \nmotivos de edad; a la autonom\u00eda e independencia y al pleno ejercicio de su capacidad jur\u00eddica \ncon los apoyos y salvaguardias que correspondan. \n \n \n137.- Art\u00edculo 3.- Derecho a una vida libre de violencia de g\u00e9nero. El Estado garantiza y \npromueve el derecho de las mujeres, ni\u00f1as, diversidades y disidencias sexogen\u00e9ricas a una vida \nlibre de violencia de g\u00e9nero en todas sus manifestaciones, tanto en el \u00e1mbito p\u00fablico como \nprivado, sea que provenga de particulares, instituciones o agentes del Estado. \nEl Estado deber\u00e1 adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de violencia \nde g\u00e9nero y los patrones socioculturales que la posibilitan, actuando con la debida diligencia para \nprevenir, investigar y sancionar dicha violencia, as\u00ed como brindar atenci\u00f3n, protecci\u00f3n y \nreparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad \nen que puedan hallarse. \n \n138.- Art\u00edculo 6.- Derechos de las personas con discapacidad. La Constituci\u00f3n reconoce a las \npersonas con discapacidad como sujetos de derechos que esta Constituci\u00f3n y los tratados \ninternacionales ratificados y vigentes les reconocen, en igualdad de condiciones con los dem\u00e1s y \ngarantiza el goce y ejercicio de su capacidad jur\u00eddica, con apoyos y salvaguardias, seg\u00fan \ncorresponda. \nLas personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal, as\u00ed como \ntambi\u00e9n la inclusi\u00f3n social, inserci\u00f3n laboral, su participaci\u00f3n pol\u00edtica, econ\u00f3mica, social y \ncultural. \nExistir\u00e1, de conformidad a la ley, un sistema nacional a trav\u00e9s del cual se elaborar\u00e1n, \ncoordinar\u00e1n y ejecutar\u00e1n las pol\u00edticas y programas destinados a atender las necesidades de \ntrabajo, educaci\u00f3n, vivienda, salud y cuidado de las personas con discapacidad. La ley garantizar\u00e1 \nque la elaboraci\u00f3n, ejecuci\u00f3n y supervisi\u00f3n de dichos planes y programas cuente con la \nparticipaci\u00f3n activa y vinculante de las personas con discapacidad y de las organizaciones que \nlas representan. \nLa ley arbitrar\u00e1 los medios necesarios para identificar y remover las barreras f\u00edsicas, \nsociales, culturales, actitudinales, de comunicaci\u00f3n y de otra \u00edndole para facilitar a las personas \ncon discapacidad el ejercicio de sus derechos. \nEl Estado garantizar\u00e1 los derechos ling\u00fc\u00edsticos e identidades culturales de las personas \ncon discapacidad, los que incluyen el derecho a expresarse y comunicarse a trav\u00e9s de sus lenguas y \n \nel acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicaci\u00f3n. Asimismo, garantizar\u00e1 la \nautonom\u00eda ling\u00fc\u00edstica de las personas sordas en todos los \u00e1mbitos de la vida. \n \n139.- Art\u00edculo 9.- Derecho al asilo. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, de \nacuerdo con la legislaci\u00f3n nacional y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, \ny que se encuentren vigentes. Una ley regular\u00e1 el procedimiento de solicitud y reconocimiento \nde la condici\u00f3n de refugiado, as\u00ed como las garant\u00edas y protecciones espec\u00edficas que se establezcan \nen favor de las personas solicitantes de asilo o refugiadas. \n \n140.- Art\u00edculo 10.- Principio de no devoluci\u00f3n. Ninguna persona solicitante de asilo o refugiada \nser\u00e1 regresada por la fuerza a las fronteras del Estado donde su vida o libertad pueden verse \namenazadas, corra riesgo de persecuci\u00f3n o graves violaciones de derechos humanos. \n \n141.- Art\u00edculo 11.- Derechos de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes. Las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes \nson titulares de todos los derechos y garant\u00edas establecidas en esta Constituci\u00f3n, en las leyes y \ntratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. \nEl Estado tiene el deber prioritario de promover, respetar y garantizar, sin \ndiscriminaci\u00f3n y en todo su actuar, los derechos de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes, resguardando su \ninter\u00e9s superior, su autonom\u00eda progresiva, su desarrollo integral y a ser escuchados y a participar \ne influir en todos los asuntos que les afecten en el grado que corresponda a su nivel de desarrollo \nen la vida familiar, comunitaria y social. \nNi\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones familiares y \nambientales que les permitan el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. El Estado \ndeber\u00e1 velar porque no sean separados de sus familias salvo como medida temporal y \u00faltimo \nrecurso en resguardo de su inter\u00e9s superior, en cuyo caso se priorizar\u00e1 un acogimiento familiar \npor sobre el residencial, debiendo adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar \nsu bienestar y resguardar el ejercicio de sus derechos y libertades. \nLos ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de \nviolencia, maltrato, abuso, explotaci\u00f3n, acoso y negligencia. La erradicaci\u00f3n de la violencia \ncontra la ni\u00f1ez ser\u00e1 declarada un asunto de la m\u00e1s alta prioridad del Estado, y para ello dise\u00f1ar\u00e1 \nestrategias y acciones para abordar situaciones que impliquen un menoscabo de la integridad \n \npersonal de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes, sea que la violencia provenga de las familias, del propio \nEstado, o de terceros. \nLa ley establecer\u00e1 un sistema de protecci\u00f3n integral de garant\u00edas de los derechos de \nni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, a trav\u00e9s del cual establecer\u00e1 responsabilidades espec\u00edficas de los \npoderes y \u00f3rganos del Estado y su deber de trabajo intersectorial y coordinado para asegurar la \nprevenci\u00f3n de la violencia contra ni\u00f1os, ni\u00f1as, y adolescentes y la promoci\u00f3n y protecci\u00f3n \nefectiva de los derechos de estos. El Estado asegurar\u00e1 por medio de este sistema, que ante \namenaza o vulneraci\u00f3n de derechos, existan mecanismos para su restituci\u00f3n, sanci\u00f3n y \nreparaci\u00f3n. \n \n********* \n \n",
  "4": "CAP\u00cdTULO (COM 3) \nESTADO REGIONAL \n \n142.- Art\u00edculo 1.- Del Estado Regional. Chile es un Estado Regional, plurinacional e \nintercultural conformado por entidades territoriales aut\u00f3nomas, en un marco de equidad y \nsolidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado. \nEl Estado promover\u00e1 la cooperaci\u00f3n, la integraci\u00f3n arm\u00f3nica y el desarrollo \nadecuado y justo entre las diversas entidades territoriales. \n \n143.- Art\u00edculo 2.- De las Entidades Territoriales. El Estado se organiza territorialmente en \nregiones aut\u00f3nomas, comunas aut\u00f3nomas, autonom\u00edas territoriales ind\u00edgenas y territorios \nespeciales. \nLas entidades territoriales aut\u00f3nomas tienen personalidad jur\u00eddica y patrimonio \npropio y las potestades y competencias necesarias para gobernarse en atenci\u00f3n al inter\u00e9s general \nde la Rep\u00fablica, de acuerdo a la Constituci\u00f3n y la ley, teniendo como l\u00edmites los derechos \nhumanos y de la Naturaleza. \nLa creaci\u00f3n, modificaci\u00f3n, delimitaci\u00f3n y supresi\u00f3n de las entidades territoriales \ndeber\u00e1 considerar criterios objetivos en funci\u00f3n de antecedentes hist\u00f3ricos, geogr\u00e1ficos, sociales, \n \nculturales, ecosist\u00e9micos y econ\u00f3micos, garantizando la participaci\u00f3n popular, democr\u00e1tica y \nvinculante de sus habitantes, de acuerdo con la Constituci\u00f3n y la ley. \n \n144.- Art\u00edculo 3.- Del Territorio. Chile, en su diversidad geogr\u00e1fica, natural, hist\u00f3rica y cultural, \nforma un territorio \u00fanico e indivisible. \nLa soberan\u00eda y jurisdicci\u00f3n sobre el territorio se ejerce de acuerdo a la Constituci\u00f3n, \nla ley y el derecho internacional. \n \n145.- Art\u00edculo 4.- Es deber del Estado proteger los espacios y ecosistemas marinos y marino-\ncosteros, propiciando las diversas vocaciones y usos asociados a ellos, y asegurando, en todo \ncaso, su preservaci\u00f3n, conservaci\u00f3n y restauraci\u00f3n ecol\u00f3gica. La ley establecer\u00e1 su ordenaci\u00f3n \nespacial y gesti\u00f3n integrada, mediante un trato diferenciado, aut\u00f3nomo y descentralizado, seg\u00fan \ncorresponda, en base a la equidad y justicia territorial. \n \n146.- Art\u00edculo 5.- De la Autonom\u00eda de las entidades territoriales. Las regiones aut\u00f3nomas, \ncomunas aut\u00f3nomas y autonom\u00edas territoriales ind\u00edgenas est\u00e1n dotadas de autonom\u00eda pol\u00edtica, \nadministrativa y financiera para la realizaci\u00f3n de sus fines e intereses en los t\u00e9rminos establecidos \npor la presente Constituci\u00f3n y la ley. \nEn ning\u00fan caso el ejercicio de la autonom\u00eda podr\u00e1 atentar en contra del car\u00e1cter \u00fanico \ne indivisible del Estado de Chile, ni permitir\u00e1 la secesi\u00f3n territorial. \n \n147.- Art\u00edculo 6.- De la solidaridad, cooperaci\u00f3n y asociatividad territorial en el Estado \nRegional. Las entidades territoriales se coordinan y asocian en relaciones de solidaridad, \ncooperaci\u00f3n, reciprocidad y apoyo mutuo, evitando la duplicidad de funciones, en conformidad \na los mecanismos que establezca la ley. \nDos o m\u00e1s entidades territoriales, con o sin continuidad territorial, podr\u00e1n pactar \nconvenios y constituir asociaciones territoriales con la finalidad de lograr objetivos comunes, \npromover la cohesi\u00f3n social, mejorar la prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos, incrementar la \neficiencia y eficacia en el ejercicio de sus competencias y potenciar el desarrollo social, cultural, \necon\u00f3mico sostenible y equilibrado. \n \nEl Estado promover\u00e1 y apoyar\u00e1 la cooperaci\u00f3n y asociatividad con las entidades \nterritoriales y entre ellas. La ley establecer\u00e1 las bases generales para la creaci\u00f3n y funcionamiento \nde estas asociaciones, en concordancia con la normativa regional respectiva. \nLas asociaciones de entidades territoriales, en ning\u00fan caso, alterar\u00e1n la organizaci\u00f3n \nterritorial del Estado. \n \n148.- Art\u00edculo 7.- De la Participaci\u00f3n en las entidades territoriales en el Estado Regional. \nLas entidades territoriales garantizan el derecho de sus habitantes a participar, individual o \ncolectivamente en las decisiones p\u00fablicas, comprendiendo en ella la formulaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n, \nevaluaci\u00f3n, fiscalizaci\u00f3n y control democr\u00e1tico de la funci\u00f3n p\u00fablica, con arreglo a la \nConstituci\u00f3n y las leyes. \nLos pueblos y naciones preexistentes al Estado deber\u00e1n ser consultados y otorgar el \nconsentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus \nderechos reconocidos en esta Constituci\u00f3n. \n \n149.- Art\u00edculo 8.- Del Desarrollo Territorial. Es deber de las entidades territoriales, en el \n\u00e1mbito de sus competencias, establecer una pol\u00edtica permanente de equidad territorial de \ndesarrollo sostenible y arm\u00f3nico con la naturaleza. \nLas entidades territoriales considerar\u00e1n para su planificaci\u00f3n social, pol\u00edtica, \nadministrativa, cultural, territorial y econ\u00f3mica los criterios de suficiencia presupuestaria, \ninclusi\u00f3n e interculturalidad, integraci\u00f3n socioespacial, perspectiva de g\u00e9nero, enfoque socio \necosist\u00e9mico, enfoque en derechos humanos y los dem\u00e1s que establezca esta Constituci\u00f3n. \n \n150.- Art\u00edculo 9.- De la Equidad, Solidaridad y justicia territorial. El Estado garantiza un \ntratamiento equitativo y un desarrollo arm\u00f3nico y solidario entre las diversas entidades \nterritoriales, propendiendo al inter\u00e9s general, no pudiendo establecer diferencias arbitrarias entre \nellas, asegurando a su vez, las mismas condiciones de acceso a los servicios p\u00fablicos, al empleo \ny a todas las prestaciones estatales, sin perjuicio del lugar que habiten en el territorio, \nestableciendo de ser necesario, acciones afirmativas en favor de los grupos empobrecidos e \nhist\u00f3ricamente vulnerados. El Estado de Chile promover\u00e1 un desarrollo territorial equitativo, \n \narm\u00f3nico y solidario que permita una integraci\u00f3n efectiva de las distintas localidades, tanto \nurbanas como rurales, promoviendo la equidad horizontal en la provisi\u00f3n de bienes y servicios. \n \n151.- Art\u00edculo 10.- De la Plurinacionalidad e interculturalidad en el Estado Regional. Las \nentidades territoriales y sus \u00f3rganos reconocen, garantizan y promueven en todo su actuar el \nreconocimiento pol\u00edtico y jur\u00eddico de los pueblos y naciones preexistentes al Estado que habitan \nsus territorios; su supervivencia, existencia y desarrollo arm\u00f3nico e integral; la distribuci\u00f3n \nequitativa del poder y de los espacios de participaci\u00f3n pol\u00edtica; el uso, reconocimiento y \npromoci\u00f3n de las lenguas ind\u00edgenas que se hablan en ellas, propiciando el entendimiento \nintercultural, el respeto de formas diversas de ver, organizar y concebir el mundo y de \nrelacionarse con la naturaleza; la protecci\u00f3n y el respeto de los derechos de autodeterminaci\u00f3n y \nde autonom\u00eda de los territorios ind\u00edgenas, en coordinaci\u00f3n con el resto de las entidades \nterritoriales. \n \n152.- Art\u00edculo 11.- De la postulaci\u00f3n y cesaci\u00f3n a los cargos de las entidades territoriales. \nLa elecci\u00f3n de las y los representantes por votaci\u00f3n popular de las entidades territoriales se \nefectuar\u00e1 asegurando la paridad de g\u00e9nero, la probidad, la representatividad territorial, la \npertenencia territorial, avecindamiento y la representaci\u00f3n efectiva de los pueblos y naciones \npreexistentes al Estado. \nLa Constituci\u00f3n y la ley establecer\u00e1n los requisitos para la postulaci\u00f3n y las causales \nde cesaci\u00f3n de dichos cargos. La calificaci\u00f3n y procedencia de estas causales de cesaci\u00f3n se \nrealizar\u00e1 a trav\u00e9s de un procedimiento expedito ante la justicia electoral, en conformidad a la ley. \n \n153.- Art\u00edculo 12.- Principio de no tutela entre entidades territoriales. Ninguna entidad \nterritorial podr\u00e1 ejercer tutela sobre otra entidad territorial, sin perjuicio de la aplicaci\u00f3n de los \nprincipios de coordinaci\u00f3n, de asociatividad, de solidaridad, y los conflictos de competencias que \npuedan ocasionarse. \n \n154.- Art\u00edculo 13.- Correspondencia entre competencias y recursos. Sin perjuicio de las \ncompetencias que establece esta Constituci\u00f3n y la ley, el Estado podr\u00e1 transferir a las entidades \nterritoriales aquellas competencias de titularidad estatal que por su propia naturaleza son \n \nsusceptibles de transferencia. Estas transferencias deber\u00e1n ir acompa\u00f1adas siempre por el \npersonal y los recursos financieros suficientes y oportunos para su adecuada ejecuci\u00f3n. \nUna ley regular\u00e1 el r\u00e9gimen jur\u00eddico del procedimiento de transferencia de \ncompetencias y sus sistemas de evaluaci\u00f3n y control. \n \n155.- Art\u00edculo 14.- Cuestiones de competencia. La ley establecer\u00e1 el procedimiento para \nresoluci\u00f3n de las distintas contiendas de competencia que se susciten entre el Estado y las \nentidades territoriales, o entre ellas, las que ser\u00e1n conocidas por el \u00f3rgano encargado de la justicia \nconstitucional. \n \n156.- Art\u00edculo 16.- Radicaci\u00f3n preferente de competencias. Las funciones p\u00fablicas deber\u00e1n \nradicarse priorizando la entidad local sobre la regional y \u00e9sta \u00faltima sobre el Estado, sin perjuicio \nde aquellas competencias que la propia Constituci\u00f3n o las leyes reserven a cada una de estas \nentidades territoriales. La Regi\u00f3n Aut\u00f3noma o el Estado, cuando as\u00ed lo exija el inter\u00e9s general, \npodr\u00e1n subrogar de manera transitoria y supletoria las competencias que no puedan ser asumidas \npor la entidad local. \n \n157.- Art\u00edculo 17.- Diferenciaci\u00f3n territorial. El Estado deber\u00e1 generar pol\u00edticas p\u00fablicas \ndiferenciadas y transferir las competencias que mejor se ajusten a las necesidades y \nparticularidades de los entes territoriales, con los respectivos recursos. La ley establecer\u00e1 los \ncriterios y requisitos para la aplicaci\u00f3n de diferencias territoriales, as\u00ed como los mecanismos de \nsolidaridad y equidad que compensen las desigualdades entre los distintos niveles territoriales. \n \n158.- Art\u00edculo 18.- De las Regiones Aut\u00f3nomas. Las Regiones aut\u00f3nomas son entidades \npol\u00edticas y territoriales dotadas de personalidad jur\u00eddica de derecho p\u00fablico y patrimonio propio \nque gozan de autonom\u00eda para el desarrollo de los intereses regionales, la gesti\u00f3n de sus recursos \necon\u00f3micos y el ejercicio de las atribuciones legislativa, reglamentaria, ejecutiva y fiscalizadora \na trav\u00e9s de sus \u00f3rganos en el \u00e1mbito de sus competencias, con arreglo a lo dispuesto en la \nConstituci\u00f3n y la ley. \n \n \n159.- Art\u00edculo 19.- Cl\u00e1usula residual. Las competencias no expresamente conferidas a la \nRegi\u00f3n aut\u00f3noma corresponden al Estado, sin perjuicio de las transferencias de competencia que \nregula la Constituci\u00f3n y la ley. \n \n160.- Art\u00edculo 20.- Del Estatuto Regional. Cada Regi\u00f3n Aut\u00f3noma establecer\u00e1 su organizaci\u00f3n \nadministrativa y funcionamiento interno, en el marco de las competencias fiscalizadoras, \nnormativas, resolutivas, administrativas y las dem\u00e1s establecidas en la Constituci\u00f3n y las leyes. \nEl Estatuto Regional debe respetar los derechos fundamentales y los principios del \nEstado social y democr\u00e1tico de derecho reconocidos en los t\u00e9rminos establecidos en la \nConstituci\u00f3n. \n \n161.- Art\u00edculo 21.- De la elaboraci\u00f3n, aprobaci\u00f3n y reforma del Estatuto Regional. El \nproyecto de Estatuto Regional ser\u00e1 propuesto por la Gobernadora o Gobernador Regional a la \nAsamblea Regional respectiva, para su deliberaci\u00f3n y acuerdo, el cual ser\u00e1 aprobado por la \nmayor\u00eda absoluta de sus miembros en ejercicio. \nEl proceso de elaboraci\u00f3n y reforma del Estatuto Regional deber\u00e1 garantizar la \nparticipaci\u00f3n popular, democr\u00e1tica y vinculante de sus habitantes. \n \n162.- Art\u00edculo 22.- De la Autoridades Regionales. La organizaci\u00f3n institucional de las \nRegiones Aut\u00f3nomas se compone del Gobernador o Gobernadora Regional y de la Asamblea \nRegional. \n \n163.- Art\u00edculo 23.- Del Gobierno Regional. El Gobierno Regional es el \u00f3rgano ejecutivo de la \nRegi\u00f3n Aut\u00f3noma. \nUna Gobernadora o Gobernador Regional dirigir\u00e1 el Gobierno Regional, ejerciendo \nla funci\u00f3n administrativa y reglamentaria y representar\u00e1 a la Regi\u00f3n aut\u00f3noma ante las dem\u00e1s \nautoridades nacionales e internacionales, en el marco de la pol\u00edtica nacional de relaciones \ninternacionales con funciones de coordinaci\u00f3n e intermediaci\u00f3n entre el gobierno central y la \nregi\u00f3n. La Gobernadora o Gobernador regional tendr\u00e1 la representaci\u00f3n judicial y extrajudicial \nde la regi\u00f3n. \n \nEn la elecci\u00f3n de Gobernadora o Gobernador Regional, resultar\u00e1 electo quien \nobtenga la mayor\u00eda de los votos v\u00e1lidamente emitidos, pero si ning\u00fan candidato logra al menos \nel cuarenta por ciento de los votos se producir\u00e1 una segunda votaci\u00f3n entre los candidatos o \ncandidatas que hayan obtenido las dos m\u00e1s altas mayor\u00edas, resultando elegido el que obtuviere la \nmayor\u00eda de los votos v\u00e1lidamente emitidos. \nLa Gobernadora o Gobernador Regional ejercer\u00e1 sus funciones por el t\u00e9rmino de \ncuatro a\u00f1os, pudiendo ser reelegido o reelegida consecutivamente s\u00f3lo una vez para el per\u00edodo \nsiguiente. En este caso, se considerar\u00e1 que se ha ejercido el cargo durante un per\u00edodo cuando el \nGobernador o Gobernadora Regional haya cumplido m\u00e1s de la mitad del mandato. \nLa Gobernadora o Gobernador regional, ser\u00e1 elegido en votaci\u00f3n directa, en \nconformidad con lo dispuesto en la Constituci\u00f3n y la ley. \n \n164.- Art\u00edculo 24.- Del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas. El Consejo de Alcaldes y Alcaldesas \nes un \u00f3rgano de car\u00e1cter consultivo que estar\u00e1 integrado por los alcaldes y alcaldesas de todas \nlas comunas de la regi\u00f3n aut\u00f3noma y de las ciudades respectivas, el cual ser\u00e1 coordinado por \nquien determinen sus integrantes por mayor\u00eda absoluta. \nEl Consejo deber\u00e1 sesionar y abordar las problem\u00e1ticas de la regi\u00f3n aut\u00f3noma, \npromover una coordinaci\u00f3n efectiva entre los distintos \u00f3rganos con presencia regional y fomentar \nuna cooperaci\u00f3n eficaz entre los gobiernos locales en la forma que determine la ley. \n \n165.- Art\u00edculo 25.- De la Asamblea Regional. La Asamblea Regional es el \u00f3rgano colegiado de \nrepresentaci\u00f3n regional que, en conformidad a la Constituci\u00f3n, est\u00e1 dotado de potestades \nnormativas, resolutivas y fiscalizadoras. \nUna ley determinar\u00e1 los requisitos generales para acceder al cargo de Asamble\u00edsta \nRegional y su n\u00famero en proporci\u00f3n a la poblaci\u00f3n regional. La elecci\u00f3n de Asamble\u00edstas \nRegionales ser\u00e1 por sufragio universal, directo y secreto. \nLos y las Asamble\u00edstas Regionales ejercer\u00e1n sus funciones por el t\u00e9rmino de cuatro \na\u00f1os, pudiendo ser reelegidos consecutivamente s\u00f3lo una vez para el per\u00edodo inmediatamente \nsiguiente. En este caso, se considerar\u00e1 que se ha ejercido el cargo durante un per\u00edodo cuando \nhayan cumplido m\u00e1s de la mitad de su mandato. \n \n \n166.- Art\u00edculo 26.- Del Consejo Social Regional. El Consejo Social Regional es el encargado \nde promover la participaci\u00f3n popular en los asuntos p\u00fablicos regionales de car\u00e1cter participativo \ny consultivo. Su integraci\u00f3n y competencias ser\u00e1n determinadas por ley. \nLa Constituci\u00f3n y la ley establecer\u00e1n las bases de los mecanismos y procedimientos \nde participaci\u00f3n popular, velando por un involucramiento efectivo de las personas y sus \norganizaciones dentro de la Regi\u00f3n Aut\u00f3noma. \nEl Gobernador o Gobernadora Regional y las jefaturas de los servicios p\u00fablicos \nregionales deber\u00e1n rendir cuenta ante el Consejo Social Regional, a lo menos, una vez al a\u00f1o de \nla ejecuci\u00f3n presupuestaria y el desarrollo de proyectos en los t\u00e9rminos prescritos por el Estatuto \nRegional. \n \n167.- Art\u00edculo 27.- De las competencias de la Regi\u00f3n aut\u00f3noma. Son competencias de la \nRegi\u00f3n aut\u00f3noma: \n1. La organizaci\u00f3n del Gobierno Regional, en conformidad con la Constituci\u00f3n y su \nEstatuto. \n2. La organizaci\u00f3n pol\u00edtico-administrativa y financiera de la Regi\u00f3n aut\u00f3noma, en \nfunci\u00f3n de la responsabilidad y eficiencia econ\u00f3mica, con arreglo a la Constituci\u00f3n y las leyes. \n3. Fomentar el desarrollo social, productivo y econ\u00f3mico de la Regi\u00f3n aut\u00f3noma en \nel \u00e1mbito de sus competencias, en coordinaci\u00f3n con las pol\u00edticas, planes y programas nacionales. \n4.- Participar en acciones de cooperaci\u00f3n internacional, dentro de los marcos \nestablecidos por los tratados y los convenios vigentes, en conformidad a los procedimientos \nestablecidos en la Constituci\u00f3n y las leyes. \n5. El desarrollo de la investigaci\u00f3n, tecnolog\u00eda y las ciencias en materias \ncorrespondientes a la competencia regional. \n6. La conservaci\u00f3n, preservaci\u00f3n, protecci\u00f3n y restauraci\u00f3n de la naturaleza, del \nequilibrio ecol\u00f3gico y el uso racional del agua y los dem\u00e1s elementos naturales de su territorio. \n7. Aprobar, mediando procesos de participaci\u00f3n ciudadana, los planes de \ndescontaminaci\u00f3n ambientales de la regi\u00f3n aut\u00f3noma. \n8. El fomento y la protecci\u00f3n de las culturas, las artes, el patrimonio hist\u00f3rico, \ninmaterial arqueol\u00f3gico, ling\u00fc\u00edstico y arquitect\u00f3nico; y la formaci\u00f3n art\u00edstica en su territorio. \n9. La planificaci\u00f3n, ordenamiento territorial y manejo integrado de cuencas. \n \n10. La pol\u00edtica regional de vivienda, urbanismo, salud, transporte y educaci\u00f3n en \ncoordinaci\u00f3n con las pol\u00edticas, planes y programas nacionales, respetando la universalidad de los \nderechos garantizados por esta Constituci\u00f3n. \n11. Las obras p\u00fablicas de inter\u00e9s ejecutadas en el territorio de la regi\u00f3n aut\u00f3noma. \n12. La planificaci\u00f3n e implementaci\u00f3n de la conectividad f\u00edsica y digital. \n13. La promoci\u00f3n y fomento del deporte, el ocio y la recreaci\u00f3n. \n15. La regulaci\u00f3n y administraci\u00f3n de los bosques, las reservas y los parques de las \n\u00e1reas silvestres protegidas y cualquier otro predio fiscal que se considere necesario para el \ncuidado de los servicios ecosist\u00e9micos que se otorgan a las comunidades, en el \u00e1mbito de sus \ncompetencias. \n16. La promoci\u00f3n y ordenaci\u00f3n del turismo en el \u00e1mbito territorial de la regi\u00f3n \naut\u00f3noma, en coordinaci\u00f3n con la Comuna Aut\u00f3noma. \n17. Coordinar y delegar las competencias constitucionales compartidas con las dem\u00e1s \nentidades territoriales. \n18. Establecer contribuciones y tasas dentro de su territorio previa autorizaci\u00f3n por \nley. \n19. La creaci\u00f3n de empresas p\u00fablicas regionales por parte de los \u00f3rganos de la Regi\u00f3n \nAut\u00f3noma competentes, en conformidad a los procedimientos regulados en la Constituci\u00f3n y la \nley. \n20.- Establecer una pol\u00edtica permanente de desarrollo sostenible y arm\u00f3nico con la \nnaturaleza. \n21.- Ejercer aut\u00f3nomamente la administraci\u00f3n y coordinaci\u00f3n de todos los servicios \np\u00fablicos de su dependencia. \n22.- Promover la participaci\u00f3n popular en asuntos de inter\u00e9s regional. \n24.- Las dem\u00e1s competencias que determine la Constituci\u00f3n y ley nacional. \nEl ejercicio de estas competencias por la Regi\u00f3n Aut\u00f3noma no excluye la \nconcurrencia y desarrollo coordinado con otros \u00f3rganos del Estado, conforme a la Constituci\u00f3n \ny la ley. \n \n168.- Art\u00edculo 28.- De las entidades con competencias sobre todo el territorio. La ley \ndeterminar\u00e1 cu\u00e1les Servicios P\u00fablicos, Instituciones Aut\u00f3nomas o Empresas del Estado, en virtud \n \nde sus fines fiscalizadores, o por razones de eficiencia y de inter\u00e9s general, mantendr\u00e1n una \norganizaci\u00f3n centralizada y desconcentrada en todo el territorio de la Rep\u00fablica. \n \n169.- Art\u00edculo 29.- Del Consejo de Gobernaciones. El Consejo de Gobernaciones, presidido \npor el Presidente de la Rep\u00fablica y conformado por las y los Gobernadores de cada Regi\u00f3n, \ncoordinar\u00e1 las relaciones entre el Estado Central y las entidades territoriales, velando por el \nbienestar social y econ\u00f3mico equilibrado de la Rep\u00fablica en su conjunto. \nSon facultades del Consejo de Gobernaciones: \na) La coordinaci\u00f3n, la complementaci\u00f3n y la colaboraci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de pol\u00edticas \np\u00fablicas en las Regiones; \nb) La coordinaci\u00f3n econ\u00f3mica y presupuestaria entre el Estado y las Regiones \nAut\u00f3nomas; \nc) Debatir sobre las actuaciones conjuntas de car\u00e1cter estrat\u00e9gico, que afecten a los \n\u00e1mbitos competenciales estatal y regional, as\u00ed como velar por el respeto de las autonom\u00edas de las \nentidades territoriales; \nd) Velar por la correcta aplicaci\u00f3n de los principios de equidad, solidaridad y justicia \nterritorial, y de los mecanismos de compensaci\u00f3n econ\u00f3mica interterritorial, en conformidad con \nla Constituci\u00f3n y la ley. \ne) Convocar encuentros sectoriales entre entidades territoriales. \nf) Acordar la creaci\u00f3n de comisiones o grupos de trabajo para el estudio de asuntos \nde inter\u00e9s com\u00fan. \ng) Las dem\u00e1s que establezcan la Constituci\u00f3n y la ley. \n \n170.- Art\u00edculo 30.- De los Ministerios y Servicios P\u00fablicos con presencia en la Regi\u00f3n. Las \nRegiones Aut\u00f3nomas contar\u00e1n con las competencias para coordinarse con las y los representantes \nde Ministerios y Servicios P\u00fablicos con presencia en la Regi\u00f3n Aut\u00f3noma. \nEl Gobierno Regional podr\u00e1 solicitar al Estado la transferencia de competencias de \nMinisterios y Servicios P\u00fablicos. A su vez, las Municipalidades podr\u00e1n solicitar al Gobierno \nRegional la transferencia de competencias. La ley regular\u00e1 este procedimiento. \n \nEl ejercicio de estas facultades tiene por objeto garantizar el respeto, protecci\u00f3n y \nrealizaci\u00f3n progresiva de los derechos sociales y econ\u00f3micos en igualdad de condiciones en las \ndistintas entidades territoriales. La ley regular\u00e1 el ejercicio de estas facultades. \nEl Estado tendr\u00e1 facultades supletorias de car\u00e1cter transitorio, cuando las entidades \nterritoriales no puedan cumplir eficientemente sus mandatos. La ley regular\u00e1 el ejercicio de estas \nfacultades. \n \n171.- Art\u00edculo 31.- Atribuciones de la Asamblea Regional. Son atribuciones de la Asamblea \nRegional, en conformidad a la Constituci\u00f3n, la ley y el Estatuto Regional: \n1. Fiscalizar los actos del Gobierno Regional de acuerdo con el procedimiento \nestablecido en el Estatuto Regional. \n2. Fiscalizar los actos de la administraci\u00f3n regional, para lo cual podr\u00e1 requerir \ninformaci\u00f3n de autoridades o jefaturas que desempe\u00f1en sus funciones en la Regi\u00f3n Aut\u00f3noma, \ncitar a funcionarios p\u00fablicos o autoridades regionales y crear comisiones especiales. \n3. Solicitar al Gobernador o Gobernadora Regional rendir cuenta sobre su \nparticipaci\u00f3n en el Consejo de Gobernaciones. \n4. Aprobar, modificar o rechazar el Presupuesto Regional, el Plan de Desarrollo \nRegional y los Planes de Ordenamiento Territorial. \n5. Aprobar, modificar o rechazar el Plan Regional de manejo integrado de cuencas. \n6. Dictar su reglamento interno de funcionamiento. \n7. Aprobar, a propuesta del Gobernador o Gobernadora Regional y previa ratificaci\u00f3n \ndel Consejo Territorial, la creaci\u00f3n de empresas p\u00fablicas regionales o la participaci\u00f3n en \nempresas regionales. \n8. Concurrir, en conjunto con el Gobernador Regional, en el ejercicio de la potestad \nreglamentaria, en la forma prescrita por la Constituci\u00f3n y las leyes. \n9. Ejercer la potestad reglamentaria de ejecuci\u00f3n de ley cuando esta lo encomiende y \ndictar los dem\u00e1s reglamentos en materias de competencia de la regi\u00f3n aut\u00f3noma. \n10. Dictar las normas regionales que hagan aplicables las leyes de acuerdo regional. \n11. Iniciar el tr\u00e1mite legislativo ante el Consejo Territorial en materias de inter\u00e9s \nregional. \n \n12. Solicitar al Congreso la transferencia de la potestad legislativa en materias de \ninter\u00e9s de la Regi\u00f3n Aut\u00f3noma respectiva, en conformidad a la ley. \n13. Las dem\u00e1s atribuciones que determine la Constituci\u00f3n y la ley. \n \n172.- Art\u00edculo 35.- De las atribuciones exclusivas del Gobierno Regional. Son atribuciones \nexclusivas de los Gobiernos Regionales las siguientes: \n1. Preparar y presentar ante la Asamblea Regional el Plan de Desarrollo Regional, en \nconformidad al Estatuto Regional. \n2. Preparar y presentar ante la Asamblea Regional el proyecto de Presupuesto \nRegional, en conformidad a esta Constituci\u00f3n y el Estatuto Regional. \n3. Administrar y ejecutar el Presupuesto Regional, realizar actos y contratos en los \nque tenga inter\u00e9s, ejercer competencias fiscales propias conforme a la ley, y elaborar la \nplanificaci\u00f3n presupuestaria sobre la destinaci\u00f3n y uso del presupuesto regional. \n4. Preparar y presentar ante la Asamblea Regional el plan regional de ordenamiento \nterritorial, los planes de desarrollo urbano de las \u00e1reas metropolitanas y los planes de manejo \nintegrado de cuencas, en conformidad al Estatuto Regional y la ley. \n5. Organizar, administrar, supervigilar y fiscalizar los servicios p\u00fablicos de la Regi\u00f3n \nAut\u00f3noma y coordinarse con el Gobierno respecto de aquellos que detenten un car\u00e1cter nacional \ny que funcionen en la Regi\u00f3n. \n6. Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que se encuentren \ndentro del \u00e1mbito de sus competencias, en conformidad a la Constituci\u00f3n, la ley y el Estatuto \nRegional. \n8. Adoptar e implementar pol\u00edticas p\u00fablicas que fomenten y promocionen el \ndesarrollo social, productivo, econ\u00f3mico y cultural de la regi\u00f3n aut\u00f3noma, especialmente en \n\u00e1mbitos de competencia de la regi\u00f3n aut\u00f3noma. \n9. Proponer a la Asamblea Regional la creaci\u00f3n de empresas p\u00fablicas regionales o la \nparticipaci\u00f3n en empresas regionales para la gesti\u00f3n de servicios de su competencia, seg\u00fan lo \ndispuesto en la Constituci\u00f3n, la ley y el Estatuto Regional. \n12. Celebrar y ejecutar convenios con los Gobiernos de otras regiones aut\u00f3nomas \npara efectos de implementar programas y pol\u00edticas p\u00fablicas interregionales, as\u00ed como toda otra \nforma de asociatividad territorial. \n \n13. Celebrar y ejecutar acciones de cooperaci\u00f3n internacional, dentro de los marcos \nestablecidos por los tratados y convenios que el pa\u00eds celebre al efecto y en conformidad a los \nprocedimientos regulados en la ley. \n17. Promover la innovaci\u00f3n, la competitividad y la inversi\u00f3n en la respectiva regi\u00f3n \naut\u00f3noma. \n18. Convocar a refer\u00e9ndum y plebiscitos regionales en virtud de lo previsto en la \nConstituci\u00f3n, el Estatuto Regional y la ley. \n19. Establecer sistemas de gesti\u00f3n de crisis entre los \u00f3rganos que tienen asiento en la \nRegi\u00f3n Aut\u00f3noma, que incluyan, a lo menos, su preparaci\u00f3n, prevenci\u00f3n, administraci\u00f3n y \nmanejo. \n20. Las dem\u00e1s atribuciones que se\u00f1alen la Constituci\u00f3n, el Estatuto Regional y las \nleyes. \n********* \n \n173.- Art\u00edculo 1.- De la comuna aut\u00f3noma. La comuna aut\u00f3noma es la entidad territorial base \ndel Estado regional, dotada de personalidad jur\u00eddica de derecho p\u00fablico y patrimonio propio, que \ngoza de autonom\u00eda para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias, con \narreglo a lo dispuesto en la Constituci\u00f3n y la ley. \n(Inciso tercero) La ley clasificar\u00e1 las comunas en distintos tipos, las que deber\u00e1n ser \nconsideradas por los \u00f3rganos del Estado para el establecimiento de reg\u00edmenes administrativos y \necon\u00f3mico-fiscales diferenciados, la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas, planes y programas \natendiendo a las diversas realidades locales, y en especial, para el traspaso de competencias y \nrecursos. El establecimiento de los tipos comunales deber\u00e1 considerar, a lo menos, criterios \ndemogr\u00e1ficos, econ\u00f3micos, culturales, geogr\u00e1ficos, socioambientales, urbanos y rurales. \n \n174.- Art\u00edculo 2.- Igualdad en la prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos municipales y \ndesarrollo equitativo. El Estado garantizar\u00e1 a la municipalidad el financiamiento y recursos \nsuficientes, para el justo y equitativo desarrollo de cada comuna, conforme a los mecanismos que \nse\u00f1ale la Constituci\u00f3n y la ley. \n \nPara el gobierno comunal se observar\u00e1 como principio b\u00e1sico la b\u00fasqueda de un \ndesarrollo territorial arm\u00f3nico y equitativo, propendiendo a que todas las personas tengan acceso \na igual nivel y calidad de servicios p\u00fablicos municipales, sin distingo del lugar que habiten. \n \n175.- Art\u00edculo 3.- De la creaci\u00f3n o supresi\u00f3n de Comunas Aut\u00f3nomas. La creaci\u00f3n, divisi\u00f3n \no fusi\u00f3n de comunas aut\u00f3nomas, o la modificaci\u00f3n de sus l\u00edmites o denominaci\u00f3n, se determinar\u00e1 \npor ley, respetando en todo caso criterios objetivos, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 2 de esta \nConstituci\u00f3n. \nUna ley regular\u00e1 la administraci\u00f3n transitoria de las comunas que se creen, el \nprocedimiento de instalaci\u00f3n de las nuevas municipalidades, de traspaso del personal municipal \ny de los servicios y los resguardos necesarios para cautelar el uso y disposici\u00f3n de los bienes que \nse encuentren situados en los territorios de las nuevas comunas. \n \n176.- Art\u00edculo 4.- De la cooperaci\u00f3n internacional de regiones y comunas aut\u00f3nomas. En los \nt\u00e9rminos que establezca la ley, las regiones y comunas aut\u00f3nomas ubicadas en zonas fronterizas \npodr\u00e1n vincularse con las entidades territoriales lim\u00edtrofes del pa\u00eds vecino, de igual nivel, a trav\u00e9s \nde sus respectivas autoridades, para establecer programas de cooperaci\u00f3n e integraci\u00f3n, dirigidos \na fomentar el desarrollo comunitario, la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos y la conservaci\u00f3n del \nmedio ambiente. \n \n177.- Art\u00edculo 5.- Las municipalidades, para el cumplimiento de sus funciones, podr\u00e1n establecer \nsus plantas de personal y los \u00f3rganos o unidades de su estructura interna, en conformidad a la \nConstituci\u00f3n y la ley.  \nEstas facultades se ejercer\u00e1n cautelando su debido financiamiento y el car\u00e1cter \nt\u00e9cnico y profesional de dichos empleos. \n \n178.- Art\u00edculo 6.- De la participaci\u00f3n en la comuna aut\u00f3noma. Las municipalidades tienen el \ndeber de promover y garantizar la participaci\u00f3n ciudadana de la comunidad local en la gesti\u00f3n, \nen la construcci\u00f3n de pol\u00edticas de desarrollo local y en la planificaci\u00f3n del territorio, as\u00ed como en \nlos casos que esta Constituci\u00f3n, la ley y los estatutos regionales o comunales se\u00f1alen. \n \nLas municipalidades proveer\u00e1n los mecanismos, espacios, recursos, alfabetizaci\u00f3n \ndigital, formaci\u00f3n y educaci\u00f3n c\u00edvica y todo aquello que sea necesario para concretar dicha \nparticipaci\u00f3n que ser\u00e1 consultiva, incidente y/o vinculante de acuerdo a la legislaci\u00f3n respectiva. \n \n179.- Art\u00edculo 7.- Del gobierno comunal. El gobierno de la comuna aut\u00f3noma reside en la \nmunicipalidad, la que estar\u00e1 constituida por el alcalde o alcaldesa y el concejo municipal, con la \nparticipaci\u00f3n de la comunidad que habita en su territorio. \n \n180.- Art\u00edculo 8.- Concejo municipal. El concejo municipal es el \u00f3rgano colegiado de \nrepresentaci\u00f3n popular y vecinal, dotado de funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras, \nen conformidad a la Constituci\u00f3n y la ley. \nEl concejo municipal estar\u00e1 integrado por el n\u00famero de personas que determine la \nley, en proporci\u00f3n a la poblaci\u00f3n de la comuna, seg\u00fan los criterios de inclusi\u00f3n, paridad de g\u00e9nero \ny esca\u00f1os reservados para pueblos y naciones ind\u00edgenas considerando su poblaci\u00f3n dentro de la \njurisdicci\u00f3n electoral respectiva. \nLa elecci\u00f3n de concejales y concejalas ser\u00e1 por sufragio universal, directo y secreto, \nen conformidad a la ley. \nLos concejales o concejalas ejercer\u00e1n sus funciones por el t\u00e9rmino de cuatro a\u00f1os, y \npodr\u00e1n ser reelegidos o reelegidas consecutivamente s\u00f3lo una vez para el per\u00edodo siguiente. Para \nestos efectos se entender\u00e1 que los concejales y concejalas han ejercido su cargo durante un \nper\u00edodo cuando hayan cumplido m\u00e1s de la mitad de su mandato. \nLa ley y el estatuto comunal determinar\u00e1n las normas sobre organizaci\u00f3n y \nfuncionamiento del concejo. Ser\u00e1 necesario el acuerdo del concejo para la aprobaci\u00f3n del plan \ncomunal de desarrollo, del presupuesto municipal y de los proyectos de inversi\u00f3n respectivos, y \notros que determine la ley. \nLos Concejales y Concejalas dispondr\u00e1n de las condiciones y recursos necesarios \npara el desempe\u00f1o eficiente y probo del cargo. \nLa ley establecer\u00e1 un r\u00e9gimen de inhabilidades e incompatibilidades. \nSer\u00e1 igualmente necesario el acuerdo del Concejo para la aprobaci\u00f3n del plan \nregulador comunal. \n \n \n181.- Art\u00edculo 9.- Del alcalde o alcaldesa. El alcalde o alcaldesa es la m\u00e1xima autoridad \nejecutiva del gobierno comunal, integra el concejo municipal y representa judicial y \nextrajudicialmente a la comuna. \nEl alcalde o alcaldesa ejercer\u00e1 sus funciones por el t\u00e9rmino de cuatros a\u00f1os, pudiendo \nser reelegido o reelegida consecutivamente s\u00f3lo una vez para el per\u00edodo siguiente. Para estos \nefectos se entender\u00e1 que el alcalde o alcaldesa ha ejercido su cargo durante un per\u00edodo cuando \nhaya cumplido m\u00e1s de la mitad de su mandato. \nEl alcalde o alcaldesa ser\u00e1 elegido en votaci\u00f3n directa, en conformidad con lo \ndispuesto en la Constituci\u00f3n y la ley. \nEl alcalde o alcaldesa ejercer\u00e1 la presidencia del concejo municipal. \n \n182.- Art\u00edculo 10.- De las delegaciones comunales. El alcalde o alcaldesa, con aprobaci\u00f3n del \nConcejo Municipal, podr\u00e1 establecer delegaciones para el ejercicio de las facultades de la comuna \naut\u00f3noma en los casos y formas que determine la ley. \n \n183.- Art\u00edculo 11.- De las unidades y juntas vecinales. Las comunas aut\u00f3nomas establecer\u00e1n \nen el \u00e1mbito de sus competencias, territorios denominados unidades vecinales. Dentro de ellas, \nse constituir\u00e1 una junta vecinal, representativa de las personas que residen en una misma unidad \nvecinal, que gozar\u00e1 de personalidad jur\u00eddica y ser\u00e1 sin fines de lucro, cuyo objeto ser\u00e1 hacer \nefectiva la participaci\u00f3n popular en la gesti\u00f3n comunal y en el desarrollo de la comunidad, y las \ndem\u00e1s atribuciones que determine la ley. \nEn Comunas Aut\u00f3nomas con poblaci\u00f3n rural, podr\u00e1 constituirse adem\u00e1s una Uni\u00f3n \nComunal de Juntas Vecinales de car\u00e1cter rural. \nLa ley dispondr\u00e1 la forma de determinar el territorio de las unidades vecinales, el \nprocedimiento de constituci\u00f3n de las juntas vecinales y uniones comunales y sus atribuciones. \n \n184.- Art\u00edculo 12.- De la asamblea social comunal. La asamblea social comunal tiene la \nfinalidad de promover la participaci\u00f3n popular y ciudadana en los asuntos p\u00fablicos de la comuna \naut\u00f3noma, de car\u00e1cter consultivo, incidente y representativo de las organizaciones de la comuna. \nSu integraci\u00f3n, organizaci\u00f3n, funcionamiento y atribuciones ser\u00e1n establecidas por \nley y complementada por el Estatuto Regional. \n \n \n185.- Art\u00edculo 13.- Del Estatuto Comunal. Cada Comuna Aut\u00f3noma tendr\u00e1 un Estatuto \nComunal elaborado y discutido por el Concejo Municipal correspondiente, que establecer\u00e1 la \norganizaci\u00f3n administrativa y funcionamiento de los \u00f3rganos comunales, los mecanismos de \ndemocracia vecinal y las normas de elaboraci\u00f3n de ordenanzas comunales. Todo lo anterior se \nentender\u00e1 sin perjuicio de los m\u00ednimos generales que establezca la ley respectiva para todas las \ncomunas aut\u00f3nomas. \n \n186.- Art\u00edculo 14.-De las competencias de la comuna aut\u00f3noma. La comuna aut\u00f3noma cuenta \ncon todas las potestades y competencias de autogobierno para satisfacer las necesidades de la \ncomunidad local. \nSon competencias esenciales de la comuna aut\u00f3noma: \n1. El desarrollo estrat\u00e9gico de la comuna mediante el plan de desarrollo comunal. \n2. La prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos que determine la ley. \n3. Construir las obras que demande el progreso local en el marco de sus atribuciones. \n4. La planificaci\u00f3n del territorio mediante el plan regulador comunal acordado de \nforma participativa con la comunidad de su respectivo territorio. \n5. Garantizar la participaci\u00f3n popular y el fortalecimiento de la democracia. \n6. El fomento del comercio local. \n7. El desarrollo sostenible e integral de la comuna. \n8. La conservaci\u00f3n, custodia y resguardo de los patrimonios culturales y naturales. \n9. Fomento y protecci\u00f3n a las culturas, las artes y los patrimonios culturales y \nnaturales, as\u00ed como la investigaci\u00f3n y la formaci\u00f3n art\u00edstica en sus territorios. \n10. Proteger los ecosistemas comunales y los derechos de la naturaleza. \n12. Desarrollar, con el nivel regional y central, actividades y servicios en materias de \neducaci\u00f3n, salud, vivienda, turismo, recreaci\u00f3n, deporte y las dem\u00e1s que establezca la ley. \n13. Ejercer funciones de gobierno y administraci\u00f3n dentro de la comuna y en el \n\u00e1mbito de sus competencias. \n14. Fomentar las actividades productivas. \n15. La creaci\u00f3n, organizaci\u00f3n y administraci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos municipales \nen el \u00e1mbito de sus funciones, conforme a la Constituci\u00f3n y la ley. \n \n16. La dictaci\u00f3n de normas generales y obligatorias en materias de car\u00e1cter comunal, \ncon arreglo a la Constituci\u00f3n y las leyes. \n18. El fomento de la reintegraci\u00f3n y reinserci\u00f3n de las personas en situaci\u00f3n de calle \nque as\u00ed lo requieran, mediante la planificaci\u00f3n, coordinaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de programas al efecto. \n19. Ejercer las acciones pertinentes en resguardo de la Naturaleza y sus derechos \nreconocidos por esta Constituci\u00f3n y la ley. \n20. La ejecuci\u00f3n de los mecanismos y acciones de protecci\u00f3n ambiental en la forma \nque determine la Constituci\u00f3n, la ley, los instrumentos de gesti\u00f3n ambiental y normas afines. \n21. Las dem\u00e1s competencias que determinen la Constituci\u00f3n y la ley. Las leyes \ndeber\u00e1n reconocer las diferencias existentes entre los distintos tipos de comunas y \nmunicipalidades, velando por la equidad, inclusi\u00f3n y cohesi\u00f3n territorial. \n(N\u00famero nuevo). Gestionar la reducci\u00f3n de riesgos frente a desastres. \n(N\u00famero nuevo). Desarrollar el aseo y ornato de la comuna. \n(N\u00famero nuevo). La promoci\u00f3n de la Seguridad ciudadana. \nLas Comunas Aut\u00f3nomas, a trav\u00e9s de sus \u00f3rganos de gobierno y administraci\u00f3n, \ntendr\u00e1n competencias preeminentes sobre las Regiones Aut\u00f3nomas y el Estado, en relaci\u00f3n a las \nfunciones de gobierno local que puedan ser cumplidas de modo adecuado y eficaz, sin perjuicio \nde una necesaria coordinaci\u00f3n para su ejercicio y la distribuci\u00f3n de competencias establecida en \nesta Constituci\u00f3n y las leyes. \nA fin de garantizar el respeto, protecci\u00f3n y realizaci\u00f3n progresiva de los derechos \necon\u00f3micos y sociales en igualdad de condiciones, las comunas aut\u00f3nomas podr\u00e1n encomendar \ntemporalmente una o m\u00e1s competencias a las regi\u00f3n aut\u00f3noma respectiva o al Estado central, \nconforme lo establecido en la ley. \nA petici\u00f3n del alcalde o alcaldesa con acuerdo del concejo municipal, la regi\u00f3n \naut\u00f3noma o el Estado, cuando as\u00ed lo exija el inter\u00e9s general, podr\u00e1n subrogar de manera \ntransitoria y supletoria las competencias que no puedan ser asumidas por la comuna aut\u00f3noma. \n \n187.- Art\u00edculo 16.- De la asociatividad comunal. Las comunas aut\u00f3nomas podr\u00e1n asociarse \nentre s\u00ed, de manera permanente o temporal, pudiendo dichas organizaciones contar con \npersonalidad jur\u00eddica de derecho privado, rigi\u00e9ndose por la normativa propia de dicho sector. \n \nSin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, las asociaciones quedar\u00e1n \nsujetas a la fiscalizaci\u00f3n de la entidad contralora y deber\u00e1n cumplir con la normativa de probidad \nadministrativa y de transparencia en el ejercicio de la funci\u00f3n que desarrollan. \n \n188.- Art\u00edculo 17.- De las Empresas P\u00fablicas Municipales. Las comunas aut\u00f3nomas, previa \nautorizaci\u00f3n por ley general o especial, podr\u00e1n establecer empresas, o participar en ellas, ya sea \nindividualmente o asociadas con otras entidades p\u00fablicas o privadas, a fin de cumplir con las \nfunciones y ejercer las atribuciones que les asignan la Constituci\u00f3n y las leyes. \nLas empresas p\u00fablicas municipales tendr\u00e1n personalidad jur\u00eddica y patrimonio \npropio y se regir\u00e1n por las normas del derecho com\u00fan. \n \n189.- Art\u00edculo 18.- Las provincias. La provincia es una divisi\u00f3n territorial establecida con fines \nadministrativos y est\u00e1 compuesta por una agrupaci\u00f3n de comunas aut\u00f3nomas, conforme a lo \nestablecido en la Constituci\u00f3n y la ley. \n \n190.- Art\u00edculo 19.- De las Autonom\u00edas Territoriales Ind\u00edgenas. Las Autonom\u00edas Territoriales \nInd\u00edgenas son entidades territoriales dotadas de personalidad jur\u00eddica de derecho p\u00fablico y \npatrimonio propio, donde los pueblos y naciones ind\u00edgenas ejercen derechos de autonom\u00eda, en \ncoordinaci\u00f3n con las dem\u00e1s entidades territoriales que integran el Estado Regional de \nconformidad a la Constituci\u00f3n y la ley. Es deber del Estado reconocer, promover y garantizar las \nAutonom\u00edas Territoriales Ind\u00edgenas, para el cumplimiento de sus propios fines. \n \n191.- Art\u00edculo 21.- De la constituci\u00f3n de las Autonom\u00edas Territoriales Ind\u00edgenas. La ley, \nmediante un proceso de participaci\u00f3n y consulta previa, crear\u00e1 un procedimiento oportuno, \neficiente y transparente para la constituci\u00f3n de las Autonom\u00edas Territoriales Ind\u00edgenas. Dicho \nprocedimiento deber\u00e1 iniciarse a requerimiento de los pueblos y naciones ind\u00edgenas interesados, \na trav\u00e9s de sus autoridades representativas. \n \n192.- Art\u00edculo 22.- De las competencias de las Autonom\u00edas Territoriales Ind\u00edgenas. La ley \ndeber\u00e1 establecer las competencias exclusivas de las Autonom\u00edas Territoriales Ind\u00edgenas y las \ncompartidas con las dem\u00e1s entidades territoriales, de conformidad con lo que establece esta \n \nConstituci\u00f3n. Las Autonom\u00edas Territoriales Ind\u00edgenas deber\u00e1n tener las competencias y el \nfinanciamiento necesario para el adecuado ejercicio del derecho de libre determinaci\u00f3n de los \npueblos y naciones ind\u00edgenas. \n \n193.- Art\u00edculo 25.- El Estado de Chile reconoce la existencia del maritorio como una categor\u00eda \njur\u00eddica que, al igual que el territorio, debe contar con regulaci\u00f3n normativa espec\u00edfica, que \nreconozca sus caracter\u00edsticas propias en los \u00e1mbitos social, cultural, medioambiental y \necon\u00f3mico. Una ley establecer\u00e1 la divisi\u00f3n administrativa del maritorio y los principios b\u00e1sicos \nque deber\u00e1n informar los cuerpos legales que materialicen su institucionalizaci\u00f3n. \n \n194.- Art\u00edculo 26.- Territorios especiales. Son territorios especiales Rapa Nui y el Archipi\u00e9lago \nJuan Fern\u00e1ndez, los cuales estar\u00e1n regidos por sus respectivos estatutos. \nSin perjuicio de lo establecido en esta Constituci\u00f3n, la ley podr\u00e1 crear territorios \nespeciales en virtud de las particularidades geogr\u00e1ficas, clim\u00e1ticas, ambientales, econ\u00f3micas, \nsociales y culturales de una determinada entidad territorial o parte de esta. \nEn los territorios especiales, la ley podr\u00e1 establecer reg\u00edmenes econ\u00f3micos y \nadministrativos diferenciados, as\u00ed como su duraci\u00f3n, teniendo en consideraci\u00f3n las caracter\u00edsticas \ny particularidades propias de estas entidades. \n \n195.- Art\u00edculo 28.- Financiamiento. Para el cumplimiento de los fines establecidos en la \ncreaci\u00f3n de territorios especiales, el Estado y las entidades territoriales aut\u00f3nomas deber\u00e1n \ndestinar recursos de sus presupuestos respectivos, en conformidad a la Constituci\u00f3n y la ley. \n \n196.- Art\u00edculo 30.- Rapa Nui. En el territorio especial de Rapa Nui, el Estado garantiza el \nderecho a la libre determinaci\u00f3n y autonom\u00eda del pueblo naci\u00f3n polin\u00e9sico Rapa Nui, asegurando \nlos medios para financiar y promover su desarrollo, protecci\u00f3n y bienestar en virtud del Acuerdo \nde Voluntades firmado en 1888, por el cual se incorpora a Chile. Se reconoce la titularidad \ncolectiva de los derechos sobre el territorio al pueblo Rapa Nui con excepci\u00f3n de los derechos \nsobre tierras individuales de sus miembros. El territorio Rapa Nui se regular\u00e1 por un estatuto de \nautonom\u00eda. \n \n \n197.- Art\u00edculo 31.- Archipi\u00e9lago Juan Fern\u00e1ndez. El Archipi\u00e9lago Juan Fern\u00e1ndez es un \nterritorio especial, conformado por las islas Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk, Santa Clara, \nSan F\u00e9lix y San Ambrosio, as\u00ed como tambi\u00e9n el territorio mar\u00edtimo adyacente a ellas. El gobierno \ny administraci\u00f3n de este territorio se regir\u00e1 por los estatutos especiales que establezcan las leyes \nrespectivas. \n \n********* \n \n198.- Art\u00edculo 1.- De los tributos. Todas las personas y entidades deber\u00e1n contribuir al \nsostenimiento de los gastos p\u00fablicos mediante el pago de los impuestos, las tasas y las \ncontribuciones que autorice la ley. \nEl Sistema tributario se funda en los principios de igualdad, progresividad, \nsolidaridad y justicia material el cual, en ning\u00fan caso, tendr\u00e1 alcance confiscatorio. \nEl sistema tributario tendr\u00e1 dentro de sus objetivos la reducci\u00f3n de las desigualdades \ny la pobreza. \nLos tributos y los beneficios tributarios se crean, modifican o suprimen por ley, salvo \nlas excepciones que establezca esta Constituci\u00f3n. \nEl ejercicio de la potestad tributaria admite la creaci\u00f3n de tributos que respondan \nprincipalmente a fines distintos de la recaudaci\u00f3n, debiendo tener en consideraci\u00f3n l\u00edmites tales \ncomo la necesidad, la razonabilidad y la transparencia. \n \n199.- Art\u00edculo 2.- Descentralizaci\u00f3n fiscal. Los Gobiernos Regionales y las Municipalidades \ngozan de autonom\u00eda financiera para el cumplimiento de sus funciones, dentro del marco \nestablecido por esta Constituci\u00f3n y las leyes. \nLa Ley de Presupuestos de la Naci\u00f3n deber\u00e1 propender a que, progresivamente, una \nparte significativa del gasto p\u00fablico sea ejecutado a trav\u00e9s de los gobiernos subnacionales, en \nfunci\u00f3n de las responsabilidades propias que debe asumir cada nivel de gobierno. \nEl deber y la facultad de velar por la estabilidad macroecon\u00f3mica y fiscal ser\u00e1 \ncentralizada, conforme a lo dispuesto en esta Constituci\u00f3n. \n \n \n200.- Art\u00edculo 3.- De la no afectaci\u00f3n. Los tributos que se recauden, cualquiera sea su \nnaturaleza, ingresar\u00e1n al erario p\u00fablico del Estado o a las entidades territoriales seg\u00fan \ncorresponda conforme a la Constituci\u00f3n. Excepcionalmente, la ley podr\u00e1 crear tributos en favor \nde las entidades territoriales que graven las actividades o bienes con una clara identificaci\u00f3n con \nlos territorios. \n \n201.- Art\u00edculo 4.- Prohibiciones en materia tributaria. La ley de Presupuestos no puede crear \ntributos ni beneficios tributarios. No proceder\u00e1n iniciativas populares ni plebiscito y refer\u00e9ndum \nen materia tributaria. \n \n202.- Art\u00edculo 7.- Fondo para Territorios Especiales. La ley crear\u00e1 y regular\u00e1 la \nadministraci\u00f3n de un Fondo para Territorios Especiales, cuyos recursos ser\u00e1n destinados \nexclusivamente a los fines para los cuales fueron creados. \n \n203.- Art\u00edculo 8.- De la autonom\u00eda financiera de las entidades territoriales. Las entidades \nterritoriales mencionadas en el art\u00edculo 5\u00b0 de esta Constituci\u00f3n, gozar\u00e1n de autonom\u00eda financiera \nen sus ingresos y gastos para el cumplimiento de sus competencias, la cual deber\u00e1 ajustarse a los \nprincipios de suficiencia, coordinaci\u00f3n, equilibrio presupuestario, solidaridad y compensaci\u00f3n \ninterterritorial, sostenibilidad, responsabilidad y eficiencia econ\u00f3mica. \n \n204.- Art\u00edculo 9.- De los ingresos de las entidades territoriales. Las entidades territoriales, de \nconformidad a la Constituci\u00f3n y las leyes, tendr\u00e1n las siguientes fuentes de ingresos: \n1. Los recursos asignados por la Ley de Presupuestos del Estado. \n2. Los impuestos en favor de la entidad territorial  \n3. La distribuci\u00f3n de los impuestos establecida en la Ley de Presupuestos. \n4. Las tasas y contribuciones. \n5. La distribuci\u00f3n de los fondos solidarios. \n6. La transferencia fiscal interterritorial. \n8. La administraci\u00f3n y aprovechamiento de su patrimonio. \n9. Las donaciones, herencias y legados que reciban conforme a la ley. \n10. Otras que determine la Constituci\u00f3n y la ley. \n \n \n205.- Art\u00edculo 10.- Distribuci\u00f3n de las potestades tributarias. S\u00f3lo la ley podr\u00e1 crear, \nmodificar y suprimir impuestos y beneficios tributarios aplicables a estos.  \nLas entidades territoriales solo podr\u00e1n establecer tasas y contribuciones dentro de su \nterritorio conforme a una ley marco que establecer\u00e1 el hecho gravado. \n \n206.- Art\u00edculo 12.- Distribuci\u00f3n de los impuestos. Los ingresos fiscales generados por \nimpuestos ser\u00e1n distribuidos entre el Estado y las entidades territoriales en la forma establecida \nen la Ley de Presupuestos. \nDurante el tr\u00e1mite legislativo presupuestario, el organismo competente sugerir\u00e1 una \nf\u00f3rmula de distribuci\u00f3n de ingresos fiscales, la cual considerar\u00e1 los criterios de distribuci\u00f3n \nestablecidos por la ley. \n \n207.- Art\u00edculo 13.- Principios de autonom\u00eda y suficiencia. La autonom\u00eda financiera de las \nentidades territoriales implica la facultad de ordenar y gestionar sus finanzas p\u00fablicas en el marco \nde la Constituci\u00f3n y las leyes, en beneficio de sus habitantes, bajo los criterios de responsabilidad \ny sostenibilidad financiera. \n(Inciso tercero) La suficiencia financiera se determinar\u00e1 bajo criterios objetivos tales \ncomo correspondencia entre competencias y recursos necesarios para su cumplimiento, equilibrio \npresupuestario, coordinaci\u00f3n, no discriminaci\u00f3n arbitraria entre entidades territoriales, igualdad \nen las prestaciones sociales, desarrollo arm\u00f3nico de los territorios, unidad, objetividad, \nrazonabilidad, oportunidad y transparencia. \n \n208.- Art\u00edculo 14.- Principio de coordinaci\u00f3n.  La actividad financiera de las entidades \nterritoriales se realizar\u00e1 coordinadamente entre ellas, el Estado y las autoridades competentes, las \ncuales deber\u00e1n cooperar y colaborar entre s\u00ed y evitar la duplicidad e interferencia de funciones, \nvelando en todo momento por la satisfacci\u00f3n del inter\u00e9s general. \nEste principio se aplicar\u00e1 tambi\u00e9n respecto de todas las competencias o potestades \nque se atribuyan a las entidades territoriales. \n \n \n209.- Art\u00edculo 15.- Empr\u00e9stito. Los gobiernos regionales y locales podr\u00e1n emitir deuda en \nconformidad a lo que disponga la ley, general o especial, la que establecer\u00e1 al menos las \nsiguientes regulaciones: \na) La prohibici\u00f3n de destinar los fondos recaudados mediante emisi\u00f3n de deuda o \nempr\u00e9stitos al financiamiento de gasto corriente. \nb) Los mecanismos que garanticen que la deuda sea \u00edntegra y debidamente servida \npor el deudor. \nc) La prohibici\u00f3n del establecimiento de garant\u00edas o cauciones del fisco. \nd) El establecimiento de l\u00edmites m\u00e1ximos de endeudamiento como porcentaje del \npresupuesto anual del gobierno regional y municipal respectivo y la obligaci\u00f3n de mantener una \nclasificaci\u00f3n de riesgo actualizada. \ne) Restricciones en per\u00edodos electorales. \nf) Estos recursos no podr\u00e1n ser destinados a remuneraciones ni a gasto corriente. \n \n210.- Art\u00edculo 6.- No discrecionalidad en la distribuci\u00f3n de ingresos fiscales. La ley definir\u00e1 \nel organismo encargado de recopilar y sistematizar la informaci\u00f3n necesaria para proponer al \nPoder Legislativo las f\u00f3rmulas de distribuci\u00f3n de los ingresos fiscales, de compensaci\u00f3n fiscal \nentre entidades territoriales y de los recursos a integrar en los diversos fondos. \nPara estos efectos se deber\u00e1 considerar la participaci\u00f3n y representaci\u00f3n de las \nentidades territoriales. \n \n211.- Art\u00edculo 16.- Solidaridad interterritorial. El Estado y las entidades territoriales deben \nContribuir a la correcci\u00f3n de las desigualdades que existan entre ellas. \nLa ley establecer\u00e1 fondos de compensaci\u00f3n para las entidades territoriales con una \nmenor capacidad fiscal. El organismo competente, sobre la base de criterios objetivos, sugerir\u00e1 \nal legislador los recursos que deber\u00e1n ser integrados a estos fondos. \nEl Estado deber\u00e1 realizar transferencias directas incondicionales a las entidades \nterritoriales que cuenten con ingresos fiscales inferiores a la mitad del promedio ponderado de \nestas. \nLa ley establecer\u00e1 un fondo de contingencia y estabilizaci\u00f3n macroecon\u00f3mica para \ngarantizar los recursos de las entidades territoriales ante fluctuaciones de ingresos ordinarios. \n \n \n212.- Art\u00edculo 16 bis.- Las regiones y comunas que cuenten con ingresos por sobre el promedio \nponderado de ingresos fiscales, transferir\u00e1n recursos a aquellas equivalentes con ingresos bajo el \npromedio. El organismo competente sugerir\u00e1 una f\u00f3rmula al legislador para realizar tales \ntransferencias. \n \n213.- Art\u00edculo 20.- Sostenibilidad ambiental. Es deber del Estado y de las entidades \nterritoriales, en el \u00e1mbito de sus competencias financieras, establecer una pol\u00edtica permanente de \ndesarrollo sostenible y arm\u00f3nico con la naturaleza. \nCon el objeto de contar con recursos para el cuidado y la reparaci\u00f3n de los \necosistemas, la ley podr\u00e1 establecer tributos sobre actividades que afecten al medio ambiente. \nAsimismo, la ley podr\u00e1 establecer tributos sobre el uso de bienes comunes naturales, bienes \nnacionales de uso p\u00fablico o bienes fiscales. Cuando dichas actividades est\u00e9n territorialmente \ncircunscritas, la ley debe distribuir recursos a la entidad territorial que corresponda. \n \n214.- Art\u00edculo 21.- Responsabilidad fiscal. Las entidades territoriales, sus representantes y sus \nautoridades que incumplan con sus obligaciones en materia financiera, deber\u00e1n asumir, en la \nparte que les sea imputable, las responsabilidades que de tal incumplimiento se deriven con \narreglo a la Constituci\u00f3n y las leyes. \nSin perjuicio de los distintos tipos de responsabilidad a que pueda dar lugar el \nincumplimiento de las obligaciones en materia financiera, la ley deber\u00e1 establecer mecanismos \npara un resarcimiento efectivo del patrimonio fiscal o de la entidad territorial respectiva. \n \n215.- Art\u00edculo 22.- Eficiencia econ\u00f3mica. El principio de eficiencia econ\u00f3mica implica que las \nentidades territoriales deber\u00e1n usar sus recursos de forma econ\u00f3micamente razonable, \u00f3ptima y \neficaz, en beneficio de sus habitantes y en funci\u00f3n de los objetivos que la Constituci\u00f3n y las leyes \nles impongan. \n \n216.- Art\u00edculo 25.- Transparencia tributaria. Anualmente la autoridad competente publicar\u00e1 \nlos ingresos afectos a impuestos y las cargas tributarias estatales, regionales y comunales, as\u00ed \ncomo los beneficios tributarios, subsidios, subvenciones o bonificaciones de fomento a la \n \nactividad empresarial, incluyendo personas naturales y jur\u00eddicas. Tambi\u00e9n deber\u00e1 estimarse \nanualmente en la Ley de Presupuestos y publicarse el costo de estos beneficios fiscales. \nLa ley determinar\u00e1 la informaci\u00f3n que deber\u00e1 ser publicada y la forma de llevarla a \ncabo. \n \n217.- Art\u00edculo 26.- Mecanismos de participaci\u00f3n en las entidades territoriales. Las entidades \nterritoriales deber\u00e1n promover, fomentar y garantizar los mecanismos de participaci\u00f3n en las \npol\u00edticas p\u00fablicas, planes y programas que se implementen en cada nivel territorial, en los casos \nque esta Constituci\u00f3n, la ley y los estatutos regionales se\u00f1alen. \n \n218.- Art\u00edculo 27.- Del ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica. En el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica se \ndeber\u00e1 observar una conducta funcionaria intachable y responsable, desempe\u00f1ando la funci\u00f3n o \nel cargo correspondiente en forma leal, honesta, objetiva e imparcial, sin incurrir en \ndiscriminaciones de ning\u00fan tipo, con preeminencia del inter\u00e9s general por sobre el particular. \nLa funci\u00f3n p\u00fablica se deber\u00e1 brindar con pertinencia territorial, cultural y ling\u00fc\u00edstica. \n \n219.- Art\u00edculo 28.- De los servicios p\u00fablicos. Es deber del Estado proveer de servicios p\u00fablicos \nuniversales y de calidad a todas las personas que habiten en su territorio, los cuales contar\u00e1n con \nun financiamiento suficiente. \nEl Estado planificar\u00e1 y coordinar\u00e1 de manera intersectorial la provisi\u00f3n, prestaci\u00f3n y \ncobertura de estos servicios, bajo los principios de generalidad, uniformidad, regularidad y \npertinencia territorial. \n \n220.- Art\u00edculo 29.- La Administraci\u00f3n P\u00fablica. Los \u00f3rganos de la Administraci\u00f3n tienen por \nobjeto satisfacer las necesidades de las personas y las comunidades. La Administraci\u00f3n P\u00fablica \nejecutar\u00e1 pol\u00edticas p\u00fablicas, planes y programas, y proveer\u00e1 o garantizar\u00e1, en su caso, la \nprestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos en forma continua y permanente. \nLa Administraci\u00f3n P\u00fablica se somete en su organizaci\u00f3n y funcionamiento a los \nprincipios de juridicidad, publicidad, celeridad, objetividad, participaci\u00f3n, control, jerarqu\u00eda, \neficiencia, eficacia, rendici\u00f3n de cuentas, buen trato, primac\u00eda del inter\u00e9s general y los dem\u00e1s \nprincipios que se\u00f1ale la Constituci\u00f3n y la ley. \n \nCualquier persona que hubiere sido vulnerada en sus derechos por la Administraci\u00f3n \nP\u00fablica podr\u00e1 reclamar ante las instancias administrativas y jurisdiccionales que establezcan esta \nConstituci\u00f3n y la ley. \n \n221.- Art\u00edculo 31.- Organizaci\u00f3n Administrativa. La ley establecer\u00e1 la organizaci\u00f3n b\u00e1sica de \nla Administraci\u00f3n P\u00fablica en el Estado y en las entidades territoriales. Cada autoridad y jefatura, \ndentro del \u00e1mbito de su competencia, podr\u00e1 dictar normas, resoluciones e instrucciones para el \nmejor y m\u00e1s eficaz desarrollo de sus funciones. \nLa ley podr\u00e1 conferir, a lo menos, potestades fiscalizadoras, instructoras, normativas, \ninterpretativas y sancionatorias a los \u00f3rganos de la Administraci\u00f3n P\u00fablica. En ning\u00fan caso estas \npotestades implicar\u00e1n ejercicio de jurisdicci\u00f3n. \n \n222.- Art\u00edculo 32.- Empleo p\u00fablico. La Administraci\u00f3n P\u00fablica desarrolla sus funciones propias \ny habituales a trav\u00e9s de funcionarias y funcionarios p\u00fablicos. \nEl ingreso a estas funciones se realizar\u00e1 mediante un sistema abierto, transparente, \nimparcial, \u00e1gil y que privilegie el m\u00e9rito, la especialidad e idoneidad para el cargo, observando \nen todo momento criterios objetivos y predeterminados.  \nEl desarrollo, evaluaci\u00f3n de desempe\u00f1o y cese en estas funciones deber\u00e1 respetar su \ncar\u00e1cter t\u00e9cnico y profesional. La ley regular\u00e1 las bases de la carrera funcionaria, permitiendo la \nmovilidad de los funcionarios dentro de toda la Administraci\u00f3n P\u00fablica y la capacitaci\u00f3n \nfuncionaria, teniendo en cuenta la pertinencia territorial y cultural del lugar en el que se presta el \nservicio. \nLa ley establecer\u00e1 un sistema de formaci\u00f3n, capacitaci\u00f3n y perfeccionamiento de las \nfuncionarias y funcionarios p\u00fablicos. \nLos cargos que esta Constituci\u00f3n o la ley califiquen como de exclusiva confianza, \natendiendo a la naturaleza de sus funciones, son parte del gobierno y tendr\u00e1n el r\u00e9gimen de \ningreso, desempe\u00f1o y cesaci\u00f3n que establezca la ley. \nLas personas que tengan la calidad de c\u00f3nyuge, conviviente civil o parientes hasta el \ncuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, no podr\u00e1n ser nombrados en \ncargos de la administraci\u00f3n p\u00fablica respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos \n \ndel organismo del Estado al que postulan. Se except\u00faan los nombramientos que se hagan en \naplicaci\u00f3n de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por m\u00e9ritos en cargos de carrera. \n \n223.- Art\u00edculo 33.- Sobre la modernizaci\u00f3n del Estado.  Es deber del Estado definir \nmecanismos de modernizaci\u00f3n de sus procesos y organizaci\u00f3n, ajustando su funcionamiento a \nlas condiciones sociales, ambientales y culturales de cada localidad.  \nEl Estado deber\u00e1 destinar recursos para que sus \u00f3rganos adopten las medidas que \nresulten necesarias para la incorporaci\u00f3n de avances tecnol\u00f3gicos, innovaci\u00f3n y el mejor uso de \nlos recursos que permitan optimizar la provisi\u00f3n de bienes y servicios p\u00fablicos.  \nEl Estado deber\u00e1 fomentar los mecanismos de participaci\u00f3n, la relaci\u00f3n con las \npersonas y promover la gesti\u00f3n eficiente y moderna, acorde a las necesidades de las personas y \ncomunidades. \n \n224.- Art\u00edculo 34.- La ley encomendar\u00e1 a un organismo la elaboraci\u00f3n de planes para promover \nla modernizaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n del Estado, monitorear su implementaci\u00f3n, elaborar \ndiagn\u00f3sticos peri\u00f3dicos 
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